Los nativos exigen restitución del Indepa
Los indígenas anunciaron protestas si su reclamo no es escuchado por el Gobierno. La entidad fue absorbido por el Ministerio de Cultura.
Un grupo de indígenas llegó a Perú.21 para presentar su reclamo. (Paul Vallejos)
Dirigentes de unas 200 comunidades indígenas llegaron hoy hasta Perú.21 para reclamar al Gobierno la restitución del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), que fue absorbido por el Ministerio de Cultura.
“Nos sentimos abandonados y burlados por las autoridades. Indepa ya no existe”, subrayó Edgar Ramos Cahuana. Anunciaron protestas si su reclamo no es escuchado.
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PERU 21 DICIEMBRE 16, 2010
Los errores del Gobierno en el ‘Baguazo’
Según un cable de EEUU del 2009 publicado por Wikileaks, no se descarta que en ese suceso haya habido injerencia radical y extranjera.
Mientras la exministra del Interior Mercedes Cabanillas se defiende de una denuncia penal por su presunta responsabilidad en el ‘Baguazo’, un cable diplomático de EEUU revelado por Wikileaks asegura que gran parte de la responsabilidad en este hecho la tiene el Gobierno.
El documento 09Lima1669, del 25 de noviembre de 2009, fue escrito por el entonces embajador norteamericano Michael McKinley, quien lo dirigió al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, Douglas M. Fraser.
“El 5 de junio la violencia registrada en la ciudad amazónica de Bagua, en la que perdieron la vida 24 policías y 10 civiles, fue la más grave crisis del gobierno hasta ahora. Si bien una serie malos cálculos y errores del gobierno ocasionaron en gran medida esos hechos, la injerencia radical y posiblemente extranjera también jugaron un papel importante”, escribió McKinley.
La comunicación añade que el Perú, pese a su crecimiento económico y reducción de la pobreza, enfrenta varios retos de seguridad que ponen en peligro su estabilidad y el progreso, debido a los conflictos sociales, el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.
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LA REPUBLICA DICIEMBRE 15, 2010
Pueblos nativos rechazan aprobación de Ley Forestal
El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sin que se hayan culminado las etapas del proceso de consulta previa de los pueblos indígenas.
Según las bases indígenas, el pre dictamen, aprobado hoy en el Congreso, no toma en cuenta a las comunidades andinas y costeñas, convocadas desde que se inició la discusión del proyecto de ley por la Comisión Agraria, ya que sólo enfocó la problemática forestal en la Amazonía.
“Denunciamos que se ha utilizado la asistencia de algunas organizaciones indígenas a los conversatorios, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades campesinas y nativas están de acuerdo con el proyecto de ley”, aseguran en un comunicado de prensa.
Esto se da después que el gobierno llegara a consensos sobre la Ley Forestal y la Ley de Consulta Previa de Pueblos Indígenas. “Ahora pretenden pasar por encima de dichos acuerdos y aprobar sin consulta la Ley Forestal”, manifiestan.
Por ello, el Grupo de Pueblos Indígenas advierte sobre las posibles consecuencias que podría producir una norma con serios cuestionamientos como la Ley Forestal.
Al final, se espera que no volver a cometer el mismo error que condujo a los lamentables hechos ocurridos en Bagua, el 9 de junio del 2009.
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EL COMERCIO DICIEMBRE 13, 2010
Deudos de policías muertos en el 'Baguazo' denunciaron a Mercedes Cabanillas y mandos PNP
La acción legal fue presentada ante la Fiscalía de la Nación por los cargos de abandono de personas en peligro y homicidio culposo
Los deudos de los 24 policías que murieron en el “baguazo”, en junio del 2009, decidieron denunciar penalmente a mandos policiales y a la congresista Mercedes Cabanillas, por los sucesos que acabaron en la masacre.
Nancy Salcedo Meza, hermana del agente asesinado Johnny Salcedo Meza, y el abogado Arturo Vásquez, representante legal de los familiares, indicaron hoy que presentaron la acción ante la Fiscalía de la Nación, porque a pesar de las investigaciones del Ejecutivo y el Congreso, “los responsables no han pagado su culpa”. El Legislativo halló responsabilidad política en Mercedes Aráoz, Yehude Simon y Cabanillas.
La denuncia por abandono de personas en peligro y homicidio culposo fue formulada contra los Generales PNP Luis Muguruza Delgado, Luis Uribe y José Sánchez Farfán, así como contra la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por “dar la orden del desalojo” de los nativos.
”NO ESTABA PINTADA”
“No es posible hacer un operativo así con un plan de acción desfasado, sin que lleguen los refuerzos pedidos, sin cubrir los puntos críticos, sin chalecos antibalas ni equipos de comunicación”, indicó en RPP Salcedo Meza.
“Mi hermano murió con tiro en el pecho, está comprobado que no tenían chalecos antibalas”. Reiteró entonces que la denuncia alcanza a Cabanillas por ordenar, como ministra, realizar un operativo basado en un plan con deficiencias, según dijo.
“Ella dice que no dio la orden, que solo respaldó una operación policial y que no era directora de la Policía. Pero entonces por qué fue ministra si no tenía los conocimientos. Ella como ministra no estaba pintada”, inquirió la hermana del policía caído.
Precisó que los familiares de los policías caídos en Bagua han cobrado indemnizaciones por cerca de S/.86 mil (seguro de vida y compensación por tiempo de servicios). Sin embargo, la promesa de otorgar viviendas a los familiares no se ha cumplido; incluso, el terreno que había sido dispuesto para ello hoy se encuentra en litigio, según indicó.
CABANILLAS: “ES INTERFERENCIA DE CARÁCTER POLÍTICO”
La congresista Cabanillas Bustamante dijo al respecto de la denuncia que las investigaciones probaron que en ningún momento ella estuvo en Bagua, tampoco que dio la orden de iniciar la operación. “Así lo suscriben los policías”, indicó y precisó que el operativo tenía marco legal y estaba ajustado a lineamientos policiales.
“No voy a permitir que por algunas manipulaciones de carácter electoral quieran manchar mi trayectoria, que nunca ha tenido imputación alguna de corrupción o irresponsabilidad”, arguyó a Canal N e instó a los deudos a ventilar el caso en el fuero militar policial.
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LA REPUBLICA NOVIEMBRE 22, 2010
Juan Ossio: "Ley de Consulta Previa debe hacerse de todas maneras"
El ministro de Cultura, Juan Ossio, solicitó al Congreso de la República que apruebe la denominada Ley de Consulta Previa, que establece un diálogo con las comunidades nativas, que podrían ser afectadas por acciones políticas o por una inversión.
En diálogo con CPN Noticias, recordó que nuestro país se comprometió a esta consulta al firmar, en 1993, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
"Debe de hacerse de todas manera, la Ley de consulta previa nos ayudará a mejorar interrelación con pueblos amazónicos", aseguró el titular de Cultura.
Y es que a pesar de los constantes pedidos que se han realizado, el Congreso no pone al debate en el Pleno la insistencia de la autógrafa del proyecto de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos.
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LA REPUBLICA NOVIEMBRE 4, 2010
Aráoz es la principal responsable del 'Baguazo', según Manacés
Jesús Manacés recordó que el informe en minoría encontró responsabilidad en Mercedes Aráoz por haber mentido sobre los efectos que tendría para el TLC con EEUU la derogatioria de ciertos decretos. De otro lado, mostró interés en postular a Pizango.
La candidatura presidencial de Mercedes Aráoz por el Partido Aprista Peruano significa que no se está tomando en consideración las recomendaciones que formuló la comisión investigadora sobre los sucesos en Bagua y que se está tirando todo el informe a la basura, sostuvo Jesús Manacés, líder awajún y ex presidente de dicho grupo de trabajo.
“Esto es un problema y preocupación para toda la población indígena porque ella [Mercedes Aráoz] es la principal responsable de los lamentables hechos del 5 de junio en la Curva del Diablo. Esto significa que no se está tomando en consideración las recomendaciones que se hizo como comisionados y se está tirando todo [el informe] a la basura”, señaló.
Fue al recordar el documento en minoría que evacuó esta comisión, la misma que encontró responsabilidad en la entonces ministra de Comercio Exterior por haber mentido en relación a la posibilidad de que se afecte el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos si se anulaba un paquete de decretos legislativos cuestionados por las comunidades indígenas
Manacés Valverde admitió que nunca tuvo la oportunidad de conversar con la ex ministra, en su calidad de entonces presidente de la comisión investigadora de los luctuosos sucesos de junio pasado, pero sí mencionó el testimonio del ex premier Yehude Simon, en relación a la responsabilidad de Aráoz Fernández.
“Según testimonio que tenemos en una entrevista grabada, ella es la persona que no permitió que se quitara ni una coma o punto en relación a los decretos en cuestión, toda vez que se venía abajo el Tratado de Libre Comercio”, subrayó.
En otro momento, confirmó que existe el interés de los pueblos indígenas de participar en los comicios generales del 2011, a través de la eventual candidatura de Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep). Mencionó que se está trabajando en lugares estratégicos para la recolección de firmas que les permita a las comunidades inscribir a un partido o movimiento político. (Con información de Ideeleradio)
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EL COMERCIO OCTUBRE 16, 2010
'Baguazo': Asterio Pujupat negó haber asesinado al mayor Bazán
El acusado dijo que no estuvo en Curva del Diablo el fatídico 5 de junio de 2009
Asterio Pujupat Wachapea, a quien se acusa del presunto homicidio calificado del mayor PNP Felipe Bazán –desaparecido en los sucesos de violencia del 5 de junio del 2009– negó haber estado en la Curva del Diablo [en este punto fallecieron 11 policías y 10 civiles], durante una inspección judicial realizada ayer en esa zona.
En presencia de autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y el procurador ad hoc de los casos amazónicos, el acusado dijo que no participó en los hechos del 5 de junio. Cuando el juez en lo penal de la provincia de Utcubamba, Uldarico Bohórquez, le mostró una foto proporcionada por la policía, en la que se observa a un grupo de indígenas rodeando al mayor Bazán, y le preguntó si aparecía en ella, Pujupat lo negó.
ACUSACIONES Y DEFENSA
En relación a sus primeras declaraciones al Ministerio Público, en que supuestamente relató cómo el mayor Bazán fue bajado del cerro Curva del Diablo hasta la carretera Fernando Belaunde Terry [en este punto Pujupat dijo que no sabe qué pasó después con Bazán], sostuvo que fue inducido por las autoridades judiciales a dar ese testimonio.
RESPUESTA DEL MINISTERIO
Al respecto, el Ministerio Público informó que presentará las pruebas que demuestran que Pujupat hizo esas declaraciones.
Sin embargo, el abogado del acusado, Iván Carrascal, declaró ayer que su defendido fue obligado a dar su primer testimonio sin la presencia de un letrado.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 10, 2010
Procurador ad hoc denunció inacción en Caso Bagua
El procurador Oswaldo Arroyo Novoa señaló que magistrados solo han realizado dos de 20 diligencias
Luego de la suspensión de la reconstrucción de los hechos ocurridos en la Curva del Diablo el 5 de junio del año pasado, el procurador público ad hoc que representa al Estado en este caso denunció que no existe voluntad por parte de los magistrados para continuar con estas investigaciones.
El procurador Oswaldo Arroyo Novoa señaló que los encargados del distrito judicial de Amazonas solo han realizado dos de las 20 diligencias programadas en el Caso Bagua.
“Los procesos judiciales no se están desarrollando con normalidad de acuerdo a los plazos establecidos por la ley procesal. Se está retrasando el caso y los jueces que se presentan a las diligencias son suplentes. Parece que están esperando que se venzan los plazos y se evade la investigación”, indicó.
Arroyo agregó que los magistrados siempre buscan motivos para suspender las diligencias. “Es increíble cómo los magistrados demoran para programar una diligencia tres meses”, dijo.
La reconstrucción de ayer se suspendió porque Asterio Pujapat, indígena acusado de haber matado al mayor PNP Felipe Bazán, no tenía intérprete. Este hecho se dio a pesar de que el traductor fue solicitado en febrero.
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EL COMERCIO AGOSTO 19, 2010
El Gobierno devolvió la licencia de funcionamiento a radio La Voz de Bagua
Con ello queda sin efecto la resolución que suspendía a esta radioemisora, al considerarse que a través de sus ondas se azuzó a la población de Bagua para que radicalice sus protestas el 5 de junio del 2009
El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, destacó que la decisión adoptada es en pleno respeto a la libertad de expresión (El Comercio / Archivo)
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió restituirle la frecuencia a radio “La Voz de Bagua”, que el Gobierno había cancelado tras los luctuosos sucesos ocurridos en esta provincia amazónica el 5 de junio del año pasado, donde fallecieron 34 personas.
El Ejecutivo estableció que a través de esta emisora se azuzó a la población indígena para que radicalice sus protestas, lo cual desencadenó en el trágico saldo.
De esta manera, quedó sin efecto la resolución con la que se suspendía la licencia a este medio de comunicación.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, y el titular de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, indicaron que la decisión adoptada es en pleno respeto al derecho de libertad de expresión.
En un plazo de 60 días deben quedar subsanadas los problemas administrativos que se hayan presentado en la radioemisora a partir de la cancelación de su licencia, en junio del 2009.
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EL COMERCIO AGOSTO 3, 2010
Comunidad Awajun pidió perdón al Perú y a la Policía Nacional por el 'Baguazo'
Durante una ceremonia en el Ministerio del Interior, su dirigente Octavio Shacaime Huahua pidió dejar atrás las rencillas y ofreció apoyar a la Policía y al Gobierno Central
Los caídos. En los lamentables hechos de Bagua murieron 24 policías (en la foto) y nueve nativos. (Foto archivo: Juan Ponce)
El dirigente Awajun, Octavio Shacaime Huahua, pidió hoy perdón a todos los peruanos y a la Policía Nacional, en particular, por los trágicos hechos de Bagua, donde murieron 24 policías y uno sigue desaparecido.
“Solicitamos el perdón del Estado y de la Policía Nacional. Nos sentimos muy acongojados por esos hechos (de Bagua) y creemos que estamos entrando a un camino de un nuevo amanecer para todos”, señaló el dirigente en declaraciones recogidas por Andina.
Estas palabras se pronunciaron durante el abrazo que intercambiaron un grupo de representantes de la comunidad Awajun y efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en la sede del Ministerio del Interior, en una ceremonia a la que asistió el director general PNP, Miguel Hidalgo.
BAGUA DEBE QUEDAR ATRÁS
Sobre los hechos violentos de Bagua, el dirigente Awajun dijo que hay que dejar atrás las rencillas, porque la violencia no conduce a nada bueno.
Enfatizó que los pueblos amazónicos están orgullosos de su policía y que de aquí en adelante trabajarán juntos el Estado, el pueblo y las inversiones.
También mencionó que tienen el ofrecimiento del Gobierno Central para la construcción de 60 casas que albergarán a indígenas de dicha etnia.
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EL COMERCIO JULIO 1, 2010
TC declaró improcedente demanda de la Aidesep contra inversión petrolera en Amazonía
En su resolución, el Tribunal Constitucional se pronunció a favor del principio de la seguridad jurídica en el país
(Andina).- El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente, por unanimidad, una demanda de amparo presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva del Perú (Aidesep), que buscaba paralizar diversas inversiones petroleras en los lotes 67 y 39, ubicados en Loreto.
De esta manera, el colegiado se pronunció a favor del principio de la seguridad jurídica para las inversiones en el país.
La referida demanda planteaba la suspensión o anulación de la exploración u explotación petrolera en dichas zonas de la Amazonía, bajo el argumento de que atentan contra el medio ambiente, la propiedad y posesión ancestrales, el derecho de territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre otros derechos.
Además, sostenían que tampoco se respetó el derecho de consulta, amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En esa línea, la Aidesep demandaba que el Ministerio de Energía y Minas prohibiera u ordenase la suspensión de tales operaciones en esos territorios; y que Perú-Petro modificara los contratos de licencia y ordenase a las empresas Barret Reosurces Perú Corporation y Repsol YPF abstenerse de operar en esas zonas.
Sin embargo, el TC acordó que dichas pretensiones de la Aidesep son improcedentes.
RESPETO AL DERECHO DE LAS EMPRESAS
La decisión se adopta en un fallo que es resultado de un “ejercicio de compleja ponderación”, en el que “no resultaba factible la eliminación de derechos de las empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.
La razón es que “hubiese significado una afectación de las inversiones efectuadas por las empresas en dicho ámbito hasta este momento”, indica el fallo al que tuvo acceso la agencia Andina.
Así, el colegiado reconoce que los actos de adjudicación de dichos lotes mediante resoluciones del Ministerio de Energía y Minas, así como toda una serie de actos de ejecución hasta el estado en que se encuentran, sin la participación de las comunidades, resultarían en principio incompatibles con la Constitución.
No obstante, desde la aprobación de tales concesiones se ha sucedido una serie de actos de buena fe por parte de las empresas comprometidas en estos proyectos, las que “han actuado basadas en la seguridad y confianza que razonablemente podían transmitir las propias autoridades estatales a través de los órganos competentes”.
“Por lo tanto, como consta en el expediente, las empresas han actuado en el marco de contratos-leyes firmados con el Estado peruano y garantizados por la Constitución. De modo que al pronunciar el fallo, este colegiado ha ponderado los efectos de su decisión a fin de no generar mayores sacrificios que los que se pretende cautelar”.
DERECHO DE CONSULTA
La sentencia también establece que el derecho de consulta debe ser, en este caso, puesto en práctica de manera gradual por parte de las empresas involucradas y bajo la supervisión de las entidades competentes.
“Con esto, el tribunal ha de disponer que se ponga en marcha un plan de compromisos compartidos entre las empresas privadas involucradas, que no verán paralizadas sus acciones, y las propias comunidades y sus dirigentes, que tampoco pueden renunciar a sus derechos.”
Así, concluyen que resulta indispensable que el ministerio del sector convoque a las empresas involucradas a efectos de implementar, en el marco de la legislación vigente, mecanismos adecuados y eficaces de consulta.
Un voto singular expresó sobre esta materia el magistrado César Landa Arroyo, aunque concluyó también en declarar improcedente la demanda de la Aidesep, con lo que la decisión fue unánime.
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LA REPUBLICA JUNIO 24, 2010
Lombardi acusa desinterés del Congreso y Ejecutivo en tema indígena
Afirmó el presidente de la comisión que investigó los luctuosos sucesos del 5 de junio del 2009, Guido Lombardi, al recordar que se ha observado la Ley de Consulta Previa y aún no se discute el informe de la Comisión Bagua. Nota relacionada
“Hay un interés torpe y ciego por los temas que involucran a 350 mil ciudadanos. Esa es la población indígena amazónica. No es cierto que no sean ni electoralmente ni porcentualmente [mayores] en relación a la población del país que está entre 30 millones frente a los 350 mil. Tenemos que proteger a los más débiles de todos y ellos –los pobladores amazónicos– están en primer lugar”, aseveró en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
El parlamentario cuestionó al Poder Ejecutivo por demostrar ambigüedad, al momento de observar dicha autógrafa, porque cuando se habla de consentimiento no queda claro que pasa si esto no se obtiene. Refirió que la consulta y el consentimiento son indispensables en los pueblos amazónicos para cualquier empresa que intente trabajar en esas zonas.
“El Ejecutivo tiene la decisión final, pero sin la licencia social no hay empresa que pueda trabajar. Creo que eso debe quedar claro. Es decir, con una consulta de buena fe, informando a quienes tienen menor acceso a la información pero informando con buena fe, es decir con las cartas sobre la mesa; que los estudios de impacto ambiental sean estudios que les de confianza a ellos [a los pueblos amazónicos]. Creo que eso debe estar preciso. No hay derecho a veto”, precisó. (Con información de Ideeleradio)
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EL COMERCIO JUNIO 23, 2010
El Ejecutivo observó ley de consulta previa a pueblos indígenas
La Comisión de Constitución del Congreso debatiría las observaciones la próxima semana, adelantó su presidenta Mercedes Cabanillas
La autógrafa de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas fue observada por el Poder Ejecutivo por no establecer claramente que dicho proceso no significaba otorgarles el derecho al veto, afirmó el presidente Alan García.
Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que su Gobierno defiende el concepto de consulta previa, aunque consideró que el mismo debe darse preservando los intereses nacionales y no sólo el de un pequeño sector.
“Es decir, cuando se quiera construir una carretera o un gasoducto, si es que los comuneros dicen que no pase, no hay gasoducto, y se quedó sin luz y sin gas Lima, cuando el país es de todos los peruanos”, sostuvo.
El jefe de Estado aseveró que en ningún caso, la norma puede significar el derecho al veto, porque desaparecería el Perú y la unidad de la República.
DEFENDIÓ EL CONVENIO 169 DE LA OIT
En ese sentido, recordó que el Convenio 169 de la OIT señala expresamente que la consulta no significa, “que al final sea imprescindible el consentimiento y la voluntad del pueblo nativo para que se pueda construir una carretera”.
“La ley como ha sido planteada, hay que decirlo claramente, no establece de manera perfecta que no existe el derecho al veto y nosotros queremos que se diga expresamente como lo refiere el manual de la Organización Internacional del Trabajo”, añadió.
Además, dijo que la norma aprobada por el Congreso va más allá del Convenio 169 de la OIT, porque incluye en sus alcances no sólo a las comunidades nativas de la Amazonía, sino a las comunidades campesinas.
SE DEBATIRÁ LA PRÓXIMA SEMANA
Las observaciones hechas por el Ejecutivo serán debatidas la próxima semana por la Comisión de Constitución del Congreso, anunció su presidenta Mercedes Cabanillas.
“Estamos en consulta con los congresistas para ver la viabilidad de hacer una rápida sesión para poder ver si es que vamos a allanarnos o vamos a insistir, o también puede ser (una decisión) mixta, porque se ha dado el caso. Lo que no se puede hacer es una nueva ley, una nueva autógrafa”, adelantó.
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EL COMERCIO JUNIO 8, 2010
Editorial: La consulta ineludible con los pueblos amazónicos
Si bien la nueva ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas creó cierta inconformidad en algunos círculos empresariales, e incluso en organizaciones amazónicas, todo indica que el Ejecutivo debe aprobar esa norma cuanto antes, en principio, en prevención de conflictos como el de Bagua, que hoy seguimos lamentando. Sin embargo, también queda claro que la aplicación de esta legislación exigirá al Gobierno actuar en concordancia, es decir, desarrollar acciones paralelas que, efectivamente, contribuyan a restaurar sus resquebrajadas relaciones con los conglomerados involucrados.
Sin duda, toda ley resulta perfectible. Pero, parafraseando a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, estamos ante una norma que puede ser un paso trascendental para institucionalizar el diálogo y el reconocimiento de los derechos de un sector de la población que debe ser incluido en la agenda de las necesidades nacionales. Lo contrario sería proseguir con una forma efectista de gobernar, consistente en actuar solo cuando las crisis estallan o a través de comisiones que no sirven de mucho.
En lo positivo, es claro que esta ley ha sido corregida y excluye en todos sus alcances el derecho a veto de actividades extractivas, que algunos sectores nacionalistas inicialmente reclamaron para las comunidades amazónicas. En lugar de eso, se establece que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios con respecto a las medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente[]”, con lo cual se cumple lo que la Constitución establece y lo señalado en el Convenio 169 de la OIT.
En segundo lugar, vale destacar sus principios rectores, cuando establece que la consulta debe ser oportuna, lo cual podría evitar futuros e intempestivos conflictos sociales; intercultural, es decir, reconocer y respetar las perspectivas y creencias de los pueblos; e informada, para que todas partes acudan al diálogo con los elementos de juicio necesarios. En otras palabras, reducir la incomunicación.
Asimismo, señala que la consulta deberá ser flexible para ejecutarse mediante procedimientos y tomando en consideración la idiosincrasia de los pueblos; sin coacciones o condicionamientos de ningún tipo y de buena fe, principio este último que puede revalorar la relación comunidades amazónicas-Estado para que ambas partes se comprometan a acudir a la mesa de diálogo en un clima de confianza, colaboración y mutuo respeto.
Ahora bien, es importante que el Gobierno entienda que esta ley exige varias definiciones respecto de las políticas públicas que el Estado Peruano está dispuesto a ejecutar a favor de estos sectores. Eso implica reconocer que si bien la nomenclatura internacional distingue la existencia de comunidades indígenas campesinas y comunidades indígenas amazónicas, estamos ante conglomerados diferentes que demandan tratamientos de consulta diferentes, aun cuando ambos han sido incluidos en la nueva ley.
De otro lado, es indispensable reorganizar el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) que, según la nueva norma, es el órgano técnico especializado en materia indígena y, según se entiende, el interlocutor válido en cualquier política a favor de los pueblos indígenas.
Es necesario que el Gobierno, las comunidades y la sociedad civil en su conjunto contribuyan a la institucionalización del diálogo. No hay que temer a la deliberación, sobre todo cuando a través de ella se incluye a peruanos que merecen participar en asuntos que les conciernen, sin exclusiones.
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LA REPUBLICA JUNIO 7, 2010
Pan con ética y libertad
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El papel valioso de Güido Lombardi en la comisión Bagua.
Coincido con el reconocimiento de Jorge Bruce al congresista Güido Lombardi por su papel en la comisión de la tragedia de Bagua, en la que produjo un informe en minoría que, con lucidez, afronta el fondo del problema sin eludir las responsabilidades específicas.
Bruce concluye su columna de ayer en este diario que “si hubiera voto personal en las próximas elecciones, votaría por Lombardi, por haber demostrado, con una acción valiente, que en una democracia la ética siempre debe prevalecer sobre la ideología”. Yo haría lo mismo en el 2011 con la diferencia de que, en mi caso, sería reincidente pues en el 2006 también lo hice.
El conocimiento de su forma de pensar, gracias a una amistad de varios años, previa a cuando –no recuerdo si fines de los ochenta o inicios de los noventa– me jalaba a mi casa luego de trabajar juntos en el programa Pulso, en unas noches en las que el toque de queda ya había empezado y la cara de Güido era el mejor salvoconducto cuando los soldados detenían el vehículo; de cuando lo reemplacé, años después, en su ‘escaño de contertulio’ en Ampliación de Noticias de RPP; o de cuando me llamó apenas supo de mi designación como moderador del debate presidencial entre Alan García y Ollanta Humala, para citarnos en ‘La Ñ’ y transmitirme su experiencia en estas diligencias y darme los tips más útiles para manejar esas situaciones.
Como verán, conozco a Güido de hace tiempo y tengo estima personal por él. Pero, con la misma transparencia de declarar que voté por él en el año 2006, debo decir que no estaba satisfecho con su desempeño en el Congreso pues sentía que su actuación se había diluido en medio de una bancada confundida por objetivos e intereses con frecuencia divergentes.
O que, al menos, no coincidía con la expectativa por la que había votado por él: darle mayor representatividad al segmento de la sociedad que cree que la defensa de una economía de mercado –con un papel relevante del Estado– puede y debe ir de la mano con el respeto por las libertades individuales, la ética, los derechos humanos y los principios democráticos.
Este es un sector amplio en el país –que con no pocas diferencias, coincide en lo medular y va desde Mario Vargas Llosa hasta Susana Villarán, pasando por Lourdes Flores o Alejandro Toledo– pero que está políticamente subrepresentado.
Pues creo que la actuación de Lombardi en la comisión Bagua significa justamente la revalorización de ese enfoque en el caso de la evaluación de una situación dramática para el país. Y va muy en línea con la expectativa que, al margen de consideraciones personales, yo tenía cuando voté por Güido en el 2006. Ojalá postule el 2011.
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LA REPUBLICA JUNIO 6, 2010
"Alberto Pizango no representa al pueblo awajun"
Toma distancia. Tras reunión con el Premier, el coordinador general de la Coordinadora de Comunidades y Pueblos Awajun, Octavio Shacaime Nahua, dijo que el ex presidente de Aidesep, Alberto Pizango, no los representa y que tampoco lo eligieron.
Tras una reunión sostenida junto con otros dirigentes de diversas comunidades indígenas, la misma que se realizó en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Shacaime dijo que Pizango fue elegido como representante de Aidesep solamente y bajo lo que indican los estatutos de este organismo.
“Nosotros, como pueblo awajun, no hemos elegido al señor (Alberto) Pizango. Él se elige dentro de su estatuto. Él no representa a todos, (ni) al pueblo awajun. A algunas organizaciones que son de Aidesep puede ser, pero nosotros no”, dijo.
Shacaime precisó que quienes componen la Coordinadora de Comunidades y Pueblos Awajun nunca pertenecieron a Aidesep, porque siempre han sido “autónomas”, y además porque creen que “debe respetarse la libertad y la democracia, que es lo que debe reinar en el país”.
“El pueblo debe caminar con el Estado para lograr el desarrollo de nuestro pueblos, no queremos enfrentamientos”, agregó.
En otro momento, el líder awajun consideró que un apu al frente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) realizaría una buena labor, pues “vive y ha vivido los problemas” de las zonas que necesitan apoyo.
“(Además) no tan politizado, sino más técnico, más realista, porque la realidad a veces se escapa y creo que (el trabajo en el Indepa a cargo de un apu) si puede mejorar”, manifestó.
Asimismo, Shacaime anunció que en la reunión junto con el jefe del Gabinete Ministerial solicitaron la creación de un programa de emergencia social para los pueblos indígenas, con la finalidad de que este tipo de ayuda no se otorgue bajo un trasfondo electoral, “sino como parte de una política pública”.
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EL COMERCIO JUNIO 5, 2010
El Gobierno construirá un complejo habitacional para familiares de los 23 policías abatidos en Bagua
El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, precisó que se trata de una iniciativa del presidente Alan García y que en 15 días se empezará a gestionar la edificación
El primer ministro, Javier Velásquez, precisó que el conjunto habitacional para los deudos del 'Baguazo' se llamará "Mártires de Bagua"
Los deudos de los 23 policías fallecidos durante las protestas indígenas realizadas el 5 de junio del año pasado serán beneficiados con un conjunto habitacional, cuya construcción empezará a gestionarse en un plazo no mayor de 15 días.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, hizo este anuncio durante el desayuno de fraternidad que compartió la mañana de hoy con los familiares de los efectivos caídos en el ‘Baguazo’.
Previamente el primer ministro también acompañó a los deudos en una misa celebrada en el cementerio Santa Rosa de la PNP, Chorrillos, a un año exacto de los sangrientos sucesos .
Velásquez Quesquén indicó que la edificación de dicho complejo de vivienda es una iniciativa del presidente Alan García.
En los actos realizados en memoria de los 23 agentes abatidos en Bagua también estuvieron presentes el ministro del Interior, Octavio Salazar, y el director general de la PNP, Miguel Hidalgo.
* Aniversario del "Baguazo" se conmemoró con jornada pacífica en la Curva del Diablo
En Lima, las autoridades del ministerio del Interior y la Policía presentaban a presunto asesino holandés Van der Sloot y el Gobierno emitía spot publicitario al cumplirse el primer año de la violenta jornada de protesta
Campesinos, miembros de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como decenas de miembros de las comunidades indígenas de la zona se reunieron esta mañana en la Curva del Diablo, a la luz de los actos conmemorativos por el primer aniversario de la jornada violenta en Bagua.
Junto a ellos, también estuvo el padre Marco Arana, así como los congresistas nacionalistas Nancy Obregón, Juana Huancahuari, Yaneth Cajahuanca, Marisol Espinoza y José Maslucán. Con los legisladores, estuvieron algunos reservistas etnocaceristas, que repartieron volantes políticos entre los presentes, según informó el enviado especial de El Comercio, Ricardo León.
Sin embargo, lo central del acto conmemorativo fue la presencia de Alberto Pizango, líder Aidesep, y de Felipe Bazán Caballero, padre del policía Felipe Bazán Soles, desaparecido desde el llamado “Baguazo”.
El encuentro entre ambos se dio en términos cordiales, aunque Bazán dejó en claro que su presencia en el lugar estaba motivada únicamente por su afán por encontrar a su desparecido hijo. Pizango, por su parte, ofreció su ayuda en la búsqueda.
Un contingente de cerca de 50 policías resguardó la concentración que se dio en el lugar, ante la posibilidad de que un bloqueo de carreteras pudiese causar un accidente. La jornada, a la que acudieron cerca de 3000 personas, transcurrió pacíficamente, con números musicales y gran presencia de comerciantes, que le dieron más bien un ambiente de feria a la movilización.
EL SPOT DEL GOBIERNO
Mientras el ministro del Interior, Octavio Salazar, y el jefe de la Policía, General PNP Miguel Hidalgo, presentaban al capturado Joran van der Sloot, el Gobierno emitió hoy un spot publicitario al respecto del “Baguazo”.
A través del aviso contratado, el gobierno expresó “sus sinceras consideraciones” a los deudos de los nativos y policías caídos en Bagua, e instó a que se imponga la reflexión, el diálogo y el consenso entre los peruanos.
Para ello, continúa el spot, se creó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, cuyo logro serían los informes sobre lo sucedido en 2009 en Bagua. Sin embargo, los cuatro informes redactados por el grupo fueron rechazados por Aidesep. Estos informes no hallaron responsabilidad política en las autoridades del Ejecutivo sobre los sucesos violentos del 5 de junio de 2009.
Asimismo, el gobierno precisó a través de la publicidad que otro de los logros del grupo fue la aprobación del dictamen de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas y la ejecución al 63% de la propuesta nacional de desarrollo amazónico a través de apoyo directo a las comunidades.
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LA REPUBLICA JUNIO 5, 2010
El año que vivimos en Bagua
Por Mirko Lauer
Un año después es evidente que la masacre de Bagua (24 policías, 10 civiles) no incendió la pradera. Pero ha dejado un olor a chamuscado que se resiste a partir. Bagua ha sido el telón de fondo en todas las movilizaciones populares que han venido después. Según el caso, sus dirigentes temen o esperan un remake de Bagua.
Para el gobierno el desprestigio subsiste. Primero porque sus explicaciones no han podido contra la máquina de propaganda del movimiento indígena mundial. Segundo porque sus explicaciones no han sido tan buenas para comenzar. Más policías que indígenas asesinados es algo que ayuda a definir la imagen, pero que no cuenta toda la historia.
Los propios indígenas de la zona no han quedado muy bien parados. Es cierto que obtuvieron una victoria importante, pero a la vez se han ganado una imagen de enemigos del Estado bajo el que tienen que vivir. En un año se hizo evidente que la guerra del fin del mundo no era su proyecto, y que quienes los presentaron así les hicieron flaco favor.
A pesar de que los vaticinios sobre nuevos proyectos en la actividad extractiva siguen al tope, inversionistas y Ejecutivo se han vuelto algo más cautos. Aunque el mecanismo legal aún no está instalado del todo, la consulta con las comunidades implicadas va a empezar a ser tomada más en serio, al menos en la Amazonía.
Sin embargo los pueblos amazónicos dan la impresión de carecer de grupos dirigentes para enfrentar la nueva situación. Lo que sí tienen muchos de ellos es un liderazgo y una ideología de rechazo radical a la actividad extractiva y al Estado que la promueve. Más un movimiento ambientalista mundial que los asesora y los ampara.
El gobierno fue ágil en cambiar funcionarios, en derogar los decretos que causaron el conflicto en primer lugar, en retirar a Alberto Pizango de la escena, en iniciar una investigación de los hechos y algunos juicios (pasmados). Pero que se sepa no ha querido entrar en terrenos polémicos que pudieran reactivar el avispero.
El único que se ha animado es Hernando de Soto, quien desde su ILD ha lanzado una iniciativa de modernización de las comunidades, por la vía de un cambio del régimen de comunidades tuteladas a un régimen de propiedad individual de la tierra. Como era de esperar, ha recibido los ataques de los antropólogos especializados en Amazonía.
El regreso de Pizango confirma que el mundo amazónico ha elevado su perfil frente al resto de la nación. Lo que todavía no aparecen son propuestas que no sean simplemente un conservacionismo reactivo. Algo que probablemente no es lo que los amazónicos realmente quieren. Sería ideal que de Bagua surgieran estudios, y un gran debate.
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PERU 21 JUNIO 5, 2010
En Bagua no pasa nada
Autor: Fritz Du Bois
Como si el tiempo se hubiera quedado estacionado en los sangrientos eventos en Bagua de hace un año, desde entonces parece que nada ha pasado.
Las familias de los 35 asesinados los siguen llorando y su reclamo de que se haga justicia sigue esperando.
Los parlamentarios que con demagogia engañaron y azuzaron a los pueblos amazónicos no fueron ni siquiera amonestados.
Los generales que con su complacencia e incompetencia causaron la muerte de 25 efectivos policiales bajo su comando nunca aceptaron responsabilidad ni fueron sancionados.
Los burócratas a cargo de resolver conflictos y establecer mesas de diálogo, que por desidia o ineptitud no cumplieron con su función, siguen ganando un sueldo del Estado.
El dirigente nativo que promovió los paros disfrutó de un año de exilio dorado y ahora se está labrando un futuro político ambicionando llegar, al menos, a ser parlamentario.
La ministra a cargo, quien apresuró la operación, renunció después de semanas de tortuoso forcejeo, pero ya se recuperó y el recuerdo de lo ocurrido lo ha extraviado.
Los oscuros personajes que financiaron los meses de estadía de cientos de nativos en la 'Curva del Diablo’ nunca fueron, siquiera, identificados.
El Gobierno, que no entendió el problema que llevó al paro, todavía no lo tiene claro.
Los dirigentes de Aidesep continúan financiados desde el exterior y, a más radicalización, reciben mayores recursos para seguir disfrutando.
'Pocahontas’ sigue actuando como si tuviera un papel en una película de Disney titulada 'El Baguazo’.
Yehude Simon, quien tuvo que dejar el premierato, se ha sacudido de encima el episodio, el cual parece que también ha olvidado.
Los compañeros que complotaron para serrucharle el piso al ex premier Simon, y a quienes evidentemente se les fue el tema de las manos, nunca han sido siquiera señalados.
Los sanguinarios asesinos de los efectivos policiales siguen sueltos por el campo, y quién sabe qué otras atrocidades estarán perpetrando.
Al final, el padre del mayor Bazán, a quien aún no ha enterrado, así como las viudas y los hijos de los asesinados, siguen viviendo la espantosa pesadilla de lo que ha pasado. Pero para todo el resto de los involucrados no hay sanción ni lección, no hay enmienda ni contrición. Simplemente, parece que el incidente ha sido convenientemente superado.
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EL COMERCIO JUNIO 5, 2010
Dirigentes exigieron amnistía para nativos involucrados en Baguazo
Alberto Pizango llegó a Bagua y para participar en actos conmemorativos. Presidente García cuestionó retrasos en investigaciones de este caso
Foto: Miguel Bellido
Por: Ricardo León Enviado especial
Aunque la convocatoria hecha por la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian) no tuvo ayer la acogida esperada, se aguarda que hoy lleguen delegaciones de diversas comunidades a Bagua, específicamente a la Curva del Diablo. Aquí se desarrollarán las actividades en memoria de las víctimas de la violenta jornada del 5 de junio del 2009.
Sin embargo, las demandas comenzaron desde ayer. Tal como había sido anunciado, se llevó a cabo un foro en el que participaron, además de la Orpian y la Aidesep, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami ), cuyos dirigentes provienen de la sierra de Piura principalmente.
En ese foro se hizo público un anteproyecto de ley (que ha sido enviado al Congreso) a favor de la amnistía a los dirigentes nativos y campesinos involucrados en los hechos del 5 de junio del 2009 y en otros conflictos socioambientales derivados de este.
Asimismo se leyeron memoriales en los que se rechaza la incursión de empresas en zonas de influencia de las comunidades nativas y campesinas.
A pesar del día tranquilo que se vivió ayer en Bagua, lo que sí alteró la calma fue la llegada —anunciada ya— del dirigente indígena Alberto Pizango . Lo primero que hizo al arribar a esta ciudad fue reunirse con Iván Gallegos, titular del Juzgado Penal Liquidador de Bagua, para conocer su situación legal en las muertes en la Curva del Diablo y en la Estación 6, casos en los que ha sido involucrado.
Posteriormente, y sin declarar a los periodistas, Pizango se dirigió a un local donde lo esperaban otros dirigentes y miembros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Ni él ni sus allegados quisieron confirmar si él participaría en los actos conmemorativos previstos para hoy.
NOCHE DE RECUERDOS
Al cierre de esta edición, los integrantes de diversas organizaciones locales se dirigían a la Curva del Diablo. En ese lugar había sido acondicionado un estrado por el que desfilarían dirigentes y apus de las comunidades cercanas. También se tenía previsto realizar una vigilia.
Cervando Puerta, presidente de la Orpian, aseguró que, aunque varios líderes políticos han pedido participar en estas actividades, no se permitirá a ninguno de ellos realizar proselitismo.
Aunque la asistencia no era masiva, se espera que hoy lleguen grupos de nativos de la provincia de Condorcanqui. Pero ellos no estarán solos: en la misma curva había sido enviado un grupo de 20 policías y grupos similares se habían instalado en el peaje ubicado a 500 metros y en el desvío hacia Bagua.
“No tenemos orden de intervenir”, declaró uno de ellos a este Diario. “Por el momento solo evitaremos que la vía sea bloqueada”, agregó. También los policías pernoctaron en la tristemente célebre Curva del Diablo.
MENSAJE PRESIDENCIAL
Mientras tanto en Lima, el presidente de la República, Alan García Pérez , señaló que está conmovido porque tras un año de estos sucesos no hay resultados de las investigaciones judiciales ni sanciones para los responsables.
“No me cansaré de denunciar que lo que hubo en Bagua fue una masacre de policías”, dijo. “Me genera preocupación que se produjera un asesinato en frío de 24 policías que no hacían más que cumplir sus obligaciones legales”, agregó.
El mandatario señaló que no le preocupa que algunos sectores de la oposición pretendan convertir esto en un tema para hostilizar al gobierno. “Lo que me preocupa es qué será de esos niños que se quedaron sin sus padres por la alevosía sanguinaria de los que los victimaron”, dijo.
Por ello, adelantó que el día de mañana hará todo lo necesario por pensar en estas víctimas.
EN PUNTOS
Ayer se celebró en la sede limeña de la Dinoes, en Ate Vitarte, una misa para conmemorar el primer año del fallecimiento de los 24 policías en Bagua.
En la ceremonia se develó una placa recordatoria con los nombres de los agentes asesinados. Los familiares pidieron que se haga justicia y que se identifique a los responsables de estos hechos violentos.
En Bagua Grande se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración de los fallecidos el 5 de junio del 2009.
Silvia Pérez, viuda del mayor PNP Felipe Bazán (quien todavía no ha sido hallado luego de los incidentes en la Curva del Diablo), recibió en Chiclayo un reconocimiento de las autoridades policiales locales.
* Bagua inició homenajes a las víctimas del 5 de junio de 2009 con una vigilia en la 'Curva del Diablo'
Desde las 7 de la noche de ayer cientos de habitantes de Bagua llegaron hasta este lugar, donde se produjo el violento enfrentamiento que dejó 34 personas fallecidas, para rendirles homenaje
Centenares de pobladores de Bagua iniciaron anoche en la “Curva del Diablo” una vigilia en memoria de las 24 personas (entre nativos y policías) fallecidas el 5 de junio del 2009 , producto del violento paro emprendido por los nativos locales.
El lugar donde se produjo el sangriento enfrentamiento entre los indígenas y agentes policiales fue, a medida que avanzaba la noche, llenándose de integrantes de rondas campesinas, estudiantes universitarios y miembros de ONGs. Se tiene previsto que en un estrado acondicionado para la ocasión, y donde se instalaron parlantes y grupos electrógenos, diversos apus y dirigentes de las comunidades cercanas realicen sus pronunciamientos.
La tarde de ayer en el coliseo de Bagua Chica, los hermanos Cervando y Saúl Puerta, quienes estuvieron asilados en Nicaragua como el dirigente indígena Alberto Pizango, presidieron un conversatorio acerca de los luctuosos sucesos desatados hace un año, donde participaron integrantes de la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian), Aidesep y de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami).
Ambos indicaron que han mantenido reuniones con el padre del mayor PNP Felipe Bazán donde le ofrecieron las garantías necesarias para que continúe con la búsqueda de su hijo en distintas comunidades y cuencas amazónicas, sin que tenga ningún inconveniente. Cabe recordar que el referido oficial fue secuestrado por un grupo de nativos durante la manifestación del año pasado y hasta ahora está como no habido.
PIZANGO EN BAGUA
En tanto, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, sindicado de insitar a la violencia de los pobladores de Bagua en las protestas de junio del año pasado, acudió en horas de la mañana al Juzgado de Utcubamaba donde está procesado por los delitos de sedición, conspiración y rebelión.
Ahí firmó su cuaderno de comparecencia y tras ello se reunió brevemente con algunos líderes indígenas. Mañana estaría encabezando una marcha por las principales calles de Bagua y una romería a la “Curva del Diablo”.
Desde ayer unos 350 agentes de la Dinoes custodian Bagua a fin de controlar cualquier eventualidad.
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LA REPUBLICA JUNIO 4, 2010
Perro del hortelano en curva del diablo
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Evaluación, un año después, de la tragedia de Bagua.
Un año después de la tragedia del 5 de junio de 2009 en Bagua, en la que murieron 34 personas –25 policías y 9 indígenas–, es un momento oportuno para evaluar lo ocurrido con la perspectiva de que ayude a entender la profundidad de la naturaleza del problema en lugar de las versiones interesadas que quieren poner toda la responsabilidad en el dirigente amazónico Alberto Pizango.
Pizango –cuyo asilo nicaragüense terminó por una decisión que parece negociada con el gobierno y la justicia– tiene, sin duda, responsabilidad en la tragedia por la intransigencia que mostró, pero sería injusto cargarle toda la culpa a él, como pretenden el gobierno y sus pregoneros.
El informe en minoría presentado por el congresista Güido Lombardi sobre la tragedia de Bagua constituye un balance valioso para ponerla en el contexto de una interpretación de largo plazo y alejada del uso político, sin que ello implique eludir la precisión de responsabilidades de esta falla institucional.
Según ese enfoque, la tragedia del 5 de junio no es sino la culminación de una larga serie de conflictos y desencuentros, el mayor de los cuales radica en la falta de representatividad de la población indígena y en su dificultad para hacerse escuchar. Por ello, un desafío para enfrentar este problema pasa por resolver la fragmentación y debilidad de la dirigencia indígena.
A su vez, la tensión en la relación entre el estado y los indígenas se explica por su empleo en los conflictos con Ecuador, colonización forzada, esclavitud, invasión de tierras, discriminación racial y hasta el uso de la zona como campo de prueba para las bombas de NAPALM que luego se usaron en Vietnam.
Ese es el contexto que podría explicar la actitud inspirada por el gobierno aprista hacia las comunidades amazónicas al promulgar una legislación ‘perro del hortelano’ que era relevante para sus vidas pero sin efectuar la menor consulta requerida, sin oír los reclamos que ello generó, y tratándolos con desprecio a través de spots publicitarios lamentables, con un Congreso indolente y un Consejo de Ministros desarticulado para enfrentar el grave problema que se había producido.
A su vez, el operativo policial para despejar con métodos ilegales y abusivos la carretera que había sido tomada por las organizaciones amazónicas fue un ejemplo de irresponsabilidad. Peor aún, existe la sospecha legítima de que se quiso usar la fuerza cuando ya se sabía que los indígenas iban a despejar la vía.
La tragedia de Bagua constituye una expresión de las severas fallas institucionales que enfrenta el Perú. No entenderla en su profundidad solo llevará a que se repita cada cierto tiempo, cambiando solo de escenario.
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EL COMERCIO JUNIO 4, 2010
Los heridos y deudos del Baguazo demandan "justicia y reparación"
Más de 200 policías armados con fusiles han sido enviados a Bagua para vigilar una marcha pacífica que conmemorará mañana el primer aniversario de la protesta
Lima (EFE) . Los sobrevivientes y deudos de las víctimas de la protesta en Bagua, donde el 5 de junio de 2009 murieron 24 policías y 10 civiles, clamaron hoy por “justicia” y “reparación”, aunque el presidente Alan García insistió en que este hecho fue una “masacre de policías”.
En la víspera del primer aniversario de la protesta, García dijo hoy a periodistas que en la provincia selvática “se produjo un asesinato en frío de 24 agentes (policiales)” y criticó que estas muertes no se hayan “analizado con la misma velocidad” con la que se pretende esclarecer la de los diez civiles.
Para el gobernante, los policías fueron “víctimas de una emboscada primero y (luego) de un degollamiento brutal”, por lo que prometió “pensar en las víctimas inocentes que fueron las primeras en caer cuando fueron sorprendidas con armas de largo alcance”.
Afirmó, en ese sentido, que los manifestantes portaban armas de guerra y los policías solamente escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas.
La violencia se desató el 5 de junio de 2009 cuando la policía despejó una carretera tomada por miles de nativos, lo que produjo violentos enfrentamientos en la llamada “Curva del diablo” y desencadenó otras protestas en las ciudades aledañas de Bagua y Bagua Grande (Utcubamba).
Allí murieron 12 policías (el cuerpo de uno de ellos nunca fue encontrado) y 10 civiles, entre indígenas y pobladores que protestaban contra una serie de decretos legislativos aprobados para facilitar las inversiones en la Amazonía peruana sin que se haya consultado a las comunidades nativas.
La noticia del intento de desalojo llegó a la remota estación número 6 de Imacita, en medio de la selva, donde un grupo de nativos asesinó, aparentemente en represalia, a otros 12 policías de los 38 que habían tomado días antes como rehenes.
Estos hechos fueron recordados hoy en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH ), donde Rufina Salazar, viuda de un civil muerto, y Maritza González, madre de una niña herida por un disparo, ofrecieron una rueda de prensa en la que también se esperaba a los familiares de los policías muertos.
CONDENAN MUERTES
El secretario ejecutivo de la CNDDHH, Ronald Gamarra, lamentó que los deudos de los policías no acudieran a la convocatoria, pero aclaró que su organización condena tanto las muertes de civiles como de policías.
Gamarra pidió “justicia” para todas las víctimas y sanción “a los verdaderos culpables”, así como atención médica e indemnizaciones para los heridos y los deudos de los fallecidos.
Entre sollozos, Maritza González, quien estuvo acompañada de la pequeña Leidy Luz, pidió “justicia y reparación” para su hija y los casi 200 heridos de esta violenta protesta.
Rufina Salazar, viuda de Alejandro Salazar, aseguró que en la protesta murió “gente inocente” y pidió que “se haga justicia” porque los policías “no tenían que matar así en Bagua Grande”.
SIN INVESTIGACIÓN
En la rueda de prensa, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa legal (IDL ), denunció que hasta el momento no se ha investigado a los responsables políticos de los sucesos ni a los altos mandos a cargo del operativo policial.
Quispe exigió un debido proceso para los más de 120 civiles procesados, entre ellos el líder indígena Alberto Pizango , acusado de azuzar las protestas y quien regresó a Perú para afrontar tres juicios tras permanecer asilado 11 meses en Nicaragua.
EXTREMA VIGILANCIA
El abogado también informó de que más de 200 policías armados con fusiles han sido enviados a Bagua para vigilar una marcha pacífica que conmemorará mañana el primer aniversario de la protesta.
Al igual que la CNDDHH, organizaciones como Amnistía Internacional destacaron la reciente aprobación por el Congreso de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios e instaron al Gobierno a aprobarla de inmediato y a “aprovechar esta oportunidad para trabajar de manera constructiva con los pueblos indígenas”.
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EL COMERCIO JUNIO 4, 2010
Alberto Pizango llegó a Bagua para participar de actos conmemorativos al cumplirse un año del violento paro
El dirigente indígena requiere de un permiso que debe expedir la titular del 37 Juzgado Penal de Lima, Carmen Arauco. La Aidesep ha programado un foro de discusión y una romería a la “Curva del diablo”
Aguarda. Alberto Pizango está a la espera de que la titular del 37 Juzgado Penal de Lima le autorice estar presente en actividades por aniversario del 'Baguazo'
El dirigente indígena Alberto Pizango llegó anoche a Bagua donde hoy, viernes, y el sábado, participará en actividades que conmemoran el primer año del violento paro en dicha provincia que dejó como saldo 34 muertos, en su mayoría policías.
Sin embargo, para que Pizango pueda ser parte de los actos programados por el aniversario del “Baguazo”, debe recibir hoy la autorización de la titular del 37 Juzgado Penal de Lima, Carmen Arauco, lo cual está siendo gestionado por su abogado Marco Barreto.
Según confirmaron voceros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) a elcomercio.pe, se ha organizado para hoy, viernes, un foro en el local del Sutep en Bagua, donde intelectuales de distintas partes del Perú discutirán acerca de los sangrientos acontecimientos de hace un año.
El sábado 5 habrá una romería hacia la llamada “Curva del diablo” y una marcha pacífica por las principales calles de Bagua, ambos recorridos serían encabezados por el mismo Pizango.
Antes de ello, Alberto Pizango debe presentarse obligatoriamente en el Juzgado Penal de Utcubamba para la firma respectiva del cuaderno de comparecencia. Desde anoche se hospeda en un hotel de esa localidad.
* Editorial: un año después de Bagua...
Los peruanos percibimos que si bien esto marcó un punto de quiebre en la política y la identidad peruana, aún estamos en proceso de dilucidar lo que realmente pasó
Al cumplirse un año de los lamentables y aciagos sucesos de Bagua, los peruanos percibimos que si bien esto marcó un punto de quiebre en la política y la identidad peruana, aún estamos en proceso de dilucidar lo que realmente pasó.
De primera intención, repudiamos los hechos de cruenta violencia que causaron 34 muertos, 24 de ellos policías, y cuyos responsables finales siguen sin ser señalados. ¿Qué hicieron el Gobierno, el Congreso y la clase política para evitar esta tragedia y para sancionar a los responsables, hasta ahora impunes? Lo que esto ha demostrado, con comisiones investigadoras inconclusas, es una enervante incapacidad de los poderes del Estado para afrontar, antes y después, esta crisis social y política.
Los errores de apreciación, del lado gubernamental, fueron garrafales. Faltó no solo una estrategia clara y de coordinación de los mandos policiales, sino también una reacción oportuna y proporcional de los estamentos legislativos y ejecutivos para explicar los alcances y limitaciones de los decretos legislativos sobre explotación de recursos naturales vinculados a la implementación del TLC con Estados Unidos.
Por su parte, los líderes de las comunidades selváticas, con la Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) a la cabeza, se arrinconaron en una postura radical, que exigía la derogación o nada, cuando lo necesario era tender puentes de diálogo y distensión, que hasta hoy nos resulta difícil construir.
EN CUESTIÓN: IDENTIDAD Y ESTADO
Dicho esto, es innegable que los sucesos de Bagua nos hicieron redescubrir un mundo aparte, el de las comunidades de la selva, que habían sido históricamente postergadas. Nos percatamos, así, de que somos una nación en proceso de construcción, con una identidad que dista mucho de ser englobante y unificadora, meta hacia la que debemos reencauzar nuestros esfuerzos.
El problema, finalmente, no sería tanto de índole económica —en lo que estamos avanzando en términos generales— sino más bien social, con fuertes ingredientes de exclusión y desentendimiento entre peruanos, que nos debe llevar a una profunda reflexión.
Hay que repensar seriamente las características del Estado Peruano moderno que queremos refundar y que debiera compaginar la tradición democrática con la economía social de mercado, pero también con los derechos ancestrales de los peruanos originarios. Tenemos que mirar aquí el desarrollo de otros estados con situaciones similares, en lo que pueda servirnos y aplicar a nuestra peculiar realidad.
Se trata de una monumental pero imprescindible tarea, que podría implicar reformas cruciales, cuyo urgente debate debe ser asumido responsablemente, fuera de cualquier agenda politiquera o ideologizada, por el Congreso y por los representantes de las comunidades y la sociedad civil.
CONSTRUYENDO PUENTES
Como podemos ver, son muchas las lecciones por aprender de los sucesos de Bagua. Lo primero es que somos una nación multicultural, pero también centralista, que debe trabajar mucho para descentralizarse e integrar a todos los peruanos, con una visión de respeto a las comunidades rurales y ancestrales.
La nueva ley del derecho a la consulta previa, aprobada por el Congreso y a la espera de la firma del presidente Alan García , resulta fundamental en el objetivo de institucionalizar el diálogo al dar cauces de participación formal para que las comunidades expresen sus preocupaciones y su parecer respecto de proyectos de exploración o explotación de recursos naturales.
Luego, si por un lado resulta importante que los líderes de las comunidades entiendan la trascendencia de esta ley y que no pueden actuar de manera radical sino agotar todos los mecanismos de diálogo, del otro lado y con el mismo énfasis, debemos invocar a la empresa privada a actuar en un marco de respeto a la ley y del medio ambiente y dar prioridad al diálogo en cada caso.
La experiencia de la Defensoría del Pueblo para detectar y desactivar conflictos tiene que llevarlos a entender que la responsabilidad social con las comunidades, más allá de una obligación ética y “políticamente correcta”, es un eje fundamental del emprendimiento económico, tan necesario para crear riqueza en el país.
Queda mucho por hacer para sanar y cerrar definitivamente las heridas que dejó Bagua, pero debemos seguir avanzando en saber lo que pasó y en acercarnos más, con apertura y tolerancia, entre peruanos. Ese sería el mejor homenaje a las víctimas. Lo irresponsable sería decir que aquí no pasó nada o continuar culpándonos unos a otros.
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EL COMERCIO JUNIO 3, 2010
Comisión Bagua responsabilizó en su informe final a Mercedes Aráoz, Mercedes Cabanillas y Yehude Simon
El congresista Guido Lombardi explicó que Cabanillas, ex ministra del Interior, erró en el operativo policial que desató el ‘Baguazo’ y que Simon, ex primer ministro, no promovió una concertación
El legislador Guido Lombardi (UN), presidente de la comisión que investigó los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009 y que dejaron 34 personas fallecidas, halló responsabilidad política en las ex ministras del Interior y Comercio Exterior, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz, respectivamente, así como en el ex primer ministro Yehude Simon.
En el informe final que Lombardi presentará para la aprobación de los otros seis parlamentarios que integraron este grupo de trabajo, se detalla que Mercedes Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, para no poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
En el caso de Mercedes Cabanillas, la responsabilidad recae sobre ella por no haber podido comandar acertadamente el operativo policial y en Yehude Simon debido a que en su condición de jefe del Gabinete ministerial no promovió una concertación previa que evite la posterior matanza.
LOMBARDI: “FUE BOCHORNOSO E INEXPLICABLE”
A juicio de Guido Lombardi, la actitud de Simon es hasta ahora inexplicable, puesto que acusa a Mercedes Aráoz del ‘Baguazo’ pero en su momento no le pidió su renuncia ni dimitió él en su cargo al no producirse esta”.
Asimismo, calificó como “bochornoso” que la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas, “pretenda hacer creer que no tenia comando, cuando fue ella quien colocó al mando, 48 horas antes, al general PNP Elías Muguruza, ex jefe de la Diroes, y a quien le dio la orden directa de actuar con toda energía y rapidez”.
“Me parece de espanto que se haya condecorado después de este operativo a quienes lo ejecutaron. Creo que por vergüenza y pudor, la ex ministra y los generales reconocidos deberían devolver esas condecoraciones”, precisó Lombardi en el programa de TV “Prensa Libre”.
Lombardi señaló además que se ha sugerido a la Comisión de Acusaciones Constitucionales que evalúe la conveniencia o no de investigar a los tres ministros en cuestión e indicó que dentro de este grupo de trabajo ya existe una demanda en contra del actual ministro del Interior, Octavio Salazar, por negar información valiosa a quienes la requirieron en su momento.
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EL COMERCIO MAYO 31, 2010
¿Freno a las inversiones? El debate sobre la ley de consulta a pueblos indígenas
El dictamen de la Ley del Derecho de Consulta Previa a las comunidades ha generado preocupación en los predios empresariales que temen que se impida el desarrollo de las inversiones.
Por: Manuel Marticorena Solís
Un informe de la comisión de expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó en febrero pasado al Gobierno Peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país. Obviamente, tamaño pedido causó zozobra en los predios empresariales, a tal punto que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, señaló que dicha comisión se había extralimitado en sus funciones.
Pero la comisión había sido aun más severa. Además de pedir que se congelaran las actividades extractivas, llamó la atención al Estado Peruano indicando que no cumplía con once artículos del Convenio 169 de la OIT, relativos al sistema de consultas a las comunidades indígenas y nativas.
Dicha comisión insistía en que en el Perú no había un sistema de consulta legítimo ni una norma que valide el Convenio 169 en el país.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista, señala que cuando dicha unidad de la OIT hizo este pedido varias organizaciones (estatales y privadas) agrupadas en la Mesa N° 3 (una de las cuatro mesas que se formaron tras los lamentables sucesos de Bagua) trabajaban en una norma sobre el derecho de consulta, que se cristalizó en el dictamen de ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, aprobado por el Congreso hace diez días.
POR INVERSIONES
¿Representa esta norma una amenaza para las inversiones extractivas como la minería, hidrocarburos y forestal que impactan en forma directa en las comunidades? Según el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, esta no apunta a afectar a las empresas, pues la consulta a las comunidades indígenas o campesinas, según su interpretación, es para medidas legislativas que lesionan sus derechos.
“Hay una normatividad para las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales y el dictamen aprobado por el Congreso no altera lo ya establecido”, señala.
Sin embargo, no todos creen esto. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, indica que la norma sí alcanza a las empresas extractivas, puesto que el dictamen aprobado por el Congreso indica que se someterán a consulta también las medidas administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de las comunidades.
Señala que una concesión minera o petrolera otorgada por el Estado es una acción administrativa, en ese sentido debe ser sometida a consulta.
Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refiere que la norma aún tiene muchas aristas por aclarar. Hoy el Consejo Consultivo (formado por los ex presidentes de la SNMPE) se reunirá para analizar la norma y pronunciarse al respecto.
NO HAY VETO
Lo que sí queda claro es que no hay derecho a veto para las actividades extractivas. La ley tampoco considera los plebiscitos o consultas populares como mecanismos válidos para detener proyectos económicos.
Dennis Pashanase, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidepsep) —promotor de la norma— indica que la consulta no será a caseríos sino a pueblos y explica que se tratará de un diálogo directo con las autoridades legítimamente elegidas.
Sin embargo, la preocupación de los inversionistas mineros y petroleros no precisamente es el tema del veto, sino el hecho de que se formaría una serie de mesas de diálogo que retrasarían los proyectos.
José Miguel Morales indica que el riesgo de la norma es que se antepongan intereses políticos para detener proyectos necesarios para el país. “No se trata solo de proyectos mineros. Por ejemplo, si una carretera cruza por los terrenos de una comunidad y esta se opone por intereses políticos, podrían primar los deseos de estas pocas personas antes que los del país”, advierte.
La otra preocupación es el tema de la organización de las comunidades. Según el Indepa hay registradas 7.511 comunidades campesinas y nativas. Según Morales, no todas se encuentran debidamente organizadas y sus padrones no están actualizados. “Existen incluso directivas simultáneas disputándose el poder”, sostiene.
El presidente del Indepa, Wayna Cápac Alatrista, reconoce que en varias comunidades existen estos problemas, pero indica que esta organización trabaja por solucionarlos.
Alatrista aclara que, al final, las comunidades no dialogarán con las empresas sino con el Estado en su rol de administrador.
El dictamen aún no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. De promulgarse, el Indepa tendrá 90 días para implementar la ley.
El presidente de la Conacami, Mario Palacios, considera que, mientras esto suceda, el Gobierno debe detener el otorgamiento de concesiones mineras y petroleras atendiendo a la recomendación de la Comisión de Expertos de la OIT, pedido que vuelve a causar zozobra en los predios de la SNMPE.
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LA REPUBLICA MAYO 30, 2010
Nativos a García: Promulgue la Ley de Consulta Previa
A un año del Baguazo. Organizaciones indígenas destacan como un avance aprobación de proyecto en el Congreso. De los 9 DL que motivaron la protesta, dos fueron derogados. Celebraciones de los nativos, incluirán homenaje a policías.
Flor Huilca.
A pocos días de cumplirse un año del sangriento enfrentamiento en la Curva del Diablo en Bagua, y el crimen de 9 policías en la Estación 6, las organizaciones indígenas pidieron al Ejecutivo que se promulgue la Ley de Consulta Previa aprobada en el Congreso, norma que consideran un avance aun cuando solo se han derogado dos de los 9 decretos legislativos que motivaron la medida de fuerza.
Denis Pashanase, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aide-sep), dijo si bien la norma aprobada en el Pleno no recoge todos los planteamientos formulados por las organizaciones indígenas, la respaldan porque puede ser modificada más adelante o perfeccionada a la hora de la reglamentación.
“Lo importante es que después de muchos años al fin se tiene una Ley de Consulta Previa vinculada al Convenio 169, que le dará seguridad y estabilidad jurídica a las comunidades y pueblos indígenas, por ello es necesario que el presidente la promulgue ahora que estamos a casi un año de estos hechos”, comentó.
Pidió también el reinicio de las mesas de diálogo establecidas luego de la protesta y que se revisen los 7 decretos legislativos que cuestionan y que están aún vigentes.
Saúl Puerta, Secretario Nacional de Aidesep, precisó que en los actos conmemorativos que se realizarán en Bagua el 5 de junio, se recordará también a los 24 policías caídos a consecuencia de los enfrentamientos que buscaban el desbloqueo de la vía tomada por loa nativos.
Manifestó que al igual que los policías fueron declarados héroes nacionales, corresponde también que se otorgue esa declaración a los 10 indígenas fallecidos en la Curva del Diablo.
“Hemos declarado el 5 de junio como Día de los Mártires por la Vida y la Amazonía del Perú, los homenajes serán para los hermanos indígenas y los policías, ellos no tienen la culpa de la masacre, han cumplido órdenes, nuestra solidaridad es permanente con ellos y sus familiares”, refirió.
Claves
La protesta. El 5 de junio un contingente policial recibió la orden de restablecer el tránsito en la carretera Fernando Belaunde, en Bagua. En el enfrentamiento murieron 13 policías y 10 civiles. Otros 9 policías fueron asesinados en la Estación 6.
Homenaje. El 5 se realizará una concentración pacífica en Bagua y luego irán a la Curva del Diablo.
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EL COMERCIO MAYO 27, 2010
Q’orianka Kilcher: “Mi corazón está con quienes perdieron a sus seres queridos”
La actriz estadounidense de raíces peruanas expresó su malestar por el proceso que la justicia le sigue a Alberto Pizango
“Mi corazón está afectado y comparte los sentimientos de las familias que han perdido a sus seres queridos ese día”, dijo la actriz Q’orianka Kilcher refiriéndose a los trágicos hechos ocurridos en Bagua en junio del 2009.
“Fue un momento muy triste en nos hemos atacado entre hermanos”, agregó la recordada ‘Pocahontas’ a RPP.
La actriz norteamericana de orígenes peruanos se encontraba en los exteriores del Ministerio Público, junto con un grupo de seguidores del líder de la Aidesep, Alberto Pizango.
Del mismo modo, Q’orianka expresó su malestar por el proceso que se le sigue al dirigente indígena Alberto Pizango, acusado de promover la violencia durante el paro en Bagua en junio del 2009.
“El único crimen que ha cometido es ser el líder de Aidesep”, indicó la actriz.
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EL COMERCIO MAYO 25, 2010
A casi un año del "Baguazo": policía pide refuerzos para vigilar Curva del Diablo
Temen uso de fusiles sustraídos a agentes asesinados en la estación 6. Aidesep asegura que actividades conmemorativas serán pacíficas este 5 de junio
Por: Norka Peralta/Félix Paricahua
“Cada acto de violencia viene de una herida sin curar”, ha escrito la activista por el pacifismo Gene Knudsen. Y si estamos de acuerdo en que lo ocurrido el 5 de junio del 2009 en Bagua dejó una herida abierta en la Amazonía porque aún no se esclarecen las muertes de 33 personas y la desaparición de un policía, no se puede pasar por alto la preocupación de la policía de que se revivan los hechos violentos de hace un año.
Tras los enfrentamientos en Curva del Diablo —donde fallecieron 11 policías y 10 civiles— la estación 6 fue tomada por un grupo de indígenas. Allí fueron asesinados 12 agentes. También desaparecieron 38 fusiles AKM, de las cuales 16 no han podido ser recuperadas. La policía teme que algunas de estas armas puedan ser usadas por instigadores en los actos conmemorativos de lo ocurrido en Bagua.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) organizan para el 4 y 5 de junio la denominada Jornada por la Vida y Derechos de los Pueblos Indígenas, en Bagua.
Esa jornada tiene dos actividades oficiales: el viernes 4 habrá un foro en el que analizarán los procesos judiciales que se siguen a diversos indígenas; y el sábado 5 se prevé una marcha pacífica hacia Curva del Diablo. Allí se realizará una misa por los caídos hace un año.
Saúl Puerta, secretario general de Aidesep, asegura que ninguna de estas actividades buscará incitar la violencia entre los 2.000 manifestantes que se estiman se concentrarán el 4 y 5 de junio en Bagua.
Sin embargo, la policía maneja información respecto a que esos días podrían tomarse de manera violenta Curva del Diablo (Bagua), la estación 6 (Imaza), Bagua Chica y la estación hidroeléctrica El Muyo. Por ello, mil agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) arribarán la próxima semana a Bagua Chica para reforzar la seguridad de la zona.
Además de ello, la policía en Bagua demanda el refuerzo de las partes altas de Curva del Diablo con más días de anticipación para controlar el tránsito de la carretera Fernando Belaunde Terry.
En un recorrido por este punto, El Comercio comprobó que el follaje en la cima de los cerros que componen Curva del Diablo ha crecido y no permite la visibilidad. A la policía le preocupa este aspecto, pues se requieren varios días para limpiar el lugar y tener una mejor visión desde este punto. En los últimos días, este Diario ha recorrido Bagua, Santa María de Nieva, Imaza y Jaén. En todas estas localidades las actividades se realizan con normalidad. No hay indicios de preparativos de actos violentos para el próximo 5 de junio. Esta fecha parece aún lejana, pero en realidad solo faltan 11 días.
CRONOLOGÍA
[28/6/2008] Se publican decretos legislativos sobre la ley de la Amazonía, entre ellos la 1090 y la 1060.
[28/5/2009] Suspenden el debate sobre el proyecto de ley que derogaría el Decreto Legislativo 1090.
[3/6/2009] Pobladores de Bagua y Utcubamba, en Amazonas, acatan un paro indefinido.
[5/6/2009] Enfrentamientos entre la policía y los nativos, que tenían bloqueada la carretera Belaunde Terry, dejaron 33 muertos y un desaparecido.
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EL COMERCIO MAYO 21, 2010
Editorial: el valor de la consulta previa a las comunidades
Son múltiples los beneficios de esta ley, sobre todo para prevenir y resolver los conflictos sociales que se producen como consecuencia de la escasa voluntad política o la falta de comunicación
Finalmente, tras un largo proceso de debates y revisiones, el pleno del Congreso aprobó mayoritariamente la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Ello es un logro trascendental tanto en el largo camino de reivindicación de derechos de un amplio sector de conciudadanos, cuanto de actualización de nuestro marco legal a las recomendaciones de la OIT.
La norma aprobada indica, como debe ser, que todas las autoridades estatales estarán obligadas a buscar el consenso o el consentimiento de las comunidades campesinas e indígenas en todo aquello que legal o administrativamente las afecte.
Son múltiples los beneficios de esta ley, sobre todo para prevenir y resolver los conflictos sociales que se producen como consecuencia de la escasa voluntad política o la falta de comunicación que haga entender a todas las partes las necesidades y el punto de vista del otro. El caso de Bagua, terrible por sus 34 muertos y otros perjuicios a la zona, es dolorosamente ilustrativo de lo que puede pasar cuando se actúa de modo unilateral.
Como bien ha dicho la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, esta ley constituye un mecanismo crucial para institucionalizar el diálogo entre las comunidades y el Estado, así como para alcanzar acuerdos que redunden en beneficio de todos.
Queda ahora un arduo camino por recorrer en varios sentidos. Antes que nada para informar a las comunidades sobre los alcances de la nueva norma, enfatizando sus derechos que deben ser respetados, pero también los del Estado unitario, del ecosistema y del resto de peruanos sobre ciertos recursos que pertenecen a todos.
En cuanto al Gobierno, tiene que asumir plenamente su responsabilidad de hacer cumplir la ley y promover canales de diálogo y acercamiento, de modo permanente. Cuenta para ello con autoridad, legitimidad e imparcialidad, que son valores principales para resolver conflictos y evitarlos.
En tanto, las empresas que tengan planes de exploración o explotación de recursos en zonas habitadas por comunidades, pues tienen que comprometerse decididamente a informar e involucrar al entorno poblacional en sus proyectos. Aquí la responsabilidad social se convierte en una obligación que tendrá sus frutos positivos si es bien encauzada. En tal sentido, las audiencias públicas para evaluar planes de exploración minera o petrolera deben informar pero también motivar la participación de los ciudadanos.
Lo que todos buscamos, finalmente, es desbaratar el clima de confrontación que solo lleva a la violencia, para pasar a uno de diálogo y entendimiento que asegure el bienestar de las comunidades, el equilibrio ambiental y también la paz social y el desarrollo económico del país, en el competitivo y preocupante contexto global que vivimos hoy.
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EL COMERCIO MAYO 19, 2010
Congreso aprobó ley de consulta previa a pueblos con eliminación de frase "sin derecho a veto"
El texto fue aprobado por amplia mayoría y precisa que la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos originarios sobre las medidas que los afectan
Tras un intenso debate el pleno del Congreso aprobó hoy la norma que regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.
El texto final, que fue aprobado por 62 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones, precisa que la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos originarios.
Según informó la agencia Andina, el dispositivo, exonerado de segunda votación, establece además que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa, que se ha sometido a consulta, corresponderá a la entidad estatal competente.
“Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteadas por los pueblos indígenas u originarios, durante el proceso de diálogo”, señala la norma.
EXCLUYEN FRASE
El pleno también acordó eliminar el último párrafo del artículo 3 del dictámen planteado por la Comisión de Constitución, que establecía que la consulta no otorga a los pueblos originarios el derecho a veto.
El vicepresidente de la Comisión de Constitución, Edgar Reymundo, indicó que es innecesario hacer hincapié a tal derecho, en la medida que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el que se sustenta el derecho a la consulta previa, no hace ninguna mención a esta figura.
Además, se indica que en caso no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos.
PROCESO DE CONSULTA
Sobre el proceso de la consulta, los pueblos indígenas u originarios participarán a través de sus instituciones y organizaciones representativas “elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales”.
Además, incluirá varias etapas como la identificación de las medidas legislativas o administrativas que deben ser objeto de la misma.
ALVA CASTRO SATISFECHO
El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, manifestó que la norma hace justicia a las comunidades en la defensa de sus derechos colectivos de existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Comentó que de esta manera el Congreso cumple con lo establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú.
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LA REPUBLICA MAYO 17, 2010
Ministra Aráoz tiene responsabilidad política pero menor que la de Cabanillas
El parlamentario Guido Lombardi, afirmó que la ministra de Economía y ex titular de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, tiene una responsabilidad política atenuada por el Caso Bagua, en comparación a la actuación de la hoy congresista Mercedes Cabanillas.
“La responsabilidad de la hoy ministra de Economía, a mí me parece francamente atenuada, hay una responsabilidad política evidente, pero su tarea no era vigilar lo que pasó en Bagua.
Su tarea era sacar adelante el TLC [Tratado de Libre Comercio] con Estados Unidos y esa misión quizás la cumplió con un exceso de vehemencia y diciendo cosas, por lo menos, inoportunas e inadecuadas”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Pero no me parece que [la responsabilidad de Aráoz] sea el mismo caso de quien se hace el desentendido frente a una gravísima situación que se está presentando en su sector y en sus narices, [que es el caso de Mercedes Cabanillas] y de Yehude Simon, que fue presidente del Consejo [de Ministros], que cinco meses después –con una cierta falta de gallardía que en su caso me sorprende– dice que Mercedes Aráoz es responsable, oiga y entonces para que permanece en el gabinete, porque no le pidió su renuncia al día siguiente, no me venga con acusaciones cuando ya dejó el cargo”, agregó. (Con información de Ideeleradio)
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LA REPUBLICA MAYO 16, 2010
“Ya pagué mi responsabilidad política por el Baguazo”
Mercedes Aráoz. Ministra de Economía y Finanzas. Desmiente que haya hecho cuestión de Estado por los DL que los nativos consideraban lesivos a sus intereses, y afirma que Yehude Simon no dice la verdad.
Rocío Maldonado.
La Comisión del Congreso que investigó el “Baguazo” emitió un informe en mayoría que encontró responsabilidad política en usted y en otros ministros.
El informe señala que hay una responsabilidad política porque refrendé los decretos legislativos (DL). Yo era parte del Gabinete y tenía que hacerlo, pero no eran normas generadas por mi ministerio (entonces el Mincetur), sino por el Ministerio de Agricultura.
¿Cree que asumió la responsabilidad que le competía?
El Gabinete entero renunció y asumió su responsabilidad política. Ahí pagamos nuestra responsabilidad(...) Yo al entrar por otro Gabinete y en otra posición ya pagué mi culpa si alguna es haber refrendado los DL que fueron generados con la mejor voluntad para el desarrollo del país. No estuve involucrada con (el desempeño) policial.
Se dice que usted aconsejó mal al presidente García al decirle que la derogatoria de los DL ponía en riesgo el TLC con EEUU.
Esas son mentiras, es falso.
¿Nunca hizo cuestión de Estado por la no derogación?
No, y menos por todos los decretos porque no todos estaban bajo el ámbito del TLC. El único en el cual tome especial precaución fue el DL 1090 (Ley Forestal) y lo que yo recomendaba era que se buscara una salida negociada(...) pero jamás decirle al Presidente que yo me oponía a la derogación. Esa fue una historia que crearon.
¿Y por qué cree que dice eso el ex premier Yehude Simon?
Ah no sé… Ese es su problema no el mío.
¿Nunca aclaró el asunto con él?
No, él dice que sí, pero sigue diciendo cosas que no son verdad.
El embajador Javier Pérez de Cuéllar dijo que el presidente García tiene casi una obsesión por lograr que llegue la inversión privada al país. Quizá esto lleva al gobierno a no consultar a las comunidades. Hay muchos conflictos sociales y muertes.
Hay conflictos, pero siempre hay consulta. Con el Gabinete se ha ido mucho al trabajo de concertación y búsqueda de solución. Hay que tener presente que muchos viven del conflicto y lo usan como herramienta electorera.
Se ha vuelto recurrente culpar a los nacionalistas...
No sé si serán los nacionalistas, pero algunos de ellos viajan a las localidades a generar conflicto. Allí están las imágenes de TV.
Cuando asumió el MEF muchos vaticinaron el inicio de una farra fiscal. ¿En un año electoral ha sentido presiones al respecto del gobierno o el Apra?
No y el presidente García ha sido claro en decir que estamos manejando la política fiscal con prudencia y sin fines electoreros.
¿Cómo es su relación con sus colegas ahora usted debe controlar el gasto del Estado?
Sigo siendo Meche para ellos y todos estamos de acuerdo en que tenemos que manejarnos con prudencia fiscal.
¿Es dura como Carranza?
Dura no, yo negocio. Soy disciplinada y cuando ha habido que facilitar cosas para el bien del país lo hemos hecho.
En otros temas, el secretario del Apra Wilbert Bendezú la sigue viendo como posible carta del Apra para las municipales...
Lo agradezco. Me tiene mucha simpatía, pero ahora tengo una responsabilidad muy importante que es cerrar el aspecto económico financiero del país para dar tranquilidad al gobierno que viene. El compromiso con el MEF es pleno.
¿Y qué planes tiene para cuando termine el gobierno?
He pensado en el asunto de mi carrera académica. Sigo enseñando y probablemente se me abrirán puertas por ahí.
¿No evalúa la carrera política?
Por lo menos corto plazo, no.
“Claro que se ha buscado renegociar”
El presidente García dice que existen 15 trillones de pies cúbicos de gas para cubrir la demanda interna y externa. ¿Quién certificó estas reservas? ¿No es que solo existen 8.8 TPC?
No soy una experta, pero eso lo dijo el ministro Pedro Sánchez. Son cálculos de reservas que pueden ser utilizadas. Hay pozos que se están descubriendo y todas las exploraciones dan muy buenos resultados y aparentemente hay una empresa que ha certificado esto.
¿Qué empresa?
No tengo el nombre.
Si hay gas suficiente, ¿por qué no se pudo cumplir con todas las empresas que participaron en la licitación del año pasado?
Allí hay un tema. Se había planteando un plan operativo del consorcio para que tuviera la posibilidad de cumplir, pero es un mercado bien complejo y creo que el ministro Sánchez está planteando estrategias .
¿Por qué no se ha buscado renegociar el contrato de exportación?
Claro que se ha buscado. Hubo un compromiso que se firmó en una carta inclusive, pero el consorcio Camisea está conformado por más de cinco empresas todas con igual peso, todas votan y tiene que haber no mayoría simple sino de consenso. Es complicado más de lo que uno se imagina. No es que privilegiemos el mercado externo.
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LA REPUBLICA ABRIL 16, 2010
'Aráoz mintió y Cabanillas debe devolver Corazón Policial'
Sobre la presentación del informe en minoría sobre ‘Baguazo’, la hermana Mari Carmen Gómez señaló que el documento fue entregado a la Corte IDH y será remitido al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El informe en minoría de la Comisión Especial que investigó los sucesos de Bagua, que señala la responsabilidad del Ejecutivo en el conflicto amazónico, fue entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y será remitida al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, anunció la hermana Mari Carmen Gómez, ex integrante de ese grupo de trabajo.
Gómez Calleja indicó, también, que la actual ministra de Economía, Mercedes Aráoz, le mintió a la población cuando se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y defendía los inconsultos decretos legislativos que afectaban la Amazonía, bajo el argumento de que afectaría el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
“En la entrevista con el ex premier Yehude Simon hemos podido confirmar que él, pocos días después de los lamentables sucesos, habló con el embajador de los Estados Unidos, donde confirmó que era falso diciendo que se caía el TLC si se derogaba en concreto el decreto 1090. Entonces, hay que decir que mintió la ministra Aráoz cuando presionó tanto al Ejecutivo como al Congreso diciendo que eran intocables esos decretos de cara al TC”, remarcó.
Anotó que la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, debería devolver el ‘Corazón Policial´, que se da por razones totalmente excepcionales a favor de la Policía Nacional. La ex comisionada subrayó que Cabanillas Bustamante tuvo al igual que el ex ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, responsabilidad en los luctuosos sucesos de Bagua.
“Allí está el memorando 711 donde dice que es necesario tener informada a la ministra del Interior [Mercedes Cabanillas] del avance y planeamiento de las operaciones para tomar decisiones. Está citado en el documento y en el archivo del primer informe.
Si está así, (acaso) ha habido un desacato a ese memorándum. […] Se supone que tiene que haber un análisis permanente para saber cómo están las condiciones y está demostrado que se retiraron al día después del desayuno y eso lo confirmamos en la entrevista con el alcalde de Jaén”, sostuvo.
“Los deudos de los policías están muy indignados por las condecoraciones, particularmente con el ‘Corazón de la Policía’, que le han dado a Mercedes Cabanillas. Yo si estuviera en su lugar, devolvería el ‘Corazón de la Policía’, porque en verdad no le corresponde”, refirió.
Dato
La Comisión Bagua nunca tuvo acceso al informe de Inspectora de la Policía Nacional que se elaboró después de los sucesos del 5 de junio, en donde se precisa la actuación de los altos mandos policiales. (Con información de Ideeleradio)
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EL COMERCIO ABRIL 16, 2010
Cabanillas y Aráoz, responsables de "Baguazo", según informe en minoría
Documento fue redactado por miembros que se separaron de la comisión de diálogo creada por el gobierno
Según el informe en minoría sobre el “Baguazo”, redactado por la monja Carmen Gómez y el nativo Jesús Manacés, el Congreso del Perú y las ex ministras del Interior y de Comercio Exterior Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz son responsables de los violentos hechos suscitados el 5 de junio del año pasado.
Gómez y Manacés se apartaron de la comisión creada por el Poder Ejecutivo para investigar los sucesos que provocaron la muerte de 33 personas -23 de ellos, policías- y prepararon un informe a fin de abrir el diálogo pendiente entre el gobierno y los indígenas.
Según este documento, dijeron Gómez y Manacés a RPP, Mercedes Cabanillas tuvo responsabilidad –como ministra del Interior- a la luz de que la operación policial fue “mal planificada, equívoca, improvisada e irresponsable” y que tenía “objetivos políticos y de imagen”. Cabanillas estuvo al tanto del desarrollo de los procedimientos policiales realizados, señalaron.
Por su parte, Mercedes Aráoz –en la cartera de comercio Exterior- tuvo responsabilidad por negarse a derogar los decretos a los que se oponían los nativos. Aráoz sostuvo entonces que ello hubiese puesto en peligro el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Ambas, versiones que contrastan con el informe de la comisión del gobierno, formada por representantes del Estado, de los pueblos amazónicos y de la Iglesia. Su informe atribuyó a sectores políticos el levantamiento de los nativos.
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EL COMERCIO MARZO 20, 2010
Editorial: Diálogo, inversiones y derechos de los indígenas
El Estado Peruano debe evaluar, en su debida dimensión, el último informe de la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país.
A primera vista, la presencia del Perú en este informe —junto con otros diez países— se vincula con los luctuosos sucesos de Bagua, que en el 2009 causaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos. Lamentablemente, no se ha resuelto aún el tema de fondo de dicha crisis, pues las partes involucradas no han cumplido con sus compromisos públicos de lograr consensos.
En realidad, la existencia de 300 conflictos sociales en el territorio nacional, según cifras de la Defensoría del Pueblo, da cuenta de un persistente clima de confrontación en torno a asuntos delicados, así como de serias dificultades para instaurar mecanismos de diálogo que lleven a consolidar la paz social. En el caso de Bagua, no solo existen problemas vinculados a la propiedad de la tierra y la ausencia de la autoridad para canalizar soluciones óptimas, sino asimismo distancias y barreras antropológicas y socioculturales que ponen de manifiesto lo poco que nos conocemos entre los peruanos.
Al respecto, el informe del comité de expertos de la OIT —que, según se ha aclarado, es una entidad autónoma, integrada por 20 juristas eminentes de diversas partes del mundo— debe ser tomado como una alerta y como un llamado a la prevención, pues sus conclusiones no son vinculantes ni expresan la opinión de la OIT como entidad supranacional.
Sin embargo, un aspecto especialmente atendible es su énfasis en cumplir los convenios internacionales y asegurar “la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas, en un clima de total respeto y confianza”.
Es necesario institucionalizar las mesas de diálogo, con la presencia obligatoria del Gobierno Central, la PCM y las comunidades interesadas, que deben ser informadas, a priori y no a posteriori, de los alcances reales de los proyectos, obras e inversiones locales y regionales en sus jurisdicciones.
Solo así podrán complementarse los intereses de los inversionistas (en el Perú se invierten cerca de US$2.000 millones en exploraciones, que representan el 15% de la inversión mundial) con los derechos de los pueblos indígenas, bajo la premisa de que hay recursos que pueden ser explotados racionalmente, con beneficio para todos y asegurando el equilibrio ambiental.
Se trata de evitar algún riesgo para la estabilidad política y social del país, y de no dar pretextos a ciertos grupos extremistas que suelen aprovechar los conflictos latentes para complotar contra la gobernabilidad democrática y la unidad del Estado de derecho.
Ha sido precisamente a través de audiencias públicas o reuniones que los juristas de la OIT han recogido la inconformidad e insatisfacción de las comunidades indígenas y campesinas del Perú y de otros países respecto de algunas actividades de exploración minera y petrolera que no cumplen los requerimientos del Convenio 169, es decir, el acuerdo que establece que estos conglomerados deben ser informados y consultados sobre dichas inversiones.
Hay que actuar ahora, con una óptica preventiva, sin esperar que estallen más conflictos ni que se inmiscuyan agendas extrañas de grupos hiperpolitizados. Corresponde en primera instancia al Gobierno promover activamente el diálogo con las comunidades, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, lo cual implica cambios legislativos que deben ser coordinados con el Congreso.
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LA REPUBLICA MARZO 5, 2010
Demandarán al Estado por incumplir convenio 169 de la OIT
Representantes de organizaciones indígenas anunciaron que iniciarán acciones legales contra el Estado por no cumplir con la implementación del proceso de consulta previsto como un compromiso para los países suscriptores del Convenio 169 de la OIT.
Este anuncio se realizó a raíz de la publicación de las observaciones de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), informó de esta decisión en una conferencia de prensa realizada hoy en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Además, el dirigente destacó el pedido de la OIT de suspender las actividades de exploración y explotación en los territorios indígenas en conflicto.
“Vamos a iniciar acciones legales, judiciales y demandas para hacer valer estas recomendaciones para que se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas. Vamos a dejar en claro el valor del Convenio 169 para la normatividad interna”, indicó Palacios.
Asimismo, señaló como casos específicos para dichas denuncias las concesiones sin consultas comunitarias otorgadas en territorios indígenas, las operaciones ilegales de la caso Río Blanco Copper (ex Majaz) en Piura, así como la construcción de una represa hidroeléctrica en Puno, la misma que originaría el desplazamiento de aproximadamente 14 mil familias, entre otros.
Palacios señaló que este tipo de recomendaciones vienen realizándose con cierta frecuencia y frente a lo cual el gobierno peruano no ha demostrado voluntad de dar cumplimiento a sus compromisos, los cuales asumió con la suscripción del Convenio 169 de la OIT hace 15 años atrás.
Por el contrario, la respuesta ha sido normas de criminalización de la protesta, el paquete de decretos legislativos que implementan el TLC con Estados Unidos y proyectos de ley como el de desplazamiento.
La misma opinión fue compartida por Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien instó al Estado Peruano a ejecutar las recomendaciones de la OIT afirmando que “los convenios internaciones se suscriben para acatarlos”
Bagua también debe aclararse
Sobre los lamentables acontecimientos ocurridos en Bagua, los dirigentes hicieron suya la recomendación de la OIT en relación a la necesidad de una investigación pronta e imparcial de los hechos para asegurar la existencia de un clima de confianza mutua y respeto entre las partes, requisito imprescindible para instaurar un verdadero diálogo que lleve a soluciones concertadas, conforme a los fines previstos en el Convenio.
La OIT también exige al Estado peruano una consulta plenamente participativa con los pueblos originarios y sus representantes antes de ejecutar cualquier tipo de acciones legislativas o administrativas que involucren sus territorios.
Participaron en la conferencia de prensa, Ronald Gamarra Herrera, secretario ejecutivo de la CNDDHH; Mario Palacios, presidente de CONACAMI; Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); Melchor Lima, presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP); y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA). (Con información de la CNDDHH)
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En nombre de RedGE
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2010 11:09
Para: redge-vigilancia-tlc; todos@cepes.org.pe
Asunto: Noticias 23 de febrero 2010
En España reportan sobre nuevas protestas indígenas en Perú
El diario El Mundo de España, informa que los pueblos indígenas de la amazonía peruana han reiniciado las movilizaciones en contra de la explotación desenfrenada de la selva. Los pueblos que conforman la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) y las rondas campesinas se movilizaron este lunes en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Piura y Lima.
Como respuesta a estas protestas, el Gobierno ha autorizado al Ejército a intervenir en la selva. La militarización ha suscitado el rechazo de las organizaciones indígenas. “La protesta es pacífica y no radical, como la está bautizando el gobierno”, asegura Saúl Puerta Peña, representante nacional de Aidesep después de que el “apu” (jefe y líder espiritual) Alberto Pizango solicitara asilo político en Nicaragua.
Aidesep, organización que representa a 1.350 comunidades indígenas, pide la derogatoria de siete decretos promulgados en el marco del TLC con EEUU - bautizados como la ley de la selva- al considerar que vulneran los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan. Ellos consideran necesario protestar ante el incumplimiento sistemático del Convenio 169 de la OIT por parte del Gobierno.
Las organizaciones indígenas piden también una comisión investigadora independiente que emita un informe sobre lo ocurrido en Bagua, ya que rechazan la versión gubernamental que responsabiliza del estallido de la violencia en junio pasado a los indígenas, a medios de comunicación locales y a misioneros. El Mundo España
Protesta amazónica se concentró en Jaén
La movilización convocada por la coordinadora macrorregional de los pueblos andinos y amazónicos del norte, en protesta por la indiferencia del Ejecutivo para solucionar sus demandas, tuvo contundencia en Jaén y Yurimaguas.
En Jaén, más de un millar de personas, entre nativos, ronderos, miembros del Sutep y organizaciones sociales de mujeres, marcharon por las calles principales hasta llegar a la plaza de armas. En Yurimaguas la movilización de nativos contó con la participación de aproximadamente 500 personas.
En Lima, dirigentes de Aidesep junto a los miembros de Conacami, la Confederación Campesina del Perú y la Confederación de Trabajadores Estatales, en un número de quinientos, se concentraron en la plaza de Acho y llegaron hasta el palacio legislativo.
Saúl Puerta Peña, secretario nacional de Aidesep, explicó que muchos nativos decidieron no salir a las calles para evitar caer en la provocación del fuerte contingente policial que llegó a la zona de Bagua. “Esta fue una movilización anunciada como pacífica, no había razón para trasladar tantos policías, era una clara provocación en la que no queríamos caer”, manifestó el dirigente nativo. La República Perú
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EL COMERCIO FEBRERO 23, 2010
Q’orianka Kilcher alista un documental sobre la masacre en Bagua
La actriz estadounidense de ascendencia peruana utilizará las imágenes que los nativos le enviaron para dar vida a este proyecto
La actriz estadounidense de ascendencia peruana Q’orianka Kilcher anunció que realizará un documental sobre la masacre desatada en Bagua entre los nativos y la Policía Nacional, ocurrida el 5 de junio del año pasado y que dejó 34 muertos.
Q’orianka señaló que los nativos de Amazonas le enviaron imágenes, las que utilizará para dar vida a este proyecto, donde plasmará lo que realmente ocurrió aquel lamentable día.
Luego de darse el llamado Baguazo, Kilcher viajó al lugar de los hechos y entregó varias videocámaras a distintos pobladores de la zona para “registrar los abusos a sus derechos humanos”.
“Tengo mucha información sobre Bagua. Haré un documental en el que se verá realmente lo que ocurrió allá para que lo sepa la gente en el mundo entero. No es que tenga agallas. Soy una persona joven y me gusta luchar por los derechos de las personas”, señaló.
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EL COMERCIO FEBRERO 21, 2010
Gobierno autorizó intervención de militares ante anunciada protesta en Bagua
Organizaciones anunciaron movilización para exigir la conformación de una nueva comisión que investigue el “Baguazo”
Lima (EFE) . El Gobierno autorizó hoy la intervención de las Fuerzas Armadas ante la convocatoria, para mañana, de una movilización de organizaciones indígenas, según resolución publicada en el diario oficial.
Según el decreto, la medida busca “proteger a la población de las amenazas a su seguridad” y que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional.
La resolución, firmada por el presidente Alan García, y los ministros de Defensa y del Interior, Rafael Rey y Octavio Salazar, respectivamente, señala que la intención es asegurar “el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados”.
Añadió que la medida busca asegurar la seguridad, sobretodo, en las ciudades de Bagua y Tarapoto, y en la norteña Cajamarca.
Un grupo de organizaciones indígenas peruanas convocó la movilización para el lunes en rechazo a un informe oficial sobre los enfrentamientos que el año pasado dejaron 34 muertos y una ley sobre el proceso de consulta a las comunidades nativas.
NUEVA COMISIÓN
Según las organizaciones, entre las que se encuentra la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep ), la movilización exigirá la conformación de una nueva comisión que investigue los sucesos de la localidad Bagua, donde en junio del año pasado murieron 24 policías y 10 civiles durante una protesta de los indígenas selváticos.
Los manifestantes también exigirán la ampliación de las mesas de diálogo con el Gobierno sobre temas vinculados a los derechos de los indígenas.
PROTESTA INDÍGENA
La protesta fue ratificada por Aidesep, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian) y la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE).
El Ejecutivo peruano explicó que la autorización “no releva” a la Policía de sus tareas de control y que “no existirá en modo alguno restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales” establecidos en la Constitución peruana y las leyes internacionales.
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LA REPUBLICA FEBRERO 15, 2010
Podrían estallar tres conflictos amazónicos
Decididos. Awajún-Wampis, Secollas-Boras y Harakmbut defienden su medioambiente. Nativos del Cenepa, Putumayo e Inambari denuncian que Estado no los escucha y tampoco respeta las reservas naturales al concesionar amazonía.
Elízabeth Prado.
Antiguos y nuevos conflictos crecen día a día en tres puntos de la amazonía, y parece que ninguna autoridad se interesa en darle solución. La población awajún-wampis del Cenepa (Amazonas) reclama desde hace cuatro años la restitución de 88,744 hectáreas que el Estado tomó del parque nacional Ichigkat Muja para darlo en concesión a la minera Afrodita.
Cuatro años también tiene la solicitud de los secollas-boras del Putumayo (Loreto) para que la zona del Güeppi sea convertida en un parque nacional.
Ambas poblaciones han manifestado a las autoridades del gobierno central que no aceptan actividades mineras ni petroleras en sus tierras.
En el sur de la amazonía, los harakmbut que pueblan Inambari (Madre de Dios) se mantienen alertas para impedir que la petrolera Hunt Oil vuelva a ingresar a la reserva comunal Amarakaeri.
Ahora pretenden levantarse para evitar que se siga construyendo la hidroeléctrica de Inambari, por temor al daño a la biodiversidad especialmente en el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, manifestó hace dos semanas que las comunidades awajún-wampis ya están cansadas de no recibir respuesta a los oficios enviados al Ministerio de Energía y Minas.
“Les hemos preguntado por qué dieron autorización de ingreso a la minera Afrodita y por qué concesionaron la Cordillera del Cóndor cuando ya habíamos firmado un acta con Inrena para crear allí el parque Ichigkat Muja en un área de 152 hectáreas que después recortaron sin respetar el documento firmado”, refiere el dirigente tras señalar que la Cordillera del Cóndor es un territorio valioso para la supervivencia de los nativos y además sagrado por acoger al venerado Cerro Kumpanam.
Los nativos del Cenepa reafirmaron su posición: exigir al Estado que cumpla el acta de creación del parque en el área acordada y que se les delegue su vigilancia y administración. También piden revocar concesiones mineras en el Cenepa por incumplir el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, así como el retiro de las empresas Afrodita y Dorato.
Datos
Ilegal. Zebelio Kayap denunció la presencia de minera Sierra Dorada en la comunidad Nueva Vida, la misma que ha construido una draga flotante en el río Marañón, sin licencia social.
EIA. Los nativos del Cenepa desconocieron el Estudio de Impacto Ambiental de la minera Afrodita, no solo porque las audiencias públicas se hicieron fuera del Cenepa sino porque decidieron rechazar toda actividad extractiva en esta zona fronteriza.
Inrena podía cambiar de opinión
El 8 de noviembre del año 2005, representantes de los ministerios de Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Defensa, así como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio Instituto Nacional de Recursos Naturales y la minera Afrodita, se reunieron para tratar la exploración minera en la Cordillera del Cóndor.
Ahí acordaron que Inrena debía emitir un informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem “en el cual dé opinión técnica favorable para la exploración minera de la Cia. Minera Afrodita, en la Cordillera del Cóndor”.
La nueva opinión de Inrena se emitió el 11 de enero del 2006. La solicitud a Inrena se hizo, según el Minem, porque la concesión fue antes de crearse el área natural protegida.
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EL COMERCIO FEBRERO 1, 2010
"El informe sobre el 'Baguazo' es sesgado"
El obispo de Jaén lamenta que el informe de lo ocurrido en Bagua busque lavarle la cara al gobierno y echar toda la culpa a los nativos
Por Mariella Balbi
¿“El informe”:http://elcomercio.pe/%20where%20ar_tid=66/noticia/387755/matanza-bagua-fue-iniciada-nativos-segun-comision-ad-hoc_1 sobre los sucesos de Bagua es parcializado o adecuado?
Dice algunas cosas claramente falsas. Como cuando se refiere al obispo de Yurimaguas y a unas críticas que dice que Aurelio Pastor le hace. Lo he leído con la mayor objetividad, pero es un informe sesgado, que busca —como se dice— lavarle la cara al gobierno. Deja la impresión de que toda la responsabilidad recae en los indígenas, pese a que la policía y el Estado tienen —a mi entender— una responsabilidad mucho más grande.
Los responsabiliza de la muerte de los policías; ellos lo hicieron.
La responsabilidad del asesinato no es por el minuto en que se dispara la AKM, sino por el conjunto de los hechos sucedidos. Hay que buscarla desde el comienzo. El origen fue un reclamo justo. Internacionalmente la defensoría, el Tribunal Constitucional lo aceptan así. El informe cuenta todo ese desarrollo pero de una manera superficial. También falla cuando habla de la idiosincrasia de los awajun y los wampis. No toca con profundidad dos conceptos fundamentales para entender lo ocurrido. El concepto de territorio de los nativos es cualitativo, de sentimientos, no de metros. La tierra engloba a sus antepasados, el cerro; la cascada tiene un sentido. Otro aspecto mal tratado es el significado de la venganza. No es como para ti, para mí, que es por el odio. Para ellos es cuestión de honor, de la familia. Si no vengan la muerte de un familiar, están faltando a algo muy importante. Los que son cristianos no aceptan eso; hay apus catequistas que buscan que en lugar de matar se otorgue una compensación, no tanto en dinero, sino en cosas útiles. Pero para los que no son cristianos es cuestión de honor.
¿Cómo explicar la masacre de los policías de la Estación 6?
No justifico ese hecho. Probablemente cuando escucharon que había indígenas muertos en la Curva del Diablo, tomaron represalia contra los policías de la Estación 6. Algunas radios y periodistas, no radio Marañón que es del vicariato de Jaén, exageraron sobre el número de muertos. La prueba de ello —según parece— es que no mataron a todos los policías sino al número de muertos que creían que ellos tenían. Esa es su mentalidad, se les ha juzgado con la nuestra. Es una disyuntiva difícil. Poco se conoce la Amazonía. Cuando vinieron ministros acá varios dijeron que nunca habían estado en la selva.
El informe dice que “hubo apresuramiento y falta de tacto del Ejecutivo”. ¿No mejora su impresión?
No digo que todo sea malo, pero eso no equilibra las cosas. El conjunto no está balanceado sino a favor de la policía y del gobierno. Esa frase no compensa el sesgo.
También indica que “algunos miembros de la Iglesia, ronderos y nacionalistas no cumplieron con su rol pacificador, se parcializaron y en algunos casos exacerbaron los ánimos”.
Es una falta de información brutal y no tienen idea de lo que ha hecho la Iglesia ahí. El comunicado del Consejo Aguaruna (awajun), Huambisa (wampis) dice que el vicariato de Jaén nunca ha promovido la violencia. Yo llegué a Jaén hace cuatro años; antes de ello el consejo no era pro vicariato, eran muy críticos a lo que ellos llamaban “el poder de los misioneros”.
¿Y exacerbaron los ánimos?
No. Nosotros hemos enviado víveres a los nativos, no solo en la última movilización
¿No facilitaban las cosas a quienes bloqueaban la carretera? Los critican por ello.
Espere, espere. Yo no estoy de acuerdo —y siempre lo he dicho— con la toma de carreteras. Pero ellos llevaban mucho tiempo ahí y estaban muertos de hambre y de sed. Aunque la acción sea mala, no puedes dejar de ayudarlos. Tampoco es que se les llevó víveres constantemente. Estuvieron cincuenta y tantos días ahí.
Tal vez se hubieran retirado más rápidamente.
Eso es muy cruel, muy inhumano. No va con un sentido cristiano de la vida. Estoy seguro de que Jesús los habría animado a que se fueran, y yo lo he hecho hasta el último momento, pero él los habría asistido. No tenían agua; es una acción humanitaria. Le explico sobre los misioneros. En Santa María de Nieva, dentro del vicariato, no todos ven la cuestión del petróleo de la misma manera. Yo discrepo de una oposición radical y absoluta a la explotación petrolera. Hay otro sacerdote que está en desacuerdo con la explotación, apoyándose en otras experiencias, viendo la contaminación de los ríos. Pero, vamos, es algo opinable. No es que haya hecho mítines, ni nada. Cuando le preguntaban daba su opinión personal. Yo daba una distinta; me han acusado de obispo pro minero y pro petróleo. Según el informe, el 14 de mayo, un periodista de radio Marañón, del vicariato de Jaén, se pronuncia en contra de la explotación en una reunión. He preguntado por eso y me han dicho que no fue él. En general yo he discrepado de él; es muy confrontacional. Pero decir que se han exacerbado los ánimos es una exageración. Mire, tres días después de los lamentables sucesos no dejaban subir a la Curva del Diablo. Yo le dije al general Miranda que levantara la prohibición porque las especulaciones crecían y se estaba inventando de todo. Aceptó, y luego jefes policiales me pidieron mi bendición.
Un sacerdote dijo que había cientos de desaparecidos.
Eso fue luego del 5 de junio. Él declaró: “dice la gente que…” Luego, además, ofreció disculpas. Yo di la orden de que radio Marañón no propalara noticias si no estaban totalmente confirmadas. De otras radios no sé.
Se insinúa que miembros de la Iglesia gestaron el paro.
No, no. Eso es no conocer a los indígenas. Los awajun y wampis no se dejan manejar, tampoco por Aidesep.
El informe se pregunta por qué la violencia estalló en Bagua y no en otros lugares.
Tal vez porque es gente con mucha garra, tienen mucho liderazgo. En otros sitios no se reunieron 2.000 personas como aquí. Había una multitud que se les escapó a los apus, perdieron el control. Fue el desconcierto absoluto. Cuando los apus me contaban lo ocurrido veía el sentimiento de pena, de no entender qué pasó. Un indígena me dijo con gran pesadumbre: “Monseñor, lo que más pena nos da es que nos hemos matado entre hermanos”. Lo ocurrido ha desunido mucho a la gente, porque hay quienes tienen apetencia política; no los líderes de la zona nuestra.
La hermana Maricarmen Gómez y el dirigente Jesús Manasés no firmaron el informe sobre Bagua. ¿Los respalda?
Sí, el informe es sesgado. A ellos les han dado un plazo prudencial para estudiar más la enorme cantidad de testimonios que tienen y hacer un informe en minoría. Las observaciones del padre Álvarez me parecen adecuadas. No sé por qué firma el informe, sus observaciones le quitan autoridad a este.
¿Monseñor Irízar, que estuvo en la mesa nacional, aprueba el informe?
No, los que están más cerca de la selva y conocen a esta gente no lo aprueban. Hay algo que no se entiende bien; la labor de las otras mesas ha concluido, pero sus informes no han sido terminados.
¿El informe sobre Bagua servirá para la reconciliación y para conocer la verdad?
Tal como está, no creo que sirva para ello.
¿Cree que se pudo evitar tanta muerte?
Si la policía hubiera esperado, sí. Ellos se iban a retirar. Me lo dijeron apus en los que confío totalmente porque conozco a algunos. El acuerdo fue levantar el bloqueo; incluso movilizaron camiones en la noche del 4 de junio.
¿Cómo se tomó la expresión del presidente García sobre que los indígenas no eran ciudadanos de primera categoría?
Fue un disparate que Alan García les dijera que eran de segunda categoría, por más que luego lo explicaran les dolió muchísimo.
“HAY QUE INDEMNIZAR, NO CON DINERO, CON EDUCACIÓN”
¿Las mesas convocadas por el gobierno servirán de algo?
Desde mi esperanza cristiana quiero creer que sí. Dios no puede permitir que todo el dolor que ha habido se quede sin más. Mi interés como obispo y el de mis colegas es buscar el modo de ayudar a tener un diálogo verdadero; esto no se puede hacer en dos meses. Nos vamos a reunir los obispos de la selva y lo plantearé. Queremos sentarnos con el jefe del Gabinete y los ministros para decirles que hace falta escuchar, que no tengan una idea cerrada.
Un primer paso sería que se reúnan la Iglesia, el gobierno y los indígenas.
No tengo un bosquejo. Sí la absoluta seguridad de que sin diálogo no avanzamos. Dialogar no es hablar, es entender lo que piensa y siente el otro. No veo ese deseo. Temo que finalizadas las mesas no haya continuidad y que todo se quede ahí.
La Asamblea Episcopal se reunió esta semana. ¿Respaldan el informe sobre Bagua?
Tocamos el tema de la Amazonía, pero no ese punto. Se acordó que los obispos de la selva pediremos una entrevista con el presidente García para conversar sobre la necesidad del diálogo como forma de encontrar soluciones. Elaboraremos también una carta pública sobre este tema.
Amazonas tiene más del 50% de pobreza.
Yo para los números no valgo, pero es muy pobre. Vea cómo están las carreteras, las postas, las escuelas. La mayoría de escuelas las ha hecho el vicariato. Mire, fracasó una fábrica de conservas porque era carísimo sacarlas. Mientras no haya carreteras, agua, luz, escuelas, esa pobre gente no tiene modo de vivir. Todos quieren que sus hijos salgan de ahí. El peligro es que cuando llega una empresa ofrece plata a algunos dirigentes, y como la necesitan, pues se venden.
¿La minería y el petróleo son actividades depredadoras del medio ambiente?
En nuestra zona no hay, pero por lo que dicen el petróleo contamina los ríos, las minas de oro también. Cuando fuimos al congreso un indígena de la zona del Cenepa dijo: “¿Si se descubre que en Machu Picchu hay una mina de oro, aceptarían que se explotara? Para nosotros ese cerro del Cenepa es sagrado, no podemos aceptar que se toque”. Es algo que hay que entender.
¿Existen más videos sobre los sucesos de Bagua?
Yo tengo un video del vicariato de Jaén. No tiene nada que ver con esa foto publicada del mayor Bazán. Lo hemos entregado a la fiscalía. Hay una imagen del padre Ramos, rezando ante tres cadáveres, con gente alrededor. Otra es de gente en la carretera. El resto son tomas en el cerro con gente que corre, pero no se ve con nitidez. Una parte está negra; no sé qué ha pasado.
¿Sería interesante saberlo?
Sí, como va a ir el juez a tomarme declaraciones el 12 de febrero, preguntaré.
¿Qué sucedió en la Curva del Diablo, según usted?
De lo que me han contado los apus que estuvieron ahí, parece que los policías subieron al cerro; al verlos los indígenas que estaban cerca tiraron sus bombardas, alertando a otros que subieron. Según el informe, un grupo de indígenas fue “empujando” al mayor Bazán y su gente hacia el precipicio. Ellos cruzaron sus lanzas, pero normalmente no las llevan para atacar a nadie; es un símbolo de fuerza, de guerra. Un policía comenzó a disparar; no sé si por órdenes o espontáneamente y cayó Santiago Manuin. Él no es apu, pero es un líder con gran autoridad moral. Entonces ellos cercaron a esos policías, cogieron sus armas y les dispararon a matar.
Ahí desaparece o muere el mayor Bazán. ¿Presume que ha muerto?
No creo que esté en una comunidad, me parece muy difícil. Ningún apu me ha contado sobre el mayor Bazán. Cuando he preguntado por pistas me han dicho: puede ser que cayera en el precipicio de la Curva del Diablo, puede ser en Cerro Colorado, en el río. Pero todo es “puede ser”.
¿Se debe dar indemnizaciones a los familiares de los indígenas muertos?
No sé si cabe según la justicia occidental. Pero si se quiere comenzar un diálogo bueno, hay que darlas. No dinero, sino educación. Sería un gesto, ellos quieren el diálogo y la explotación, pero sin afectar el medio ambiente.
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EL COMERCIO ENERO 26, 2010
Fiscalía: no hay indicios para denunciar a líderes de Aidesep
El titular de la VIII Fiscalía Superior Penal de Lima, Adolfo Méndez, consideró que no hay suficientes indicios para formalizar una denuncia penal contra los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
Como se recuerda Alberto Pizango Chota, presidente de la referida organización; Daysi Zapata Fasabi, vicepresidenta; Saúl Puerta Peña, secretario y Walter Kategari, vocal nacional, son acusados por los delitos contra la paz pública, apología a la rebelión, sedición y motín contra el Estado por los hechos de junio del 2009 en Bagua (Amazonas).
En esta negativa también están la lideresa Teresita Antazú Marcial Mudarra Taki, representante de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas del Alto Amazonas (CORPI) en San Lorento; Servando Puerta Peña, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) y Daniel Marzano, presidente de la Organización Indígena Regional de Atalaya (OIRA).
La resolución determina que, durante la investigación preliminar, se concluyó que la implicancia de los apus de la Aidesep y del Comité de Lucha Nacional por los delitos denunciados, no existen suficientes indicios de la comisión de dichas acusaciones y por lo tanto, declaró infundado el pedido del Procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). (Con información de CNR)
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EL COMERCIO ENERO 13, 2010
Aidesep reclaman una nueva comisión que investigue el 'Baguazo'
16:20 | Organización indígena sostuvo que el Gobierno no tiene voluntad de reconciliación tras los hechos violentos del pasado cinco de junio
Lima (AP) . Dirigentes nativos amazónicos dijeron el miércoles que el gobierno se ha declarado “enemigo” de los pueblos indígenas y que no tiene una voluntad de reconciliación tras los graves hechos de violencia que causaron la muerte de 23 policías y 10 civiles en una protesta el año pasado.
Los dirigentes rechazaron las conclusiones del informe de una comisión oficial que investigó los sucesos de violencia de Bagua el 5 de junio pasado, por considerar que la investigación no fue exhaustiva ni recoge los puntos de vista de los nativos.
En una rueda de prensa, Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep ), demandó al gobierno la conformación de una nueva comisión, que sea integrada por representantes de organismos civiles, como colegios profesionales, así como grupos internacionales.
“Estamos diciendo a los pueblos indígenas que queremos diálogo, queremos conversar pero que sea de manera transparente, que sean las cosas claras”, dijo Zapata.
RECHAZO A INFORMES
En la víspera, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, integrado por ministros de estado, presidentes regionales y representantes de los nativos, presentó sus informes finales, los cuales no fueron aceptados por Aidesep.
“(El gobierno) No quiso aceptar nuestras propuestas, no quiso aceptar las críticas que verdaderamente llevábamos, las propuestas claras como organización nacional”, dijo Saúl Puerta, secretario nacional de Aidesep.
“El gobierno se ha declarado enemigo, y ha declarado la guerra a los pueblos indígenas amazónicos… vamos a seguir con nuestra resistencia y vamos a continuar con nuestra firme posición”, agregó.
Los nativos exigen la derogatoria de normas que según ellos, atentan contra la preservación de los recursos naturales en la selva, además una indemnización a los civiles que murieron durante la protesta en Bagua, y que se permita el retorno de su líder Alberto Pizango , presidente de Aidesep, asilado en Nicaragua.
PROCESO PENAL
Pizango se asiló al abrírsele un proceso penal como responsable de la violencia al haber supuestamente azuzado a los nativos.
Tras los hechos de violencia en Bagua los nativos lograron que el congreso derogue dos decretos que ellos consideraban que facilitaban la venta de sus territorios ancestrales para actividades petroleras y gasíferas.
Pero ellos afirman que aún siguen permitiéndose las operaciones de empresas en la selva peruana.
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SUPLEMENTO DOMINGO LA REPUBLICA ENERO 10, 2010
‘BAGUAZO’ bajo la lupa
La difusión de una fotografía del desaparecido mayor PNP Felipe Bazán en manos de los nativos recordó que la herida del conflicto amazónico sigue abierta. Esta revelación gubernamental coincide con el informe que responsabiliza a los pobladores indígenas de haber iniciado el enfrentamiento en “La Curva del Diablo”, en Bagua. Tras 20 días de haberse publicado este texto, los comisionados muestran posiciones contradictorias. Aquí sus versiones.
Por Ghiovani Hinojosa
El mundo entero se ha topado en los últimos días con lo medular de la problemática amazónica peruana desde las butacas de los cines: “Avatar”, el reciente éxito dirigido por James Cameron, narra el alucinante enfrentamiento entre los Na’vi, una etnia indígena de humanoides que vive en íntima consonancia con la naturaleza, y un colectivo científico-militar de humanos que busca extraer los minerales preciados que duermen bajo el suelo nativo. Si bien los pobladores de nuestra selva no tienen la piel azulina –como los personajes de la película–, comparten con ellos la rabia de ver que sus tierras son observadas con irrefrenable ambición por empresarios que vienen del otro lado del planeta y que no están dispuestos a respetar cabalmente sus modos de vida. Una situación que dio lugar al “Baguazo” en junio pasado.
Más allá del carácter forzado de comulgar ficción y realidad, esta comparación nos introduce en un asunto verdadero y dramático: la polémica que ha generado la labor de la Comisión Especial encargada de investigar y analizar los sucesos en Bagua (CEI), cuyo informe final, presentado el 21 de diciembre, ha generado casi por igual adhesión y rechazo. La incapacidad para lograr consenso de parte de los comisionados –dos de ellos no firmaron la versión última– de este grupo de trabajo los refleja como protagonistas de una fábula que enardece al país.
Cuestionamientos
La religiosa María del Carmen Gómez, junto con el dirigente amazónico Jesús Manacés, presidente de la CEI, no firmó el informe en mayoría presentado por este grupo luego de tres meses de trabajo (el documento fue suscrito por las ex ministras Pilar Mazzetti y Susana Pinilla, el sociólogo Manuel Bernales Alvarado y el sacerdote dominico Ricardo Álvarez Lobo, este último con observaciones. El abogado Walter Gutiérrez, el sétimo comisionado, renunció). Ella asegura que las conclusiones a las que arribó el texto oficial muestran un sesgo en contra de los nativos, y reflejan la opinión personal de algunos comisionados, en vez de ofrecer el resultado del análisis de los testimonios y documentos recogidos durante los dos viajes que la CEI hizo a la zona del conflicto. Esto se debe, afirma, a la premura con la que se redactó los seis capítulos que conforman el polémico informe.
La hermana María del Carmen argumenta su posición con dos ejemplos. Primero, que en la página 81 del documento, en la parte referida a las causas del enfrentamiento entre protestantes indígenas y policías en “La Curva del Diablo”, se afirma: “Los policías no atacaron a los nativos, son los nativos los que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro acorralándolos y ellos los repelen con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados y en defensa propia disparan, siendo rebasados por la masa”. Esta afirmación, según la comisionada, privilegia los testimonios policiales y omite las versiones de algunos pobladores. La religiosa lee, como muestra, la transcripción del relato de un lugareño llamado Lucio que atestiguó el inicio del enfrentamiento en la madrugada del 5 de junio y se presentó ante la Comisión a inicios de diciembre pasado.
“Cuando estuvimos gritando, ellos nos insultaron, y nosotros también empezamos a insultarlos. En eso, viene una bala del otro grupo que lo había herido a un compañero que estaba a mi lado izquierdo. Mis compañeros decían ‘esas son balas de juego, no pasa nada’. Entonces, nuevamente tiraron en la pierna a otro compañero, también que estaba al lado izquierdo. Yo les dije: ‘No es bala de juego, están hiriendo, perforando a las personas’. En eso, enseguida, viene una bala que le cogió parte del brazo y le introdujo por el costado, por donde es la costilla, e inmediatamente lo tumbó. ‘Ustedes, compañeros, que me están diciendo que es bala de juego, esto no es bala de juego, ya lo mató’, grité. Cuando dije eso, era para mí cogerlo ese cadáver y regresar hasta la pista, y como ya había visto a dos heridos más, eso a mí me asustó de verdad”, relata Lucio. Así, no se trataría de policías pasivos que fueron sorprendidos por nativos armados hasta los dientes. En todo caso, sostiene la religiosa, el Poder Judicial es el encargado de determinar esto; pero la conclusión de la página 81 es incomprensible, sobre todo si se considera que en la cronología del informe hay versiones diferentes sobre este hecho. En otras palabras: no hubo el consenso que justifique la idea de que los policías estuvieron a la defensiva en este episodio.
Segundo, según María del Carmen Goméz, se tergiversó el testimonio del monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo de Jaén.
Ella lo explica: en la primera parte del relato del religioso, este pide a un general policial apellidado Uribe que se retrase el operativo policial de “limpieza” de la carretera con el fin de conversar con los apus y deponer la medida de fuerza, a lo que él responde que “no podía disponer (…) todo dependía de lo que dijeran desde Lima”. “Esto confirma que la orden del operativo estaba dada desde la capital”, remarca María del Carmen. Por otro lado, al final del testimonio –y de modo secundario– el monseñor cuenta que “el presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, que nos acompañaba atrás, en la tolva de la camioneta, dijo ‘queremos, general, que se caiga el presidente de la República y el gobierno’”. “El informe final de la CEI nombra esta parte dos veces para asegurar que dentro de la movilización había organizaciones que tenían su propia agenda política”. Así, agrega, se saca de contexto la declaración de una persona que se utiliza para reforzar una opinión personal.
Otros cuestionamientos contra el informe final lanzados desde distintos frentes son: haber afirmado en la página 81 que una deficiencia en el operativo policial fue el “equipamiento limitado” (el relator de las Naciones Unidas, luego de revisar la documentación técnica del operativo, afirmó que hubo una desproporción entre la fuerza utilizada por los cuerpos armados y la población desarmada), y haber hecho graves imputaciones a organizaciones sociales y personas sin citarlas para tener sus descargos (por ejemplo, a Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú, se le atribuyó en la página 31 haber secuestrado junto con otros indígenas a seis trabajadores de la minera Afrodita, cuando, según la hermana María del Carmen, no se entrevistó al implicado).
Nuestra misión: las causas
El padre Ricardo Álvarez Lobo, quien es aludido por algunas personas como el comisionado más imparcial del grupo de trabajo de Bagua, luce realmente furioso. Si bien respalda el informe final, él lo firmó con algunas reservas (presentó dos hojas con observaciones que están consignadas al final del documento y que insisten, por ejemplo, en la responsabilidad política de la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Aráoz por haber asegurado durante las protestas que, si no se derogaban los decretos legislativos sobre las tierras amazónicas, la firma del TLC con Estados Unidos corría el peligro de truncarse, algo que finalmente no ocurrió). Este sacerdote cree que hay aspectos muy positivos en el documento final, por ejemplo el capítulo de las recomendaciones, en el que se pide que las compañías extractivas lleguen a un acuerdo sistemático con los pobladores nativos para la obtención de beneficios sociales.
Según él, hay que partir de la premisa de que la CEI no tenía el mandato de hallar a los responsables del ‘Baguazo’ –quién disparó primero y cuántos han muerto, ya que eso lo debe hacer el Poder Judicial–, sino el de detallar las causas del estallido de la violencia. Así, recuerda que en el texto final se dedica varios párrafos a la explicación de los factores estructurales de pobreza y exclusión socioeconómica de las comunidades amazónicas. Álvarez Lobo desmiente, además, la acusación de la hermana María del Carmen Gómez y Jesús Manacés en el sentido de que “no es posible aceptar como principal causa de la protesta que los indígenas no ‘comprendieron bien’ los decretos legislativos (…)”. Una revisión somera del informe final revela que, en efecto, esta aseveración no es exacta.
Si bien existe un ambiente de enfrentamiento entre estos dos comisionados, también es posible percibir que se trata de personas bien intencionadas que, a su modo, se sienten comprometidas con la verdad de este caso. Por el momento, se sabe que en las próximas semanas se presentará un informe alternativo de los sucesos. Como sea, es positivo que la problemática selvática se visibilice en la agenda política, mediática, del país.
El video de Bazán
La hermana María del Carmen Gómez cuestiona que el informe final sugiera la idea de que el Vicariato de Jaén manipuló el video en el que se ve cómo apresan al mayor Felipe Bazán con el fin de encubrir la responsabilidad de los indígenas. Ella destaca que en ese episodio murieron 5 pobladores nativos, cuyos nombres no figuran en el documento oficial, y que la Comisión no llamó a algún representante del Vicariato para que responda esta acusación. ¿Qué dirán el resto de integrantes del grupo?
“Yo fui el más preocupado de todos”
Jesús Manacés
Presidente de la Comisión Especial que investigó y analizó los sucesos en Bagua.
¿Por qué no suscribió el informe final de la Comisión?
Porque la gran mayoría de la responsabilidad se quiso atribuir a los protestantes de los pueblos amazónicos, haciendo creer a la opinión pública que estamos siendo utilizados por otras personas. Esto es un insulto al pueblo. Se ha hablado mucho de reconciliación, pero cada quien debe reconocer su error y enmendarse. No se está dejando en claro la responsabilidad política de algunos ministros, por ejemplo la de la entonces titular del Mincetur Mercedes Aráoz.
Pero las observaciones del padre Alvarez Lobo sí la aluden en ese sentido.
Pero el informe presentado no ha sido discutido. Yo intenté que todo el trabajo se revise para que discutamos los fragmentos a quitar o agregar. Lo hice el domingo 21 ante los comisionados. Pero como no se quiso hacer esto, yo dije ‘así no firmo ningún documento’.
¿Algún comisionado lo respaldó en este pedido?
Creo que todos estaban desesperados por entregar el documento. Sinceramente, yo fui el más preocupado de todos porque quería que el informe aclare algunas dudas de la opinión pública sobre el conflicto.
Un asesor de la Comisión cuenta que él, junto con algunos comisionados, fueron a buscarlo ese domingo a su hotel, le entregaron un copia de la versión final y le plantearon discutirla en ese mismo momento.
Efectivamente, llegaron a buscarme. Y querían que revisara y firmara el informe en ese instante. Pero no era posible porque recién acabábamos de terminar, y en esas condiciones no íbamos a intentar resolver este problema. Yo les propuse que descansáramos por la tarde y que discutamos el documento por la noche. Pero ellos lo querían presentar de una vez.
Se afirma que usted se fue raudamente junto con unos abogados de Aidesep al local de esa institución, que queda muy cerca a su hotel. ¿Buscó consultar con ellos su respaldo o rechazo al documento?
No me acompañaron abogados de Aidesep, sino personas que tenían que discutir conmigo otros asuntos. Tampoco llevé el informe para consultarlo con ellos.
Se dice que la carta de 43 puntos dirigida al ministro de Agricultura que presentaron la hermana María del Carmen Gómez y usted en rechazo al informe final fue elaborada por el Instituto de Defensa Legal.
Eso no es cierto. Hasta cuándo vamos a seguir pensando que los indígenas no tenemos capacidad de raciocinio.
Datos
5 horas de grabaciones de audio registradas en el distrito de Cenepa en lengua awajún correspondientes al segundo viaje están todavía sin ser transcritas y traducidas, según la hermana María del Carmen Gómez.
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LA REPUBLICA ENERO 9, 2010
Bagua, duelo de estereotipos
Por Mirko Lauer
En poco tiempo los tristes sucesos de Bagua han evolucionado de conflicto regional por recursos naturales a caso político-policial, y de allí a un pulseo de antropología social. Lo que ha terminado sobre la mesa es la identidad misma de los nativos amazónicos frente al resto del país. Con tantos elementos el asunto va a mantenerse en la noticia.
Si los confrontadores de la policía hubieran sido, digamos, obreros de construcción civil la secuela de las muertes hubiera seguido otro rumbo. Pero que las víctimas y los asesinos sean nativos le viene dando al caso giros complicados que insumen datos culturales, ecológicos, y humanitarios.
En buena medida venimos presenciando un duelo de estereotipos que parecían superados. Más de un medio de prensa se ha dedicado a promover la imagen del indígena salvaje y feroz. En el otro extremo varias ONGs promueven la imagen del buen salvaje esencialmente inimputable. En el medio las instituciones de la justicia flaquean más que de costumbre.
Varias cosas conspiran contra un funcionamiento cabal del orden establecido en Bagua 2010:
º No parece haber capacidad operativa policial para investigar los hechos en un espacio donde la población nativa está movilizada contra la idea misma de que eso se haga. Las más de 20 muertes de uniformados de mediados de este año son un potente disuasor.
º Los jueces de la zona del conflicto han empezado a arrastrar los pies y a hacer concesiones discutibles, comprensiblemente recelosos de actuar con aplomo en un terreno minado por la confrontación política en el espacio nacional.
º Los jefes nativos (apus) en algunos aspectos funcionan como autoridades paralelas a las del Estado peruano, y su ánimo es que existe un conflicto político que debe sobreponerse a las preocupaciones policiales y judiciales.
º Hay una influyente corriente de opinión nacional e internacional que ve la diferencia cultural de los nativos como un argumento de excepcionalidad jurídica (este fue uno de los argumentos de la Comisión Uchuraccay en 1983-1984).
º Cada uno por sus propios motivos la antropología especializada y los intereses transnacionales coinciden en un mantenimiento administrado del statu quo amazónico, indiferente, cuando no contrario, a las ideas de modernización que flotan en el ambiente.
Por desgracia el año electoral 2010 y la secuela de ataques cruzados en torno a Bagua no parecen la mejor coyuntura para que la opinión pública avance en una comprensión ecuánime y solidaria de los nativos amazónicos como ciudadanos. Pero de todos modos esa es la tarea incumplida que se presenta ante nosotros.
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EL COMERCIO ENERO 9, 2010
Nativo declaró ante la Policía que descuartizaron al mayor Felipe Bazán
8:03 | El detenido Asterio Pujupat, sin embargo, aseguró que es una versión que le han contado porque él dejó al mayor PNP “vivo en la carretera”
En medio de las dudas que ha suscitado la presentación por parte del Ministerio del Interior de una fotografía en la que aparece ensangrentado el mayor PNP Felipe Bazán, desaparecido tras los sucesos de sangre registrados en Bagua en junio del año pasado, la Policía Nacional entregó el video de un interrogatorio en el que el nativo awajún Asterio Pujupat, detenido por la Policía, asegura que el cuerpo de Bazán fue descuartizado y echado al río.
Según el informe presentado por América Noticias, Pujupat fue capturado el 29 de diciembre pasado por una Unidad de Inteligencia de la PNP, comandada por el coronel Whitman Ríos. Pujupat, según el reporte, se reconoce en la foto divulgada por el Mininter y luego asegura que el cuerpo inerte del Mayor Bazán fue echado al río.
Entonces su interrogador interviene: “Pero todos sabemos que los cuerpos flotan. ¿Cómo hicieron para que no flote?” Tras esta interrogante, Pujupat señala que descuartizaron al mayor Bazán utilizando lanzas, aunque precisa que a él le han contado esta versión porque no estuvo presente. “Yo lo dejé en la carretera”, dijo. Pujupat sigue detenido.
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EL COMERCIO ENERO 8, 2010
Aidesep aseguró que foto mostrada por PNP de mayor Felipe Bazán sería montaje
16:36 | Dirigente indígena demandó a Ministerio del Interior que le entregue material donde aparece oficial desaparecido para analizar su veracidad
Lima (AP/elcomercio.pe). La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep ) desconfió del video y la foto mostrada por el Ministerio del Interior donde aparece el desaparecido mayor de la Policía Nacional, Felipe Bazán, en la que se daría cuenta que fue asesinado por un grupo de nativos el pasado cinco de junio en Bagua (Amazonas) y señaló que el material podría tratarse de un montaje.
“A la fotografía le falta claridad. Solicitaremos la original porque creemos que la foto es trucada. Además, no conocemos a algunos supuestos nativos que aparecen en la fotografía”, dijo Saúl Puerta, secretario nacional de Aidesep en conferencia de prensa.
El miércoles la Policía presentó una fotografía en la que aparece semidesnudo y golpeado el mayor desaparecido Felipe Bazán, mientras es conducido por un grupo de nativos que portaban lanzas.
El ministro del Interior Octavio Salazar afirmó que Bazán fue asesinado por los nativos y su cuerpo arrojado al río, según el testimonio de un indígena que aparece en la misma fotografía y que fue detenido.
HUBO MANIPULACIÓN
“Acá el gobierno está manipulando información para confundir a la población y de tal manera que ellos salgan sin ninguna responsabilidad política”, dijo Puerta, al afirmar que Aidesep no conoce a ninguna de las personas que aparece en la fotografía y que son señaladas como nativos.
“Están afirmando que ya los indígenas han matado al mayor y lo botan al río Utcubamba, pero nosotros queremos pruebas”, expresó.
En ese sentido, Aidesep solicitó entregar el y la foto original del mayor Bazán para analizar su veracidad.
* RINCÓN DEL AUTOR
Bagua: de las culpas a las propuestas
Por: Jaime de Althaus Guarderas
Los sucesos de Bagua fueron una monstruosa y trágica ofrenda de la incomunicación y de la manipulación ideológica a la muerte. Finalmente no había nada en los decretos legislativos que justificara la masacre de 34 peruanos, 24 de ellos policías. Sin embargo, los nativos se movilizaron durante el tiempo y en la magnitud en que lo hicieron porque estaban convencidos de que con los decretos legislativos les iban a quitar las tierras.
El informe de Bagua debió proponerse explícitamente desmontar las piezas de esa gran mentira, de ese mito expoliador, e identificar a sus fabricantes, pero optó por una enumeración de hechos y testimonios que termina, de todos modos, dando una composición de los agentes que entraron en juego. Resalta, por ejemplo, desde las provocaciones contenidas en los artículos presidenciales sobre el perro del hortelano y la emisión inconsulta e inexplicada de los decretos legislativos, hasta la agitación política y eventualmente violentista de diversos actores tales como dirigentes ronderos, el Sutep, frente de defensa, congresistas humalistas, entre otros. También la parcialización de algunos religiosos y la cultura territorial guerrerista de los awajun.
El problema de un informe de esa naturaleza es que, por lo general, solo sirve para reanimar pasiones y acusaciones mutuas, y no para que los actores realicen una autocrítica que les lleve a una enmienda de su propia conducta política. Es obvio que aquí se pusieron de manifiesto las fracturas y debilidades de nuestro Estado y de nuestra incipiente democracia, aprovechadas por quienes jugaban a derrocar al gobierno o a esa misma precaria democracia.
En ese sentido, pedir autocrítica y enmienda a algunos de esos actores puede parecer iluso. Por ello, la única forma de sacar vida de la muerte acaecida, sería concentrarse en las recomendaciones del informe y revocar la incomunicación y la demagogia disruptiva con diálogo y propuesta. Enmendar colectivamente: sentarse en una mesa Estado, nativos, colonos, forestales, empresas petroleras, etc., y definir un futuro, una visión, un plan común. Soldar las fracturas con hechos.
Las mesas amazónicas fueron un intento en esa dirección, pero allí solo estaban nativos y Estado. Faltaron los otros actores. Quizá la ocasión para profundizar ese camino sea el taller internacional que Hernando de Soto está organizando para febrero o marzo a fin de construir propuestas que combinen cultura e integración a la modernidad. Hay que avanzar.
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EL COMERCIO ENERO 7, 2010
Generales implicados en la violencia en Bagua fueron removidos de sus cargos
8:13 | Policía los trasladó a Estado Mayor, un cargo administrativo y no operativo. Ambos dijeron que mayor Bazán cometió un error en operativo en Bagua
Los generales de la Policía Nacional Luis Muruguza Delgado y Javier Uribe Altamirano, que dirigieron el operativo de desalojo en Bagua el pasado cinco de junio , que dejó 34 muertos, fueron removidos de sus cargos, según una resolución aparecida hoy en el diario oficial El Peruano.
Según la normativa del Ministerio del Interior, Muruguza y Uribe fueron traspasados a la Dirección de Estado Mayor General de la Policía, dependencia administrativa y no operativa.
Muruguza se desempeñaba como el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) cuando ocurrió la operación de desbloqueo en un tramo de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua. Entretanto, Uribe ejercía el cargo jefe de la Dirección Territorial Policial en San Martín en el momento de los sangrientos hechos.
Muruguza y Uribe atribuyeron la muerte de doce efectivos policiales a un error del mayor Felipe Bazán , cuya foto fue revelada ayer cuando se encontraba en manos de un grupo de nativos el fatídico cinco de junio.
MÁS CAMBIOS
Asimismo, la Policía trasladó también al general Raúl Becerra Velarde, director territorial de la PNP en La Libertad, al Estado Mayor, tras la denuncia de la existencia de un supuesto escuadrón de la muerte en Trujillo .
El ex jefe policial en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VARE), Percy Rivera Paiva, también fue cambiado al Estado Mayor. Rivera Paiva fue implicado en marzo en un escándalo tras descubrirse que su oficina trasladaba armas a través de un bus interprovincial.
Asimismo, el ex jefe de la Dirección de Criminalística (Dirincri), Félix Murga, fue nombrado como director de la XI Dirección Territorial de Arequipa. Murga fue retirado de su puesto fue separado por una deficiente investigación en el llamado Caso “Los Pishtacos”.
Finalmente, el jefe de la Séptima Dirección Territorial de la PNP en Lima, general Oswaldo Hernández, fue designado jefe de la XIX Dirección Territorial de Huancayo.
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EL COMERCIO ENERO 6, 2010
Padre del mayor Bazán cree que fotos de la Policía demuestran que su hijo está vivo
18:16 | “Las imágenes me dan más esperanzas de que mi hijo se encuentra en una comunidad nativa. ¿Usted cree que matándolo van a posar para una foto?”, dijo.
No descansa en su búsqueda. Luego de la aparición de unas fotos en las que se veía mayor de la Policía Felipe Bazán en manos de un grupo de nativos durante los violentos hechos en Bagua se dijo que estás eran las últimas imágenes del agente con vida, sin embargo el padre del mayor cree todo lo contrario.
“Con estas fotos quieren demostrar que mi hijo fue arrojado al río Utcubamba, pero yo quiero demostrar con ellas que está vivo en una comunidad nativa”, precisó el padre del oficial de la Policía desaparecido durante el ‘Baguazo’ en declaraciones para la televisora Canal N.
Felipe Bazán agregó que en las fotos no se ve al mayor Bazán golpeado brutalmente. “A lo mucho tiene una pequeña herida en el pómulo derecho y presenta la cara pintada como algunos nativos… ¿Usted cree que matándolo van a posar para una foto?”, sostuvo.
PARA LA POLICÍA MAYOR ESTÁ MUERTO
Durante la presentación de las fotos en Lima, el director general de la Policía, Miguel Hidalgo, precisó que estas se obtuvieron en noviembre del año pasado tras un paciente trabajo de inteligencia en la zona donde ocurrieron los hechos el pasado 5 de junio.
Al respecto, el padre del agente perdido agregó que no sabía de la existencia de las mismas pese que desde hace varios meses mantiene comunicación sobre el caso con Miguel Hidalgo y hasta con el propio ministro del Interior, Octavio Salazar.
Finalmente, agregó que en los próximos días llegará a Lima desde Cajamarca, donde se encuentra actualmente, para entrevistarse personalmente con Miguel Hidalgo y Octavio Salazar.
* La Policía presentó fotos del mayor Bazán en manos de nativos antes de morir
15:17 | En la imagen también aparece el único manifestante detenido, quien confesó días antes que el agente policial fue asesinado durante el “Baguazo”
Unas fotos mostradas por la Policía Nacional muestran al mayor Felipe Bazán, policía desaparecido tras los violentos hechos en Bagua, en manos de un grupo de nativos en el pasado 5 de junio.
En conferencia de prensa, el director general de la Policía, Miguel Hidalgo, mostró una imagen en la que aparecen siete indígenas armados con lanzas conduciendo a Bazán, quien aparece con múltiples golpes en el cuerpo y con la cara sangrando.
Hidalgo indicó que las imágenes las obtuvo la PNP en noviembre del año pasado tras un paciente trabajo de inteligencia en la zona.
El alto mando policial refirió que se han identificado tres personas que habrían participado en la muerte del oficial. Se trata de Asterio Pujupat Wachapea (34), Roberto Carlos Elena (46) y Sebastián Taijin Uwak.
Pujupat Wachapea -quien aparece al lado derecho de la foto con un polo con cuello rosa- fue capturado el pasado 29 de diciembre en la comunidad nativa de Nazaret, distrito de Imaza, provincia de Bagua (Amazonas). Pujupat reconoció la autoría del homicidio ante la la fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba, Olga Bobadilla.
Hidalgo manifestó que Pujupat dijo voluntariamente que Elena y Taijin mataron a Bazán con sus lanzas pese a que el mayor les rogaba que los dejen vivir. Ambos se encuentran como no habidos
SIGUE LA BÚSQUEDA
Al respecto, el ministro del Interior, Octavio Salazar, señaló que harán los “esfuerzos necesarios” para dar con el paradero de Bazán, desaparecido en la Curva del Diablo.
Salazar declaró que las tomas fueron sacadas de un video , aparentemente del Vicariato de Jaén, donde se observa al policía golpeado y arrastrado por un grupo de nativos.
Hidalgo y Salazar agradecieron la colaboración del Ministerio Público.
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EL COMERCIO ENERO 2, 2010
Alan García llamó "deprimidos" y "frustrados" a opositores por criticar fiesta de Año Nuevo en Palacio
9:31 | El presidente dijo que a la oposición “le falta alegría”. En tono irónico, señaló: “La próxima vez los invito”.
El presidente Alan García llamó a “deprimidos” y “frustrados” a los opositores que cuestionaron el show musical organizado en Palacio de Gobierno.
“A la oposición le falta alegría. Sin el perjuicio de un sol al Estado (...), es una fiesta para que la gente se alegre. No me vengas a decir “Por qué cantan y por qué bailan”. Yo que culpa tengo que sean medios deprmidos, frustrados y que no sepan cantar”, refirió García A Radio Programas del Perú.
“La próxima los invito y va a ver como no hablan”, declaró el mandatario.
SEGURIDAD CIUDADANA
Por otro lado, García Pérez, poco acostumbrado a dar entrevistas exclusivas, indicó que los padres de familia y los alcaldes alientan la inseguridad ciudadana en el país al defender la labor de la Policía.
“(Los padres) sueltan (a sus hijos) en la calle para que sean pasto de las pandillas y no enterarse el padre, quien abandona a la mujer y la mujer no tiene como seguir al hijo que no la obedece. Es un problema de formación familiar”, señaló el gobernante.
Asimismo, cuestionó a los burgomaestres por no convocar a las juntas vecinales y que “a veces por temor nos volvemos cómplices del pandillaje y la delincuencia”.
“El número de obras se multiplica enormente y crece la lacra de la delincuencia en el camino”, apuntó García.
García declaró que la democracia “es la mejor vacuna contra la corrupción” y dijo, en tono irónico, que “comenzamos el año con el pie derecho, no con la derecha”.
* García confió en una mejor relación con el nuevo gobierno de Chile
10:03 | Presidente manifestó que relación se “quebró” por demanda en La Haya. Dijo que el país ya “no es dependiente del dinero chileno”
El presidente Alan García dijo estar seguro que “habrá un nuevo capítulo” con el nuevo gobierno de Chile, lo que permitirá mejorar las relaciones entre Lima y Santiago, afectadas por la demanda marítima ante La Haya y el caso de espionaje.
“Estoy seguro que con la elección del nuevo gobierno (de Chile), sea quien sea, habrá un nuevo capítulo. Estoy seguro, casi seguro que tenderá a ser positivo y a bajar las tensiones y así reducir los adjetivos”, refirió el mandatario en RPP.
La elección del nuevo gobernante sureño será el próximo 17 de enero, cuando en segunda vuelta se enfrenten el oficialista Eduardo Frei y el derechista Sebastián Piñera.
García Pérez manifestó que la relación con Chile se “quebró” con la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia, reclamo que, dijo, ya lo había planteado en el inicio de su primer gobierno.
NADA DE DEPENDENCIA
En ese contexto, García señaló que, al margen de los temas políticos, el crecimiento del país ha permitido no ser “dependiente del dinero chileno”.
“Ya no somos un país dependiente del dinero chileno, ahora somos el quinto y tercer país que invierte en Chile. No somos el vecino pobrecito que necesita del dinero los chilenos. Chau, se acabo eso”, sentenció.
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PERU 21 ENERO 1, 2009
García defendió el polémico informe sobre el ‘Baguazo’
El mandatario señaló que los policías caídos en la ‘Curva del diablo’ fueron héroes y víctimas del azuzamiento de algunos sectores.
Tras inspeccionar las obras de la Costa Verdes, esta mañana, el presidente Alan García respaldó el informe de la comisión que evaluó los sucesos de Bagua toda vez que, dijo, fue realizado por un grupo de trabajo nombrado por consenso.
Respecto a los cuestionamientos al informe de la comisión, que no estableción responsabilidades políticas por el baño de sangre, señaló que en el país no siempre todos están contentos con trabajos de este tipo y refirió que a veces hay gente que grita más de lo necesario.
En otro momento, calificó a los 24 policías asesinados en Bagua como “héroes” y víctimas del azuzamiento de algunos sectores, aunque no mencionó específicamente a uno. El informe de la comisión, en cambio, sí lo hizo: señaló a un grupo de legisladores nacionalistas de tergiversar la agenda indígena.
El jefe de Estado añadió que el Partido Nacionalista podría estar protegiendo a los asesinos de estos policías con sus críticas al informe sobre los sucesos de violencia en dicha localidad.
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LA REPUBLICA ENERO 1, 2010
Bagua 2010 (y 11)
Por Mirko Lauer
La secuela de la masacre de Bagua es ahora un intercambio de acusaciones. Confirmación de que se vuelve cada vez más difícil llegar a una verdad consensual en el país. Ahora lo importante es la capacidad de los medios para imponer una versión de los hechos. Con lo cual ya no hay una sola Bagua, sino por lo menos dos, ambas sin matices.
Así comenzó la historia. El lado gobierno se sacó de la manga una implausible conspiración internacional, y el lado indígenas-ONGs llenó la red de versiones perfectamente falsas sobre lo que estaba sucediendo. Desde entonces el manejo de lo sucedido no se ha repuesto del todo de ese debut anclado en las artes de la desinformatzia.
Es inevitable que este tipo de manejo produzca algunos planteamientos que desafían la lógica. A pesar de que los muertos han sido más del doble que los demás, hay voceros políticos que simplemente se niegan a aceptar que los nativos de Bagua también son responsables de la masacre. Los argumentos para llegar a esto son alambicados.
El informe oficial sobre Bagua se niega a establecer con todas sus letras que las leyes amazónicas de marras fueron provocadoras y mal dadas. El candidato Ollanta Humala se niega a reconocer que el objetivo de sus congresistas fue azuzar la combatividad de la masa nativa. Lo cual por cierto no equivale a incitar a una masacre, pero sí conlleva responsabilidad.
El manejo ineficiente, y en esa medida irresponsable, de las fuerzas del orden está más o menos claro para todas las partes, y lo mismo vale para quienes asumieron la conducción de la protesta popular. Pero no existe ni por asomo una versión convincente acerca de quién encendió la chispa de la violencia asesina.
El informe Bagua tiene serias limitaciones, unas impuestas por las circunstancias, otras por el método algo monográfico elegido. Pero las respuestas de los dos disidentes de la comisión no son nada convincentes. Por ejemplo porque reclaman cosas (como entrevistas no hechas) que ellos mismos hubieran podido aportar, y presentar ahora.
Luego están las preguntas del 2010. ¿Siguen descontentos los nativos de Bagua y alrededores ahora que ya no hay esas leyes? ¿El espíritu de la Curva del diablo sigue activo? De ser así, ¿Humala ha asumido la representación de ese estado de ánimo, y tiene proyectos al respecto? ¿El gobierno hará algo para estabilizar la zona?
Al menos una de las preguntas ya tiene respuesta: Humala anuncia su propia investigación de los hechos. Uno hubiera supuesto que sus declaraciones y las de sus congresistas ya provenían de un entendimiento claro de lo que ha sucedido. Pero parece que no es así. ¿Incluirá en su propia comisión a los dos que renunciaron a la que acaba de emitir su informe?
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EL COMERCIO ENERO 1, 2010
Padre del mayor Bazán no se da por vencido: dice que seguirá buscando a su hijo
12:31 | “Mientras yo no vea su cuerpo seguiré buscándolo como si estuviera vivo”, declaró Felipe Bazán Caballero tras enterarse que un nativo dijo que el oficial PNP fue asesinado
¿Quienes investigan los sucesos del 5 de junio en Bagua le han informado sobre la detención de uno de los presuntos asesinos de su hijo?
Un periodista de Radio Bagua me contó que han detenido a una persona que dice que a mi hijo lo mataron, pero mientras yo no vea su cuerpo seguiré buscándolo como si estuviera vivo. Dicen que lo habrían matado y que arrojaron su cuerpo al río Marañón, pero yo he buscado durante cuatro meses en ese río y no encontré nada.
¿Evalúa realizar alguna acción para que se determine qué sucedió con su hijo?
Han pasado seis meses y nadie me informa de nada. Voy a buscar a la fiscal (Olga Bobadilla) que está a cargo de este tema para que me informe qué pasó con mi hijo. También pienso solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Volverá a la Curva del Diablo a buscar al mayor Bazán?
Seguiré buscándolo porque él podría estar secuestrado y nadie piensa en esa posibilidad. Lo quieren dar por muerto pero no me entregan su cuerpo.
* ACCIÓN PENAL EN MARCHA
Nativo confiesa que el mayor Bazán fue asesinado en Bagua
Pujupat Wachapea admite que participó en la captura y muerte del oficial desaparecido. Presunto homicida fue detenido a siete meses de los hechos violentos en la Curva del Diablo. Circulan dos versiones: que se lanzó el cuerpo al río Marañón o que fue enterrado entre arbustos
Gracias al trabajo de agentes de la División de Inteligencia de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, en coordinación con el Ministerio Público de la provincia de Utcubamba, el martes 29 de diciembre se capturó a Asterio Pujupat Wachapea (30) en la comunidad nativa de Nazaret, distrito de Imaza, provincia de Bagua (Amazonas). A él se lo acusa de ser uno de los asesinos del mayor PNP Felipe Bazán Soles durante el enfrentamiento entre policías e indígenas ocurrido el 5 de junio en la Curva del Diablo.
Pujupat ha reconocido su participación en la captura y muerte del mayor Bazán. Este Diario quiso conversar con la fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba, Olga Bobadilla, quien está a cargo de las investigaciones, pero ella no quiso declarar.
No obstante, trascendió que, según el relato del detenido, el 5 de junio el mayor Bazán, junto a otros 60 agentes, se dirigió a la cima de la Curva de Diablo. En dicho punto, los agentes fueron emboscados por mil indígenas, quienes mataron a varios policías, entre ellos al mayor Bazán.
Estas muertes se produjeron por la demora de los refuerzos policiales que se hallaban en el puente Corral Quemado, a 15 kilómetros, dijo Pujupat. Tras el enfrentamiento, unos 20 indígenas, entre ellos Pujupat, bajaron el cuerpo de Bazán hasta la carretera Fernando Belaunde Terry.
Pujupat asegura que cuando el cadáver del mayor estaba en plena vía abandonó el lugar y se dirigió a Bagua Grande, donde se refugió en la casa pastoral Santiago Apóstol, por lo que no sabe cuál fue el destino final del cuerpo del agente, pero deslizó la posibilidad de que este haya sido enterrado en algún punto de la Curva del Diablo o arrojado al río Marañón.
Al ser interrogado sobre la razón por la que optaron por trasladar de lugar únicamente el cuerpo del mayor Bazán, el detenido señaló que el agente fue identificado por sus asesinos como jefe de la brigada policial. Por disposición judicial, Asterio Pujupat, quien es el primer detenido por la muerte del mayor Bazán, ha sido recluido en el penal de San Humberto, en Bagua Grande.
Lo que dijo la comisión investigadora
La comisión que investigó los sucesos en Bagua ha determinado que un contingente de 60 policías, donde se encontraba el mayor Felipe Bazán, subió a la cima de la Curva del Diablo a las 5:45 a.m. del pasado 5 de junio. Mientras esperaban la orden para desalojar a los indígenas del lugar, fueron rodeados por cientos de nativos y el descontrol indígena propició el enfrentamiento. Según el informe realizado por esta comisión “el mayor PNP Bazán y su escuadra se separan del grupo principal y son vistos ascendiendo a la parte más alta del cerro. No se ha podido precisar el motivo por el cual el mayor Bazán se separa, no se ha determinado si fue respondiendo a una orden o por su iniciativa propia”. A las 11 a.m. del 5 de junio el mayor Bazán ya había sido dado por desaparecido.
CRONOLOGÍA
[5/6/09]
La policía se enfrentó a los nativos que bloqueaban la carretera Belaunde Terry. En la Curva del Diablo y la Estación 6 murieron 23 policías y 10 civiles. Además, desapareció el mayor PNP Felipe Bazán.
[17/7/09]
El director de la Policía Nacional, general PNP Miguel Hidalgo, asegura que su institución proseguirá la búsqueda del mayor Bazán.
[29/12/09]
La comisión que investigó la violencia en Bagua señala que no ha reunido las pruebas suficientes para determinar el paradero del oficial.
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