CIRO AMIGO APARECISTE GRACIAS A LA PERICIA DE LOS COMUNEROS Y LOS "TOPOS DE MEXICO". AHORA VIENE LA PARTE MAS DIFICIL: LA INVESTIGACION. YA HAY UN PROCESO ABIERTO Y OJALA NO SEA RETIRADO POR TU PADRE PARA HALLAR A LOS RESPONSABLES DE TU MUERTE.

EL MUNDO DA VUELTAS Y LOS QUE TE OCULTARON Y/O ASESINARON, HACIENDOLO PARECER UN ACCIDENTE, TARDE O TEMPRANO PAGARAN DOBLEMENTE SUS CULPAS. SI EXISTE UN DIOS EN EL CIELO, EL PERMITIRA QUE SE HAGA JUSTICIAY SABRA DARLE TRANQUILIDAD, EQUILIBRIO Y PAZ A TU FAMILIA.

domingo, 23 de mayo de 2010

CASO BTR: REPORTAN MAS DE CIEN NUEVOS AGRAVIADOS CON "CHUPONEO"


EL COMERCIO MAYO 25, 2010

Caso BTR: Reportan más de cien nuevos agraviados con 'chuponeo'

Espionaje a gran escala. La fiscalía revisó el 80% del expediente y entregaría su informe esta semana

Por Mario Mejía

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, exhortó la semana pasada al Ministerio Público a entregar cuanto antes el informe del caso del “chuponeo” telefónico para iniciar de inmediato al juicio oral. La respuesta no se hizo esperar: fuentes cercanas a la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado indicaron a El Comercio que el fiscal Walter Milla, a cargo del caso, ya había revisado aproximadamente un 80% del voluminoso expediente y que probablemente entregaría su informe final a la jueza María Martínez el próximo viernes o la siguiente semana a más tardar.

Esas mismas fuentes señalaron que el fiscal Milla y sus adjuntos estaban trabajando a ritmo acelerado, aunque todavía se encuentran dentro de los límites del plazo previsto. No obstante que la jueza entregó el material el 21 de abril, la fiscalía recién lo admitió como oficialmente recibido el 15 de mayo, fecha en que terminó el conteo y verificación de los 999.996 folios que contiene el expediente.

En vista de que la norma establece 20 días para redactar el informe, Milla tendría plazo hasta el 5 de junio para hacerlo.

NUEVOS AGRAVIADOS
Fuentes del Ministerio Público indicaron que dentro del informe que prepara Milla se consignará la existencia de más de un centenar de nuevos agraviados, cuyos teléfonos y comunicaciones también fueron interceptados por los “chuponeadores”.

Cuando en noviembre del año pasado la magistrada Martínez, titular del Juzgado Penal 34 de Lima, decidió ampliar la denuncia del Caso BTR, incluyó a más de 80 nuevos agraviados entre personas naturales y jurídicas. Ahora, tras las últimas revisiones del material informático incautado a los “chuponeadores”, se ha probado la existencia de un centenar más de víctimas.

No fue posible precisar la identidad de los agraviados, solo trascendió que son funcionarios, políticos, empresarios, periodistas y magistrados. En esa relación también figuran algunas empresas e instituciones. Esto es una prueba más de que BTR realizaba espionaje a gran escala.

TRES DELITOS
Las fuentes también revelaron que el Ministerio Público acusaría en su informe al ex marino Elías Ponce Feijoo y a los otros siete procesados por los delitos de interceptación telefónica, asociación ilícita para delinquir y violación del secreto de las comunicaciones.

El fiscal Milla pediría además que no haya más diligencias y que el juicio oral comience de inmediato.

MÁS DATOS
Luego de que la jueza María Martínez reciba el informe de la fiscalía, deberá emitir el suyo y elevar todo el expediente a una sala superior.

La Segunda Sala Penal de Lima será la encargada de decidir si el caso se archiva o pasa a juicio oral.

Javier Villa Stein ha señalado que el juicio oral del Caso BTR podría ser televisado y que el Poder Judicial daría todas las facilidades a los canales de televisión para ello.
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De: NESTOR SCAMARONE [mailto:nscamarone@speedy.com.pe]
Enviado el: sábado, 22 de mayo de 2010 01:36 p.m.
Para: gtejadad@speedy.com.pe
Asunto: Re: Indice de Noticias / 22-05-10

ESTIMADO GUILLERMO
TE ADJUNTO ARTÍCULO PARA QUE LO PUBLIQUES, SÓLO SI ASÍ LO DESEAS.
UN FRATERNAL SALUDO
NÉSTOR SCAMARONE

¿EL AVION, EL AVIÓN. OLVIDÉMONOS DE PETROTECH…?
Néstor A. Scamarone M.

Recordaba esa serie llamada “La Isla de la fantasía”, donde un pequeño hombrecito de cabeza muy grande llamado “Tatoo” (Hervé Villechaize), subía a una torre y gritaba: “el avión, el avión” y todos distraídamente mirábamos la llegada de una pequeña nave, esto me hizo recordar a un programa de televisión, donde sucede algo muy parecido, pero en lugar de anunciar “el avión” dicen: “al ladrón, al ladrón y a la libertad de expresión”, de esa manera se quiere desviar la atención pública del verdadero problema y presuntos delitos en relación a la venta de PETROTECH.

En declaraciones dadas por el Presidente del Congreso Luis Alva Castro, éste descarta lo manifestado por la conductora Rosa María Palacios en su programa “Prensa Libre” de Canal 4 - de propiedad del grupo “El Comercio”, en el sentido que la aprobación del informe de la comisión que investigó la venta de acciones de la empresa Petro-Tech, de la cual Alberto Varillas Cueto, esposo de Palacios, fue representante legal, sea una persecución política en su contra. El presidente del Legislativo señaló también que: “en el informe se habla de un delito muy serio como el de defraudación tributaria, lo que tampoco es cosa menor. Ahora hay que recuperar el dinero que nos pertenece a todos los peruanos y estoy seguro que la Sunat lo va a hacer”.

Por su parte, el legislador Jorge del Castillo señaló: que: “Este es un tema de carácter tributario y será el Poder Judicial el que definirá las cosas en su momento, pero de allí a querer decir que este es un atentado a la libertad de expresión y ella convertirse en una especie de Juana de Arco de la libertad de expresión, hay una distancia absoluta”, señaló además que “a Varillas se le acusa de los presuntos delitos de defraudación tributaria, colusión y corrupción de funcionarios, pero eso hay que responderlo sin temor”. “Por lo menos, que yo conozca no existe la inmunidad periodística, decir que como su esposo está casado con una periodista no hay que tocarlo porque se afecta la libertad de expresión, me parece poco serio”. “No me imagino que el grupo El Comercio tenga que pactarse en la defensa de una empresa porque lo que está haciendo la señora Palacios es utilizar Canal 4 –que es parte del Grupo El Comercio– para defenderse de un tema que no es de ella sino de su esposo. Por su parte el legislador Víctor Andrés García Belaunde señaló enfáticamente, que la aprobación de este informe, le va a permitir al Estado resarcirse legalmente, económica y moralmente de las irregularidades que ha cometido Petro-Tech desde que se asentó en el Perú.

Lo que nos llama verdaderamente la atención, es que la periodista Rosa María Palacios, mencione que el Canal 4 del Grupo “El Comercio”, le ha dado su total apoyo, confianza y se solidariza con sus opiniones parcializadas, dándonos a entender que están de acuerdo con lo hecho por PETROTECH y por su esposo, nos parece un abuso de confianza decir tamaña barbaridad; la confianza que “capaz” le han dado es respecto a que pueda verter sus opiniones libremente, como se debe hacer en una democracia donde hay libertad total de expresión, pero de ahí a querer vendernos la idea, de que el “Canal 4” del grupo “El Comercio” se solidariza con los hechos de PETROTECH y su esposo (de los que nadie puede decir si son culpables o no, mientras no lo pruebe o absuelva la justicia), es una total mentira; conocemos la objetividad y trayectoria histórica y la forma de actuar en similares casos del grupo “El Comercio”, conocemos de las calidades y cualidades personales y profesionales, éticas, morales y de absoluta imparcialidad de Francisco Miró Quesada Cantuarias y de Francisco Miró Quesada Rada, Directores del diario, para adelantar opinión solidaria sobre PETROTECH en un proceso judicial que recién empieza; más aún, si así fuera, “El Comercio” no hubiera publicado de manera objetiva y sin solidarizarse con nadie, como lo quiere dar a entender la señora Palacios, el día viernes 25.5.2010, lo siguiente: “El controvertido Caso Petro-Tech pasó del Congreso al procurador público anticorrupción y a la fiscalía. El pleno del Parlamento aprobó ayer con 75 votos a favor, una abstención y 16 en contra, un nuevo informe final de la comisión que investigó las razones de la venta de las acciones de la empresa Petro-Tech Peruana S.A. y sus contingencias tributarias societarias y de otro tipo en relación a contratos celebrados con el Estado Peruano. Así, el procurador público queda en potestad para investigar a William Kallop Moore, Alberto Varillas Cueto…” Sic., “…El informe recomienda al Ministerio Público que formalice denuncia en contra de los que resulten responsables en las operaciones de Petro-Tech Peruana en el período 1993-2010” Sic.

Estamos seguros, que la periodista Palacios ha abusado de la confianza a la libertad de prensa, que le ha dado el respetable grupo “El Comercio”, a quien no puede, ni debe comprometer, casualmente en bien de la ética a la libertad de expresión, ¿o no ha leído lo manifestado por la SIP?: “Sobre el caso de la periodista Rosa María Palacios, quien asegura que la denuncia penal por el caso Petrotech a su esposo Alberto Varillas Cueto, abogado de esta empresa, es una represalia por sus denuncias, la misión señaló que no podía emitir una opinión porque no conoce el caso” Sic. Diario La República – 22.5.2010.
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PERU 21 MAYO 3, 2010

La Fiscalía declaró recibido el expediente del caso BTR

Los tomos de la investigación judicial contienen más de 100 mil páginas cada uno. El informe fiscal será emitido antes del 15 de mayo.

Diez días después de que el Poder Judicial enviara al Ministerio Público el voluminoso expediente del caso Business Track (BTR), recién hoy el titular de la Tercera Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Walter Milla, consideró como recibida la documentación.

Según fuentes consultadas, el expediente principal y los tomos donde se han compilado los anexos y las incidencias de la investigación judicial contienen más de 100 mil páginas cada uno.

Asimismo, se precisó que el fiscal Walter Milla espera terminar la revisión del expediente y emitir su informe sobre la investigación antes del 15 de mayo.
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PERU 21 ABRIL 27, 2010

Nuevo audio complica más a Del Castillo

Otra grabación de Quimper confirma que el ex premier sí hizo lobby a favor de la petrolera Monterrico.

Se siguen desbaratando las argumentaciones del ex premier Jorge del Castillo. Pese a que en un primer momento sostuvo que el encuentro con Alberto Quimper había sido casual y que no había hecho lobby por la petrolera Monterrico –de propiedad de su amigo Julio Vera Gutiérrez– para que se acogiera a una rebaja de regalías, Prensa Libre difundió anoche un nuevo audio que complica su situación.

En el audio de fecha 19 de mayo de 2007, Alberto Quimper dialoga con José Coz, gerente de Contratos de Perupetro, quien le informa que el expediente de petrolera Monterrico, por la que Del Castillo había pedido que apuraran dicho trámite, se iba a ver en el próximo directorio del organismo estatal.

“Entonces, yo le voy a decir a Del Castillo que posiblemente se vea en el próximo directorio”, refiere Quimper, a lo que Coz le responde: “Así es, correcto”. Esto corrobora que el letrado le informó al entonces premier sobre la tramitación del expediente.

Cuando Quimper se entera de que el expediente de Monterrico iba a ser visto por el directorio de Perupetro, pregunta a Coz si ya no sería necesario que hablara con Daniel Saba, presidente del directorio de dicha entidad. En los días previos, el 14 de mayo, Quimper se había reunido con Del Castillo, según el diálogo sostenido con la secretaria general de Perupetro, Isabel Tafur.

El domingo 18 de abril, Cuarto poder difundió un audio entre Saba y Quimper donde ambos dialogan sobre la necesidad de debatir el expediente de la empresa de Vera Gutiérrez. Allí mencionan a Del Castillo.
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PERU 21 ABRIL 26, 2010

Sí hizo lobby a favor de petrolera

Nuevos audios confirman gestiones de Del Castillo. Reunión entre el ex premier con Quimper no fue casual. Estuvo en la agenda de ‘Don Bieto’.

La difusión de dos nuevos audios que registran conversaciones del ex director de Perupetro, Alberto Quimper, confirman que hubo un lobby a favor de Petrolera Monterrico, de propiedad del empresario Julio César Vera Gutiérrez, para que acceda a la rebaja de las regalías para el Lote 15, y que esto fue posible gracias a las gestiones del entonces ex premier aprista Jorge del Castillo.

La nueva revelación de Panorama desbarata los descargos expresados por el ex premier, especialmente en lo referido a su encuentro casual con Quimper, señalado por ‘Don Bieto’ en su conversación con Daniel Saba, cuyo audio fue difundido la semana pasada.

El primer audio aclara que el encuentro Del Castillo-Quimper no fue casual. En el diálogo, propalado ayer, el ex directivo de Perupetro solicita a su secretaria la agenda del día (14 de mayo de 2008) y esta le confirma, entre otros temas, que a las 6:00 p.m. se reuniría con el entonces premier.

A este encuentro es al que se refiere ‘Don Bieto’ en su diálogo con Daniel Saba, presidente de Perupetro, cuando le señala: “Aló, presidente, el miércoles estuve con Del Castillo, pero cuando estaba despidiendo me dijo: ‘Oye, hay un asunto de Petrolera Monterrico que si lo pudieran apurar, que Vera (Gutiérrez) me ha hablado’”.

Pero también a ese mismo encuentro se refiere en el contenido del segundo audio difundido anoche. En dicha grabación, Quimper le recuerda a Isabel Tafur Marín –secretaria general de Perupetro, la encargada de hacer la agenda de las sesiones de directorio, de citarlas y de elaborar sus actas– que había hablado con Del Castillo sobre Petrolera Monterrico.

“Yo estuve la semana pasada con Jorge del Castillo, por otro motivo, y me dijo: ‘Oye, hermano, hay una adecuación a una nueva ley que ha pedido Vera Gutiérrez’. (...) Yo le dije que sabía porque hace como siete años fui abogado de Petrolera Monterrico, y no necesitaba explicarme nada. ‘Bueno, me dijo, a ver si puedes hacer que eso camine rápido porque parece que se está desmoronando’... Una tontería”.

SÍ TUVO ÉXITO. El informe refuta los argumentos de Del Castillo, respecto de que no hubo lobby porque el expediente de Petrolera Monterrico no fue aprobado. Pero el programa recuerda que el gerente general de esta firma, Víctor Correa, confirmó hace unos días, en RPP, que el directorio de Perupetro sí aprobó el expediente de rebaja de las regalías para el Lote 15.

El problema fue que el proyecto no prosperó, a pesar de que –como lo registra Panorama– el tema fue aprobado en la Comisión de Energía con los votos de los legisladores apristas, tras una acalorada defensa de José Carrasco Távara, otro involucrado por Quimper.

El dictamen del proyecto que beneficia a Vera Gutiérrez estaba en el Pleno, listo para su aprobación, pero fue detenido cuando estalló el escándalo de los ‘Petroaudios’. Un detalle pendiente de aclaración por parte del ex premier, según el informe, está referido a los US$180 mil que abonó Simone Bassi, representante de Amministra Holding Group –una administradora de fondos suiza– en la cuenta bancaria de Del Castillo por la fallida compra del departamento de Chacarilla. Lo curioso es que Bassi nunca ha visitado el Perú.
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EL COMERCIO ABRIL 22, 2010

Levantamiento de inmunidad a Del Castillo solo procederá a pedido del Poder Judicial

El congresista aprista dijo que renunciaba a esta prerrogativa. El legislador Raúl Castro explicó que con este gesto quedaría exonerado del trámite en el Congreso

El congresista Jorge del Castillo anunció en rueda de prensa que renunciará a su inmunidad parlamentaria a fin de ser investigado por los casos “Petroaudios” y “Chuponeo”. Cabe recordar que un reciente audio lo implica en un presunto “lobby” a favor de la petrolera Monterrico, hecho que hoy volvió a rechazar.

El legislador acudió esta mañana al despacho de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para entregarle la documentación que, según dijo, aclara y desvirtúa las acusaciones en su contra. Echaíz le informó que ya se abrió una nueva investigación sobre las recientes denuncias y que él será citado a declarar en su momento.

NO BASTA LA RENUNCIA
El congresista Raúl Castro (PPC) explicó a elcomercio.pe que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria solo procede a pedido del Poder Judicial y previa acusación fiscal.

“La renuncia de Del Castillo significa que él va a declinar (a su inmunidad). Quiere decir que en caso exista un pedido del Poder Judicial, él se pondrá a disposición de la justicia sin el trámite previo del levantamiento del fuero en el Congreso, es decir, se somete a un proceso judicial automáticamente”, detalló el también miembro de la Comisión de Justicia.

Sobre el tema también se pronunció el parlamentario del Partido Nacionalista, Daniel Abugattás, quien consideró que esta renuncia de Del Castillo solo es un gesto político.

“Faltaría que él apruebe la formación de una comisión investigadora en el Congreso (...) para esta comisión no será relevante su inmunidad parlamentaria”, mencionó a Canal N.

SOBRE ECHAÍZ
Castro también comentó que la posible candidatura del esposo de Echaíz a la alcaldía de Chiclayo por el Apra, según informó un medio local, no favorece a la imparcialidad de esta instancia.

“Es un tema delicado, yo tengo el mejor concepto de la señora Echaíz, es una persona absolutamente intachable, pero este hecho no le ayuda y la perjudica (...) no ayuda a mantener la majestad y la imparcialidad (del Ministerio Público)”, indicó.

* Jorge del Castillo será citado por la Fiscalía por audio de Alberto Químper
Garrido Lecca, Saba y Giannotti deben comparecer ante las nuevas revelaciones. Jueza Martínez entregó expediente del Caso BTR al Ministerio Público

Por: Mario Mejía / Cecilia Rosales*

El laberinto por el que discurre el caso del “chuponeo” realizado por Business Track estaría por encontrar una nueva vía de salida.

Una alta fuente del Ministerio Público confirmó ayer que se ha abierto otra investigación a raíz de las revelaciones que hiciera en las últimas semanas la ex analista de BTR Giselle Giannotti, a las que se suma el audio que difundiera “Prensa libre” con un diálogo entre el presidente de Perú-Petro, Daniel Saba, y el abogado y ex directivo de dicha empresa estatal Alberto Quimper. Este último decía que el entonces primer ministro Jorge del Castillo intercedía por Petrolera Monterrico, a pedido de su dueño, Julio Vera Gutiérrez, para que la empresa pagara menos regalías.

EX MINISTROS IMPLICADOS
La fuente del Ministerio Público también dijo que se buscará precisar la responsabilidad de los implicados, y con esa finalidad en los próximos días serán citados para ser interrogados Del Castillo, Saba, el ex ministro Hernán Garrido Lecca, Alberto Varillas abogado de Petro-Tech, el periodista Pablo O’Brien y la procesada Giannotti . En el caso de Del Castillo no podría ser investigado directamente debido a su inmunidad parlamentaria, por lo que solo podrá ser llamado a declarar.

Giannotti estaba citada para declarar el martes pasado, pero la ex analista de BTR no acudió ante el fiscal que ve el caso. “La verdad es que no conozco el tenor de la investigación, en la citación dice que es contra Garrido Lecca, por encargo de la fiscal de la Nación, y están citando a la señora para que declare. [...] Vamos a pedir que se reprograme la citación”, dijo el abogado de Giannotti, Hugo Canevaro.

También comentó que la pesquisa era contra Garrido Lecca por enriquecimiento ilícito y que el proceso lo llevaba la Fiscalía de Investigación de Enriquecimiento Ilícito.

EXPEDIENTE EN LA FISCALÍA
Tras culminar la etapa instructiva, la jueza María Martínez remitió ayer al Ministerio Público el voluminoso expediente del Caso BTR para que este dé su dictamen.

Martínez, quien dirigió la diligencia, detalló que el documento consta de 200 tomos, que contienen las declaraciones instructivas y todas las diligencias de deslacrado, audición y visualización de los bienes incautados.

La magistrada dijo que en el Poder Judicial no se ha perdido nada y que todo el material que le entregaron está intacto en la bóveda del Palacio de Justicia.

EL DATO
Fiscalía y contraloría
Jorge del Castillo anunció que hoy acudirá a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría General de la República para responder por el nuevo audio que compromete su situación.

(*) Autor: Héctor Villalobos
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EL COMERCIO ABRIL 16, 2010

Editorial: ¿Quiénes manejan 'chuponeo' y tráfico de influencias?

Es urgente develar el misterio de quiénes son los interceptadores chantajistas, pero también investigar toda forma de corrupción pública o privada

Los poderes públicos, principalmente el Judicial, siguen en deuda con el país respecto de los graves casos de interceptación telefónica y tráfico de influencias. Y, mientras la fiscalía de turno se niega a aceptar los audios y pruebas informáticas que envía la jueza Martínez, lo que además de un desaire es una traba más al esclarecimiento del tema, seguimos sin saber quiénes y cómo adulteraron los USB.

En tanto, en el Congreso algunos proponen nuevas comisiones investigadoras, lo que parece más una salida mediática que efectiva, tras el fracaso estrepitoso de comisiones previas.

En esta confusa coyuntura, es absolutamente necesario recordar la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos: por un lado la ilegal escucha de conversaciones, por una mafia de “chuponeadores” y extorsionadores; y por el otro lado, el esquema de corrupción y tráfico de influencias con recursos del Estado —resumido en el caso de los “petroaudios”— que involucra a encumbrados personajes de la política , privados y de entidades estatales.

El presidente Alan García, como jefe del Poder Ejecutivo y líder del aprismo, ha expresado su confianza en que personas como su secretario Luis Nava y el congresista Jorge del Castillo, mencionados en algunos audios, salgan al fin bien librados, aunque marcó distancias y no mencionó a Hernán Garrido Lecca.

Pero, serán solo las investigaciones fiscales y judiciales las que descarten el eventual grado de involucramiento y responsabilidad. Lo mismo puede decirse de la hipótesis lanzada también por el jefe del Estado en el sentido de que serían los cárteles del narcotráfico los que estarían detrás de las mafias de interceptación, para servir a sus oscuros intereses y dañar la imagen de las autoridades que los persiguen con duras políticas de interdicción y contra el lavado de activos. A estas alturas, nada es desechable.

Concordamos, en tanto, con la preocupación presidencial por conocer quiénes están detrás de todo esto, lo que se expresa en acuciantes interrogantes que esperan una respuesta contundente, firme y legal de las autoridades respectivas:

¿Quién está detrás de las mafias de interceptación ilegal? ¿Desde cuándo operan con tal impunidad? ¿Cuál es su grado de penetración en entidades de inteligencia y otras instancias del Estado? ¿Qué relación tienen con los resabios del aparato de poder del régimen montesinista y los sistemas de psicosociales?

Luego, en relación con el espionaje político e industrial y el tráfico de influencias: ¿Cuánto pagaron las empresas que financiaron las escuchas? ¿Qué empresas y qué políticos han recurrido a estos métodos ilegales para utilizar información privilegiada, tomar ventaja frente a la competencia o simplemente para conocer las tácticas y desarmar a sus enemigos políticos?

Y, después de todas las evidencias, tenemos que preguntarnos: ¿Fue solo el caso de los “petroaudios”? ¿O también hay otros de “cementoaudios”, “hospitalaudios”, etc.?

La demora del Poder Judicial y de algunos fiscales para responder a estas interrogantes es realmente pasmosa, injustificable y hasta sospechosa. En ello concuerdan el jefe del Estado y la mayoría ciudadana, que exigen seriedad y celeridad en la identificación y sanción a los responsables de ambos delitos, que conculcan de modo tan artero e inescrupuloso derechos constitucionales primarios.

No más dilaciones ni subterfugios. Como ya lo hemos señalado antes, es urgente develar el misterio de quiénes son los interceptadores chantajistas, pero también investigar toda forma de corrupción pública o privada y de establecer las sanciones más drásticas y ejemplares a los promotores y responsables.
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EL COMERCIO ABRIL 15, 2010

Lobbista pidió US$15 mil por vender audio de Giselle Giannotti

Alex Alaluna sería quien traficaba con audio de la ex analista Business Track sobre el caso Nava-Sánchez Paredes. Conversación grabada ilegalmente en la Dirandro era ofrecida por dinero

Por: Óscar Castilla Unidad de Investigación

La ex analista de Business Track (BTR) Giselle Giannotti fue grabada subrepticiamente y de forma ilícita mientras hablaba sobre los supuestos vínculos que existirían entre los hijos del secretario presidencial, Luis Nava Guibert, y el clan familiar de los Sánchez Paredes, denunciados por lavar dinero del narcotráfico.

El breve audio de esta conversación, que apenas se escucha, pero que fuera difundido en un medio radial el lunes pasado, tiene su propia historia y sus protagonistas, algunos de ellos ya identificados por El Comercio. Cabe señalar que tal imputación fue desmentida de inmediato por Nava cuando el programa radial acababa de difundir el audio.

Giannotti —que ayer miércoles habló en este Diario de las presuntas presiones que recibió tras ser detenida en la Dirandro en enero del 2009, de la manipulación de sus USB y computadoras y sobre el contenido de algunos audios grabados por BTR— dijo que ella fue grabada sin su conocimiento mientras estuvo en la sede policial.

“Reconozco en ese audio la conversación que yo tuve con el general Miguel Hidalgo [entonces jefe de Dirandro] y con el coronel Carlos Morán [jefe del grupo especial que capturó a los integrantes de BTR y que investigó a los Sánchez Paredes]. Aquel fue un diálogo informal, sin la presencia de un fiscal”, advirtió.

Además reveló que dicha conversación se realizó a instancias de los altos oficiales ya citados. “Yo no sabía que estaba siendo grabada de forma clandestina en la Dirandro ni tengo una teoría de cómo se filtró ese audio, pero de que viene del lado de la policía antidrogas es evidente”, acotó. Giannotti también indicó que “esa grabación se negoció e intentaron extorsionarme y pedirme dinero para que yo comprara ese audio”.

El Comercio confirmó que semanas atrás un periodista se contactó con una persona del entorno de la ex integrante de BTR y le pidió US$10 mil a cambio del “material”. Este último, que solicitó que no se revelara su nombre, se negó a pagar por el audio.

Semanas después el conocido de Giannotti fue buscado por el mismo motivo, pero esta vez por una persona identificada como Álex Alaluna Álvarez (41). Este sujeto subió el costo del audio a US$15 mil.

El allegado de Giannotti contó que rechazó, por segunda vez, el trato sin saber que iba a ser bombardeado por Alaluna con múltiples llamadas telefónicas hasta convencerlo a reunirse con él. Esto fue confirmado por Giannotti: “Mi familia y allegados recibieron varias llamadas para ofrecerme ese audio”.

UN PERSONAJE SINIESTRO
¿Pero quién es Alaluna Álvarez? Este individuo fue puesto al descubierto públicamente por la Unidad de Investigación de este Diario, que lo fotografió por primera vez el 7 de enero del 2009, en una ceremonia realizada en Palacio de Justicia con motivo de la juramentación de Javier Villa Stein como presidente de la Corte Suprema.

Dicha historia se publicó al día siguiente y allí se reveló que Alaluna —señalado en informes de inteligencia policial como operador del narcotraficante Fernando Zevallos, sinuoso lobbista en predios judiciales, policiales y empresariales, y enjuiciado en dos ocasiones por violación sexual— era asesor del entonces flamante titular del Poder Judicial, que en su momento lo reconoció como su “amigo”.

Todos los antecedentes de Alaluna, sin embargo, no eran conocidos por el allegado de Giannotti cuando se encontró con este la noche del viernes pasado.

Según el testimonio del amigo de la acusada por ‘chuponeo’, el siniestro lobbista le dijo que el audio se lo había entregado “un amigo policía” y que dicho material se trataba de una conversación en la que Giannotti hablaba de la vinculación de Luis Nava con el clan Sánchez Paredes.

Alaluna —quien mantendría comunicación con el general Miguel Hidalgo y el coronel Morán— no le quiso dar más detalles sobre cómo había obtenido esa grabación ilícita. “Haz lo que quieras con ese material, ni a Giselle ni a mí nos interesa”, fue la respuesta del amigo de Giannotti. El audio, finalmente, fue difundido el lunes en un progtama de Radio Capital (del grupo RPP).

La ex integrante de BTR indicó que no entiende cómo aquel audio terminó en manos de terceros. Consultada sobre si conocía a Alaluna, Giannotti evitó hacer comentarios al respecto. Sin embargo, quienes sí parecen conocer del todo a este individuo son los integrantes de la Corte Suprema.

Prueba de ello es que ayer el Poder Judicial emitió un comunicado público en diferentes medios de comunicación en el que alerta a las autoridades del Estado y a la ciudadanía en general a no dejarse sorprender por las acciones de Alaluna. Tuvo que pasar un año de la publicación que hizo este Diario para que el doctor Villa Stein advirtiera la peligrosidad de dicho sujeto, quien a la luz de estos hechos podría ser investigado por extorsión.

Por lo pronto, el coronel Carlos Morán y el general Miguel Hidalgo negaron que ellos hubieran grabado ilegalmente a Giannotti. “Nosotros tenemos aquí equipos de alta tecnología, pero ese audio es casi inaudible, no se escucha bien. Yo no grabé a nadie. No sé quién lo haya hecho o si se ha negociado”, afirmó Morán. Hidalgo dijo que “en la Dirandro no grabamos a nadie clandestinamente. La señora miente. Yo solo una vez me he reunido con ella”.

FISCALÍA EVALÚA LAS DECLARACIONES
Según fuentes judiciales, la Fiscalía Suprema de Control Interno viene evaluando con gran atención la información proporcionada por la ex integrante de Business Track (BTR) Giselle Giannotti Grados en la entrevista con El Comercio, en la que denunció los presuntos actos de presión a los que fue sometida por algunos representantes del Ministerio Público.

En esa oportunidad, Giannotti acusó al fiscal superior Mateo Castañeda y al fiscal provincial Walter Milla de presionarla para acusar a la empresa Petro-Tech y a sus principales funcionarios por el delito de ‘chuponeo’.

Giannotti dijo, además, que el ex primer ministro Jorge del Castillo y el ex ministro de Vivienda y de Salud Hernán Garrido Lecca enviaron al fiscal Castañeda ante ella para que ‘colaborase’ con las investigaciones.

DECÍA QUE ERA ASESOR DE VILLA STEIN
Este Diario, que ha documentado y seguido de cerca las actividades de Álex Alaluna, confirmó que este se encuentra en la mira de la inteligencia policial debido a que se venía presentando como ‘asesor’ del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, en diferentes actividades.

Alaluna, además, ha establecido nexos con personas vinculadas con importantes instituciones de inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Este individuo, al que tratamos de ubicar sin éxito, ha sido detectado en circunstancias en las que prestaba gran interés en sonados casos de narcotráfico.
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EL COMERCIO ABRIL 14, 2010

Giselle Giannotti (2da parte): "La policía y la fiscalía me pidieron incriminar a Petro-Tech"

La ex analista de Business Track denunció que los ex ministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca le enviaron al fiscal Mateo Castañeda y que este le pidió acusar a la empresa petrolera

Giselle Giannotti habló durante tres horas con la Unidad de Investigación de El Comercio. La entrevista se publica hoy tras concluir la etapa de reserva de la investigación judicial. (Dante Piaggio)
Óscar Castilla C.
Miguel Ramírez
Unidad de Investigación El Comercio

La ex analista de Business Track (BTR) Giselle Giannotti brindó una entrevista grabada y filmada por El Comercio varias semanas antes de que surgieran las confusas versiones sobre la pérdida y manipulación de los archivos de sus unidades USB.

Entonces, y a sabiendas de las irregularidades, ella pidió que la entrevista no se publicara hasta que concluyera la reserva de la indagación judicial. Hoy, cuando su verdad se desborda y la instrucción ha finalizado, este Diario publica el resumen de las tres horas de entrevista con el personaje que provocó un cisma en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía y quien está procesada en el caso más grande de ‘chuponeo’ industrial en la historia del país.

Sus declaraciones, que no revelan quién financió este espionaje, marcan un capítulo aparte en la historia que empezó con la difusión de los ‘petroaudios’ en el 2008 y que continuó con la captura de los ex integrantes de BTR en el 2009.

Pero más allá de eso, y luego de las pesquisas hechas por este Diario, las revelaciones de Giannotti suponen una grave acusación contra dos pesos pesados del Apra, así como contra algunos personajes de su entorno, del Ministerio Público y de la policía. A continuación sus declaraciones:

¿Usted fue detenida el jueves 8 de enero del 2009?
Fui arrestada por unos 16 policías. La intervención, al mando del comandante Raúl del Castillo, empezó a las 10:30 a.m. de aquel jueves y acabó a las 3:00 de la madrugada del viernes 9 de enero. Luego me trasladaron a la Dirandro. Unos días después, el comandante Del Castillo llegó con un diario y me dijo que Martín Fernández Virhuez [otro de los detenidos de BTR] se había acogido a la confesión sincera y había dicho que yo sabía todo del ‘chuponeo’. Pero era falso, Fernández no había dicho eso.

¿Qué ocurrió luego?
Uno de mis hermanos me visitó y me comentó que iba a venir a buscarme el fiscal Mateo Castañeda [coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado]. “Él te va a decir una frase clave para que sepas que viene de parte de una persona que nos está ayudando”, me dijo. La frase que Castañeda iba a utilizar era “por Dios y por la patria”. Luego me olvidé de eso ya que llegó el comandante Del Castillo y me indicó que el coronel Carlos Morán [jefe del equipo especial de Dirandro] quería verme. Cuando lo encontré, Morán me dijo que quería saber quién pagó por el ‘chuponeo’. Le contesté que no sabía. “Bueno, piénselo porque se la acusa por asociación ilícita y eso es cárcel efectiva”, me advirtió.

¿Cuándo esto ocurrió usted aún no brindaba su manifestación?
Recién el martes 13 y el jueves 15 de enero rendí mi declaración. En ese lapso, me llamó el general Miguel Hidalgo [entonces jefe de Dirandro]. Fue una de las cinco reuniones que sostuvimos en total. Me dijo todo educado: “Señora, nosotros necesitamos un responsable [del “chuponeo’] y tenemos razones para acusar a Petro-Tech y a los señores Alberto Varillas y William Kallop [ambos altos funcionarios de dicha empresa petrolera]. Ya Fernández Virhuez ha dicho que ellos contrataron a BTR a través del estudio de abogados García Sayán”. Yo le dije que el contacto con el estudio García Sayán era yo y que yo no sabía nada de eso.

¿Fue insistente?
Hidalgo y Morán se mostraron insistentes. Después de eso, Hidalgo me dijo: “Vamos a darle un día para que piense. Vamos a mandarla a su casa para que se bañe en la piscina, se reencuentre con su familia y piense en la propuesta. Necesitamos un culpable, si colabora, recupera su libertad”.

¿Hidalgo le dijo eso?
Sí, pero Morán me habló sobre la colaboración eficaz. Me pidió que lo medite en mi casa y que al final del día podíamos conversar. “Si acepta se saca la asociación ilícita del atestado”, afirmó. Yo acepté la invitación de ir a mi casa.

¿Y la regresaron a su casa?
Sí, me llevaron a mi casa. Con mis abogados pensamos en alguna solución y entendimos que una cosa era que yo apareciera en el atestado y otra que el fiscal me denunciara. En eso estábamos cuando el padre de mis hijos me recordó que el fiscal Castañeda iba a visitarme.

¿Qué hace el fiscal Mateo Castañeda en esta historia?
Lo que sé es que el padre de mis hijos fue llamado por esos días por Hernán Garrido Lecca [ex ministro aprista] y por Jorge del Castillo [ex primer ministro]. Este último le había pedido que contrate a su hijo Miguel del Castillo y a Luis Alfonso Morey [ambos trabajaron en el relanzamiento de Canal 11] para que ellos realizaran una campaña de medios para lavar mi imagen. Incluso el padre de mis hijos les pagó una cantidad de dinero por eso. Entonces, tanto Garrido Lecca como Del Castillo le dijeron que el tema iba a caminar bien, juraron que yo iba a salir libre de esa situación y que el fiscal Castañeda iba a visitarme con la famosa frase clave.

¿Y esto ocurrió en realidad?
Cuando finalmente llegó Castañeda, el comandante Del Castillo me dijo: “Increíble, qué importante eres. Mateo nunca ha venido por acá”. Entonces subí y lo encontré junto con el fiscal Walter Milla [encargado del caso de interceptación de BTR]. Castañeda me dijo literalmente: “Señora, soy el fiscal superior Mateo Castañeda. Por Dios y por la patria le pido que diga toda la verdad”. Yo le pedí la presencia de mi abogado. Entonces me dijo: “Nosotros necesitamos un culpable, vamos a perder recursos y tiempo pero ya sabemos que los responsables son Kallop, Varillas y Petro-Tech. Ya tenemos el dicho de Fernández, pero necesitamos que otra persona lo confirme para poder levantar cargos contra ellos”.

¿Usted qué respondió?
“Fíjese, le dije, yo tuve una pésima relación con el señor Varillas del estudio García Sayán. El estudio tenía dos ramas. Él, Varillas, era de la parte que no me quería, pero a mí me contrató la otra parte y aun así yo no lo podía acusar. Pero también es cierto que he visto cosas raras por los contactos que ellos tenían con marinos y con tal y con cual, pero no sé más”. En ese momento, Castañeda me dijo: “Tenemos un trato, nosotros le damos su código, usted hace las sindicaciones y firma”. Repetí que no iba a culpar a Petro-Tech. Además yo era el contacto de BTR con ellos, pero no con Kallop ni Varillas, sino con un subalterno. Por si fuera poco, ellos no acabaron de pagar mis facturas y terminé peleada a muerte con ellos.

¿En qué quedaron finalmente?
Me bajaron de nuevo, hasta que llegó mi abogado y volví a subir con él. Entonces estábamos los cuatro, con Castañeda y Milla. Ellos volvieron a repetir que solo iban a poner una parte de mi declaración. Le dijimos que debían quitar el delito de asociación ilícita. Ellos aceptaron. Así quedamos, pero yo no iba a culpar a Petro-Tech. Horas después vino el comandante Del Castillo y me dijo: “Parece que se va a su casa”.

¿Pero no volvió a su casa?
Al día siguiente de aquella reunión yo tenía una diligencia en el Poder Judicial porque había pedido la variación del mandato de detención . En esas circunstancias estaba cuando me encontré con el fiscal Milla, que fue el que solicitó mi detención. Este, delante de mi hermano y de mi abogado, me dijo: “Por gusto me hace venir, señora. Me hace perder el tiempo. Quédese tranquila, el viernes se va a su casa”. Yo le respondí que me quería ir antes. Ojo que hasta entonces solo había un acuerdo verbal con la fiscalía.

¿Qué ocurrió con su acuerdo?
El jueves 15 de enero viene una persona de mi confianza y me dice: “Señora, la van a freír”. En ese momento pedí conversar con Castañeda y con Hidalgo, pero nadie me contestó. Mi teoría es que no les gustó el nombre de la persona que yo pienso que sería responsable de la interceptación. [Por cuestiones de seguridad Giannotti pidió que este Diario no revelara dicha información]. Ese mismo día, el fiscal Milla fue a la Dirandro en la noche y me dijo: “Usted tiene que echarle la culpa a Petro-Tech y a Kallop”.

¿Una especie de ultimátum?
Una especie no, me dio un ultimátum. Milla me dijo: “¿Está segura?”. Yo le dije: “Completamente”. Al día siguiente me llevaron a la carceleta, pues el juez ordenó mi detención. Si hubiera hecho lo contrario estaría procesada, pero sin el delito de asociación ilícita y no hubiese ido a prisión.

Son acusaciones muy graves.
Olvidé decir que la policía estaba desesperada, luego de las incautaciones, por encontrar las grabaciones de la suite del hotel Country, en donde Fortunato Canaán recibió a la plana mayor del Gobierno, a casi todos los políticos apristas. Creo que el único que no desfiló por allí fue el presidente Alan García.

¿Quién se lo preguntó?
Todos en Dirandro preguntaban. Hidalgo, Morán y Del Castillo. También querían saber en dónde buscar. Después preguntaron por los archivos “La rana de los caballos” y “Coco López”.

¿La Dirandro sabía de la existencia de esos archivos?
Ni yo sabía que existían esos audios, solo había visto unas transcripciones al respecto.

* Del Castillo cree que Giselle Giannotti actúa por venganza
Para el ex primer ministro la analista de BTR lo quiere implicar en el caso de “chuponeo” porque cree que él está detrás de investigación en su contra

“(Giselle Giannotti) es una especialista en hacer psicosociales, distorsiona completamente la verdad y no colabora en nada con la investigación (del “chuponeo”)”, señaló el ex primer ministro Jorge del Castillo.

De esta manera el también congresista rechazó las acusaciones de Giannotti en su contra, quien en entrevista al diario El Comercio lo acusó, junto a su hijo y al también ex ministro Hernán Garrido Lecca, de haber enviado al fiscal superior Mateo Castañeda para que la presione. ¿Con qué fin? Según Giannotti, estos personajes querían que ella señale a directivos de Petro Tech como los que pagaron las labores de “chuponeo”.

QUIERE VENGARSE
La interpretación de Del Castillo es que Giannotti, quien también dijo haber escuchado el audio de una conversación entre Rómulo León, Fortunado Canaán y Del Castillo, busca vengarse porque cree que él está detrás de la investigación en su contra.

Del Castillo también cuestionó que Giannotti diga ahora que solo fue una analista de BTR “cuando tenía todo el material del “chuponeo” archivado en su caja fuerte”.

SU ÚNICO ERROR
“Ahora llega al extremo de imputar a mi hijo (...) son cosas imposibles, inadmisibles e irresponsables”, comentó el congresista en entrevista a Radio Programas.

En otro momento aseguró que no aparecerá ningún audio que lo comprometa en actos irregulares y que “su único error fue haber ido a esa suite por buena fe y no por un acto delincuencial”. Se refería a la ocasión en que acudió al hotel Country Club para conversar con el cuestionado empresario dominicano Fortunato Canaán.

* Giselle Giannotti (1ra parte): "Sí llegué a escuchar un audio entre Del Castillo, León y Canaán"
La ex analista de la empresa dedicada al ‘chuponeo’ telefónico Business Track sostuvo que el hijo del congresista Jorge del Castillo se ofreció a ‘limpiarle’ la imagen en algunos medios a cambio de dinero

Giselle Gianotti reiteró que llegó a escuchar un audio entre el congresista Jorge del Castillo, Rómulo León y Fortunato Canaán. (Dante Piaggio)
Óscar Castilla C.
Miguel Ramírez
Unidad de Investigación El Comercio

¿Ya en el penal o en la clínica recibió la visita de extraños?
Sí, cuando me encontraba en el pabellón de infectocontagiosos del hospital Loayza, a fines de julio o inicios de agosto del 2009, llegó Milla. Él se presentó como tal, disfrazado con una máscara de las que usan los médicos, y me dijo: “Señora, si usted dice que Petro-Tech pagó la operación, mañana mismo se va a su casa”. Yo le respondí con groserías.

¿En medio de la búsqueda policial, a usted ya le habían incautado tres computadoras y cuatro USB con audios y correos del Caso ‘Petroaudios’ y de otros?
Así es.

Hablemos sobre los cuatro USB. ¿Qué características tenían?
Los cuatro USB que me incautó la policía el 8 de enero del 2009 en mi cocina, y no en una caja fuerte como dicen algunos, son dos de color plomo de marca Memorex de 4 GB de capacidad cada uno, así como dos amarillos de marca Boston Technologies de 1 y 2 GB de capacidad, respectivamente. Además, tres computadoras que corrían en Linux.

¿Qué archivos había dentro de esos cuatro USB originales?
Audios, correos de muchas personas, políticos, empresas. Decenas de carpetas con cientos de archivos del caso de los ‘petroaudios’ y de los asuntos de Canaán.

¿Especifique qué archivos?
En esos USB había cuatro carpetas referidas a los ‘petroaudios’, los aranceles del cemento, hospitales y el Banco Azteca, entre otros. En las carpetas de petróleo estaba Del Castillo y en las otras Garrido Lecca. También había audios sobre los patrulleros del Ministerio del Interior y de Luis Alva Castro. En otros casos se mencionaba a Luis Nava [el secretario del presidente Alan García]. Además existían correos, documentos escaneados, transcripciones y power point.

¿Escuchó algún audio de Del Castillo con León y Canaán?
En mi condición de analista sí llegué a escuchar un audio entre Del Castillo, León y Canaán, pero no quisiera referirme al tema de fondo. Lo que sí puedo decir es que no he oído ningún audio sobre las suites del hotel Country.

¿De qué trataban esos audios?
Para mencionar uno, en la carpeta de hospitales había un audio de León que le decía a Garrido Lecca que le estaba dando órdenes a un señor Sifuentes, que habría sido director de infraestructura del Ministerio de Vivienda. Le decía que tratara directamente con ellos para coordinar unas bases. Es decir, ponían a su disposición a este personaje para que los alimentara de información sobre las bases y así ganar la licitación.

¿Cuándo fue la última vez que vio sus cuatro USB originales y sus tres computadoras?
En mi casa, el día de la intervención, y luego en la Dirandro.

¿Y cuándo pasó a la fiscalía y al juzgado como detenida?
No los volví a ver hasta el 13 de mayo del 2009, cuatro meses después de mi detención, cuando en el juzgado se realizó el deslacrado. Allí me doy cuenta de que los cuatro USB que estaban allí no eran míos. Entonces mis abogados presentaron una tacha.

¿Qué ocurrió aquella fecha?
Ese día mis abogados le dicen a la jueza que dos de mis tres computadoras tienen el lacrado cortado de arriba hacia abajo de manera simétrica. Es decir, no se rompieron por manipulación, sino que fueron cortados con tijera. Esta irregularidad no permitía garantizar que los discos duros y su contenido no hubieran sido alterados. Tampoco les pasaron el Encase Forensic, que es un programa que permite asignarle un número único e inalterable a un soporte informático para evitar cualquier cambio posterior, y por lo tanto no tenían ningún código hash que permitiera contrastar la información que hay dentro de las computadoras. En ese momento la jueza dijo textualmente: “En ese estado los recibí yo”.

¿Hubo otras irregularidades?
En la etapa policial se incautaron mis tres computadoras. Todas corrían en Linux y ahora increíblemente corren en Windows. Una de ellas tiene el lacrado cortado y las otras fueron manipuladas y su información cambiada. Por ejemplo, a través del Encase detectamos que la última visualización de una de mis computadoras fue el 8 de enero del 2009 a las 8:00 p.m. Eso es imposible porque yo estaba detenida.

¿Y sus cuatro USB?
Vamos por el principio. Durante la investigación policial yo tenía un equipo de Dirandro para ver mi caso. En todo ese tiempo pudieron haber visto todo el material que se me incautó. Sin embargo, no lo hicieron. La policía le asignó código hash solo a los dos USB amarillos Boston Technologies, los otros dos USB plomos Memorex los visualizaron sin pasarlos por el Encase.

¿Qué pasó con sus dos USB de 2 GB y 1 GB de capacidad?
Ahora son dos USB, pero de 2 GB cada uno y no tienen el mismo contenido. Aparecen nombres de carpetas que no había en los USB que me incautaron.

¿Ha visto el contenido actual de esos USB amarillos?
No, porque mis abogados no le aceptaron a la jueza iniciar la visualización. ¿Qué pasa si ahora encuentran un correo mío con Bin Laden? El perito ha dicho en su informe que mis USB originales no llegaron al Poder Judicial. Allí es donde el Ministerio Público salta hasta el techo.

¿Y qué pasó con los dos USB Memorex de 4 GB?
Están en blanco. El cambiazo lo hicieron con fórceps. Por eso no le pasaron el Encase.

¿Y los ha revisado ahora?
No, porque no se han visualizado en el juzgado, pero en las propiedades se ve que están vacíos, ‘empty’, cero, nada.

¿Los USB se manipularon mientras estuvieron en la Dirandro?
Pero por supuesto.

¿Pero usted cometió un error , por qué no pidió que le pasaran el Encase a sus objetos?
Ahora, en vista de los hechos, lo sé, pero entonces tenga en cuenta que era la primera vez en mi vida que yo estaba detenida, incomunicada, y no conocía el procedimiento. Además, no tenía por qué pensar mal. Ahora a mí me da risa cuando salen a decir que van a recuperar los archivos de mis cuatro USB. ¿Cómo van a recuperar el contenido si los USB son otros? Acaso son magos. La copia espejo del Ministerio Público tampoco sirve porque ellos se la quedaron por varios meses y la invalidaron como prueba. Ahora yo me pregunto: ¿Esa copia espejo de qué reflejo es, si los archivos originales ya no están porque los USB fueron manipulados?

Ha pasado casi un año desde que se descubrió todo esto.
Lo justo hubiera sido que en ese momento se verificara todo. No entiendo por qué si desde mayo del 2009 había sospechas de que mis cosas fueron manipuladas, me mantuvieron presa hasta diciembre del año pasado. A las autoridades no les dio la gana de ver mis cosas. Quizá pensaron que me pudriría en la cárcel o que terminaba muerta.

LE PIDE PRUEBAS DE LO QUE ELLA DICE
“Las imputaciones que me hace Giselle Giannotti son falsas. ¿Qué autoridad tendría yo para dirigir al general Miguel Hidalgo y a los fiscales?”, dijo el congresista Jorge del Castillo. Negó que durante las investigaciones se hubiese reunido o conversado con Hernán Garrido Lecca para tratar este tema.

Cuando se le preguntó si era cierto que su hijo, Miguel del Castillo, había pedido una suma de dinero a un familiar de Giannotti a cambio de hacerle una campaña para ‘limpiar’ su imagen, el parlamentario negó la sindicación. “Mi hijo ni la conoce, no conoce a nadie de esa familia”, sostuvo.

Del Castillo reconoció que se reunió con el empresario Fortunato Canaán en la suite que este tenía en el hotel Country Club. ¿De qué hablaban?, le preguntamos. El congresista respondió: “De política, de hospitales y de otras cosas más, pero nunca de negocios ilícitos”.

Miguel del Castillo, por su parte, negó la acusación de Giannotti. “No la conozco. La imagen de esa señora estaba tan deteriorada que yo no iba a poder hacer nada”, dijo.

Garrido Lecca no contestó las llamadas que le hicimos. El general Miguel Hidalgo y el coronel Carlos Morán dijeron que las acusaciones en su contra eran falsas y que Giannotti quería desprestigiarlos. “Solo una vez la vi. Jamás la presioné para nada”, dijo Hidalgo. “Quieren manchar la gran investigación que hicimos”, afirmó Morán.

Los fiscales Mateo Castañeda y Walter Milla negaron rotundamente los dichos de Giannotti y le pidieron pruebas de sus denuncias. Castañeda además negó haber sido enviado a presionarla y dijo que era un psicosocial.

LAS CONSECUENCIAS
Las presuntas irregularidades denunciadas por Giselle Giannotti podrían provocar la anulación de parte de lo actuado en el juicio en su contra por interceptación telefónica y asociación ilícita.

¿Y la fiscal de la Nación?
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, no habría estado informada sobre el presunto accionar de los fiscales Mateo Castañeda y Walter Milla, según denuncia de Giannotti.

¿Qué dirá Javier Villa Stein?
En las próximas horas se espera un pronunciamiento público del Poder Judicial sobre las graves irregularidades detectadas en el proceso por ‘chuponeo’.
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EL COMERCIO ABRIL 13, 2010

Del Castillo volvió a negar participación en contratos petroleros

Respaldado por algunos miembros de su bancada aseguró que como primer ministro buscó inversiones pero no de manera irregular

“Rechazo toda vinculación con contratos petroleros (...) no he tenido participación, tal es así que en la investigación penal del juez Jorge Barreto no se hace referencia a mi persona (...) fui citado como testigo no como sospechoso ni nada que se le parezca”, señaló el secretario general del Apra, Jorge del Castillo.

De esta manera rechazó que durante su gestión como primer ministro haya presionado a las autoridades de Perú Petro o Petro Perú para favorecer a algún postor en la concesión de lotes petroleros. Esto en respuesta a una afirmación de la ex analista de BTR, Giselle Giannotti, quien ha dicho que existen audios que involucran a Del Castillo en el tema de los contratos petroleros, aunque no dijo de qué manera.

“Ya no estamos ante un video, ante un audio o testigo, estamos ante un dicho de una persona y no sabemos qué alcance tiene (...) la señora (Giannotti) no ha hecho ninguna imputación (contra mí)”, señaló Del Castillo en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de colegas de su bancada como Mercedes Cabanillas, Aurelio Pastor y Luciana León, cuyo padre Rómulo León está preso por este caso.

UNA SANA INTENCIÓN
En otro momento, sin precisar a qué tipo de negocios y a qué diálogos se refería, Del Castillo aseguró que durante su paso por el gabinete solo tuvo “la sana intención de participar en conversaciones que promovían la inversiones”.

El ex primer ministro también se sumó al pedido de su bancada a las autoridades judiciales para que hagan público todo el material incautado a BTR. “Lo importante es determinar quiénes pagaron el “chuponeo” para llegar a la verdad”, agregó Del Castillo, quien dijo estar a la orden de las autoridades judiciales.

Giselle Giannotti: "Los hijos de Nava le hacían los contratos al señor Canaán"

Analista de BTR también reiteró que han desaparecido audios que vinculan a Jorge Del Castillo con contratos petroleros

La analista de Business Track, Giselle Giannotti, hizo algunas precisiones sobre el audio difundido ayer por Radio Capital, en el que supuestamente se le escucha decir que el secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava, se reunía en el sauna “Palace” con miembros de la familia Sánchez Paredes, investigados por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

“Yo no digo (en el audio) que el señor Nava estaba en el sauna y que yo tenía las grabaciones del “Palace”. Como yo trabajaba con varias unidades de investigación ellos tenían información de que los Sánchez Paredes despachaban en ese sauna (...) lo que sí he dicho es que los hijos del señor Nava eran los que le hacían los contratos al señor (Fortunato) Canaán, eso sí lo he dicho”, mencionó en entrevista a Radio Programas.

Sin embargo, precisó que estas declaraciones las hizo durante un interrogatorio policial, poco después de su detención, y sin la presencia de un fiscal y de su abogado, por lo que consideró que se trató de una diligencia ilegal. Sobre este audio también dijo que había sido extorsionada por personas vinculadas a la Dirandro para que este material no sea difundido. “Me pedían 10 mil dólares para no propalarlo, estoy harta y eso no puede seguir”, dijo sin revelar las identidades de sus presuntos extorsionadores.

AUDIOS DESAPARECIDOS
En otro momento Giannotti confirmó que ayer durante su declaración ampliatoria a la jueza María Martínez señaló que los archivos relacionados a los ex ministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca han desaparecido de los USB que le incautaron. Es más, dijo que sus USB ya no estaban en poder de la jueza.

Sobre el contenido de dichos archivos comentó que estaban referidos a temas como el Banco Azteca, los aranceles, la construcción de hospitales y los contratos de petróleo. Repitió que Del Castillo estaba involucrado en conversaciones referidas al petróleo y Garrido Lecca en el tema de la construcción de hospitales. “No era mi trabajo analizar el contenido de lo que conversaban”, agregó sin dar más detalles. En su momento, Del Castillo rechazó estas imputaciones.

“¿Y LOS FUNCIONARIOS?”
Giannotti también se quejó de que hasta ahora ningún funcionario del Gobierno se haya visto afectado. “Todos los periodistas que participaron en esta investigación hoy están sin trabajo y el único que está preso es el lobbista, y los funcionarios de gobierno implicados están libres y sabe Dios cometiendo los mismos delitos”, se quejó sin dar nombres.

Según comentó, a ella no le beneficia en nada decir quiénes estaban o no en los audios. “Del Castillo ha dicho que quiero embarrarlo (...) para mí ha sido una sorpresa encontrarme con archivos que tenían su nombre”, refirió.

Aunque no se le preguntó, Giannotti también descartó que ella haya visto archivos que contengan los nombres del presidente Alan García y su familia, de fiscales, jueces, del ministro Rafael Rey o del ex ministro Ántero Flores-Aráoz.
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PERU 21 ABRIL 13, 2010

Giannotti compromete a Luis Nava
En 2009 vinculó a secretario de la Presidencia con el clan Sánchez Paredes. Ayer reiteró que borraron de los USB archivos de Del Castillo y de Garrido Lecca.

La difusión ayer, en el último día de la investigación por el caso Business Track (BTR), de un audio grabado durante su permanencia en la Dircote fue el corolario de una semana en la que Giselle Giannotti denunció presiones fiscales, amenazas y el borrado de archivos. ¿Pura coincidencia o deseo de contar la verdad?

Ayer, en Radio Capital, se difundió el audio en el que se le escucha a Giselle Giannotti conversando –según se dijo– con los agentes de la Dircote que, en enero de 2009, revisaban algunos de los soportes digitales (USB, discos duros, etc.) que se le habían incautado al ser detenida como parte de la organización criminal dedicada al espionaje.

En el audio se escucha a Giannotti vinculando a Luis Nava, secretario general de la Presidencia de la República, con el clan Sánchez Paredes, acusados actualmente por narcotráfico y lavado de dinero.

“Estos hijos (de Nava) son los que hacían todos los documentos y, además, Nava acompañaba a (Rómulo) León a Petroperú. Nava está hasta el cuello”, refería la analista de Business Track, quien también reveló que las reuniones entre el hoy funcionario de Palacio de Gobierno y los Sánchez Paredes se realizaban en el Sauna Palace. “Ustedes deberían poner un micrófono en ese sauna. Allí se reúnen, todos los viernes despachan sus negocios”, le aconsejaba Giannotti a la Policía.

Minutos después, a través de una llamada telefónica a la radio, Nava desmintió la versión de Giannotti: “Al Sauna Palace no voy hace 20 años, y puedo decir lo mismo de mis hijos. No me he reunido con los Sánchez Paredes, y mis hijos tampoco han tenido contacto con ellos”, manifestó, aunque olvidó la relación comercial que tuvo, en 2003, la empresa de uno de sus hijos con ese clan (ver recuadro).

¿ESTRATEGIA? Si bien en su solicitud a la jueza María Martínez para ampliar su declaración, Giannotti dijo que había recibido presiones de los fiscales Walter Milla y Mateo Castañeda, en la diligencia de ayer no pronunció una sola palabra sobre el tema.

Fuentes de la Fiscalía consideraron que, con su denuncia pública, Giannotti pretende desvirtuar las investigaciones y ganar tiempo para encubrir a los clientes de BTR, cuyos nombres se encontrarían en los USB incautados. “Tiene que responder por sus delitos, no se puede creer en sus dichos. ¿Cuál es su intención? Traerse abajo el proceso y encubrir a quienes contrataron a la empresa, esto es un psicosocial”, refirió la fuente. Consultado el abogado de Giannotti, José Urquizo, rechazó estas apreciaciones y desmintió la existencia de cualquier documento que comprometería a los clientes de BTR.

‘DELETE’. . Aun cuando Giannotti reiteró ayer, ante la jueza, su denuncia sobre el borrado de los archivos que implicarían a Jorge del Castillo y a Hernán Garrido Lecca, no precisó si eran de audio, correos, etc. Además, afirmó que desconoce el contenido de los mismos pues “yo no revisaba los contenidos, solo la autenticidad de los archivos”.

Pese a todo, la investigación ya culminó y mañana se remitiría el expediente a la Fiscalía para el dictamen respectivo. Trascendió que el Ministerio Público evalúa pedir una nueva ampliación del caso.
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LA REPUBLICA ABRIL 10, 2010

(Por si acaso, esto ya se lo conté antes)
Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El gran faenón es el encubrimiento de los petroaudios.

Todos los días intento –seguramente con muy poco éxito, aunque les aseguro que, al menos, hago mi mejor esfuerzo– escribir esta columna con algún enfoque original que impida que se me aburra el lector que tiene la generosidad de leerla regularmente.

Pero hoy debo empezar ofreciendo disculpas porque no va a ser así. Requerido, como estoy, de escribir con frecuencia sobre el tema político del día, debo reconocer ante el lector que se me están acabando los giros para contarle, de un modo diferente, lo que le vengo diciendo desde hace año y medio: la investigación judicial sobre los petroaudios es una estafa.

Cada día que pasa se constata que el ‘gran faenón’ del segundo gobierno del presidente Alan García no fue el de Rómulo León, Alberto Químper, Fortunato Canaán y todos los políticos, funcionarios y empresarios a los que vincularon, sino que el gran faenón, decía, fue el operativo diseñado poco después del destape periodístico, en octubre del año 2008, apenas dejaron de estar pálidos en el gobierno, con el objetivo de encubrir a los verdaderos responsables.

El presidente del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación protagonizan en estos días una confrontación abierta sobre las responsabilidades institucionales en torno a la manipulación de los USB incautados a BTR que este diario ha calificado como un ‘gran bonetón” que desprestigia severamente la confianza ciudadana en las entidades que administran justicia en el país.

Pero, a pesar de su sonado pleito, Javier Villa Stein y Gladys Echaíz coinciden en que las pruebas han sido adulteradas. Parece que el cambiazo ocurrió en el Poder Judicial. La gravedad de la situación se resume en lo dicho por la Fiscal de la Nación: “Yo creo que se está trabajando para los procesados”.

Pero al margen de las confusiones que algunos promueven, lo cierto es que al Perú llegó, durante el segundo gobierno del presidente Alan García, un pirata dominicano que, camuflado de empresario, tuvo la intención de desarrollar negociados en una diversidad de sectores, para lo cual contó, como cicerone, con un ex ministro aprista que le abrió todas las puertas gubernamentales y coordinó gestiones para que el entonces premier, medio gabinete, los secretarios de Palacio, y varios empresarios encopetados, entre muchos otros, desfilaran por la suite del pirata dominicano, dejando el rastro chuponeado por una compañía manejada por unos amigos del vicepresidente, la cual actúa en este giro delincuencial desde hace mucho tiempo y posee una sólida conexión con algunos sectores de peso del Apra y del fujimorismo. Y disculpará el lector que esto ya se lo haya contado varias veces.
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EL COMERCIO MARZO 4, 2010

Editorial: Interceptación: Aún no sabemos quién fue el titiritero

Tras 16 meses, varias ampliaciones y un gasto aproximado de $/. 250.000, la Comisión Luizar, encargada de investigar la ilegal interceptación, ha presentado un informe decepcionante y poco sólido, en medio de fuertes contradicciones

Jueves 04 de marzo de 2010 - 07:38 am
Las abiertas discrepancias ente sus miembros dieron lugar a más de un equívoco sobre cuál era el informe final. Los comisionados le deben al país una explicación adicional sobre por qué emitieron un informe que luego variaron, entre gallos y medianoche, retirando algunos nombres y párrafos, pero dejando algunas menciones aisladas e inconexas.

Todo ello evidencia la falta de consenso y de voluntad política para resolver la interrogante principal, aún no respondida: ¿Quiénes, cómo y para qué están detrás de esta maquinaria de interceptación que lesiona de una manera tan grave y escandalosa los derechos constitucionales a la privacidad y la intimidad para nefastos fines?

La comisión solo se ha limitado a recoger algunos hechos fácticos, evidencias sueltas y testimonios de varios personajes mencionados en las denuncias iniciales de los “petroaudios” y de otros más mediáticos vinculados a la política, como la ex presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas. Se señala también que algunas personas interrogadas habrían entrado en contradicciones, pero no se arriba a conclusiones certeras sobre la red de espionaje y el titiritero que la maneja.

Esto es un duro revés para la lucha anticorrupción y la restauración ética y moral de la nación.

Desde el primer momento, cuando se reveló el contenido de las conversaciones entre el ex ministro aprista Rómulo León Alegría con Alberto Quimper y otros, comentando lo que sería un esquema de tráfico de influencias en algunas concesiones petroleras, hicimos desde El Comercio un deslinde fundamental, sobre todo en vista de que seguían filtrándose a la prensa tanto audios como correos electrónicos de fuente anónima, con incierta veracidad y respondiendo a agenda propia desconocida.

Subrayamos entonces la urgencia de investigar toda forma de corrupción pública o privada y de establecer las sanciones más ejemplares posibles. Pero, hacíamos hincapié en que ello no podía desviar al Gobierno ni a la prensa del afán prioritario de develar el misterio de quiénes son los interceptadores, más aun cuando todo apuntaba a una red amplia, sofisticada y costosa. La premisa básica es que tan delincuente y corrupto es el que coimea para contratar con el Estado como el que tolera y hace eco cómplice de lo que le alcanzan los mafiosos “chuponeadores”, muchas veces para protervos fines de extorsión.

En todo caso, corresponde al pleno parlamentario evaluar objetivamente tanto el informe final de la Comisión Luizar, como los informes en minoría. Pero no podemos ser optimistas, pues, como hemos visto ya, muchas veces los intereses político-partidarios se imponen de modo absurdo y enervante sobre el interés real de la nación. Recordemos el fracaso estrepitoso de la Comisión Abugattas que terminó sin resultados, sin pena ni gloria, su encargo de investigar los “petroaudios”, con algunos de sus integrantes criticados por su endeblez ética.

El caso de la interceptación telefónica y la lucha contra la corrupción sigue poniendo a prueba a nuestras instituciones llamadas a defender la democracia tanto de los corruptos que roban y medran del Estado, cuanto de aquellos delincuentes que pervierten la garantía constitucional a la privacidad de las comunicaciones. El Poder Judicial continúa también en deuda con el país, pues hasta ahora siguen dando sospechosas largas al caso del “chuponeo”, a la espera de no se sabe qué, mientras la impunidad sigue campeando.
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EL COMERCIO MARZO 1, 2010

Informe final sobre ‘chuponeo’ telefónico acordó que Francis Allison incurrió en lavado de activos

El titular de la comisión investigadora, el congresista Oswaldo Luízar, anunció que el presidente regional del Callao, Alex Kouri, tendría nivel de participación

La comisión parlamentaria sobre las supuestas interceptaciones telefónicas aprobó por mayoría su informe final. Según adelantó el presidente del grupo legislativo, Oswaldo Luízar, los alcances del informe serían dados a conocer mañana, martes, en conferencia de prensa.

Sin embargo, indicó que el documento hace mención a la presunta participación del presidente de la Región Callao, Alex Kouri, y el ex ministro de Vivienda, Francis Allison.

Sobre el candidato a la Alcaldía de Lima, Oswaldo Luízar consideró que “está claro que había un nivel de participación en el gobierno regional anterior”.

En el caso de Francis Allison, anotó que el documento sobre el caso de “chuponeo” telefónico se ha derivado al Ministerio Público por tratarse de lavado de un presunto activos.

En diálogo con la prensa, el legislador dijo que en el caso del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, también sería derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Al término de la sesión reservada de hoy, Luízar informó que en la votación del informe hubo dos votos en contra, dos a favor y una abstención, por lo que él, en su calidad de presidente, tuvo que hacer uso del voto dirimente.

El congresista indicó que los congresistas José Vargas (Apra) y Walter Menchola (AN) votaron en contra, y él y Cayo Galindo (GPN) lo hicieron a favor, mientras que Víctor Sousa (GPF), se abstuvo.
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EL COMERCIO FEBRERO 27, 2010

Luego de 15 meses, comisión que investiga 'chuponeo' no tiene resultados

Según la mayoría del grupo, el documento tiene graves errores. Plazo se vence el lunes pero dudan que ese día pueda haber acuerdo

Por: Mario Mejía

Pese a las dos prórrogas que tuvo y los más de 15 meses que lleva trabajando, la comisión del Congreso que investiga la interceptación telefónica todavía no tiene resultados. Su plazo se vence pasado mañana, 1 de marzo, pero ayer no pudo votar el informe final, pues se originó un entrampamiento debido a que —según la mayoría de sus miembros— el documento adolecía de graves errores.

El documento de más de 200 páginas contenía —según los congresistas Walter Menchola y Rolando Sousa— muchas inexactitudes que obligaban a realizar correcciones. Por ejemplo se incluía en el informe al congresista José Carrasco Távara como proveedor de la empresa Petrotech, cuando en realidad solo había sido un cliente. Por ello, Menchola, Sousa y Cayo Galindo se abstuvieron, mientras que Oswaldo Luizar votó a favor y José Vargas en contra.

En el interior de este grupo de trabajo, también conocido como Comisión Luizar, se criticó el hecho de que el borrador del informe final se haya filtrado a la prensa. “Eso es gravísimo”, dijo Menchola, tras anunciar que solicitará que el procurador del Congreso investigue y denuncie a quien haya sacado ese documento reservado.

Según el documento difundido en el programa “Prensa Libre”, habría serios indicios de que la empresa BTR “chuponeó” en el Congreso cuando Mercedes Cabanillas ocupaba la presidencia. La parlamentaria niega que haya habido interceptación telefónica en el Congreso y pone como pruebas los informes de los dos barridos electrónicos que se hicieron y que concluyeron en que nadie había penetrado la central telefónica del Parlamento.

En el informe propalado también se decía que desde el teléfono de Elías Ponce Feijoo, jefe de BTR, se habían hecho 152 llamadas al congresista Luis Giampietri y 124 a Mercedes Cabanillas. El también vicepresidente de la República rechazó las insinuaciones de que eso podía relacionarlo con los “chuponeadores”. “Esas llamadas no me comprometen de ninguna manera. Además quién dice que estábamos hablando de temas de “chuponeo”; eso es una difamación”, sostuvo.

Para el congresista Sousa se han hecho muchas acusaciones, pero en realidad no se podrá cumplir con los objetivos de la comisión. “No se ha llegado a determinar quiénes son los que financiaban el “chuponeo”, ni quiénes eran los que interceptaban, ni quiénes eran los que vendían la información ni tampoco quiénes utilizaron esa información”. Sousa responsabiliza en gran parte al Poder Judicial por no haber entregado los audios del caso BTR. Javier Villa Stein ofreció ese material, pero nunca lo entregó.

En opinión de Luizar sí se logró avanzar en la investigación y se consiguió cumplir con los objetivos. Vargas tampoco cree que se hayan alcanzado las metas. Lo cierto es que todavía no hay informe final. La comisión volverá a reunirse para aprobar sus resultados.

CRONOLOGÍA
[4/11/2008] Oswaldo Luizar es nombrado presidente de la comisión encargada de investigar durante 60 días la red de interceptación telefónica o “chuponeo”.

[18/12/2008] El Pleno del Congreso autoriza ampliar a 90 días el plazo a la comisión para entregar sus conclusiones y recomendaciones.

[2/1/2009] El grupo de trabajo pide otra ampliación de tres meses para terminar sus investigaciones.

[27/5/2009] El Congreso amplía por 180 días el plazo para que la comisión entregue el informe final.

[5/1/2010] La comisión halla indicios de tráfico de influencias.
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PERU 21 FEBRERO 1, 2010

Caso 'petroaudios': nuevos audios y correos comprometen a Lily Lemasters

La traductora jugó un rol clave durante la negociación de la concesión de lotes petroleros a favor de Discover Petroleum.

Lily Lemasters habría dicho que César Gutiérrez sería fácil de convencer para los intereses de DPI. (Cuarto Poder)
Un nuevo giro podría tomar el escándalo de los “petroaudios’ tras haberse confirmado, con nuevas evidencias, que Lily Lemasters jugó un rol clave durante el proceso de negociación de la concesión de lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI).

Según los nuevos audios y correos de implicados en este caso, difundidos por El Comercio y el programa Cuarto Poder de América Televisión, Lemasters habría dicho que César Gutiérrez, entonces presidente de Petróperú, sería “fácil” de convencer para los intereses de DPI. Los informes dejan en evidencia también que la traductora conocía desde mucho antes al abogado Alberto Quimper pese a que dijo lo contrario ante el juez.

Por la noche, en Punto Final, Lemasters, desde Beverly Hills, y Gutiérrez (en el set) calificaron de falsos algunos e-mails y denunciaron que había una “mano negra” para desprestigiarlos, por lo que solicitaron un peritaje internacional a los correos.
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EL COMERCIO ENERO 21, 2010

La Sunat pidió levantar secreto bancario de Rómulo León por desbalance patrimonial

13:45 | Se indicó que el ex ministro aprista declaró el 2008 ingresos por 165 mil soles, pero hizo transacciones el mismo año por un monto de 870 mil soles.

Por Alonso Ramos

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) demandó al Poder Judicial (PJ) ordenar el levantamiento del secreto bancario y la reserva bursátil del ex ministro aprista Rómulo León Alegría, uno de los personajes más comprometidos dentro del Caso “Petroaudios”, por un presunto desbalance patrimonial.

El documento, enviado a mesa de partes del PJ el 14 de enero y al que tuvo acceso elcomercio.pe, indica que León Alegría declaró en el 2008 la suma de S/.165.071, lo que no condice con las operaciones bancarias que realizó ese mismo año de un monto de S/.870 mil y que no fueron registradas en su declaración de Impuesto a la Renta.

En ese sentido, la División de Auditoría de Intendencia Regional de la Sunat Lima, a cargo Giovanna Fernández Velazco, solicitó conocer los ingresos de León Alegría de enero a diciembre del 2008, “así como sus operaciones en bolsa”.

LAS OPERACIONES
Al respecto, dicha división demandó también saber los estados de cuenta por depósitos de ahorro en cuenta corriente, las repatraciones de moneda extranjera en el Perú, transferencias y remesas realizadas por León Alegría.

“En general, todas aquellas operaciones y servicios no señalados anteriormente que representan para el cliente adquisición de derechos”, se agrega.

“NO JUSTIFICADO”
El informe de la Sunat indica también que en su declaración jurada del 2007 se determinó que León Alegría tuvo un “incremento patrimonial no justificado”.

En general, según la Sunat, León declaró sus ingresos en los años 1992, 1996, 2007 y 2008.

“Rómulo León está inscrito en el Registro Único de Contribuyentes como persona natural sin negocio, afecto a renta de cuarta categoría”, dice una parte del escrito presentado ante el juzgado de turno.

León Alegría se encuentra actualmente recluido en el Penal Para Reos Primarios, ex San Jorge, al ser involucrado en la presunta irregular concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum International realizada en setiembre, precisamente, del 2008.
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EL COMERCIO ENERO 19, 2010

Petroamor: César Gutiérrez y Lily Lemasters se casarán en Beverly Hills

0:15 | De jurel pasó a caviar, aseguró la ex traductora de Discover aludiendo a la antigua novia del procesado ex jefe de Petroperú, quien lo denunció por coimas

El procesado ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, y la ex traductora de Discover Petroleum, Lily Lemasters, anunciaron que contraerán nupcias a fines de este año en Beverly Hills.

Lemasters, quien fuera también compañera sentimental del preso Rómulo León, enseñó incluso el anillo de compromiso de oro blanco adquirido por Gutiérrez en la famosa casa de joyas Tiffanys, y que está valorizado en varios miles de dólares.

“Mi vestido (de novia) no será el tradicional, será elegante y sexy … definitivamente usaré minifalda”, reveló en el programa de TV “Enemigos Íntimos”.

“DE JUREL PASÓ A CAVIAR”, DIJO LEMASTERS
Gutiérrez aseguró que la relación sentimental entre ambos se cultivó a través del hilo telefónico. Fue un amor por Nextel, precisó y reveló que de cariño le dice a Lemasters “caviarcito”.

De jurel pasó a caviar, dijo Lemasters aludiendo a Marta Silva, la ex novia de Gutiérrez que lo denunció por actos de corrupción.

Como se recuerda, Petroperú adjudicó 5 lotes petroleros en la selva peruana a Discover Petroleum pero el proceso se truncó cuanto estalló el escándalo de los petroaudios, que derivó en la caída del gabinete de Jorge del Castillo y que mandó a la cárcel al ex ministro aprista Rómulo León.
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LA REPUBLICA ENERO 13, 2010

Al servicio del mejor (im) postor
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El caso de los petroaudios va camino a quedar en nada.

No debiera sorprender a nadie porque es la crónica de una liberación anunciada: a Rómulo León y Alberto Químper, al igual que a la muchachada de Business Track, los van a soltar pronto en el marco del mejor ‘faenón’ del gobierno: la desactivación de toda implicancia política y penal de los ‘petroaudios’.

Como se comentó en este espacio hace más de dos semanas, aprovechando el descuido tradicional por la Navidad, entre regalos, cohetones y pavos, el juez anticorrupción Jorge Barreto decidió, el 22 de diciembre, que los petroaudios no se consideren en la investigación judicial porque su obtención se hizo de manera ilícita, por lo que solo se usarían los testimonios de los 16 implicados que –ironías de la vida– ya han negado haber conocido o cometido cualquier acto ilegal.

También se han agregado nuevos peritajes que mellan los informes de la Contraloría sobre la concesión de lotes a favor de Discover Petroleum que sustentaron la acusación planteada por el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos.

Aunque la tercera sala anticorrupción determinó luego que dichos informes sí se deben incorporar en la investigación, habría que ser ingenuo para no darse cuenta de la fuerte presión para crear las condiciones para la desactivación de toda implicancia política y penal por el caso más grave de corrupción en lo que va del segundo gobierno del presidente Alan García.

Seguramente ahora el gobierno soltará a ministros, congresistas y ayayeros a proclamar que es una decisión autónoma de la justicia que se debe respetar, y pobre del que insinúe alguna influencia indebida para concretar este enjuague judicial que es tan grave como la misma red de corrupción que, con la complicidad de tanta gente importante del gobierno, tejió el pirata dominicano en la suite del hotel.

Ahora solo faltaría una ‘encuesta bamba’ de la ‘RIP’ (red de informática del PAP) que concluya que el 75% cree que los petroaudios fueron una invención periodística para perjudicar al presidente García y detener la marcha hacia el primer mundo en la que nos ha colocado. Y listo el pollo, y a otra cosa mariposa.

¿Le sorprende todo lo que está ocurriendo? Después del milagro realizado por el presidente San Alan García con el indulto a José Enrique Crousillat, el cual no sólo otorgó libertad instantánea sino sanación inmediata, es difícil que algo pueda sorprender pues ahora es claro que todo es posible en la dimensión (des) conocida de un gobierno sin compromisos básicos con la ética en la gestión pública y la lucha anticorrupción. Provecho, señores, y listos para el siguiente faenón.
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PERU 21 ENERO 13, 2010

Muerte anunciada de un caso emblemático
Autor: Fritz Du Bois

La investigación judicial del mayor escándalo político de este gobierno –el caso de los 'petroaudios’– da la impresión de estar rumbo al tacho, destino que muchos le pronosticaron desde el inicio del proceso.

En todo momento, el juez asignado al caso ha hecho lo imposible por empantanarlo. En primer lugar, nunca se dedico a él en exclusividad, pese a ser un proceso tan sonado. Luego trabajó a paso de tortuga y se quejó, en todo momento, de la falta de recursos. Posteriormente, descartó los informes emitidos por la Contraloría mandando a hacer uno por peritos de su propia elección. En el camino también se las ingenió para invalidar a los propios audios como evidencia en el caso.

Luego de ello, no ha sido sorpresa que los peritos seleccionados no hayan encontrado nada de malo en el supuesto negociado, con lo cual el caso parecía haber colapsado. Es claro que el juez ha venido metódicamente cumpliendo la instrucción que le han dado, asegurándose de que no haya ningún condenado.

Felizmente, cuando todo parecía perdido, el tribunal anticorrupción le ha enmendado la plana al juez obligándolo a considerar el informe de Contraloría y resucitando con ello el proceso. Ojalá que, en esta ocasión, esta nueva llamada de atención, a diferencia de la anterior, vaya acompañada de una fiscalización más estrecha por parte de las autoridades judiciales al trabajo del magistrado. Porque, con la falta de progreso en este caso emblemático, se está confirmando que en el Poder Judicial nada ha cambiado.

Peor aún, como está marchando el proceso hasta la fecha, el resultado será que los políticos involucrados seguirán sin ser sancionados, mientras que los únicos que parecen destinados a estar apresados por un periodo largo son los operadores de los audios. Con lo cual parecería, más bien, que los compañeros que tuvieron que renunciar al poder estarían siendo vengados.

Por otro lado, después de los grotescos y groseros diálogos del faenón que todo el país escuchó, si el caso de los 'petroaudios’ es burdamente encarpetado, le va a ser casi imposible a la clase política, así como a la justicia, recuperar la confianza de la población. Es, por tanto, fundamental para que el sistema recobre credibilidad que la resolución que emane de la investigación esté sólidamente sustentada y no esté basada en tinterilladas.
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PERU 21 ENERO 12, 2010

‘Petroaudios’: La investigación judicial se desploma

Luego de anular el informe de la Contraloría y la validez de los audios, ahora no encuentran irregularidades en la concesión de lotes petroleros.

Por Zarella Sierra Peralta

Quince meses después de que se difundieran los audios que revelaban los supuestos negociados entre el ex ministro del primer gobierno aprista Rómulo León Alegría y el ex directivo de Perupetro Alberto Quimper, todo parece indicar que el proceso judicial abierto por lo que se considera el mayor escándalo político del gobierno de Alan García se desplomará sin mayores consecuencias legales ni penales.

La resolución emitida el 22 de diciembre por el juez anticorrupción Jorge Barreto –que declaró la nulidad de los llamados ’petroaudios’ por considerar que estos son pruebas ilícitas que transgreden los derechos constitucionales de los “chuponeados’ – ya había dejado sin sustento documentario el expediente judicial.

Actualmente este documento solo se basa en las declaraciones testimoniales de los más de 16 implicados quienes, como es obvio, han negado haber cometido o conocido cualquier acto ilegal en el proceso de concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum International (DPI) por parte de Perupetro.

Pero el caso se agrava aún más. Fuentes judiciales informaron a Perú.21 que el peritaje encargado a dos peritos contables para que analizaran el proceso de concesión no ha arribado a las mismas conclusiones a las que llegó la Contraloría General de la República en octubre y noviembre de 2008, y que fueron sustento de la denuncia planteada por el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos. En marzo de 2009, los informes de la Contraloría fueron declarados injustificadamente nulos por el juez Barreto.

¿NO PASÓ NADA? Según refirieron las fuentes consultadas, una de las conclusiones a las que habrían arribado los peritos señala que las modificaciones de las bases del proceso de licitación –que, de acuerdo con los informes de Contraloría, se realizaron para favorecer irregularmente a la empresa Discover Petroleum– no presentan ninguna irregularidad.

“En las próximas semanas, el informe podría estar en manos del juez. Hasta el momento no se ha encontrado irregularidades en el proceso de concesión. Las modificaciones que se plantearon no están fuera de las normas establecidas”, explicó una fuente consultada por este diario.

Asimismo, aunque la Contraloría sostuvo que Petroperú se perjudicó al aliarse con Discover Petroleum, trascendió que esta conclusión sería refutada por el peritaje realizado a pedido del juzgado. Se supo que se consideraría que la empresa peruana jugó a seguro al no invertir capital y al haber negociado un buen porcentaje de las ganancias que podría conseguir Discover Petroleum con la explotación de los lotes petroleros.

Así las cosas, mientras los peritos contables continúan afinando el examen para el cual fueron contratados y convocados por el Tercer Juzgado Anticorrupción, las diligencias a nivel judicial van llegando a su parte final. Para el análisis pericial, los expertos convocados tienen a la mano otros documentos que envió la Contraloría al Juzgado Anticorrupción (no los informes de auditoría), así como los que remitieron Petroperú y Perupetro.

COROLARIO. Por lo expuesto, todo indica que el caso ’petroaudios’, que motivó la caída del gabinete ministerial de Jorge del Castillo, sería archivado. Las pruebas que fueron adjuntadas en la denuncia fiscal y aceptadas, en su momento, por el juez Jorge Barreto han sido, una a una, desvirtuadas y anuladas por el mismo magistrado, que solo espera el informe pericial para emitir su opinión final.

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