EXPRESO ENERO 19, 2009
Estado espera cobrar deuda de cadena hotelera
Codisa se resiste a pagar e incluso desde el 2005 adeuda impuesto predial ni agua en Áncash por sus dos hoteles.
Los errores se pagan caro y en el mundo de los negocios ese dicho popular cobra más fuerza. Y es que la Compañía Distribuidora S.A. (Codisa) confundió o tal vez confío en demasía que la administración de tiendas de abarrotes podría ser similar al de los hoteles. Ahora adeuda al Estado más de US$ 50 millones.
De propiedad de los esposos chimbotanos Rogelio Román Grados García y Violeta Valderrama, Codisa es una empresa –creada en la época del primer gobierno aprista– que se dedicaba a la venta, muy rentable, de abarrotes al por mayor. “Así es como hicieron mucho dinero en esa época en la que recordemos no había arroz y azúcar, y luego se vendían a precios más altos”, explicó una fuente a EXPRESO.
Luego de unos años de recibir dividendos de ese próspero negocio, los esposos decidieron en 1995 ingresar al mundo de los hoteles. Así, un 5 de julio de ese año, en el proceso de privatización, adquirieron cinco hoteles ubicados en Ica (Ica), Huaraz, Monterrey, Chimbote (Áncash) e Iquitos (Loreto), entonces propiedad de la desaparecida Empresa Nacional de Turismo (EnturPerú).
El valor de esos hoteles ascendía a US$ 11 millones. De acuerdo al Programa de Promoción Empresarial (PPE) por el que adquirieron esos inmuebles, debieron pagar el 30% y el restante 70% en cuotas de cada seis meses durante cinco años. Codisa canceló sólo la cuota inicial en 1995, es decir el 30%. El resto no fue abonado.
Ahora la deuda sobrepasa los US$ 55 millones pues los US$ 11 millones se han convertido en US$ 19 millones por intereses. A esto se suman US$ 36 millones correspondientes a una penalidad por no realizar ninguna inversión tal como estaba pactado en el contrato.
Pronto desalojo
A través de diversos procesos judiciales, en 1997 la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) inició las acciones de cobranza; sin embargo, y a pesar de contar con una ejecución de garantías que ordenaba el remate de los inmuebles, una acción de amparo interpuesta por la empresa deudora paralizó la acción.
A la fecha, la cobranza junto con el contencioso judicial está en manos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), la misma que iniciará un juicio por desalojo a Codisa.
“Esperamos que Codisa no entrampe sus obligaciones mediante acciones de amparo que pueda obtener del Poder Judicial”, aseveró una fuente de esa institución a EXPRESO al tiempo de lamentar que los hoteles en mención se encuentren en estado calamitoso y sin ningún mantenimiento.
“Seguiremos los procedimientos legales que correspondan para el desalojo para su próxima nueva subasta, ya que el contrato ya ha sido resuelto el pasado 18 de diciembre porque llevamos siete años de juicios con ellos", afirmó.
No paga agua ni impuestos
El alcalde de Independencia en Áncash, Gregorio Mezarina, denunció que desde 2005 la empresa Codisa no paga impuesto predial ni agua por los hoteles que poseen en esa jurisdicción.
“Le hicimos juicio pero increíblemente lo perdimos, todo por culpa del Poder Judicial que es muy corrupto. Esa situación nos quita el interés de seguir el curso del proceso judicial”, anotó.
PAOLA PLACIDO SALAS
El dato
El Programa de Promoción Empresarial (PPE) fue creado por la Comisión de Promoción Privada (Copri) para que las empresas peruanas –preferentemente medianas– compren activos estatales, debido a que la mayor parte de ellos habían sido adquiridos por firmas extranjeras o grandes empresas.
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CORREO DICIEMBRE 30, 2008
CODISA ADQUIRIO ALOJAMIENTOS EN 1995 Y SOLO CANCELO LA TERCERA PARTE
Empresa burla al Estado y no le paga 5 hoteles de turistas
Eran los hoteles más emblemáticos del país y, en muchos casos, los de mejor infraestructura, atención y buen gusto, pero el Estado decidió venderlos a inicio de la década del 90 y obtener un doble beneficio: desprenderse de un negocio que no sabía administrar y obtener divisas para el país. Lo primero se cumplió, lo segundo, en lo absoluto.
Y es que reconocer las deudas es una premisa que la Compañía Distribuidora S.A. (Codisa), que adquirió cinco hoteles de turistas en cuatro regiones del país a través de una licitación estatal, no está dispuesta a asumir.
En efecto, durante el boom privatizador de inicios de los 90 se vendieron numerosas empresas estatales de diversos tamaños. Como parte de estas transacciones se licitó un paquete de hoteles de turistas, de los cuales cinco estaban ubicados en Huaraz, Monterrey, Ica, Chimbote e Iquitos.
Sin embargo, esta venta no tuvo un desenlace feliz para el Estado porque una empresa, Codisa, nunca canceló la deuda dentro del plazo establecido y ahora entrampa sus obligaciones ante un Poder Judicial al que paraliza con sus acciones de amparo.
EL INICIO DE LA HISTORIA. Esta situación se remonta al 5 de julio de 1995, fecha en que se transfirieron los cinco hoteles –de propiedad de la desaparecida Enturperú– a la empresa que se adjudicó su compra.
Codisa debió pagar un total de 11 millones 300 mil dólares, pero de este monto sólo canceló la cuota inicial, ascendente a 3 millones 390 mil dólares, lo que le dejó una deuda de 7 millones 910 mil dólares. Actualmente -sumado el capital y los intereses, así como las penalidades estipuladas en el contrato- debe un total de 36 millones de dólares.
NO HONRÓ COMPROMISOS. El congresista Luis Gonzales Posada, miembro de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, informó a Correo que además de la deuda pendiente, Codisa se comprometió a mejorar y ampliar estas instalaciones, algo que nunca sucedió.
"Los hoteles están prácticamente abandonados, no se ha hecho ninguna mejora y la inversión prometida brilla por su ausencia", dijo.
El aprista considera que lo grave de esta situación es que Codisa se ha valido de subterfugios legales para evitar que el Estado le cobre.
"Hasta el momento hay once acciones de amparo que no permiten el cobro de la deuda. Es por esto que exhorto al Poder Judicial para que actúe diligentemente y no perjudique al Estado", enfatizó.
ENTRAMPAMIENTOS. Según un documento del Ministerio de Economía y Finanzas, en 1997 Cofide inició las acciones de cobranza contra Codisa, a través de diversos procesos judiciales.
En un momento obtuvo una ejecución de garantías que ordenó el remate de los inmuebles, pero éste fue suspendido por una acción de amparo interpuesta por la empresa deudora.
Luego, ProInversión tomó la posta de Cofide y se hizo cargo del contencioso judicial del Estado contra Codisa, pero hasta ahora no logra buenos resultados.
Serán nuevamente subastados
El viernes último, ProInversión resolvió el contrato de venta con Codisa. "Si bien la empresa canceló la inicial (equivalente al 30% del precio del hotel), no pagó la diferencia ni realizó las inversiones a las que se había comprometido, por lo que, tras un largo proceso, hemos decidido resolver el contrato y recuperar los hoteles para volverlos a vender", informó Dora Dulanto, asesora de la jefatura de contratos posprivatización de ProInversión. Según la funcionaria, la empresa se comprometió a pagar el 30% al momento de la adjudicación y el restante 70% lo iba a cancelar en cuotas semestrales durante cinco años hasta mayo del 2000. Sin embargo, Codisa incumplió el trato.
Además, Dulanto señaló que la mayoría de hoteles está en muy malas condiciones y algunos son utilizados como alojamientos de paso. Ahora, ProInversión espera que el Poder Judicial no obstaculice el proceso de devolución de los hoteles al Estado con el fin de que sean nuevamente subastados.
Isabel Zamora
izamora@epensa.com.pe
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