EXPRESO sábado 13 de abril de 2013
EL COMERCIO MARZO 9., 2013
El lunes 4 de marzo unos seis millones de estudiantes de todo el Perú iniciaron el año escolar. Este inicio fue acompañado por nuestro presidente, Ollanta Humala, quien realizó una teleconferencia con varios colegios interconectados. En ella aprovechó para repetir que “la educación pública puede ser tan competitiva como la privada”.
EL COMERCIO ENERO 26, 2013
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EL COMERCIO ENERO 12, 2013
Columna: PLANTEAMIENTOS Opiniónpágina 14
Preocupantes resultados de evaluación estudiantil
Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO
El pasado día 2 la ministra de Educación, Patricia Salas, presentó los resultados de la Evaluación Anual Censal de Estudiantes (ECE) 2012 en comprensión lectora (CL) y matemática (MAT) realizada el 4 y 5 de diciembre a 620 mil escolares de segundo grado de primaria de 28 mil instituciones educativas del área urbana y rural y de colegios públicos y privados, con la finalidad de conocer el nivel de logros en aprendizaje alcanzados durante el año.
Según la ministra “se ha empezado a mejorar desde abajo”,sin embargo, no se alcanzaron las metas previstas y las brechas de niveles de logro resultantes son muy preocupantes. Del 100% solo el 30.9% (meta prevista 33%) alcanzó el nivel satisfactorio logrando aprender lo esperado al finalizar el grado, pero el 69.1% restante presenta serias dificultades de CL (49.3% solo lee textos cortos, vocabulario sencillo y repite lo escrito, y 19.8% no comprende ni textos cortos), y asimismo, la brecha urbana y rural es muy crítica (37.5% a 7%.). En CL en castellano como segunda lengua para alumnos de cuarto grado intercultural bilingüe, solo 13.6% son satisfactorios, a pesar de haberse invertido un gran presupuesto.
En matemáticas es más grave, desde 2010 viene disminuyendo el nivel satisfactorio de alumnos que pueden resolver diversas situaciones matemáticas, de 13.8% el 2010, a 13.2% el 2011 y a 12.8% el 2012 (la meta prevista era 15.7%), y del restante 87.2%, el 49% resuelve solo situaciones sencillas y mecánicas, y el 38.2% prácticamente nada. Hay departamentos donde el nivel satisfactorio ni siquiera llega al 5% (Loreto 1.4%, Ayacucho 4.3%, Ucayali 4.4% y Huánuco 4.9%), y además, la brecha urbana y rural también es crítica (15.2% a 4.1%).
Bajo este panorama, los resultados expuestos desnudan la caótica realidad educativa de nuestra población infantil, lo cual redunda profundamente en el proceso de calidad de su periodo escolar y su desarrollo integral para su futuro. Por esta razón, en pruebas internacionales los resultados son pésimos e inconcebibles; en la última prueba PISA 2010 que intervinieron 7 mil estudiantes peruanos de los últimos grados de colegios públicos y privados, en el ranking general entre 65 países ocupamos el puesto 62° (CL 62°, MAT 60° y ciencias 63°). Es así que la meta del Ministerio de Educación para la ECE 2016 proyectando aumentar el nivel satisfactorio en CL del actual 30.9% a 55%, y en MAT de 12.8% a 35%, se avizora inalcanzable si no se produce un cambio radical en la política educativa nacional.
____________________________EL COMERCIO MARZO 9., 2013
(Editorial) Vale por un 20
Un poco de competencia les podría venir muy bien a las escuelas públicas
Lamentablemente, al menos en el país, tenemos a la fecha muy poca evidencia empírica para sustentar esta afirmación. Sin ir más lejos, muchos de los seis millones de alumnos que iniciaron clases en sus respectivas escuelas nacionales lo hicieron en colegios que pueden ser clausurados en cualquier momento por irregularidades tales como cobros dudosos de matrículas o el haber orientado la compra de útiles hacia marcas determinadas, entre otras. Únicamente en Lima son por lo menos 200 escuelas públicas –frente a 28 privadas– las que habrían incurrido en este tipo de irregularidades, según Marcos Tupayachi, el director regional de Educación.
En provincias, por su parte, la situación es especialmente grave. En Huaraz, por ejemplo, los alumnos del Colegio Nacional La Libertad tuvieron que iniciar el año en plena vía pública debido a las obras de remodelación de la institución; es más, según la Dirección Regional de Educación, un 30% de los 391.000 alumnos ancashinos no pudo empezar clases porque sus colegios presentaron deficiencias en su infraestructura. Y en Chiclayo, por solo citar otro ejemplo, el no en vano llamado “emblemático” colegio San José no pudo iniciar clases por falta de luz y agua.
Cualquier ejemplo que podamos dar, sin embargo, pierde relevancia frente al dato fundamental: si damos crédito a cualquiera de las mediciones serias que existen sobre la materia (incluyendo las internacionales), los alumnos de estos colegios saldrán de ellos pésimamente preparados.
En este contexto, manifestar a rajatabla que la educación pública puede ser tan competitiva como la privada resulta ingenuo (dicho esto siendo conscientes de que existen colegios privados de muy mala calidad).
No obstante lo anterior, si el presidente está convencido de lo que dice, tiene una gran ventaja: puede probarlo. Que ponga a competir directamente a los colegios públicos con los privados, dando la facultad a los padres de familia que hoy solo pueden acceder a los primeros de pagar los segundos. Se puede hacer, y de hecho se está haciendo en varios países como Suecia o, más cercanamente, Chile.
¿Cómo se hace? A través de un sistema de cupones. Es decir, entregando a los padres de familia vales que estos puedan usar para pagar, indistintamente, la matrícula de colegios públicos o la de colegios privados consorciados con el Estado para este efecto (de modo que luego puedan cambiar los cupones por dinero estatal). De esta forma se da a los padres que dependen de fondos públicos para educar a sus hijos una potestad básica que hasta hoy se les viene negando: la de elegir.
Se dirá que este sistema sería inaplicable en nuestro país en escenarios no urbanos, donde muchas veces los tamaños de los centros poblados y las distancias entre ellos hacen inviable que exista más de un centro educativo en cada una de ellos. Y es cierto que nuestro escenario rural no permitiría en gran número de casos establecer una competencia. Pero también lo es que, con un poco de creatividad, sí se puede aplicar a estos escenarios el mismo principio de que sean los padres de familia los que decidan cómo gastar mejor el dinero que el Estado destina para educar a sus hijos. Así lo ha demostrado, por ejemplo, el especialista León Trahtemberg: “[Si] el Estado le asignase a cada comunidad una suma por aula, digamos 10.000 dólares al año, que cubra todos los costos educacionales, y [de forma] que sea ella la que escoja a sus profesores, sistema de acompañantes, mejoramiento de la infraestructura, adquisición de materiales, vigilancia social, etc, [le daría] la autonomía para administrar sus necesidades educativas, permitiendo una diversificación entre colegios que el Estado es incapaz de hacer desde sus autoridades nacionales o regionales. Se acabarían los reclamos por falta de docentes, y el Estado cumpliría el precepto constitucional de otorgar obligatoriamente educación gratuita a todos los niños del Perú, cosa que hoy en día no hace con cientos de miles…”.
Por lo demás, es perfectamente posible que poner a competir a los colegios públicos con los privados acabe subiendo – ahí sí– la competitividad de los primeros. Eso pasó, por lo pronto, en Suecia, donde hay varios estudios que muestran cómo mejoraron los resultados escolares de las escuelas públicas luego de que se les pusiera a competir. Y es que si cada director y profesor de una escuela pública sabe que ya no tiene como cliente a un cautivo, sino a alguien que en cualquier momento puede optar por una alternativa diferente, y que el financiamiento de su colegio dependerá del número de cupones que reciba, otros son sus incentivos. De hecho, quién sabe si es que luego de un tiempo de esta competencia hasta podríamos acabar teniendo lo que a la fecha, comprensiblemente, no hemos podido ver: los hijos de un presidente matriculados en una escuela pública.
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En provincias, por su parte, la situación es especialmente grave. En Huaraz, por ejemplo, los alumnos del Colegio Nacional La Libertad tuvieron que iniciar el año en plena vía pública debido a las obras de remodelación de la institución; es más, según la Dirección Regional de Educación, un 30% de los 391.000 alumnos ancashinos no pudo empezar clases porque sus colegios presentaron deficiencias en su infraestructura. Y en Chiclayo, por solo citar otro ejemplo, el no en vano llamado “emblemático” colegio San José no pudo iniciar clases por falta de luz y agua.
Cualquier ejemplo que podamos dar, sin embargo, pierde relevancia frente al dato fundamental: si damos crédito a cualquiera de las mediciones serias que existen sobre la materia (incluyendo las internacionales), los alumnos de estos colegios saldrán de ellos pésimamente preparados.
En este contexto, manifestar a rajatabla que la educación pública puede ser tan competitiva como la privada resulta ingenuo (dicho esto siendo conscientes de que existen colegios privados de muy mala calidad).
No obstante lo anterior, si el presidente está convencido de lo que dice, tiene una gran ventaja: puede probarlo. Que ponga a competir directamente a los colegios públicos con los privados, dando la facultad a los padres de familia que hoy solo pueden acceder a los primeros de pagar los segundos. Se puede hacer, y de hecho se está haciendo en varios países como Suecia o, más cercanamente, Chile.
¿Cómo se hace? A través de un sistema de cupones. Es decir, entregando a los padres de familia vales que estos puedan usar para pagar, indistintamente, la matrícula de colegios públicos o la de colegios privados consorciados con el Estado para este efecto (de modo que luego puedan cambiar los cupones por dinero estatal). De esta forma se da a los padres que dependen de fondos públicos para educar a sus hijos una potestad básica que hasta hoy se les viene negando: la de elegir.
Se dirá que este sistema sería inaplicable en nuestro país en escenarios no urbanos, donde muchas veces los tamaños de los centros poblados y las distancias entre ellos hacen inviable que exista más de un centro educativo en cada una de ellos. Y es cierto que nuestro escenario rural no permitiría en gran número de casos establecer una competencia. Pero también lo es que, con un poco de creatividad, sí se puede aplicar a estos escenarios el mismo principio de que sean los padres de familia los que decidan cómo gastar mejor el dinero que el Estado destina para educar a sus hijos. Así lo ha demostrado, por ejemplo, el especialista León Trahtemberg: “[Si] el Estado le asignase a cada comunidad una suma por aula, digamos 10.000 dólares al año, que cubra todos los costos educacionales, y [de forma] que sea ella la que escoja a sus profesores, sistema de acompañantes, mejoramiento de la infraestructura, adquisición de materiales, vigilancia social, etc, [le daría] la autonomía para administrar sus necesidades educativas, permitiendo una diversificación entre colegios que el Estado es incapaz de hacer desde sus autoridades nacionales o regionales. Se acabarían los reclamos por falta de docentes, y el Estado cumpliría el precepto constitucional de otorgar obligatoriamente educación gratuita a todos los niños del Perú, cosa que hoy en día no hace con cientos de miles…”.
Por lo demás, es perfectamente posible que poner a competir a los colegios públicos con los privados acabe subiendo – ahí sí– la competitividad de los primeros. Eso pasó, por lo pronto, en Suecia, donde hay varios estudios que muestran cómo mejoraron los resultados escolares de las escuelas públicas luego de que se les pusiera a competir. Y es que si cada director y profesor de una escuela pública sabe que ya no tiene como cliente a un cautivo, sino a alguien que en cualquier momento puede optar por una alternativa diferente, y que el financiamiento de su colegio dependerá del número de cupones que reciba, otros son sus incentivos. De hecho, quién sabe si es que luego de un tiempo de esta competencia hasta podríamos acabar teniendo lo que a la fecha, comprensiblemente, no hemos podido ver: los hijos de un presidente matriculados en una escuela pública.
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(Editorial) Demuéstrenlo en la Cancha
Nada impide al Estado probar que su educación puede ser mejor que la privada
En medio de un discurso por la inauguración de un canal de riego dirigido a pequeños agricultores al norte de la capital, el presidente Humala reflexionó sobre la educación superior en nuestro país: “Antes, los colegios públicos eran mejores que los privados. ¿Qué pasó? Se privatizó la educación, las universidades se volvieron negocio. Tantas universidades-empresas con esa ley se volvieron negocios y ahora tenemos más universidades que países europeos. La solución no solamente es [el número de] la[s] universidad[es] sino la calidad de la enseñanza”.
Hay tantos problemas en este desborde de elocuencia presidencial que es difícil saber por dónde empezar. Si antes de que se multiplicara la creación de centros educativos (colegios y universidades) con fines de lucro la educación pública era mejor que la privada, ¿por qué esto tendría que haber cambiado después de este ‘boom’? ¿Tiene sentido que uno diga que los galgos eran más rápidos que los conejos hasta que hubo más conejos que galgos? ¿Cómo se supone que el número de conejos disminuye la velocidad de los galgos? ¿Acomplejándolos?
Por otro lado, el presidente parece querer decir que mientras que los fines altruistas del sector público ayudan a la calidad de la educación, el afán de lucro la perjudica (“¿Qué pasó? Se privatizó la educación […] se volvieron negocio”). Asume, por lo visto, que cuando las personas no pueden buscar su propio lucro (como sucede en el Estado), se dedican a buscar el beneficio de aquellos a quienes sirven. Los hombres, sin embargo, no se vuelven altruistas por algún efecto mágico al ser contratados por el Estado: lo que suelen volverse es desmotivados, al menos ahí donde no hay sistemas meritocráticos. Y para muestra, los patéticos resultados que año tras año arroja nuestra educación pública en todas las evaluaciones.
Conversamente, el presidente aparenta entender que si alguien presta un servicio por lucro, no se preocupará de la calidad del mismo. Pero, justamente, la gracia de los negocios es que en ellos los intereses de los empresarios están amarrados a los de sus clientes (los consumidores), pues son su única fuente de ingresos. Al menos ahí donde hay competencia, el dueño de un negocio – educativo o no– necesita ofrecerle a sus clientes una mejor combinación de calidad-precio que los demás para ganar dinero. Con lo que el hecho de que un servicio dado sea también un negocio es una buena –y no una mala– noticia para el interés de los consumidores.
Se dirá que si lo anterior fuese cierto, no sería posible que existiesen tantos centros educativos privados malos. Eso supondría, sin embargo, pasar por alto dos datos básicos. Que la calidad es la otra cara del precio (los buenos profesores, la buena infraestructura, la mejor investigación: todos valen más que sus contrarios) y que no todo el mundo puede pagar los costos de la mejor calidad. Por eso las empresas (también las educativas) compiten por nichos de diferentes poderes adquisitivos, y el mérito de esta competencia está en que fuerza a los empresarios a ser creativos para dar al consumidor de su nicho lo mejor posible a cambio del precio que paga.
¿Quiere esto decir que los pobres están condenados a tener solo diferentes niveles de una mala educación? En absoluto. O al menos no si es que el Estado cumpliese su función y diese una buena educación gratuita. Al fin y al cabo, el nicho de mercado por el que compiten las malas escuelas y universidades lo crea el Estado con la pésima calidad –con pocas excepciones– de su oferta educativa. Si esto no fuese así, las personas no escogerían pagar por los malos centros educativos privados, pudiendo ir a los gratuitos estatales. No en vano en Lima y en Arequipa, como lo ha mostrado León Trahtemberg, ya hay más alumnos inscritos en colegios privados que en los estatales.
Si el Estado cree que puede ofrecer mejor educacion que la privada, pues que lo demuestre en la cancha. De hecho, a todos nos convendría que eso se vuelva verdad: seríamos un país más justo. Pero la manera de lograrlo no es amarrando a los privados ni recortando su número, como el presidente parece pensar. Después de todo, “goles” son solo los que se meten cuando se tiene otro equipo al frente.
Hay tantos problemas en este desborde de elocuencia presidencial que es difícil saber por dónde empezar. Si antes de que se multiplicara la creación de centros educativos (colegios y universidades) con fines de lucro la educación pública era mejor que la privada, ¿por qué esto tendría que haber cambiado después de este ‘boom’? ¿Tiene sentido que uno diga que los galgos eran más rápidos que los conejos hasta que hubo más conejos que galgos? ¿Cómo se supone que el número de conejos disminuye la velocidad de los galgos? ¿Acomplejándolos?
Por otro lado, el presidente parece querer decir que mientras que los fines altruistas del sector público ayudan a la calidad de la educación, el afán de lucro la perjudica (“¿Qué pasó? Se privatizó la educación […] se volvieron negocio”). Asume, por lo visto, que cuando las personas no pueden buscar su propio lucro (como sucede en el Estado), se dedican a buscar el beneficio de aquellos a quienes sirven. Los hombres, sin embargo, no se vuelven altruistas por algún efecto mágico al ser contratados por el Estado: lo que suelen volverse es desmotivados, al menos ahí donde no hay sistemas meritocráticos. Y para muestra, los patéticos resultados que año tras año arroja nuestra educación pública en todas las evaluaciones.
Conversamente, el presidente aparenta entender que si alguien presta un servicio por lucro, no se preocupará de la calidad del mismo. Pero, justamente, la gracia de los negocios es que en ellos los intereses de los empresarios están amarrados a los de sus clientes (los consumidores), pues son su única fuente de ingresos. Al menos ahí donde hay competencia, el dueño de un negocio – educativo o no– necesita ofrecerle a sus clientes una mejor combinación de calidad-precio que los demás para ganar dinero. Con lo que el hecho de que un servicio dado sea también un negocio es una buena –y no una mala– noticia para el interés de los consumidores.
Se dirá que si lo anterior fuese cierto, no sería posible que existiesen tantos centros educativos privados malos. Eso supondría, sin embargo, pasar por alto dos datos básicos. Que la calidad es la otra cara del precio (los buenos profesores, la buena infraestructura, la mejor investigación: todos valen más que sus contrarios) y que no todo el mundo puede pagar los costos de la mejor calidad. Por eso las empresas (también las educativas) compiten por nichos de diferentes poderes adquisitivos, y el mérito de esta competencia está en que fuerza a los empresarios a ser creativos para dar al consumidor de su nicho lo mejor posible a cambio del precio que paga.
¿Quiere esto decir que los pobres están condenados a tener solo diferentes niveles de una mala educación? En absoluto. O al menos no si es que el Estado cumpliese su función y diese una buena educación gratuita. Al fin y al cabo, el nicho de mercado por el que compiten las malas escuelas y universidades lo crea el Estado con la pésima calidad –con pocas excepciones– de su oferta educativa. Si esto no fuese así, las personas no escogerían pagar por los malos centros educativos privados, pudiendo ir a los gratuitos estatales. No en vano en Lima y en Arequipa, como lo ha mostrado León Trahtemberg, ya hay más alumnos inscritos en colegios privados que en los estatales.
Si el Estado cree que puede ofrecer mejor educacion que la privada, pues que lo demuestre en la cancha. De hecho, a todos nos convendría que eso se vuelva verdad: seríamos un país más justo. Pero la manera de lograrlo no es amarrando a los privados ni recortando su número, como el presidente parece pensar. Después de todo, “goles” son solo los que se meten cuando se tiene otro equipo al frente.
EL COMERCIO ENERO 12, 2013
(Editorial) Normal y simple
Combatir la corrupción es un motivo más para apoyar la Ley de la Reforma Magisterial
(El Comercio)
El director regional de Educación del Gobierno Regional de Ayacucho, Guadalberto Aronés Infante, ha sido denunciado por la Procuraduría Regional Anticorrupción por haber inducido a una ex secretaria de la entidad a tener relaciones sexuales a cambio de renovar su contrato de trabajo. Entre las frases recogidas por la denuncia, que el acosador habría usado para convencer a su víctima, figura una particularmente significativa: “Es normal, es parte de la sociedad, es simple”.
Pese a su seriedad ética y penal, el asunto podría parecer circunstancial y, por tanto, irrelevante para un análisis más amplio. No obstante, la corrupción que muestra no es aislada, sino un elemento estructural del funcionamiento de buena porción de nuestro sistema educativo estatal. En otras palabras, el chantajista no habría estado tan lejos de la verdad al decir que “es normal, es parte de la sociedad, es simple”. Al menos en lo que respecta a su sector laboral, estas y otras formas de corrupción parecen ser, efectivamente, bastante normales y simples.
En esta dirección apunta, por ejemplo, un estudio del antropólogo Ludwig Huber, del Instituto de Estudios Peruanos, sobre la corrupción en el sector Educación en Ayacucho – es decir, precisamente el universo en el que el señor Aronés trabaja–. De esta forma, el estudio encontró corrupción en todos los niveles, “desde la pugna entre el gobierno regional y la Dirección Regional de Educación para colocar gente de su entorno en las UGEL provinciales, pasando por la corrupción en la burocracia y en las instituciones educativas, hasta el aula”. Directores que cobran o chantajean para contratar a un postulante a profesor, burócratas que hacen descuentos irregulares, profesores que venden notas, son todas conductas prácticamente institucionalizadas.
La investigación de Huber profundiza en algunas causas culturales para explicar esta corrupción. Sin embargo, es difícil no relacionar la misma con la situación de derechos inexpugnables y poderes arbitrarios que ha preponderado durante décadas en el sector Educación. Esto es, con el statu quo el nuevo sistema meritocrático de la Ley de Reforma Magisterial (LRM) busca combatir en lo que toca a los profesores, y el Proyecto de Ley del Servicio Civil, en lo que toca a los administrativos. Después de todo, ahí donde no hay controles ni rendiciones de cuentas y donde los burócratas son los dueños y señores de sus posiciones – gracias a una estabilidad laboral absoluta que los hace inexpugnables– es normal que proliferen los abusos de todo tipo, incluyendo el uso y la negociación de los recursos públicos como si fueran propios (o patrimonialismo). Y lo mismo cuando la manera de obtener, retener y mejorar puestos no es a través de méritos probados por la competencia y/o por evaluaciones con algún grado de objetividad, sino por todo tipo de vínculos y favores personales y partidarios.
Así las cosas, la pésima calidad de la educación que reciben en el Perú quienes no tienen recursos no es el único motivo (aunque ciertamente sí es suficiente) para que resulte indignante la oposición del Sutep al sistema meritocrático de la LRM, cuya inconstitucionalidad ahora pretende demandar. Otra razón es la corrupción feudal, llena de pequeños señoríos, sátrapas y relaciones serviles, que prevalece en el sector. Y es que no hay mejor conjuro contra la corrupción que la meritocracia: con la llegada de las evaluaciones objetivas de rendimientos individuales, por ejemplo, sería mucho más difícil que un maestro o maestra tenga que recurrir a pagos –monetarios o de otro tipo– para contratos o ascensos. Aunque, desde luego, tal vez sea mucho pedir que le molesten los amarres y los feudos, y que se abra a la competencia y la meritocracia, a un gremio que desde hace largas décadas ininterrumpidas viene siendo manejado por integrantes del mismo partido (el maoísta Patria Roja). Para el resto de la sociedad, empero, la lección sí debe ser clara: además de por la eficiencia, es para luchar contra la corrupción que hay que apoyar la LRM y, en general, a todo lo que suponga romper feudos en el sector público.
Pese a su seriedad ética y penal, el asunto podría parecer circunstancial y, por tanto, irrelevante para un análisis más amplio. No obstante, la corrupción que muestra no es aislada, sino un elemento estructural del funcionamiento de buena porción de nuestro sistema educativo estatal. En otras palabras, el chantajista no habría estado tan lejos de la verdad al decir que “es normal, es parte de la sociedad, es simple”. Al menos en lo que respecta a su sector laboral, estas y otras formas de corrupción parecen ser, efectivamente, bastante normales y simples.
En esta dirección apunta, por ejemplo, un estudio del antropólogo Ludwig Huber, del Instituto de Estudios Peruanos, sobre la corrupción en el sector Educación en Ayacucho – es decir, precisamente el universo en el que el señor Aronés trabaja–. De esta forma, el estudio encontró corrupción en todos los niveles, “desde la pugna entre el gobierno regional y la Dirección Regional de Educación para colocar gente de su entorno en las UGEL provinciales, pasando por la corrupción en la burocracia y en las instituciones educativas, hasta el aula”. Directores que cobran o chantajean para contratar a un postulante a profesor, burócratas que hacen descuentos irregulares, profesores que venden notas, son todas conductas prácticamente institucionalizadas.
La investigación de Huber profundiza en algunas causas culturales para explicar esta corrupción. Sin embargo, es difícil no relacionar la misma con la situación de derechos inexpugnables y poderes arbitrarios que ha preponderado durante décadas en el sector Educación. Esto es, con el statu quo el nuevo sistema meritocrático de la Ley de Reforma Magisterial (LRM) busca combatir en lo que toca a los profesores, y el Proyecto de Ley del Servicio Civil, en lo que toca a los administrativos. Después de todo, ahí donde no hay controles ni rendiciones de cuentas y donde los burócratas son los dueños y señores de sus posiciones – gracias a una estabilidad laboral absoluta que los hace inexpugnables– es normal que proliferen los abusos de todo tipo, incluyendo el uso y la negociación de los recursos públicos como si fueran propios (o patrimonialismo). Y lo mismo cuando la manera de obtener, retener y mejorar puestos no es a través de méritos probados por la competencia y/o por evaluaciones con algún grado de objetividad, sino por todo tipo de vínculos y favores personales y partidarios.
Así las cosas, la pésima calidad de la educación que reciben en el Perú quienes no tienen recursos no es el único motivo (aunque ciertamente sí es suficiente) para que resulte indignante la oposición del Sutep al sistema meritocrático de la LRM, cuya inconstitucionalidad ahora pretende demandar. Otra razón es la corrupción feudal, llena de pequeños señoríos, sátrapas y relaciones serviles, que prevalece en el sector. Y es que no hay mejor conjuro contra la corrupción que la meritocracia: con la llegada de las evaluaciones objetivas de rendimientos individuales, por ejemplo, sería mucho más difícil que un maestro o maestra tenga que recurrir a pagos –monetarios o de otro tipo– para contratos o ascensos. Aunque, desde luego, tal vez sea mucho pedir que le molesten los amarres y los feudos, y que se abra a la competencia y la meritocracia, a un gremio que desde hace largas décadas ininterrumpidas viene siendo manejado por integrantes del mismo partido (el maoísta Patria Roja). Para el resto de la sociedad, empero, la lección sí debe ser clara: además de por la eficiencia, es para luchar contra la corrupción que hay que apoyar la LRM y, en general, a todo lo que suponga romper feudos en el sector público.
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