EL COMERCIO AGOSTO 31, 2012
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EL COMERCIO ABRIL 3, 2012
Conferencia Episcopal saludó publicación de reglamento de Ley de Consulta Previa
Monseñor Piñeiro aseveró que la Iglesia siempre estará dispuesta a colaborar en solución de conflictos. Qué plantea la norma
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Salvador Piñeiro, destacó hoy la publicación del reglamento de la Ley de Consulta Previa, la misma que consideró servirá para evitar conflictos sociales en el país.
“Felicito esta ley que ha sido de consenso, donde todos estamos de acuerdo por trabajar, por encontrar soluciones que sean viables, a fin de prevenir conflictos”, manifestó.
Piñeiro aseguró que la Iglesia Católica siempre estará dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, y en ese sentido, invocó dejar de lado las ideologías mezquinas, el odio y la violencia.
Monseñor Piñeiro resaltó que la ley de consulta previa permitirá apostar por la riqueza natural del país, pero con una alta responsabilidad social. “Estamos sentados en un banco de oro”, agregó tras celebrar una misa como parte de las celebraciones por Semana Santa en las Fuerzas Armadas.
SOBRE EL REGLAMENTO
El reglamento en cuestión establece que los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad.
Este viceministerio ejercerá el rol de rectoría en el proceso de consulta, mientras que a los gobiernos regionales y locales les corresponde la decisión final sobre la medida. El resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere mutuo acuerdo.
No serán materia de consulta las normas de carácter tributario o presupuestario.
De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y los pueblos indígenas, como resultado de la consulta, dicho entendimiento es de carácter obligatorio.
En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de la consulta, le corresponde a esa entidad garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
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De: vozdealerta2012 [mailto:vozdealerta2012@gmail.com]
Enviado el: domingo, 04 de marzo de 2012 04:55 p.m.
Para: mrodriguez@americatv.com.pe
Asunto: Embajador Ponce Vivanco: ONG belga cercana a Santos engañó al mundo sobre lo que realmente sucedió en Bagua
En una entrevista con Voz de Alerta de radio San Borja, el embajador Eduardo Ponce Vivanco recordó que la ONG que invitó al presidente regional de Cajamarca a visitar Bélgica, perjudicó seriamente la imagen internacional del Perú cuando publicó fotografías de supuestos nativos asesinados por el Estado peruano durante los luctuosos sucesos de Bagua, cuando en realidad se trataba de las imágenes correspondientes a los policías masacrados por una turba radical.
El embajador observó que en la política nacional medran minorías radicales que sin escrúpulos tratan de manifestarse a través de la violencia no solo contras las inversiones mineras sino contra la economía en general, su objetivo es mantener la pobreza en cuyo escenario “subsisten para ser prepotentes, potentes y conocidos”.
La paradoja de que estos grupos radicales se aprovechen y utilicen a la democracia para tratar de destruirla, manifestó, debe alertar a la sociedad para no permitir la consumación de sus objetivos.
Explicó que existe una red de determinadas ONGs nacionales y extranjeras, especialmente anti mineras, que tienen un papel muy importante para potenciar a esas minorías locales.
Refirió que en el extranjero existe una visión política, económica e ideológica sobre países en vías de desarrollo, como el Perú, que oscila “entre lo romántico e interesado” y hay una multitud de ONGs que están prestos a entrar en acción en apoyo a estos micro grupos extremistas.
Es así que las acciones de estas minorías –generalmente un puñado de personas altamente ideologizadas- se magnifican y distorsionan en el exterior y tiene un eco internacional que es peligroso para la economía e imagen de país. Estas Organizaciones No Gubernamentales incluso tienen relaciones con instituciones multilaterales, como Naciones Unidas, que a veces se suman a su discurso, dijo.
En ese contexto, recordó que el Catapa (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales), la ONG que ha invitado al presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos a Bélgica, en 2009 reprodujo en el exterior -a raíz de los luctuosos sucesos en Bagua- fotografías que perjudicaron la imagen del Perú porque supuestamente eran de nativos amazónicos asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado, cuando en realidad se trataban de los policías que fueron masacrados por la turba radical (cabe recordar que el 5 de junio de ese año en Bagua se perpetró la mayor matanza de policías en la historias del país, con 24 uniformados asesinados).
Pero no solo se trata de minorías y ONGs, observó Ponce Vivanco. Papel importante de este activismo también corresponde a un sector de la curia “cuyas distorsiones teológicas provienen de la Teología de la Liberación”, como es el caso del padre Francisco Muguiro quien maneja una importante radioemisora en el Vicariato de Jaén - Cajamarca (radio Marañón, y cuyo apoyo, en su momento, a las organizaciones violentistas en Bagua fue muy significativa).
En esa línea también se inscribe, dijo el embajador, el líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, cuyo caso es ejemplar sobre un sacerdote con ambiciones políticas.
“La confianza natural de la gente en los sacerdotes –anotó finalmente- no puede ser abusada por ellos y no pueden excederse de sus funciones sacerdotales”.
www.vozdealerta.pe - 4750711
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EL COMERCIO MARZO 4, 2012
Lo que hay que saber sobre la ley de consulta previa: esta semana se debate reglamento
El diálogo con los pueblos originarios ante posibles daños a sus derechos por operaciones extractivas debe tener procesos definidos y claros para sofocar conflictos sociales
La Ley 29785, o ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, pretende ser el mecanismo facilitador del diálogo y coordinación entre el Estado y los pueblos originarios. Ello, con el fin de que operaciones extractivas puedan ejecutarse de forma adecuada o, en último caso, cancelarse, de afectar gravemente los territorios de las comunidades en cuestión.
Con lo cual, la norma puede constituir la herramienta principal para la resolución de decenas de conflictos sociales originados por la resistencia a proyectos mineros, como es el caso de Conga, en Cajamarca.
Esta ley obliga al Estado a consultar a pueblos indígenas ante la posibilidad de leyes (como concesiones para explotación de recursos naturales) que den visto bueno a proyectos extractivos que puedan perjudicarlos. Las partes pueden llegar a acuerdos y entonces estos son obligatorios para ambas. También pueden no llegar a un acuerdo: en estos casos, es el Estado el llamado a tomar una decisión, consecuente con la protección de los derechos de los pueblos originarios (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Aun así, el derecho a consulta no es derecho a veto a proyectos, de acuerdo al viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.
Sin embargo, las “zonas grises” de la ley están referidas a la aplicación de los criterios para reconocer a una población como pueblo indígena u originario. Estos criterios son: descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional; estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio; instituciones sociales y costumbres propias; patrones culturales y modo de vida distintos a otros sectores.
El proceso de consulta puede surgir del Estado, al reconocer las medidas legislativas que puedan vulnerar los referidos derechos colectivos, o a pedido de los pueblos originarios. La difusión de la información y el diálogo en sí corren por cuenta del sector gubernamental con cuya firma se promulgue la ley a ser consultada.
A pesar de que la ley está vigente desde el 6 de diciembre de 2011, el reglamento de la norma —que es el documento que establece los procesos con que esta debe ser aplicada— no existe aún.
Esta semana, el Consejo de Ministros debatirá la versión del reglamento ya, para su promulgación. Sin embargo, y a pesar de que el reglamento ha sido redactado tras un proceso de escucha de diversos puntos de vista al respecto, organizaciones de pueblos indígenas y originarios presentarían 5.000 firmas a favor de una acción de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 29785; además de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos grupos sí exigen que los proyectos sean cancelados cuando la población consultada así lo pida al Estado.
Los próximos días serán decisivos para la inmediata implementación de la ley, que pueda evitar la convulsión social por protestas antimineras en varios puntos del país. Hacia fines del año pasado, el informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales revelaba que de los 217 conflictos sociales registrados en octubre, el 57,1% (124) era de naturaleza socioambiental.
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LA REPUBLICA FEBRERO 15, 2012
Indígenas ponen en duda aprobación de reglamento de Ley de Consulta Previa
Alberto Pizango ha sugerido más cambios a la ley.
Después de seis audiencias macrorregionales realizadas en Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Bagua, Iquitos y Cusco, para evaluar el borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa elaborado por el Ejecutivo, las organizaciones indígenas y el Indepa podrían aprobar hoy en Lima esta normativa.
Sin embargo, entre los más de quinientos dirigentes que representan a Aidesep, Conacami, Conap, CCP, CNA y Onamiap, ha tomado fuerza la propuesta que presentó el dirigente amazónico Alberto Pizango, quien exigió primero hacer cambios sustantivos a la Ley de Consulta.
En el segundo día de la audiencia final para aprobar el reglamento de esta ley, los indígenas se abocaron a debatir tales modificaciones.
De acuerdo con el cronograma oficial, hoy debe producirse el plenario para la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta, documento que luego será visto por una comisión multisectorial para su aprobación definitiva.
Por su parte, el jefe de la Unidad Ejecutora del Indepa, Gustavo Zambrano, recordó que la Ley 29785, Ley de Consulta Previa, ha sido una gran conquista de los ciudadanos indígenas del Perú y el cumplimiento del compromiso que asumió el presidente Ollanta Humala.
Investigación contra Mercedes Cabanillas por 'baguazo' fue archivada
Fiscal de la Nación concluyó que ex ministra del Interior no ordenó realizar operación policial que costó la vida de 24 policías
Mercedes Cabanillas era investigada por los presuntos delitos de homicidio culposo y exposición de personas al peligro. (Fotos archivo El Comercio)
El fiscal de la Nación, José Peláez, decidió archivar la investigación a la ex ministra de Interior del gobierno aprista Mercedes Cabanillas por la muerte de 24 policías (el cuerpo de uno de ellos nunca apareció) durante el “baguazo”, ocurrido el 5 de junio del 2009.
Peláez Bardales concluyó que Cabanillas no tuvo responsabilidad penal en la muerte de los policías porque esta se produjo cuando participaban en una operación ordenada por el alto mando de la Policía Nacional, según informó “La República”.
Cabanillas fue investigada por presuntos delitos de homicidio culposo y exposición de personas al peligro, al suponer que fue ella quien ordenó realizar el operativo policial sin contar con la información y equipos suficientes para garantizar la vida de los efectivos.
Según el fiscal, el ministro del Interior no tiene el mando directo de la Policía Nacional, pues sus funciones son el diseño, la orientación, ejecución y supervisión de proyectos y programas de Estado, pudiendo delegar funciones en otros entes.
En tanto, agrega, que la seguridad ciudadana y orden interno es competencia de la Policía Nacional.
Peláez anotó que por la muerte de los 24 policías y 10 civiles hay diversos procesos judiciales en trámite en Bagua y Utcubamba contra los generales PNP Luis Muguruza, Javier Uribe y José Sánchez.
Peláez Bardales concluyó que Cabanillas no tuvo responsabilidad penal en la muerte de los policías porque esta se produjo cuando participaban en una operación ordenada por el alto mando de la Policía Nacional, según informó “La República”.
Cabanillas fue investigada por presuntos delitos de homicidio culposo y exposición de personas al peligro, al suponer que fue ella quien ordenó realizar el operativo policial sin contar con la información y equipos suficientes para garantizar la vida de los efectivos.
Según el fiscal, el ministro del Interior no tiene el mando directo de la Policía Nacional, pues sus funciones son el diseño, la orientación, ejecución y supervisión de proyectos y programas de Estado, pudiendo delegar funciones en otros entes.
En tanto, agrega, que la seguridad ciudadana y orden interno es competencia de la Policía Nacional.
Peláez anotó que por la muerte de los 24 policías y 10 civiles hay diversos procesos judiciales en trámite en Bagua y Utcubamba contra los generales PNP Luis Muguruza, Javier Uribe y José Sánchez.
EL COMERCIO ABRIL 3, 2012
Conferencia Episcopal saludó publicación de reglamento de Ley de Consulta Previa
Monseñor Piñeiro aseveró que la Iglesia siempre estará dispuesta a colaborar en solución de conflictos. Qué plantea la norma
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Salvador Piñeiro, destacó hoy la publicación del reglamento de la Ley de Consulta Previa, la misma que consideró servirá para evitar conflictos sociales en el país.
“Felicito esta ley que ha sido de consenso, donde todos estamos de acuerdo por trabajar, por encontrar soluciones que sean viables, a fin de prevenir conflictos”, manifestó.
Piñeiro aseguró que la Iglesia Católica siempre estará dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, y en ese sentido, invocó dejar de lado las ideologías mezquinas, el odio y la violencia.
Monseñor Piñeiro resaltó que la ley de consulta previa permitirá apostar por la riqueza natural del país, pero con una alta responsabilidad social. “Estamos sentados en un banco de oro”, agregó tras celebrar una misa como parte de las celebraciones por Semana Santa en las Fuerzas Armadas.
SOBRE EL REGLAMENTO
El reglamento en cuestión establece que los gobiernos regionales y locales solo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad.
Este viceministerio ejercerá el rol de rectoría en el proceso de consulta, mientras que a los gobiernos regionales y locales les corresponde la decisión final sobre la medida. El resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere mutuo acuerdo.
No serán materia de consulta las normas de carácter tributario o presupuestario.
De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y los pueblos indígenas, como resultado de la consulta, dicho entendimiento es de carácter obligatorio.
En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de la consulta, le corresponde a esa entidad garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
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De: vozdealerta2012 [mailto:vozdealerta2012@gmail.com]
Enviado el: domingo, 04 de marzo de 2012 04:55 p.m.
Para: mrodriguez@americatv.com.pe
Asunto: Embajador Ponce Vivanco: ONG belga cercana a Santos engañó al mundo sobre lo que realmente sucedió en Bagua
En una entrevista con Voz de Alerta de radio San Borja, el embajador Eduardo Ponce Vivanco recordó que la ONG que invitó al presidente regional de Cajamarca a visitar Bélgica, perjudicó seriamente la imagen internacional del Perú cuando publicó fotografías de supuestos nativos asesinados por el Estado peruano durante los luctuosos sucesos de Bagua, cuando en realidad se trataba de las imágenes correspondientes a los policías masacrados por una turba radical.
El embajador observó que en la política nacional medran minorías radicales que sin escrúpulos tratan de manifestarse a través de la violencia no solo contras las inversiones mineras sino contra la economía en general, su objetivo es mantener la pobreza en cuyo escenario “subsisten para ser prepotentes, potentes y conocidos”.
La paradoja de que estos grupos radicales se aprovechen y utilicen a la democracia para tratar de destruirla, manifestó, debe alertar a la sociedad para no permitir la consumación de sus objetivos.
Explicó que existe una red de determinadas ONGs nacionales y extranjeras, especialmente anti mineras, que tienen un papel muy importante para potenciar a esas minorías locales.
Refirió que en el extranjero existe una visión política, económica e ideológica sobre países en vías de desarrollo, como el Perú, que oscila “entre lo romántico e interesado” y hay una multitud de ONGs que están prestos a entrar en acción en apoyo a estos micro grupos extremistas.
Es así que las acciones de estas minorías –generalmente un puñado de personas altamente ideologizadas- se magnifican y distorsionan en el exterior y tiene un eco internacional que es peligroso para la economía e imagen de país. Estas Organizaciones No Gubernamentales incluso tienen relaciones con instituciones multilaterales, como Naciones Unidas, que a veces se suman a su discurso, dijo.
En ese contexto, recordó que el Catapa (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales), la ONG que ha invitado al presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos a Bélgica, en 2009 reprodujo en el exterior -a raíz de los luctuosos sucesos en Bagua- fotografías que perjudicaron la imagen del Perú porque supuestamente eran de nativos amazónicos asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado, cuando en realidad se trataban de los policías que fueron masacrados por la turba radical (cabe recordar que el 5 de junio de ese año en Bagua se perpetró la mayor matanza de policías en la historias del país, con 24 uniformados asesinados).
Pero no solo se trata de minorías y ONGs, observó Ponce Vivanco. Papel importante de este activismo también corresponde a un sector de la curia “cuyas distorsiones teológicas provienen de la Teología de la Liberación”, como es el caso del padre Francisco Muguiro quien maneja una importante radioemisora en el Vicariato de Jaén - Cajamarca (radio Marañón, y cuyo apoyo, en su momento, a las organizaciones violentistas en Bagua fue muy significativa).
En esa línea también se inscribe, dijo el embajador, el líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, cuyo caso es ejemplar sobre un sacerdote con ambiciones políticas.
“La confianza natural de la gente en los sacerdotes –anotó finalmente- no puede ser abusada por ellos y no pueden excederse de sus funciones sacerdotales”.
www.vozdealerta.pe - 4750711
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EL COMERCIO MARZO 4, 2012
Lo que hay que saber sobre la ley de consulta previa: esta semana se debate reglamento
El diálogo con los pueblos originarios ante posibles daños a sus derechos por operaciones extractivas debe tener procesos definidos y claros para sofocar conflictos sociales
La Ley 29785, o ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, pretende ser el mecanismo facilitador del diálogo y coordinación entre el Estado y los pueblos originarios. Ello, con el fin de que operaciones extractivas puedan ejecutarse de forma adecuada o, en último caso, cancelarse, de afectar gravemente los territorios de las comunidades en cuestión.
Con lo cual, la norma puede constituir la herramienta principal para la resolución de decenas de conflictos sociales originados por la resistencia a proyectos mineros, como es el caso de Conga, en Cajamarca.
Esta ley obliga al Estado a consultar a pueblos indígenas ante la posibilidad de leyes (como concesiones para explotación de recursos naturales) que den visto bueno a proyectos extractivos que puedan perjudicarlos. Las partes pueden llegar a acuerdos y entonces estos son obligatorios para ambas. También pueden no llegar a un acuerdo: en estos casos, es el Estado el llamado a tomar una decisión, consecuente con la protección de los derechos de los pueblos originarios (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Aun así, el derecho a consulta no es derecho a veto a proyectos, de acuerdo al viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra.
Sin embargo, las “zonas grises” de la ley están referidas a la aplicación de los criterios para reconocer a una población como pueblo indígena u originario. Estos criterios son: descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional; estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio; instituciones sociales y costumbres propias; patrones culturales y modo de vida distintos a otros sectores.
El proceso de consulta puede surgir del Estado, al reconocer las medidas legislativas que puedan vulnerar los referidos derechos colectivos, o a pedido de los pueblos originarios. La difusión de la información y el diálogo en sí corren por cuenta del sector gubernamental con cuya firma se promulgue la ley a ser consultada.
A pesar de que la ley está vigente desde el 6 de diciembre de 2011, el reglamento de la norma —que es el documento que establece los procesos con que esta debe ser aplicada— no existe aún.
Esta semana, el Consejo de Ministros debatirá la versión del reglamento ya, para su promulgación. Sin embargo, y a pesar de que el reglamento ha sido redactado tras un proceso de escucha de diversos puntos de vista al respecto, organizaciones de pueblos indígenas y originarios presentarían 5.000 firmas a favor de una acción de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 29785; además de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos grupos sí exigen que los proyectos sean cancelados cuando la población consultada así lo pida al Estado.
Los próximos días serán decisivos para la inmediata implementación de la ley, que pueda evitar la convulsión social por protestas antimineras en varios puntos del país. Hacia fines del año pasado, el informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales revelaba que de los 217 conflictos sociales registrados en octubre, el 57,1% (124) era de naturaleza socioambiental.
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LA REPUBLICA FEBRERO 15, 2012
Indígenas ponen en duda aprobación de reglamento de Ley de Consulta Previa
Alberto Pizango ha sugerido más cambios a la ley.
Después de seis audiencias macrorregionales realizadas en Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Bagua, Iquitos y Cusco, para evaluar el borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa elaborado por el Ejecutivo, las organizaciones indígenas y el Indepa podrían aprobar hoy en Lima esta normativa.
Sin embargo, entre los más de quinientos dirigentes que representan a Aidesep, Conacami, Conap, CCP, CNA y Onamiap, ha tomado fuerza la propuesta que presentó el dirigente amazónico Alberto Pizango, quien exigió primero hacer cambios sustantivos a la Ley de Consulta.
En el segundo día de la audiencia final para aprobar el reglamento de esta ley, los indígenas se abocaron a debatir tales modificaciones.
De acuerdo con el cronograma oficial, hoy debe producirse el plenario para la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta, documento que luego será visto por una comisión multisectorial para su aprobación definitiva.
Por su parte, el jefe de la Unidad Ejecutora del Indepa, Gustavo Zambrano, recordó que la Ley 29785, Ley de Consulta Previa, ha sido una gran conquista de los ciudadanos indígenas del Perú y el cumplimiento del compromiso que asumió el presidente Ollanta Humala.
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