domingo, 25 de diciembre de 2011

REGIONES CON MAS CONFLICTOS SON LAS QUE MAYOR PRESUPUESTO ADMINISTRAN


EL COMERCIO DICIEMBRE 25, 2011

Regiones con más conflictos son las que mayor presupuesto administran

El Plan Nacional de Regionalización 2012-2016 no prioriza ni da fecha para macrorregiones

Los conflictos sociales están relacionados con el nivel de inversión presupuestaria. (El Comercio)
NELLY LUNA AMANCIO
El Comercio

El conflicto en Cajamarca resume la tensa relación que se viene gestando entre algunas autoridades regionales (precisamente las que más presupuesto administran) y el Gobierno Central. Más allá de las legítimas protestas en Cajamarca y otras regiones, los últimos conflictos han evidenciado el fallido proceso de descentralización en el país. “Estamos atrapados, porque es el Estado enfrentado a sí mismo. ¿Quién dialoga? Las competencias de los presidentes regionales no están bien definidas y eso se hace más evidente cuando explota un nuevo conflicto; el presidente regional termina reclamando al Gobierno Central”, sostiene Gonzalo Neyra, investigador del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

El analista Fernando Tuesta también cuestiona el proceso: “Debemos aceptar que la regionalización ha sido un fracaso. De un día para otro, los gobiernos regionales se vieron con mucho dinero y no supieron invertir. Solo se ha logrado pequeños feudos en los 24 departamentos”, lamenta.

El proceso de descentralización –impulsado desde el 2002– avanzó de manera acelerada, pero sin definir claramente las competencias entre los gobiernos regionales y el Gobierno Central. “Fue mala idea elegir primero a los presidentes regionales. Lo mejor hubiera sido empezar con una descentralización administrativa antes que política, porque, al final, se entregaron cuotas de poder que luego las regiones no quisieron ceder. El objetivo eran las macrorregiones y eso no se ha logrado”, insiste Neyra.

Ambos analistas creen necesario reformular el proceso de descentralización. La pregunta es cómo.

FALLIDA REGIONALIZACIÓN
El último jueves, la Secretaría Nacional de Descentralización (SND) sustentó la propuesta del Plan Nacional de Regionalización 2012-2016. En el documento, se plantea impulsar los proyectos de desarrollo interregional, pero no aparece a corto ni mediano plazo la necesidad de impulsar las macrorregiones. “No estamos hablando de demarcaciones territoriales, sino de polos de desarrollo, porque lo primero es más complicado y se verá después”, explicaron en la SND. Sin embargo, no precisaron fechas.

Tuesta expresó su preocupación, pues considera que la formación de las macrorregiones no puede seguir esperando. “Es inviable el desarrollo en un país dividido en 24 regiones”.

Neyra sugiere que el Ejecutivo encabece el proceso para formar las macrorregiones. “Tiene que venir desde arriba porque la mayoría de las autoridades regionales no querrá ceder sus cuotas de poder. No conozco un solo caso en el exterior en el que dos o más regiones se hayan unido por propia voluntad”, concluye.

Para el investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Jorge Aragón, la descentralización ha avanzado, no cree que haya sido un fracaso. “No todas las regiones funcionan mal. Yo sí creo que hemos avanzado, pero hay que reformular el plan de descentralización. El Ejecutivo debe impulsar las macrorregiones, pero yo creo que este proceso necesariamente tiene que ser consultado”.

BAJA PRODUCTIVIDAD
No solo hay un vacío institucional (en las regiones con más conflictos) y falta de competencias claras. Un estudio elaborado por los economistas Waldo Mendoza y José Gallardo concluye, en el caso de Cajamarca, que las inversiones se han visto limitadas no solo por la alta conflictividad social, sino por la pésima infraestructura vial y las limitadas capacidades técnicas del sector público.

Uno de los problemas fundamentales de esta región es su baja productividad, especialmente en las actividades que le generan más empleo: la industria agropecuaria. Este rubro emplea al 56% de los trabajadores de la región, mientras que la minería, que concentra la mayor producción en la región, emplea a solo el 1,5% de la población.

Los analistas coinciden en que la solución al conflicto del proyecto minero Conga será la clave para la futura relación del Gobierno Central con las regiones y sus autoridades.
__________________________

EL COMERCIO DICIEMBRE 14, 2011

Cinco conflictos latentes en torno a proyectos mineros en el país

En lo que va del año, tres han sido paralizados debido al rechazo de comunidades. El más reciente fue Minas Conga

(Foto: Archivo El Comercio)
(Reuters). Los millonarios proyectos mineros en nuestro país desde hace algún tiempo vienen suscitando conflictos sociales que arrecian en el sector minero, el cual según analistas es una de las principales fuentes para nuestra economía.

En lo que va del año, tres importantes proyectos mineros que aguardaban inversiones de casi US$6.000 millones fueron cancelados o suspendidos en medio de protestas de pobladores.

A continuación, cinco conflictos latentes en proyectos mineros debido al rechazo de las comunidades:

PROYECTO MINAS CONGA – YANACOCHA
Minas Conga es un proyecto de oro y cobre de US$4.800 millones ubicado en la región norteña de Cajamarca cuyo desarrollo ha sido postergado por la empresa ante fuertes protestas de pobladores que temen quedarse sin sus recursos hídricos.

El emprendimiento de la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura busca producir desde fines del 2014 entre 580.000 y 680.000 onzas de oro cada año.

Para ello, las empresas prevén trasvasar el agua de cuatro lagunas a tres reservorios, lo que ha despertado reclamos de un fuerte impacto en el ambiente. El futuro del plan minero quedaría ahora en manos de una investigación de expertos internacionales que pedirá el Gobierno.

PROYECTO TIA MARIA – SOUTHERN COPPER
Tía María, ubicada en Arequipa, es un proyecto de US$1.000 millones de dólares de Southern Copper. El plan enfrenta el rechazo de la población, que teme se use el agua de sus cultivos en sus operaciones.

Tras las violentas protestas que se produjeron en abril pasado, que dejaron al menos tres muertos y medio centenar de heridos, el Gobierno del entonces presidente Alan García rechazó el estudio de impacto ambiental del proyecto por “observaciones inviables” y dispuso el retiro de equipos, maquinarias e instalaciones en la zona. Ante ello, Southern Copper debe de realizar un nuevo estudio ambiental.

Southern Copper también enfrenta el rechazo de la ampliación de su mina Toquepala, en la región sureña de Tacna, cerca de la frontera con Chile, por una disputa por el suministro de agua.

Los pobladores piden que el proyecto, de US$800 millones, sea ejecutado con agua de mar desalinizada debido a la desertificación en las zonas agrícolas vecinas.

LAS BAMBAS – XSTRATA
El proyecto de cobre Las Bambas, de la gigante Xstrata , se encuentra en la región andina de Apurimac.

La inversión prevista es de US$4.200 millones de dólares. La empresa comenzaría a construir la mina antes de fin de año y según los planes de la firma produciría desde el 2014.

Sin embargo, a inicios de noviembre, miles de pobladores se enfrentaron con la policía para exigir -según sus dirigentes- la exclusión de dos zonas de Apurimac de la explotación minera informal. Pero analistas temen que estas protestas podrían replicarse y llegar a Las Bambas, en medio de la mayor efervescencia social en demanda de mayores beneficios del rico sector minero.

QUELLAVECO Y MICHIQUILLAY – ANGLO AMERICAN
Anglo American, la cuarta mayor minera diversificada del mundo, tiene el proyecto cuprífero de US$3.000 millones de Quellaveco, ubicado en la región sureña de Moquegua.

La región rechaza el plan por temor al suministro del agua. La firma espera iniciar la construcción del proyecto en el 2012 con miras a producir unas 220.000 toneladas de cobre al año.

Anglo American controla también el proyecto de cobre Michiquillay, localizada en la región norteña de Cajamarca y que requiere una inversión de US$1.000 millones de dólares.

Michiquillay fue otorgado en concesión en el 2007 y desde entonces ha sufrido varios retrasos por protestas de las comunidades vecinas, que reclaman mayor inversión social.

SANTA ANA – BEAR CREEK
El Gobierno revocó en junio la concesión del proyecto de plata Santa Ana de la canadiense Bear Creek, localizado en la sureña región de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, en medio de protestas que dejaron al menos cinco muertos y decenas de heridos debido a temores de daños ambientales.

Bear Creek planeaba invertir unos US$71 millones de dólares en la mina Santa Ana para desarrollarla desde el 2012 y producir unos 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años.
_____________________________
EL COMERCIO DICIEMBRE 4, 2011

(Editorial) Autoridad y diálogo para desterrar las agendas desestabilizadoras

La democracia es un sistema que privilegia el diálogo, pero también el orden, la autoridad y la integridad, el derecho al libre tránsito, al trabajo…

La escalada de conflictos sociales y ambientales ha causado la lamentable pérdida de una vida, ha dejado 28 heridos, incluidos periodistas, en Cañete, y ha sumido a Cajamarca en una situación de aislamiento, confrontación y desabastecimiento. Ante esta situación, el gobierno del presidente Humala debe dar señales claras de autoridad, con una buena estrategia de inteligencia y diálogo.

El anuncio del jefe del Gabinete, Salomón Lerner, sobre la posible declaración del estado de emergencia en Cajamarca, ha llevado a los grupos radicales a empezar a mostrar una actitud más razonable. La democracia es un sistema que privilegia el diálogo, pero también el orden, la autoridad y la integridad, el derecho al libre tránsito, al trabajo y la calidad de vida de todos los ciudadanos por igual. Y eso es lo que ha venido siendo conculcado por algunos grupúsculos con una agenda ideologizada y violentista, ajena a los intereses del país y de la nación de buscar un crecimiento y desarrollo con inclusión.

La política gubernamental, expresada por el ingeniero Lerner, está impulsando y privilegiando el diálogo y la calma ante los conflictos “para así evitar que una bala acabe con una vida ciudadana”.

En el caso de Cañete ha resultado desproporcionada la beligerancia de un grupo ante el anuncio de la ampliación de un centro penitenciario. Los manifestantes, que portaban armas de guerra y contaban con la participación activa de dirigentes de Construcción Civil, tuvieron finalmente la sensatez de escuchar el llamado del obispo de Cañete, monseñor Ricardo García y García, antes que los enfrentamientos con la PNP pasaran a mayores. ¿Un simple pretexto para atacar al Gobierno y desestabilizar al país, siguiendo consignas radicales que bordean la lógica del terrorismo? Urge una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades y denunciar a los promotores de estos violentos desmanes. Y compete, también, al Gobierno escuchar a los verdaderos representantes cañetanos sobre sus eventuales preocupaciones por esta obra.

En lo que se refiere a Cajamarca, resulta intolerable que la máxima autoridad regional, Gregorio Santos, pretenda declarar la inviabilidad del proyecto minero Conga, sin aceptar ninguna opción de mejora en la propuesta, y que haya unido su voz a la de un condenado por terrorismo, el emerretista Wilfredo Saavedra.

Al presidente regional de Cajamarca debemos recordarle que el Perú es un gobierno unitario y que fue elegido para trabajar por el bienestar de su región, dentro de un marco que respete los principios y normas del ordenamiento constitucional. En tanto, el dirigente emerretista Saavedra se arroga, con el beneplácito de Santos, el derecho de chantajear al Gobierno, descalificar, atacar violentamente a sus opositores y decidir quién entra y quién sale de Cajamarca.

Urge dar cabida a otras dirigencias municipales, gremiales y sociales que tienen derecho a hacer escuchar su voz y su opinión, hasta ahora vetada por los grupos radicales, aprovechando la preocupación ambiental de la población y la relación milenaria con lagunas que la minera propone reubicar.

En esta compleja situación, que mantiene en vilo a millares de pobladores que no pueden desplazarse, alimentarse ni trabajar (y a todo un país, que ve amenazadas su estabilidad y las necesarias inversiones), el presidente Humala y su gobierno debieron tener reflejos más rápidos para hacer sentir su presencia y restaurar el principio de autoridad, como lo anuncia ahora.

No cabe otra opción ante grupos y agendas extremistas que pretenden cerrar todos los canales de diálogo y azuzan a la población. En este escenario el diálogo debe darse, pero con los interlocutores válidos, legítimos y representativos de la región y de los inversionistas, que ya han declarado su disposición a suspender el proyecto Conga y a modificar su proyecto. El ejemplo de Andahuaylas es ilustrativo; allí, con dirigentes dialogantes, se ha acordado suspender los nuevos proyectos mineros hasta que se realicen estudios profundos sobre las cuencas hidrográficas.

La afirmación del jefe del Gabinete, en el sentido de que el gobierno del presidente Ollanta Humala alienta decididamente la inversión privada, promueve la descentralización macrorregional y garantiza la seguridad con políticas adecuadas es alentadora. Ha dicho el ingeniero Lerner que “el establecimiento del dominio efectivo de la ley en todo el territorio y el impulso a la justicia es igual para todos”. Estos son principios que deben impulsar el diálogo anunciado para hoy en Cajamarca, que resultará fructífero si parte de una franca actitud de escuchar al otro y de apertura para hacer concesiones, pensando siempre en el interés nacional. Debe darse cabida aquí a las opiniones técnicas, para que expliquen los modos de compatibilizar la operatividad minera con el equilibrio ambiental y el cuidado de las fuentes de agua y su uso tradicional y milenario.

Hay que desprenderse de las consignas y las anteojeras ideológicas, pues, de otro modo, será muy difícil avanzar. Finalmente, reiteramos la responsabilidad del Gobierno Nacional en mantener el orden y garantizar los derechos constitucionales, hoy severamente afectados por algunos grupos de cuestionable legitimidad.
____________________________
EL COMERCIO NOVIEMBRE 26, 2011

(Editorial) Conflictos sociales e irresponsabilidad de presidentes regionales

Varias de estas autoridades, como ocurre hoy en el Caso Conga, se han involucrado irresponsablemente como promotores o agitadores políticos…

El paro indefinido en Cajamarca contra el megaproyecto minero Conga tiene raíces diversas que van desde el temor y la desinformación de la población, hasta la agitación que lidera Wilfredo Saavedra Marreros, un conocido miembro de la banda terrorista MRTA que fue sentenciado por tales vínculos.

En el contexto crítico, resulta inexplicable que el presidente regional Gregorio Santos Guerrero –antes aliado del partido de gobierno– se enfrente al presidente Ollanta Humala y le exija una reunión el lunes para “dialogar”, en medio del caos que, siendo autoridad, ha contribuido a generar.

Vale recordar que Santos guarda estrechas relaciones con Cuba y a mediados del año viajó a ese país supuestamente para gestionar el apoyo de especialistas en salud para un nuevo hospital. Ya un opositor chavista alertó en la campaña electoral sobre el peligro de la cercanía de un sector de Gana Perú con los servicios de inteligencia cubanos y su posible presencia y operación en el Perú. Un dato por tomar en cuenta, en la escalada antiinversión cajamarquina, es su nivel logístico y de organización, que parece previsto con perfecta antelación.

En el caso de los conflictos sociales no puede soslayarse la responsabilidad de las autoridades regionales y municipales, a las que se les ha transferido mayores funciones, y recursos del canon minero, entre otros tributos. Más allá de las cuestionables agendas políticas soterradas y de la posible y muy peligrosa interferencia de personajes ideologizados –vinculados a países extranjeros–, es un hecho que estas autoridades generan descontento en la población por su incapacidad de diseñar proyectos y ejecutar sus presupuestos para las obras que sus regiones demandan y requieren.

Varias de estas autoridades, como ocurre hoy en el Caso Conga, se han involucrado irresponsablemente como promotores o agitadores políticos en campañas y movilizaciones contra proyectos de inversión. Distorsionan, así, la función pública para la que fueron elegidos y violan el principio de unidad del Perú como república y nación, alteran la paz social y son un freno para el desarrollo con inclusión que promueve el régimen humalista.

Según el MEF, faltando un mes para que termine el año, la ejecución presupuestal de las regiones no llega siquiera en promedio al 45%. El dinero sigue guardado en los bancos, mientras la población más pobre sigue clamando por obras y dinamismo económico.

Este tipo de situaciones no puede permitirse, pues desvirtúan el proceso descentralizador. Si por un lado las autoridades regionales deben asumir su responsabilidad de fomentar el desarrollo, como parte del Estado, urge que el Gobierno reactive el espacio de diálogo permanente que se había establecido en el Consejo Nacional de Descentralización (CND) como bisagra de coordinación, planificación y prevención de conflictos entre autoridades regionales, municipales y el Gobierno Central.

En el caso de Conga urge restablecer el orden mediante el diálogo, pero de ninguna manera bajo chantaje como pretenden los agitadores. La minera tiene también su cuota de responsabilidad. No era difícil prever que el traslado de tres lagunas –en una zona de vocación agrícola y ganadera y altamente informada y sensibilizada sobre la importancia del recurso hídrico, en un escenario de cambio climático global– podría ser fácilmente utilizado como excusa para movilizar a la población contra la necesaria inversión minera.

Pero, si un condenado por terrorismo no puede dictar la agenda nacional, coludido con un presidente regional, una empresa tampoco puede dar señales de intransigencia cuando debe mostrar disposición al diálogo y a una eventual y pequeña modificación de sus planes originales. Es necesario llegar a una situación donde ambas partes ganen, y con ello el Perú entero, y las futuras megainversiones.
_____________________________

EL COMERCIO NOVIEMBRE 20, 2011

Minería usa más del 60% de las fuentes de agua

Técnicos de Autoridad Nacional del Agua afirman que las tarifas que se pagan “no compensan el impacto”

(Archivo)
NELLY LUNA AMANCIO

“Tenemos una política de concesión de derechos mineros que se superpone a las cabeceras de cuenca en el país”, dice con preocupación Jorge Benites, ingeniero y director de Conservación y Planeamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Y es que más del 60% de las fuentes de agua del país se encuentran delimitadas por los 48 mil denuncios mineros registrados.

Los recientes conflictos en Cajamarca y Apurímac revelan esa desconfianza de las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos mineros respecto a la disponibilidad y calidad de agua. Dudan de los estudios de impacto ambiental (EIA), de la imparcialidad de las autoridades, del impacto económico real sobre las poblaciones, de la intensidad del daño a los ecosistemas.

Estos conflictos socioambientales tienen un mismo origen: la explotación minera en las cabeceras de cuenca, lugar donde se encuentran las fuentes de agua dulce que abastecen a las poblaciones de la costa y sierra del Perú. El proyecto Conga (minera Yanacocha) busca, por ejemplo, convertir una laguna de la cabecera de Cajamarca en un enorme tajo minero y otra en un lugar de acopio de desmonte.

Detrás de estas protestas se debate algo más que la viabilidad de un proyecto: el futuro de las fuentes de agua. Esta semana el presidente Ollanta Humala respaldó el proyecto Conga, pero aseguró, a su vez, que se garantizará la disponibilidad y calidad del agua. ¿Es posible esta convivencia?
__________________________

LA REPUBLICA NOVIEMBRE 16, 2011

Notas sobre las lógicas de los conflictos
Por: MIRKO LAUER

• El descontento económico nacido de la comparación entre gran proyecto y pequeña comunidad se traslada con facilidad a un cotejo entre la bonanza que flota en el ambiente y una pobre circunstancia personal. Los impuestos no se trasladan directamente al individuo sino a obras de infraestructura que modifican poco, si algo, la vida cotidiana de la familia.

•La transformación radical del medio ambiente, aunque sea en un punto de una zona, es percibida como pérdida neta de una identidad colectiva asentada sobre todo en la particularidad geográfica. El espacio es vivido como soporte de una tradición, y entonces el ingreso de una nueva lógica productiva es sentido como destructivo.

•La fragmentación de los electorados regionales probablemente deja entre las poblaciones un hambre de unidad que la políticas administrativa encarnada por las autoridades no logra saciar. Es más fácil que el conflicto contra un elemento externo, que encarna lo diferente y negador, satisfaga esa necesidad.

• Hay nuevas corrientes ideológicas circulando casi sin conciencia de sí mismas por la parte más territorialmente asentada (i.e. menos urbana) del país. En esta medida el furor ecológico puede ser visto como la antesala distante de un sentimiento autonomista que está presente en buena parte del continente.

•El activismo que navega estas aguas que juntan la defensa de la identidad y la angustia de la desarticulación se maneja entre la defensa del orden establecido tradicional frente a amenazas puntuales y el establecimiento de un clima de agitación latente, cuyo efecto es mantener en jaque la presencia de una autoridad del Estado.

•No es descartable que el alto porcentaje (50%+) de conflictos con contenido ambientalista se deba a que ese es el mejor argumento para mantener en vilo la ambivalencia que mencionamos en el párrafo anterior, y que podría definirse como una suerte de “desorden establecido” respecto de las opciones políticas convencionales.

•La disposición del Estado central a negociar con dirigencias alternativas a las elegidas por la población, e incluso a ceder a sus reclamos impuestos por la fuerza, funciona como un mensaje elocuente sobre quién tiene respaldo y quién no en el país. Al final el asunto no se resuelve en qué se negocia, sino en quiénes negocian.

•Frente al mensaje de un gobierno que cede, cada vez más conflictos y sus voceros oficiosos acuden sin problemas al mensaje de Bagua: los movilizados pueden participar en la producción de muertes que luego se volverán contra el propio Estado. Pero Bagua no impidió los desmanes de Puno, y hasta se podría argumentar que ayudó a producirlos.
______________________________
EL COMERCIO NOVIEMBRE 11, 2011

Conflictos sociales en el Perú sumaron 217 en octubre

La Defensoría del Pueblo informó que se registraron siete nuevos y se reactivaron tres. La mayoría se registró en Puno

Los conflictos sociales no tienen como escenario solo Andahuaylas, Áncash o Cajamarca. Un total de 217 se registraron en octubre, cuya mayoría se registra principalmente en Puno y los dos últimos departamentos citados, según informó la Defensoría del Pueblo.

Son 154 los conflictos que se encuentran activos y 63 en estado latente, mientras que hay 7 nuevos. De estos últimos, 5 son socioambientales (dos en Lima, uno en Cajamarca, uno en Ayacucho y uno en Áncash); uno es laboral y se ubica en la capital y el último es por asuntos de gobierno en Piura.

En cuanto a las tres problemáticas reactivadas, una es socioambiental y se ubica en Ica, mientras que las otras dos son de orden laboral y asuntos de gobierno localizados en Piura.

De los 217 conflictos sociales registrados en octubre, el 57,1% (124) son socioambientales; el 8,8% (19) son por asuntos de gobierno local y el 8,3% (18) por asuntos de gobierno nacional.
____________________________

EL COMERCIO NOVIEMBRE 5, 2011

Perú debe reducir conflictos para mejorar su calificación crediticia

Un director de la calificadora Standard & Poor’s señaló que nuestro país debe ser “más predecible” desde el punto de vista político

Conflictos sociales deben reducirse. (El Comercio)
Lima (Reuters). Perú debe enfocarse en reducir los conflictos sociales para lograr una mayor estabilidad política y así continuar mejorando su calificación crediticia, dijo a Reuters un director de la calificadora Standard & Poor’s.

Nuestro país registra un fuerte crecimiento económico desde hace casi una década, pero todavía enfrenta constantes protestas sociales principalmente de comunidades pobres que buscan mayores beneficios del auge.

“La cuestión pendiente es el marco político institucional social, que el Perú sea un país más predecible, más sustentable desde el punto de vista político”, dijo Sebastián Briozzo.

Standard & Poor’s elevó a fines de agosto su calificación para la deuda de Perú en moneda extranjera a largo plazo a “BBB” desde “BBB-” con panorama estable, ante la expectativa de que el nuevo gobierno de Ollanta Humala mantendría la política fiscal y monetaria del país.

FALTAN REFORMAS INSTITUCIONALES
Briozzo destacó que en términos macroeconómicos Perú ha reducido sus niveles de volatilidad y se ha convertido en un país bastante estable, pero afirmó que todavía hace falta emprender reformas de carácter institucional que den al país andino mayor estabilidad política y social.

“En términos económicos se ha avanzado mucho, pero para pasar a niveles bastante más altos es necesario mayor predictibilidad a nivel político, que está directamente vinculado a mejoras sociales, mejor distribución del ingreso y reducción de la pobreza”, precisó.

El presidente Humala, quien asumió el cargo en julio, busca aplacar conflictos relacionados con unos 200 proyectos mineros y de petróleo en el país, donde un tercio de la población vive en la pobreza a pesar del auge económico local.

Briozzo afirmó que de lograr Perú una mayor estabilidad política y social, el país andino podría elevar sus niveles de deuda sin afectar su actual grado de inversión, nota que le permite conseguir créditos a menor costo y que en América Latina gozan también Chile, México, Colombia y Brasil.
____________________________

EL COMERCIO SETIEMBRE 12, 2011

Conflictos sociales: se registraron 8 nuevos y se reactivaron 5

La Defensoría del Pueblo informó que en agosto se reportaron en total 214 casos, en su mayoría por temas socioambientales

Un total de 214 conflictos sociales, de los cuales 135 son activos (63%) y 79 latentes (37%) registró la Defensoría del Pueblo en todo el país en agosto.

En el Reporte Mensual de Conflictos Sociales N°90 de dicha institución, correspondiente al citado mes, se detalla que del total de casos, el 55,1% (119) son por conflictos socioambientales, el 10,3% (22) por asuntos del gobierno local y el 9,8% (21) por asuntos del gobierno nacional.

Surgieron ocho nuevos conflictos, seis de ellos socioambientales, uno laboral y el último por cultivo ilegal de hoja de coca. Asimismo, se reactivaron cinco casos y se resolvieron cuatro, también se indica en el informe.

El reporte cuenta en esta ocasión con nuevos datos, indicando esta vez a qué autoridad le compete la atención de los conflictos. Es así que este mes, la atención a 130 conflictos recae en el gobierno nacional, 46 en los gobiernos regionales y 29 en los locales, sean provinciales o distritales.

Finalmente, el informe refiere que durante el pasado mes se registraron 45 acciones colectivas de protesta.

El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, aseguró que “en este Gobierno no van a haber muertos” por conflictos sociales. Ello, en referencia a que en la gestión de Alan García se reportaron 191 decesos.
____________________________

EL COMERCIO AGOSTO 30, 2011

Ministra de la Mujer: "Muertos en conflictos no evidencia tener una política de diálogo"

García Naranjo dijo que tras la aprobación de la Ley de Consulta Previa, es necesario avanzar en la demarcación de las zonas en que pueden hacerse actividades extractivas

(Foto: Archivo El Comercio)
La ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, sostuvo esta mañana que la ausencia de una efectiva política de diálogo explica el elevado número de muertos por conflictos sociales que se registró durante los cinco años del gobierno aprista.

En diálogo con TV Perú, recordó que el ex presidente Alan García inició su mandato, en 2006, con “una línea de base de 86 conflictos sociales” y terminó su mandato, en 2011, con más de 200.

La Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros informó que un total de 191 personas fallecieron en conflictos sociales en el gobierno pasado, por un manejo inadecuado en la solución de estos problemas.

Según la estadística, de esa cifra 153 fallecidos fueron civiles y 38 policías y militares.

“Definitivamente, tener ese volumen de muertos no evidencia tener una política de diálogo”, afirmó García Naranjo.

LEY DE CONSULTA PREVIA
Además, la ministra de la Mujer aseveró que, tras la aprobación de la Ley de Consulta Previa, es necesario avanzar en la demarcación de las zonas del país en que pueden hacerse actividades agrícolas y extractivas.

“Falta un segundo paso en ese terreno, que es una nueva territorialidad, es decir una nueva demarcación, en el sentido de qué es lo que corresponde a la agricultura, (…) a la minería, (…) a la preservación del patrimonio histórico”, agregó.

Según opinó, esto ayudará a que no se violenten normas ni procedimientos, y que se reduzca la violencia y los conflictos sociales.
_____________________________

EL COMERCIO AGOSTO 29, 2011

Ministro del Ambiente: "No puede haber más muertes por conflictos"

Ricardo Giesecke expresó su confianza en que una política de diálogo y la Ley de Consulta Previa ayudarán en la solución del problema

(Foto archivo Andina)
“Esto no puede darse nunca más. Deberíamos ponerle también a esto, una lápida, y voltear la página. No puede haber más muertes por conflictos”, manifestó el ministro del Ambiente Ricardo Giesecke respecto al informe que confirma que 191 peruanos perdieron la vida durante diversas protestas en el gobierno aprista.

En ese sentido, expresó su confianza en que la política de diálogo que impulsará el gobierno de Ollanta Humala y la Ley de Consulta Previa puedan contrarrestar el problema.

Según un informe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), difundido el fin de semana, un total de 191 personas (153 civiles y 38 policías y militares) fallecieron como consecuencia de conflictos sociales durante el gobierno anterior. Esto, debido a un manejo inadecuado en su solución.

“Ni un solo muerto vale la resolución de un conflicto. Creo que es algo que deben trabajar el gobierno, la oposición, toda la ciudadanía”, declaró Giesecke a TV Perú.

El titular del Ambiente también exhortó a todas las personas que manejen algún dato que permita evitar conflictos sociales, contribuyan brindando ese tipo de información.
___________________________
EL COMERCIO AGOSTO 11, 2011

PCM tiene nuevo jefe de la oficina de conflictos sociales

El sociólogo Víctor Caballero dirigirá el proceso de gestión de estos problemas en todos los niveles del Gobierno.

El sociólogo Víctor Enrique Caballero Martín es el nuevo jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según una resolución ministerial publicada hoy en “El Peruano”.

Esta oficina es un órgano especializado que depende de la PCM y está encargado de dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en todos los niveles del Gobierno y territorio, así como de evaluar sus resultados.

Caballero Martín, quien reemplaza a Ronald Ibarra Gonzales, ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos en áreas como desarrollo rural y es autor de publicaciones como “Estudio de cinco cuencas productoras de hoja de coca”.
_______________________________

EL COMERCIO AGOSTO 9, 2011

Defensoría del Pueblo registró 214 conflictos sociales en julio

Muchos son socioambientales y están relacionados a actividad extractiva de recursos naturales por temor de comunidades a la contaminación de tierras y fuentes de agua

(Andina) . Un total de 214 conflictos sociales se reportaron en julio, de los cuales más de la mitad están relacionados a temas socioambientales, problemas que han sido heredados del gobierno aprista, informó hoy la Defensoría del Pueblo.

El reporte precisa que 118 conflictos están relacionados a temas socioambientales, 22 al ámbito de gobiernos locales, otros 22 a asuntos de gobierno nacional, 14 a problemas laborales, 13 al asunto de la demarcación territorial, y nueve tienen que ver con asuntos comunales, entre otros.

La mayoría de los conflictos socioambientales tienen que ver con la actividad extractiva de recursos naturales, debido al temor de las comunidades a la contaminación o riesgo de contaminación de sus tierras y fuentes de agua.

El adjunto de la Defensoría , Iván Lanegra, dijo en días recientes que la Ley de la Consulta Previa será una herramienta importante para resolver ese tipo de conflictos sociales.

El informe defensorial señala también que de los 214 conflictos reportados en julio, 135 se encuentran activos (63%) y 79 se mantienen en estado latente (37%). Además, 85 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (63% del número de casos activos).

El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, dijo el último fin de semana que el gobierno marcará una clara diferencia con los anteriores, en la atención de esta problemática, pues se escuchará a las comunidades, y sobre todo, se buscará una solución.
________________________________

PERU 21 JULIO 17, 2011

Peligra inversión por US$9,000 millones

Los conflictos sociales ponen en riesgo capitales en minería para los siguientes cinco años, según un informe elaborado por Apoyo Consultoría.

Sector mineria tiene actualmente 60 conflictos sociales. (Heiner Aparicio)
En riesgo. Los conflictos socioambientales comprometen al menos US$ 9,000 millones de inversión en minería que podrían dejar de ejecutarse o retrasarse en el próximo gobierno (2011-2016), advirtió un informe de Apoyo Consultoría.

El 60% del monto en riesgo se concentra en la zona sur del país, donde los conflictos sociales son mas intensos, sobre todo en Puno y en Arequipa, lugares en los que se han paralizado varios planes de inversión.

El reporte remarca que estos proyectos significarán, en los siguientes años, una producción de *490 mil toneladas de cobre, 20 toneladas de oro y 280 toneladas de plat*a. La cifra podría equivaler, además, a exportaciones por US$5,000 millones al año y US$1,000 millones en ingresos fiscales.

Como reto para el nuevo gobierno, el informe considera que debe buscar concertar sobre los 60 conflictos que existen actualmente en el sector minero por temor a la contaminación, en especial del agua e incumplimiento de compromisos de las empresas.
___________________________
LA REPUBLICA JUNIO 28, 2011

Presidentes regionales: ¿parte de la solución o del problema?
Por Mirko Lauer

Los sucesos de Puno han puesto todavía más en foco la debilidad de los gobiernos regionales frente a la protesta en sus jurisdicciones. Acorralados entre las multitudes en las calles y los compromisos de su cargo, suelen no estar a favor ni en contra de lo que sucede, sino pintados en la pared. No vayan a quemarles el local los vándalos.

Una mayoría de ellos tiene su propia protesta, que consiste en transferirle a Lima toda la responsabilidad de los desmanes producidos o que pudieran darse. Están dispuestos a hacer esa crítica, pero no a asumir un papel activo en los procesos políticos más candentes de su región. Así terminan sobreviviéndose a sí mismos.

Es cierto que las facultades que han recibido del Estado central son limitadas. Pero, con pocas excepciones, el uso que les han dado a esas facultades también es limitado. En Puno, por ejemplo, el descontento con las pasadas gestiones regionales y la actual es evidente. Pareciera que se les perdona la vida mientras dejen hacer a otros poderes.

En su charla con ellos Ollanta Humala los ha presentado como avasallados por las grandes compañías de su territorio, y les ofrece protección frente a ellas. Al mismo tiempo les ofrece un trabajo conjunto para garantizar la paz social en el país. Un reconocimiento de que estas autoridades elegidas todavía necesitan apoyo limeño para ser parte de la solución.

Algunos politólogos atribuyen la debilidad de estas presidencias a la dispersión electoral: llegan con poco apoyo ciudadano y se encuentran de partida con mayorías opositoras. Sin embargo conflictos como el de Puno no parecen ser obra de mayorías sino de pequeños grupos bien organizados, especializados en tomar las calles y atraer a los medios.

Los presidentes suelen defender su renguera política con el argumento de que ellos solicitan a Lima que tome las medidas que el pueblo reclama, pero que Lima simplemente no los escucha. El presidente puneño tiene una lista de estas desinteligencias, y acaso tiene algo de razón. La tendría más si conociéramos sus pasadas protestas públicas contra Lima.

Es cierto que todavía existen sólidos tabiques entre el poder central y el poder regional, que debilitan hasta el ridículo a este último. La señal más clara de esto es que toda protesta quiere negociar con Lima, que además viene a ser una forma de avanzar en el debilitamiento del gobierno regional. Las fuerzas del orden no son ciegas a esta realidad.

Habría que repensar para qué están sirviendo algunos de los gobiernos regionales (no todos deben entrar en el mismo saco), si Lima no les hace caso, la población local no los apoya y ellos no parecen capaces de obtener ese apoyo. Si solo se trata de gastar el dinero del canon y la regalía, para eso bastaría una gerencia.

* Así es mi Perú…
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El Perú no es San Isidro, aunque algunos no lo entiendan.

La raíz de la crisis de Puno –como la de Huancavelica, Huancayo y muchas otras zonas– es, más allá de lo aparente, es decir, de los reclamos que se vuelven motivo inmediato de una protesta, la clamorosa ausencia de un Estado con la capacidad de proveer los servicios básicos e indispensables que exige una vida mínimamente civilizada.

Hay quienes interpretan las crisis actual de Puno o Huancavelica como una revuelta para amedrentar al presidente electo; como expresión de protesta contra la actividad minera o autoridades universitarias corruptas; como consecuencia del azuzamiento realizado por medios inescrupulosos; o como la maniobra de grupos radicales interesados en desestabilizar a autoridades regionales con el fin de traérselas abajo.

Este complejo mosaico quizá sea un poco consecuencia de todos estos factores pero, en el fondo, es la falta de presencia del Estado lo que explica que Puno sea el reino de la informalidad, ilegalidad, contrabando, narcotráfico y delincuencia.

Eso explica, como señala la socióloga Martha Giraldo, que no sea casual que en Puno no haya inversiones productivas –con excepción de algunas mineras y hoteles–, ni se pueda comprar tierras, ni instalar industrias, o que no haya mano de obra calificada ni proveedores primarios de calidad y formales.

Pero quizá la ausencia del Estado en muchas zonas –como Puno– encuentre su mejor expresión en los constantes ‘ajusticiamientos populares’ que ocurren cotidianamente por todo el país, como una imagen de salvajismo y brutalidad.

El rito es conocido: la población de una localidad identifica a un ladrón que ha hurtado algún bien de una vivienda precaria, o que ha violado a un menor; entonces, proceden a capturarlo, amarrarlo a un palo y darle de alma hasta ponerlo al borde de la muerte; recién cuando ello sucede, entra a tallar la policía –a lo más un par de ellos–, que muy posiblemente estuvo observando la escena salvaje, y se lleva al castigado.

Eso no ocurre –como creen algunos– porque la gente sea bestia. Ocurre porque escasea lo más cercano que puede ser para la población el Estado: la policía, el juez o el fiscal, es decir, la seguridad y la justicia, a lo cual debe sumarse la clamorosa falta de servicios básicos de educación y salud.

Sin Estado ni partidos políticos que canalicen las demandas ciudadanas elementales, el sistema colapsa y surge la protesta violenta como mecanismo cotidiano de solución de problemas u obtención de pedidos básicos.

Así es mi Perú, como dice la canción, aunque no alcancen a darse cuenta de ello aquellos que les cuesta mirar más allá de sus narices para comprender que el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, Puno, es muy diferente de lo que ven cada día en San Isidro.
__________________________
EL COMERCIO JUNIO 26, 2011

(Editorial) ¿Qué lecciones dejan los conflictos sociales?

¿Qué pasó? ¿En qué falló el Estado, el Gobierno y la autoridad? ¿Se manejaron oportunamente los conflictos, considerando todos los factores: ambientales, antropológicos…

El presidente de la República, doctor Alan García Pérez, salió al frente para negar que su gobierno haya estado inactivo frente a los diferentes conflictos sociales y socioambientales, desatados en distintos puntos del país. Hizo referencia al tema de Puno y mencionó la “instigación de gente que organiza paramilitarmente y por la fuerza a comunidades”. Un asunto que de ser confirmado merece la mayor de las sanciones. También dijo: “En la zona sur dicen hemos dado un porcentaje de votos del 80%; nos toca presionar y hacer sentir nuestra fuerza para que nos tomen en cuenta y seamos los que orientemos. Es un intento de presión no democrático en contra del próximo gobierno [...] Pero, tranquilidad, no hagamos alarma ni nada, el país crece como ningún país del mundo, reduce la pobreza y crea empleo, y si tenemos 5 años más con buena mano, vamos a tener una gran posibilidad”, culminó.

No obstante, es bueno detenerse, reflexionar y hacer una sincera autocrítica de la incapacidad estatal para prevenir y resolver oportunamente conflictos que se veían venir, para negociar y no simplemente ceder, como ha ocurrido.

¿Qué pasó? ¿En qué falló el Estado, el Gobierno y la autoridad? ¿Se manejaron oportunamente los conflictos, considerando todos los factores: ambientales, antropológicos y sociológicos? ¿Están las autoridades midiendo el impacto sobre los grupos afectados, de las leyes y decretos súbitos y de última hora que promulgan? ¿Hay una agenda concertada, oscura e ideologizada? ¿Qué ocurre con las autoridades regionales y locales, elegidas democráticamente cuya representatividad terminó relegada frente a personajes desconocidos y nacidos de las protestas?

Los conflictos son de diversa naturaleza y motivación, aun dentro de una misma región. En Puno, por ejemplo, hay que diferenciar la protesta contra la actividad minera formal de las contrarias a la minería informal. Hay que tener claro, también, que no puede hablarse de la “población de Puno”, cuando más bien gran parte de ella es víctima de los desmanes de los grupos organizados y está padeciendo los efectos del caos. Vocerías de grupos de Bolivia vienen además interfiriendo, utilizando radios y diarios locales para lanzar discursos radicales, que azuzan, crean desconfianza y no proponen soluciones.

La violencia ha sido un elemento aglutinante, no solo contra el aeropuerto de Juliaca el viernes –con un saldo execrable de cinco muertos–, sino semanas antes con saqueos e incendios a dependencias estatales como la Sunat y la contraloría, instituciones repudiadas por las mafias de contrabandistas de la zona.

En este contexto, la actuación del Gobierno y de Walter Aduviri, representante de un grupo de los puneños alzados, ha tenido más contramarchas que marchas. Debilidad de la autoridad, incapacidad para el diálogo –entre ambas partes– y una fatal incapacidad del gobierno para comunicar su disposición sobre un tema de mayoritario consenso: la consulta previa. No debió el Estado dar señales de debilidad, como ocurrió al alterarse las instancias judiciales y fiscales para levantar una orden de comparecencia contra Aduviri, y luego ceder sin negociar ante algunas demandas.

Faltó trabajo previo y fino de prevención de conflictos y capacidad de reacción para convocar a los representantes legítimos de la sociedad civil. Es difícil compatibilizar la actividad de exploración y explotación minera con las urgencias legítimas de preservar las fuentes de agua, el medio ambiente y las actividades agrícolas primarias. Pero ese es precisamente el reto del Estado, y en particular de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, que ha de actuar antes de que los conflictos estallen o sean manipulados políticamente. Así como tiene que tramitarse la aprobación de la ley de consulta previa, debe procederse a la reingeniería de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM y los informes de la Defensoría del Pueblo tomados como alerta y guía. Pero debe la defensoría investigar más a fondo sobre leyes y decretos que puedan crispar los ánimos y no solo evacuar sus necesarios informes cuando los conflictos ya están gestándose.

La paz social no puede relegarse so riesgo de debilitar la gobernabilidad, la actividad empresarial, el libre tránsito y la convivencia civilizada. El Gobierno y el resto de autoridades regionales y locales deben asumir su liderazgo y fortalecerlo. La autocrítica es el mejor antídoto para evitar que hechos como los de Puno o Huancavelica y Huancayo se repitan. Fluidez en la comunicación, rapidez de reflejos y sintonía con la población por parte del Estado, son elementos esenciales para evitar que se generen escenarios proclives al estallido social.
____________________________

EL COMERCIO JUNIO 23, 2011

Defensoría ante conflictos sociales: "No podemos esperar que haya muertes"

Defensor del Pueblo en funciones informó que 88 personas murieron en los últimos cuatro años por el mal manejo en la solución de protestas. Agregó que los conflictos no son un tema policial

(Fotos Andina/El Comercio)
“No podemos esperar que haya muertes para solucionar los conflictos sociales, esa es una pésima forma de resolver los conflictos, una pésima respuesta del Estado”, opinó hoy el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna.

“[88 muertos] es una cifra bastante alta que lamentablemente nos deja estos conflictos y que aún no hemos aprendido las lecciones del todo, la respuesta del Estado aún continúa siendo insuficiente para atender las grandes expectativas que se generan, pero también hay una violencia desproporcionada por parte de algunos sectores de la población”, consideró el funcionario.

Vega lamentó el fallecimiento de tres personas durante la última controversia en Huancavelica contra la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja e informó que las últimas cifras arrojan un total de 16 víctimas mortales solo en el 2011.

El defensor criticó que en el Parlamento se haya aprobado la creación de la de la Universidad Autónoma de Tayacaja sin el presupuesto correspondiente y sin tener en consideración los procedimientos que están claramente establecidos en la Ley Universitaria. En ese sentido, destacó que la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, haya buscado una solución al problema.

El defensor también cuestionó la reacción desproporcionada de los pobladores de Huancavelica por haberse enfrentado con la Policía y provocar muertes.

“NO ES UN TEMA POLICIAL”
Al referirse a los sucesos en Puno, Huancavelica y Huancayo, Vega Luna comentó que la resolución de los conflictos no es un tema que policial. “La solución está en otro terreno, en el Ejecutivo, el Congreso y los Gobiernos Regionales. Veamos ese lado [porque] la Policía solo entra para cautelar el orden interno”, opinó.

Vega destacó el rol de la Policía Nacional en Puno, donde se ha evitado ejercer cualquier tipo de violencia con los manifestantes que rechazan todas las concesiones mineras.

Agregó que todo cambio en relación de las actividades mineras y petroleras debe realizarse de acuerdo al marco normativo vigente y promoviendo la consulta previa a las comunidades afectadas.
“Hay un conjunto de expectativas y demandas de la población que siente que el crecimiento económico que se observa en el país, no necesariamente llega a estas zonas más pobres y donde justamente está la actividad minera. Ahí hay que tratar de armonizar los intereses de ese crecimiento económico con los intereses de la población y el Estado debe ser el gran articulador de estos dos intereses”, manifestó en entrevista a Radio San Borja.
__________________________
EL COMERCIO JUNIO 22, 2011

VIDEO: así se producen los conflictos sociales en el país

Un clip animado explica de una singular forma qué es lo que viene ocurriendo en diferentes ciudades donde se bloquean carreteras y se desatan enfrentamientos

Unos lanzan piedras y otros bombas lacrimógenas. Unos defienden sus tierras con su propia vida y otros intentan desbloquear carreteras que los primeros tomaron. Esta situación es de nunca acabar en nuestro país, pues se repite constantemente en ciudades como Puno, Huancayo y Huancavelica.

Incluso los conflictos sociales llegan a tal extremo que algunos compatriotas hasta han perdido la vida en disputas, tal como ocurrió ayer en Huancavelica o hace unos años en Bagua. Pero, ¿qué tienen en común todas estas situaciones? ¿Por qué se producen? ¿Qué se puede hacer para solucionarlas?

Esta y otras preguntas son respondidas de forma gráfica en un peculiar video animado de la Presidencia del Consejo de Ministros.
___________________________

EL COMERCIO MAYO 27, 2011

Defensoría alertó desde el 2008 al Ejecutivo sobre conflicto en Puno

Comisionado de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la institución señaló que en setiembre pasado se intensificaron los reportes

(Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
A través de reportes mensuales, la Defensoría del Pueblo alertó al Poder Ejecutivo desde el año 2008 sobre los cuestionamientos de la población a la actividad minera en Puno, especialmente a la presencia de la minera Santa Ana en el sur de dicha región.

Así lo aseguró el comisionado de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales del citado ente, Porfirio Barrenechea, quien, sin embargo, señaló que hubo un “período de latencia” de las alertas, puesto que no hubo mucho movimiento de los actores sociales.

“Pero hacia setiembre del año pasado, nuevamente –y eso lo pueden contrastar con los reportes que tiene la Defensoría- ya estamos indicando que hay problemas ahí, que es necesario que sean atendidos, hay una serie de demandas a nivel regional y a nivel nacional que el Estado tiene que tomar en cuenta”, expresó en declaraciones a RPP.

Por su parte, el Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, sostuvo que la postura radical en los puneños está cediendo, puesto que ahora están especificando que no quieren la minería en la zona sur de la región.

Asimismo, coincidió con Barrenechea en que este conflicto social “viene desde muy atrás” y dijo que es probable que sí existan “ingredientes políticos” en la problemática que ha movilizado a cerca de 15 mil personas.

En tanto, hizo un llamado a las autoridades para que agoten esfuerzos con el fin de que el proceso electoral del 5 de junio se desarrolle de manera adecuada.
______________________________

EL COMERCIO MAYO 11, 2011

Defensoría registró 233 conflictos en abril

Según el informe, el 50,2% de los casos se debe a temas socioambientales, seguidos de un 11,2% por conflictos debido a asuntos de gobierno local

(Foto referencial: Rolly Reyna / El Comercio)
En su último reporte de Conflictos Sociales la Defensoría del Pueblo dio cuenta de 233 casos, de los cuales 159 se encuentran activos (68%) y 74 en estado latente (31%).

Asimismo se reportan cuatro conflictos nuevos y dos que se había considerado retirarlos de la lista pero que en las últimas semanas se han reactivado.

Uno de los nuevos casos corresponde al conflicto socioambiental en Chugur, donde las autoridades y parte de la población se oponen al proyecto minero Tantahuatay, por lo que convocaron a un paro indefinido desde el pasado 24 de abril durante el cual se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y la policía que dejó un saldo de dos personas heridas.

Del total de casos registrados, el 50,2% (117 casos) corresponde a conflictos socioambientales, seguidos por los conflictos debido a asuntos de gobierno local, con un 11,2% (26 casos), y por los conflictos vinculados a asuntos del Gobierno Central, con 10,3% (24 casos).

También se registra como caso nuevo la crisis que enfrenta a los trabajadores del sector Salud con el Gobierno Regional de San Martín. Los trabajadores se declararon en huelga indefinida y atacaron las instalaciones de la Dirección Regional de Salud.

EL DIÁLOGO PREVALECE
Existen 92 conflictos sociales tratados a través del diálogo, como el que enfrentaron la comunidad campesina de Oyón con la Compañía de Minas Buenaventura, y en el que hay disposición de ambas partes a atender a la convocatoria para participar de una mesa de diálogo.

La Defensoría del Pueblo exhorta a tratar los conflictos por la vía del diálogo para evitar hechos trágicos como los ocurridos en Islay contra el proyecto minero Tía María, cuyas protestas dejaron un saldo de tres peronas muertas.

No hay comentarios:

Las plaquetas de la Nueva Maravilla

Las plaquetas de la Nueva Maravilla
Las plaquetas que ganó Machu Picchu