miércoles, 1 de junio de 2011

GENERAL PNP PASADO AL RETIRO TRAS "MOQUEGUAZO" FUE REPUESTO EN SU CARGO


EL COMERCIO JUNIO 1, 2011

General PNP pasado al retiro tras ‘Moqueguazo’ fue repuesto en su cargo

Alberto Jordán Brignole fue tomado como rehén junto a otros 60 efectivos policiales por los manifestantes

El Poder Judicial declaró fundada la demanda de Amparo Constitucional interpuesta por el General PNP Alberto Jordán Brignole, contra el Ministerio del Interior, y dispuso su reincorporación como General en actividad de la Policía Nacional.

Esta reincorporación ocurre a casi tres años del llamado “Moqueguazo”, momento en que Jordán, quien se desempeñaba como jefe de la XI Dirección Territorial Policial, fue tomado como rehén junto a otros 60 efectivos policiales por los manifestantes que tenían el control del puente Montalvo.

El general tenía la orden de desalojar el puente, pero al encontrarse en inferioridad numérica frente a los huelguistas y con el fin de evitar una violenta represión, optó por dialogar con los manifestantes, posteriormente fue pasado al retiro por “renovación de cuadros”.

“Cuando mis superiores me ordenaron que saque las armas, no lo hice, no podíamos matar a nadie ni podía arriesgar la vida de mis policías frente a una multitudinaria turba”, precisó Alberto Jordán Brignole en un comunicado de prensa.
_________________________

LA REPUBLICA MAYO 3, 2010

No bloquee, hay orden de disparar
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Implicancias de la condena al general Alberto Jordán.

La condena de dieciocho meses de prisión condicional que el Tribunal Militar Policial le acaba de aplicar al general Alberto Jordán Brignole es un mensaje importante para el incremento previsible de la conflictividad social durante la temporada electoral que recién empieza.

La justicia castrense condenó al general Jordán por incumplir la orden de desbloquear el puente Montalvo, en Moquegua, el 16 de junio de 2008, cuando la población lo había capturado para forzar una solución de acuerdo con sus intereses.

La generalización del bloqueo vial puede haber hecho olvidar a muchos que esta forma de protesta es, por más justificada que sea su causa, un delito que ocasiona graves perjuicios a la ciudadanía. No deja de ser paradójico que, con frecuencia, se escuche el sinsentido de la ‘toma pacífica de la carretera’.

Por ello, tienen razón las autoridades y muchos sectores del país que demandan el cese de este tipo de medidas. El estado tiene, además, la misión de preservar el orden, una de cuyas condiciones es el libre tránsito de personas y mercancías.

Pero esto se interpreta distinto desde ‘el otro lado del mostrador’, el de los que protestan, quienes perciben que el estado padece de sordera absoluta y ceguera total para enfrentar oportunamente los conflictos sociales, antes de que exploten y no recién cuando la sangre llega –a veces literalmente– al río.

Desde ahí se observa que la ventanilla estatal tiene dos colas: la ‘VIP’, que avanza rápido y donde hay ‘buena voluntad’, y la ‘popular’, donde el servicio es malo y la fila se atraca.

Bloquear carreteras es, sin duda, un delito, pero tener una actitud indolente ante los problemas sociales que enfrenta hoy el país –255 a fines de marzo, según la Defensoría– no está tipificado en el código penal.

Una comunicación mediocre de la empresa; un estado ausente sin capacidad de identificar problemas y adelantarse a su solución actuando como anfitrión para armonizar diferencias; falta de información de la población y desconfianza por experiencias pasadas; el incumplimiento de lo pactado; azuzadores profesionales que ganan en río revuelto; y una policía sin equipamiento para la disolución inteligente de la protesta y –como en el puente Montalvo– planes operativos desastrosos, que suele ser enviada por los políticos como carne de cañón; es el combo ideal para el fracaso.

En este contexto, la calificación reciente del presidente Alan García de ‘terrorismo vial’ de una ‘ínfima minoría’ a todos los bloqueos de carreteras, junto con la sentencia al general Jordán, pueden ser el mensaje para los meses siguientes: ‘no bloquee, hay orden de disparar’.
__________________________
EL COMERCIO MAYO 3, 2010

General Jordán, sentenciado por el 'Moqueguazo': "La policía me abandonó"

El general PNP defiende su decisión de optar por el diálogo y denuncia que el gobierno usa conflictos como “cortinas de humo”.

Por: Juan Aurelio Arévalo

El lema de la Policía Nacional del Perú (PNP) es “Vida que cuida tu vida”, pero al general Alberto Jordán Brignole lo acaban de condenar a 18 meses de prisión
condicional por haber hecho exactamente eso. El fuero militar-policial lo sentenció por cometer el delito de omisión de cumplimiento del deber de función operativa. Al entonces jefe de la XI dirección territorial policial durante el llamado Moqueguazo le pidieron desalojar el puente Montalvo , pero al verse disminuido numéricamente no pudo retirar a los manifestantes y optó por el diálogo para evitar muertes, hecho que fue calificado de cobardía. Dice que el actual ministro del Interior, Octavio Salazar, complotó para terminar su carrera.

¿Su error fue no morir en Moquegua, general?
No lo diría así. La intervención policial fue demasiado rápida. Ese fue el problema. No hubo unidad de comando. El entonces director general de la PNP, Octavio Salazar, dispuso que el plan de operaciones lo debía ejecutar el jefe de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Policiales (Direop), Julio Vergara, pero él no lo hizo y me lo dejó a mí. El manual de Estado Mayor señala que un plan operativo se debe ejecutar con 72 horas de anticipación, pero a mí me dieron solo 6.

Lo sentencian por incumplir la orden de desbloquear “a como dé lugar” el puente Montalvo. ¿Usted faltó al deber?
No. Esta operación desde un inicio estuvo mal planificada. No tuve gente necesaria. El ex ministro del Interior, Luis Alva Castro, y el general Salazar mintieron cuando se presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso y dijeron que habían trasladado 1.950 agentes a Moquegua cuando solo llegaron 696. También dijeron que habían viajado 20 agentes de la dirección de inteligencia, pero ese personal recién empezó a viajar el día 15. De esos veinte, trece llegaron el día 19. O sea tres días después de los hechos.

¿Esta es una sentencia política?
Yo no puedo decir eso, pero lo mío es un tema político. Hasta el presidente intervino y me dieron de baja. Hasta setiembre del 2008, a mí y a mi familia nos seguían y me interceptaron el teléfono. Yo hice la denuncia ante la fiscalía y la División de Secuestros hizo una investigación y encontró que gente de Seguridad del Estado y de la Dirección de Inteligencia de la Policía eran los responsables. Ellos solo pueden recibir órdenes del director general [actual ministro del Interior].

¿Por qué era importante para Salazar seguirlo a usted?
Puede ser porque “Caretas” sacó una nota cuando yo estaba en el Estado Mayor viendo un problema de construcción civil y para tratar el tema salí junto con otro policía a almorzar con Mario Huamán. Ahí “Caretas” me vinculó con Ollanta Humala.

¿Por qué dice que Salazar lo traicionó?
Primero porque no me dio los agentes ni la gente de inteligencia. Pero, además, él ordenó que yo estuviera en la zona de acción. El jefe de comando debe estar en una zona alejada. Si capturan al general, la organización se pierde.

El coronel de la Dinoes Cléver Vidal afirmó que usted nunca estuvo en el puente Montalvo y que él tomó la decisión de usar los gases lacrimógenos porque usted se rindió y nunca se comunicó con él.
Yo estuve ahí más de 10 veces en distintas horas desde la madrugada. Él recién llegó a las 4:30 a.m. Cuando suceden los hechos yo no estuve ahí, pero sí en la intersección del puente Montalvo. Y miente cuando dice que no se comunicó conmigo porque en su manifestación en la inspectoría él afirma que mantuvo una comunicación fluida.

¿La declaración de Vidal obedece a una orden?
Ningún oficial en actividad puede salir a declarar si no tiene la autorización del director general. Supongo que debe haber habido una orden del ministro para que esto suceda.

Si él tuvo tanta responsabilidad, ¿por qué no está sentenciado como usted?
Eso pregúnteselo al Consejo Supremo.

Pero hubo una investigación de inspectoría a causa de la cual le encuentran responsabilidad en el “moqueguazo”.
El inspector general Luis Henríquez Palacios se inhibió de continuar con la investigación. A partir de testimonios de oficiales que participaron en los hechos, estos le manifestaron que habían recibido órdenes directas de Salazar y, por lo tanto, lo comprometían. Al enterarse de esto, Salazar le adjunta dos hojas en que le indica qué normas debe tener en cuenta para realizar su evaluación. Es decir, pretende orientar la investigación, y al hacer eso Henríquez no acepta la injerencia y se inhibe.

¿Qué pasó después?
La investigación fue derivada a asuntos internos. El doctor Carlos Chávez, que es aprista, retoma el caso y limpia a Salazar.

¿Y la responsabilidad es de Alva Castro?
Él tenía la responsabilidad política, pero eso lo debía ver el Congreso.

¿La policía lo abandonó?
Sí me abandonaron. A mí me mandan al Estado Mayor como un parásito. Como alguien que no servía. Cuando yo me lesiono la mano y me trasladan a un hospital en Arequipa, el general Salazar me pide que no hable con la prensa y me dice que me va a dar un buen puesto cuando regrese a Lima. Yo le dije que mi carrera se había acabado. En eso entró un médico y dijo que no podían operarme ahí. Salazar ni se inmutó. Nosotros contamos con un fondo de contingencia, yo caí herido en función policial y nadie me ayudó. Yo pagué mis dos operaciones con mi propio seguro.

Usted pidió entrevistarse con el presidente. ¿Qué pasó?
Nunca tuve una respuesta.

¿Qué sintió cuando el presidente lo llamó cobarde?
Me sepultó. Dijo que tuve miedo físico y se quejó porque no llevé armas. El general Salazar le informó mal porque él mismo me ordenó que no hiciera uso de armas de fuego. Pero dolió aun más que él me llamara cobarde porque yo fui durante un mes seguridad personal de Víctor Raúl Haya de la Torre y durante su primer gobierno fui seguridad del primer vicepresidente Luis Alberto Sánchez.

¿En este gobierno, el principio de autoridad vale más que el valor de la vida?
Perdón. El principio de autoridad no es sacar las armas y arremeter contra la gente. El principio es tener una mesa de diálogo multisectorial en que todos participen. La única autoridad que trabaja en ese tema es la defensora del Pueblo.

El Ejecutivo dice que no se puede dialogar mientras se haga uso de la violencia.
Los conflictos no aparecen de la nada. Hay una falta de prevención total. Yo envié cerca de 45 informes de inteligencia desde el 29 de mayo en que advertía sobre el problema que se estaba generando en Moquegua. En Lima nunca procesaron esos informes; no los tomaron en cuenta.

¿La ideología de la fuerza es lo que prima en la policía?
Sí. El gobierno se está aprovechando de la policía, cada día la va desprestigiando y convirtiendo en una policía “matona”. Los expone, los envía desarmados, sin equipos. Se están aprovechando de los conflictos sociales.

¿Qué provecho puede sacar el gobierno de una toma de carreteras o una huelga?
Los conflictos sirven de cortinas de humo para tapar la corrupción. Ahora tenemos el tema Cofopri, los audios. Se trata de distraer a la masa. Todo esto se puede solucionar con diálogo.

¿Usted cree que el gobierno lo vio a usted como el general tarado que dialogó y por eso le dieron de baja?
Tú lo has dicho.

¿Qué siente el policía cuando lo mandan a intervenir en una situación de conflicto social?
Se persigna, reza, le pide ayuda a Dios porque no sabe si regresa. Hay una irresponsabilidad total. Los agentes de la USE sí cuentan con equipos antimotines. Los de la Diroes también. Pero los que van de unidades cercanas, de los pueblos, esos van con sus uniformes y punto.

En las protestas mineras, el presidente del Consejo de Ministros vinculó al humalismo con los hechos de violencia. ¿Cuál es el verdadero papel de los humalistas en las manifestaciones?
Ese es un discurso para evadir la responsabilidad. Los humalistas sí están metidos y participan, pero ese porcentaje no es la mayoría.
__________________________
EL COMERCIO ABRIL 30, 2010

"El general Alberto Jordán nunca estuvo en el puente Motalvo durante el Moqueguazo"

El jefe de la Dinoes, coronel Cléver Vidal, aseguró además que “Jordán se rindió” ante el cerco de pobladores armados con lanzas

El jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), coronel Cléver Vidal, negó que el general pasado a retiro Alberto Jordán hubiera estado presente en el puente Montalvo cuando ocurrió el “Moqueguazo”.

Según indicó, él y su equipo policial se vieron cercados por pobladores provistos de lanzas, quienes evitaron la salida de la zona, y que en ningún momento recibió ayuda de Jordán. “Él se rindió”, apuntó en referencia a Alberto Jordán .

Asimismo descartó que sus declaraciones intenten “limpiar” al ministro del Interior, Octavio Salazar, de una presunta omisión o mala actuación durante el “Moqueguazo”, simplemente “digo la verdad con pruebas”.

Respecto al uso de los gases lacrimógenos en el puente Motalvo, Vidal manifestó a la emisora radial RPP que esta decisión fue tomada para salvaguardar la vida del personal policial y fiscal, y que no pudo consultársela a Jordán porque este no contestaba las llamadas.

Indicó que solo contaba con 200 hombres que llegaron para brindar apoyo a la región policial de Moquegua, sin embargo, nunca llegó a hablar personalmente con Jordán, ya que este se encontraba en su base.

* General Jordán afirmó que la Policía Nacional no está organizada para enfrentar una crisis social
Luego de ser sentenciado a 18 meses de prisión suspendida por el “Moqueguazo”, el ex oficial cuestionó también la forma cómo han fracasado las licitaciones del Ministerio del Interior

El general (r) PNP, Alberto Jordán, condenado ayer a 18 meses de prisión suspendida por no haber cumplido con desbloquear el puente Montalvo, en Moquegua, en junio del 2008, indicó que en la Policía Nacional del Perú no existe una unidad de comando organizada al momento de enfrentar una crisis social.

“En una organización manda una sola persona. En el caso de Moquegua daba órdenes el general Octavio Salazar y el director de operaciones. Ahí se originó el descontrol”, manifestó en el programa de TV “La Hora N”.

Alberto Jordán auguró que la institución policial podría “seguir declinando si no hay personas que la sepan comandar”. Vaticinó además que la Policía tendrá que afrontar agudos problemas de inseguridad y lucha antidrogas, pero depende de un nuevo giro en su estructura el que esto se pueda realizar con éxito.

“Estamos cansados de la corrupción. La Policía debe ser fortalecida por el Estado tanto en sueldos como en el tema de salud, eso es importantísimo”, dijo.

Finalmente, el ex oficial cuestionó que la mayoría de licitaciones puestas en marcha por el Ministerio del Interior para adquirir armamento disuasivo haya abortada. “Qué pasó con lo de las tanquetas y con lo de las bombas lacrimógenas. Nunca llegaron”, lamentó.
_________________________
EL COMERCIO ABRIL 29, 2010

General sentenciado por el 'Mogueguazo' denunció complot del ministro del Interior para sacarlo

Alberto Jordán fue condenado a 18 meses de prisión condicional por no despejar el puente Montalvo, en junio del 2008. Indicó que Octavio Salazar le ordenó ir desarmado con sus hombres para despejar ruta

Disparó con todo. Tras ser condenado a 18 meses de prisión suspendida por no haber cumplido con su deber de desbloquear, a como diera lugar, el puente Montalvo, en Moquegua, el 16 de junio del 2008, el general de la Policía Nacional del Perú, Alberto Jordán, arremetió contra el ministro del Interior, Octavio Salazar .

En ese momento, Salazar se desempeñaba como director general de la Policía. Jordán era jefe de la Undécima Dirección Territorial Policial con jurisdicción en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Jordán, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Militar Policial, deberá estar sujeto a estrictas reglas de conducta. Sin embargo, apeló la sentencia.

“La orden telefónica del día decía que yo debía estar en la zona de acción. El director general me puso para que esté en la zona de acción y si no estaba ahí, podía ser denunciado por cobardía”, contó Jordán en Radio Programas del Perú.

MALAS DECISIONES
Jordán fue separado de su cargo y criticado duramente por el presidente Alan García, quien lo llamó “cobarde”.

Jordán asegura que no realizó la intervención porque se iba a poner en riesgo varias vidas.

SALAZAR RESPONSABLE
En octubre del 2008, Inspectoría General de la PNP halló responsabilidad en Salazar Miranda de ordenar el lanzamiento de gases lacrimógenos sobre la multitud de personas reunidas alrededor del Puente Montalvo, hecho que provocó el enardecimiento de la población y la posterior captura del general.

Jordán refirió que la orden de Salazar era ir con sus hombres desarmados al puente Montalvo.

“Él (Salazar) debió estar acá (en el juicio). Esto es un complot para sacarme”, remarcó, ya en la salida del juicio.

* General que preservó la vida de subalternos durante el 'Moqueguazo' podría ir a la cárcel
Tribunal militar decidirá suerte de Alberto Jordán por no haber cumplido con su deber de desbloquear, a como diera lugar, el puente Montalvo. Él dice que hubiera sido suicida realizar intervención

Por: Alfredo Alí Unidad de Investigación

Sobre el general PNP Alberto Jordán Brignole pesa un pedido fiscal de seis meses de pena privativa de la libertad, supuestamente, por no haber cumplido con su deber de desbloquear, a como diera lugar, el puente Montalvo, en Moquegua, el 16 de junio del 2008.

Hoy jueves la justicia militar decidirá si envía a prisión al entonces jefe de la XI Dirección Territorial Policial, lo absuelve o le aplica una pena privativa de la libertad suspendida.

Otros 10 oficiales están acusados, igualmente, bajo el cargo de omisión de cumplimiento de deber de función operativa.

La defensa del general Jordán sostiene, sin embargo, que ejecutar una operación policial, a esas alturas, resultaba poco menos que suicida. En primer lugar, por la enorme superioridad numérica de los manifestantes frente a la escasa cantidad de policías mal equipados.

“El costo social iba a ser muy alto. Posiblemente se iban a producir muchos muertos y heridos, en especial en el lado de las fuerzas policiales que no portaban armas de fuego y estaban provistas de escasas bombas y cartuchos lacrimógenos”, explicó Jordán.

PREFIRIÓ EL DIÁLOGO
Señaló que, por ello, él prefirió dialogar, basándose en la Orden Telefónica 1198, a través de la cual el entonces director general de la PNP, Octavio Salazar, le indicó que el desbloqueo del puente Montalvo debía “evitar costo social alguno y asegurar que el accionar policial se ejecute con el debido respeto a los DD.HH. [Derechos Humanos]...”.

El puente y sus alrededores habían sido tomados por unos 25 mil pobladores enardecidos y provistos de armas de fuego, lanzas, palos, huaracas, cuchillos y otros objetos. Muchos tomaban licor para darse valor.

Los policías apenas eran 690 en la zona de conflicto. Se estima que, para enfrentar a tamaña masa humana, por lo menos debieron acudir al lugar unos tres mil custodios con armas de fuego en la retaguardia y con una dotación de gases lacrimógenos tres veces mayor a la que tenían.

Pero no. Tal como consta en la Orden Telefónica 1194-2008-DGPNP-CEOPOL-JO del 15 de junio del 2008 (en la víspera del llamado día D), los policías acudieron al lugar de la operación sin “armas de fuego, ni de puño, ni armas largas, ni escopeta”.

GASES LACRIMÓGENOS
En lo que respecta a los gases lacrimógenos, estos eran escasos. Otro documento revela que, desde el 8 de enero del 2007 hasta el 2 de abril del 2008, Jordán Brignole envió casi 20 solicitudes a las diversas instancias en Lima, para pedir gases lacrimógenos, pero con resultados adversos.

Ha quedado acreditado, asimismo, que el entonces director de operaciones de la PNP no elaboró un plan específico y que, ante la falta de este, la XI Dirtepol formuló una orden de operaciones que fue aprobada apenas algunas horas antes de la fallida intervención.

Un aspecto que colisionó con la doctrina policial es el hecho de que el propio director de la PNP, Octavio Salazar, daba órdenes a varios oficiales a la vez. Es decir, no hubo, como debía ser, una jefatura o comando único, debido a lo cual hoy se sabe que cuando el general Jordán dialogaba con los dirigentes en la iglesia de Moquegua, desde un helicóptero policial, sin que él lo supiera u ordenara, se arrojaron bombas lacrimógenas contra los que habían tomado el puente Montalvo.

¿UNA TRAICIÓN?
Este hecho fue considerado por los huelguistas como “una traición del general”, lo que originó una mayor belicosidad por parte de ellos. Sin embargo, para controlar a su gente, manejar personalmente la situación y evitar excesos, Jordán y un contingente policial se apresuraron hacia el convulsionado puente Montalvo.

En dicho lugar, los enardecidos manifestantes tomaron como rehenes al jefe policial y a otros 60 policías. Para preservar la vida de sus policías (muchos de los cuales estaban heridos), aquel aceptó ofrecer disculpas al pueblo de Moquegua, agitar una tela blanca y ordenar el retiro de sus tropas. Antes se había negado a pedir perdón de rodillas. Luego de ello vino la calma, una tregua y el diálogo con el Gobierno Central se abrió en torno al pedido de no recortar el canon minero.
___________________________

-----Mensaje original-----
De: Jairo Doidao [mailto:doidao_jairo_2000@yahoo.com]
Enviado el: jueves, 26 de junio de 2008 11:50
Para: Jairo Doidao
Asunto: ¿EL GENERAL JORDAN O UN "SUR" REPRIMIDO?

Sr. Director:

¿EL GENERAL JORDAN O UN “SUR” REPRIMIDO?

¿No es un total desbalance hacer responsable a una sola persona de todo un
proceso de represión? A mi parecer el General Jordán -activo de la policía-,
bueno al menos lo era, buscó primero el dialogo y no la violencia. Sin
embargo, no entendemos el motivo de su CESE repentino. Se debe
“supuestamente” por el hecho de no haber acatado órdenes del más alto mando,
no obstante las autoridades no especifican ¿cuáles fueron estas órdenes?
Tal vez en su ingenuo criterio pensó que dialogar con el cura local y los
izquierdistas disminuirían el problema.

El problema de fondo no es el General Jordán, hay como ya se ha dicho hasta
el cansancio, cual disco rayado, demandas insatisfechas. Al cesar a este
hombre aparentemente honesto y con buenos principios se está actuando de
forma injusta, ¿qué culpa tiene el General de toda la ineficiencia estatal y
de no saber procesar reclamos en su debido momento? Un Estado indolente y
sin capacidad de escucha. Con este hecho solo se incentiva la autoridad por
autoridad sin usar el criterio y el buen juicio. Seguir órdenes ciegamente,
el equivalente al autoritarismo, no tiene sentido, la autoridad juega un rol
muy importante que es el de mantener el orden, redistribuir
responsabilidades y darle a cada quien lo que le corresponde.

¿Acaso terminar la violencia con más violencia es la solución?, es decir, si
el general Jordán reprimía a la multitud con violencia con balas de sangre,
con muertos ¿hubiese permanecido en el cargo?, especialmente, si era una
guerra ya perdida (cualquier acción policial daba lo mismo, eran 700
efectivos contra 15,000 personas furibundas).

Hay en Moquegua como en muchas otras partes expresiones no dichas y que
están reprimidas por décadas (hablando de todos los pueblos en general) que
son bombas de tiempo y que al salir obviamente son como una olla a presión.
Según mi percepción, esto sucede por falta de autoestima (creer no ser
merecedores de reclamar sus derechos y esperan a que las cosas se acumulen
cuando ya no se da más) por un lado pero más importante aún es la falta de
conocimiento de cómo procesar adecuadamente sus frustraciones (de manera
positiva y sin violencia) las cuales muchas veces no se llegan a canalizar.

Ya lo dijo Henry Pease en su libro “Reforma Política” existe en el Perú un
problema de representatividad que hace que esta democracia sea tan frágil y
vulnerable ante cualquier levantamiento social. El tema del Canon, es un
ejemplo, es un tema explosivo en el cual hubo injusticias en la distribución
y que se encuentra latente en el resto de regiones del país.

Necesitamos representantes, que lleven y traigan la voz de los
representados, actuar con prevención y muchas mesas de dialogo de por
medio, y no ser simples “chicheños” que agachan la cabeza y le dicen sí a
todo. No esperemos que el desencanto siga creciendo y cuando se vaya a tomar
otro camino sea muy tarde para ello. La pelota está en cancha del Estado y
después no lloremos sobre la leche (o sangre) derramada.

Jairo da Silveira Doidao
CEP 41940-000
Salvador de Bahia
Brasil
____________________
EXPRESO 24 de Junio de 2008

El tonel de diógenes
Sin pie ni bola
Alejandro Tudela Chopitea

Dos hechos marcaron, especialmente, el último acontecer hebdomadario: la peligrosa asonada de Moquegua, con serias repercusiones sobre Tacna y su rebote nacional; y la humillante goleada propinada a nuestra selección de fútbol que, para variar, prácticamente nos elimina del próximo Campeonato Mundial Sudáfrica 2010.

El “moqueguazo” que trastornó por varios días el sur profundo del país –y que aisló a la región tacneña y produjo el resquebrajamiento del poder de policía–, no sólo es grave por lo que se ha perdido y perjudicado, sino porque evidencia, patéticamente, la imprevisión e indolencia del aparato burocrático estatal frente a una demanda popular que no dejaba de ser legitima.

Hace más de medio año que se larvaba el conflicto moqueguano, causado puntualmente por la aplicación del mecanismo técnico–legal de distribución del canon minero que originaba un creciente desequilibrio en la asignación de recursos públicos entre Moquegua y Tacna. Los ministerios competentes lo sabían; el Servicio Nacional de Inteligencia ya había alertado sobre la tensión social en aumento, pero la respuesta burocrática no pasó de las palabras o de la pilatuna lavada de manos.

Durante el pico del “moqueguazo”, resultó significativo escuchar al Presidente García reclamando porque la madre del cordero –léase, el entuerto legal responsable del entripado–, era anterior “a su gobierno”, o al ministro de Energía y Minas sosteniendo el trabalenguas que el origen del problema se hallaba en la Ley del Canon y no en su reglamento. Por dios, eso es agarrar el rábano por las hojas: Si la norma es el problema, ésta se modifica o cambia, y si el proyecto de ley no caminaba en el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo pudo perfectamente dictar un decreto de urgencia que aprobase las medidas extraordinarias que desactivasen la asonada que se venía a trancos y las por venir.

Restablecida la magullada tranquilidad pública en Moquegua, la vocería del régimen aprista ha exigido que se ponga en la picota a los cabecillas del desmán moqueguano, incluso al jefe policial que reprimió tan desafortunadamente el paro tumultuario, y a quien quieren hacer cargar con el bulto. Es obvio que se ha violado el orden público, y que hay responsabilidades penales que imponer, pero sería un craso error mirar con un solo ojo o reducir el accionar del Estado a la aplicación del “imperio de la ley”.

Lo sucedido en Moquegua es la crónica de una ineptitud administrativa inaceptable, y del desprecio burocrático por las justas demandas ciudadanas. Si se pide que caiga todo el peso de la ley sobre los revoltosos, no menos palos deberían caer sobre los altos funcionarios y empleócratas culpables de la desidia estatal que soliviantó la reacción popular, y que mañana puede repetirse en otra región del país. Cómo será la indolencia gubernamental, que la Unidad de Solución de Conflictos del premierato aún no funciona por falta de presupuesto y de personal. ¡Amén!
Nota.- Sobre el drama futbolero, que ya lleva casi tres décadas, nos ocuparemos en otra ocasión.
_________________________
PERU 21 23 de Junio de 2008

LEJOS DE LA GENTE

La opinión del Director
Augusto Álvarez Rodrich

La función de representación en la política peruana.

Algo que volvió a constatar el 'Moqueguazo' es la profunda dificultad del sistema político peruano para trasladar con oportunidad las demandas de los ciudadanos hacia las instancias de poder, y de procesarlas con eficiencia con el fin de tomar una decisión.
Eso explica que un reclamo legítimo de Moquegua por la porción que le corresponde del canon minero se haya demorado un año en ser evaluado por el Poder Ejecutivo con el típico peloteo entre ministerios. Se tiene que estar en desacuerdo con el uso de formas violentas de reclamar, pero también con las autoridades que solo reaccionan cuando se bloquea el puente y secuestra al general.

Esa parece ser la única manera de ser escuchados y, lamentablemente, la experiencia moqueguana será imitada en otras zonas del país. La incapacidad del sistema político de intermediar las demandas ciudadanas está en el centro del problema.
Por ello, el respaldo de la gente a las protestas está creciendo, y lo está registrando más de una encuesta reciente. La Universidad Católica concluye que para el 92% es muy importante que las personas puedan protestar y manifestarse para defender sus demandas, mientras que en la de Ipsos-Apoyo el 69% justifica la reciente protesta en Moquegua, y el 57% está de acuerdo con el paro nacional anunciado para el 9 de julio.
Lo anterior son solo algunas expresiones de que la política nacional está funcionando muy mal desde hace mucho tiempo. De hecho, los peruanos estamos en el fondo de la tabla latinoamericana de satisfacción con el funcionamiento de la democracia.

Al respecto, Henry Pease acaba de publicar el libro Reforma política, en el que ofrece, de un modo claro, directo y breve, un conjunto interesante de ideas para consolidar el régimen democrático. Su conclusión es que el problema central de la política peruana radica en que no funciona la tarea de representación, lo cual acaba alejando a la gente de los políticos.
Para corregirlo, Pease plantea reformas en el sistema electoral, en los partidos y en el sistema de gobierno. Pero esto requiere cambios constitucionales cuya aplicación es prácticamente imposible por la conformación del Congreso actual.
_________________________
-----Mensaje original-----
De: valetodo@yahoogroups.com [mailto:valetodo@yahoogroups.com] En nombre de sic@sicperu.org
Enviado el: Domingo, 22 de Junio de 2008 10:38 a.m.
Para: sic@sicperu.org
Asunto: Valetodo - EJEMPLAR CONDUCTA DEL GENERAL ALBERTO JORDAN

Ejemplar conducta del Gral. Alberto Jordan Brignole

SÍ, MI GENERAL: CON LOS DERECHOS HUMANOS

Por WINSTON ORRILLO

Su actitud ha sido paradigmática. Un ejemplo de buen proceder. Rara avis, es cierto, en un hombre de mentalidad y formación castrense, lo cual prueba, pues, que es hora seguir derribando prejuicios, respecto a los hombres de uniforme.

General PNP Alberto Jordán Brignole, no tengo el gusto de conocerlo, pero por los informes sobre su ponderado proceder, merece usted que le envíe un saludo público, redactado por un escritor, peruano como usted, y harto ya (seguro que es su caso) de ver los cadáveres insepultos de la gente del pueblo, cuyo único delito es reclamar por las condiciones de vida que les esquilma el neoliberalismo y la espuria globalización, íconos y non plus ultra del actual Régimen

Ya sé que la disciplina, la jerarquía…pero usted procedió de acuerdo a su conciencia y sobre todo de acuerdo a los derechos humanos.

¿En qué diccionario espurio la palabra uniformado es sinónimo de ¿ensangrentado?

Porque ellos hubieran querido –tienen mucha experiencia (prontuario debía escribir )- que al final de la jornada usted hubiera presentado los cadáveres de unos cuantos cientos de “insurrectos”, a los que, fácilmente, les hubieran colgado el sambenito de “terroristas”, cuando no eran sino la masa, el pueblo, parte de “esa gran humanidad que ha dicho ¡Basta! Y su marcha de gigante no se detendrá hasta conseguir su Segunda y definitiva Independencia” (estoy citando la 2ª Declaración de La Habana )..

Esos son parte del pueblo que usted y yo integramos, y no “objetivos militares”, destinados a las deletéreas condecoraciones estigmáticas que ahora adornan, indeleblemente (porque estos crímenes no prescriben), los pechos y las conciencias de los responsables de las masacres de Cayara, Accomarca, Molinos, El Frontón, la Embajada de Japón, la Universidad La Cantuta, Barrios Altos, et. al.

Claro que no solo hubieran, en/por las armas de la policía muerto ciudadanos civiles, sino que, sin duda, miembros de su Cuerpo, igualmente, se contarían por decenas, pues, no lo olvidemos, eran 700 uniformados contra 20,000 hombres, mujeres y niños que lo único que hacían era reclamar sus derechos esquilmados, preteridos, destinados al engorde de las trasnacionales y de sus proxenetas del Gobierno.

Yo recuerdo haber sonreído muchas veces cuando oía aquello de “El honor es su divisa”; pero ahora usted ha revalidado eso que se había convertido en un clisé.

Pero claro que eso es penado en el Perú de hoy. Primero con los anatemas de las autoridades sedientas de sangre, y luego por el coro celestino que les hacen los latifundios mediáticos que, por cierto, también cobran lo suyo.

Mientras tanto usted será sancionado. Ya lo sancionaron por no haber querido seguir el ejemplo del genocidio que, como un estigma, forma parte del escudo de armas del tragicómico Gobierno de turno.

Pero hay sanciones que enaltecen. Que catapultan a la pequeña historia de la patria en trance de cambio.

Repito: no lo conozco. Solo valoro lo que ha hecho: evitar más derramamiento de sangre en un país ahíto de crímenes sin castigo.

No sé si usted conoce (es mi oficio) los versos de un inmortal colega de la Patria de Martí, versos que usted ha tarareado, sin saberlo, en la jornada del Moqueguazo, primera victoria popular peruana en el siglo XXI:

“No sé por que´piensas tú,
Soldado, que te odio yo…”
_________________________
EL COMERCIO 18 de Junio de 2008

EDITORIAL
Moquegua: principio de autoridad no puede vapulearse más

Los graves sucesos de los últimos días en Moquegua han desnudado muchas debilidades de la estructura del Estado y la gestión gubernamental, pero también el ánimo desestabilizador de ciertos grupos radicales que aprovechan el más mínimo resquicio para atizar la violencia.

Como consecuencia de todo ello, ha salido seriamente resquebrajado el principio de autoridad, con todo lo que ello significa. Ha sido lamentable, absurdo y vergonzoso ver cómo un alto jefe policial y 60 efectivos fueron reducidos y mantenidos como rehenes por una turba incontrolable, que los obligó a cantar y pedir perdón. Es decir, ¡el mundo al revés!: la autoridad jaqueada y literalmente por los suelos y el Estado de derecho peligrosamente desvirtuado, con lo que se sienta un peligrosísimo e intolerable precedente.

El mensaje que se da al resto del país es francamente nefasto: para conseguir algo, lo que fuera, no vale el diálogo sino que hay que apelar a la violencia más extrema; la masa desbocada que protesta lo justifica todo, no solo el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento de grandes centros poblados, sino también el pisoteo de la ley y de la autoridad que la representa.

Tal situación demanda explicaciones y soluciones urgentes y coherentes para restaurar el imperio de la autoridad, de la ley y del orden. Hay serias responsabilidades por asumir, primero del Ejecutivo, que no previó ni tomó medidas para evitar que un conflicto en curso se les fuera de las manos y se desbordara a tal extremo.

No funcionaron ni la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, ni los mecanismos de enlace y coordinación con los gobiernos regionales y locales de Tacna y Moquegua, ni los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior. Tampoco hubo una estrategia policial eficaz para enfrentar la protesta y desbloquear las vías, y en este fracaso el general retenido no puede ser el chivo expiatorio. Finalmente, se aplica la política del bombero, donde se acude a última hora para apagar incendios.
Al centro de todo está la norma de cálculo y distribución del canon minero, problema que viene de años atrás y exige urgentes modificaciones que recién en estos días se han planteado y aprobado. Sin embargo, el acuerdo preliminar al que se habría llegado con las autoridades regionales no ha servido de mucho. Solo ayer, luego de arduas negociaciones, se logró la liberación de los policías rehenes, pero continuaban los bloqueos, las amenazas y los oídos sordos a la autoridad y al derecho de las mayorías a circular y a sobrevivir.

¿Qué quiere decir esto? ¿Que los dirigentes que se sientan a la mesa de negociación no tienen suficiente representatividad y autoridad? ¿O que quienes protestan en el sur obedecen a otras consignas y otros liderazgos radicales agazapados que jalan agua para otros molinos?

Tal situación no puede continuar. Ha sido oportuna la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia para calmar los ánimos y propiciar un clima de distensión, pero la gravedad del momento exige reflexionar seriamente sobre lo que se hizo o se dejó de hacer.

Nunca más vigente la iniciativa de formar macrorregiones, precisamente para aprovechar mejor las potencialidades de regiones separadas y evitar conflictos y enfrentamientos como los actuales. Pero, para ello hay que vencer muchas resistencias, desde las de los caudillos locales hasta las de sectores chauvinistas o radicales que no ven más allá de sus narices e intereses.

Finalmente, por la salud del Estado de derecho, desde las más altas instancias del Estado --los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- debe tomarse nota de que lo sucedido no puede pasarse por alto. Y si bien tenemos que propiciar más y mejores mecanismos de diálogo y acción dentro de la estructura del Estado, por otro lado la afrenta a la ley no puede quedar impune. Hay que deslindar responsabilidades (políticas, corporativas y personales) y aplicar las sanciones correspondientes a las gravísimas faltas. No hacerlo significaría abrir las puertas al desorden y la anarquía, que es lo que buscan algunos irresponsables y desestabilizadores de opciones extremas.
____________________
OJO 18 de Junio de 2008

EN SUR DEL PAIS POR PARO QUE DURA UNA SEMANA

Se perdieron 46 millones de soles

Durante una semana de protestas, el paro en Moquegua ha generado en esta región, así como en Tacna, pérdidas económicas por más de 46 millones de soles, según informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucamaras).

De acuerdo a esta organización, las pérdidas en Moquegua serían de 21 millones de soles, mientras que en Tacna superarían los 25 millones de soles, siendo los sectores más perjudicados el comercio, transportes, manufactura y servicios. Incluso, algunos productos han sufrido el incremento de su precio hasta en 50 por ciento.

Alan Kessel, presidente de Perucamaras, advirtió que, de prolongarse el paro, las inversiones en el sur se verían afectadas e incluso ahuyentaría a los futuros inversionistas del puerto de Ilo.
____________________
CORREO 18 de Junio de 2008

Moquegua: Otra mirada
Por: JUAN CARLOS VALDIVIA

En reiteradas oportunidades hemos comentado sobre las movilizaciones de masas, lideradas por dirigencias que no pasan la valla electoral, pero están siempre dispuestas a azuzar reclamos.

El caso de la disputa por el canon minero entre Tacna y Moquegua, y la toma de carreteras por más de una semana por los pobladores de esta última región, demuestran que el Estado Peruano es ineficiente, no tiene capacidad de diagnóstico, pero fundamentalmente que las instancias democráticas de representación no existen, o no se les toma en cuenta.

Las diferencias entre Tacna y Moquegua residen en que la medida para cuantificar lo que corresponde a cada región por canon se ha visto distorsionada al permitir los altos precios de los minerales la “reutilización” de tierras que tenían característica de desmonte para hacerlas productivas mediante el sistema de lixiviación.

Los congresistas de Moquegua, así como de otras regiones mineras, buscaron desde hace meses que se modifique el reglamento que establecía estos criterios, para lo cual visitaron la sede del Ministerio de Energía y Minas e hicieron gestiones ante funcionarios y el propio ministro. He aquí el primer error.

Esto que debió ser un debate público, en el Congreso y no en los pasillos de un ministerio, se convirtió en una discreta gestión que buscaba no alarmar a los vecinos tacneños. Los funcionarios del Ejecutivo no resolvieron con el fin de no hacerse problemas, y los congresistas no reclamaron haciendo prevalecer su condición de representantes electos.
¿Qué hubiera sucedido si, ante la negligencia de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, los congresistas hubieran ejercido su derecho a citarlos e incluso censurar al ministro?

El problema de fondo es el sometimiento del Congreso al Ejecutivo. Ya sea por la poca preparación de los congresistas, o la poca capacidad de los representantes del Ejecutivo para negociar (obras por votos, como sucedió cuando se investigó a un ministro por unos “contratos de publicidad”), los parlamentarios no hacen valer el peso de su elección popular ante funcionarios que muchas veces sólo responden a una designación partidaria.

Así como lo sucedido en Moquegua, muchas de las convulsiones y movilizaciones sociales se deben a que instancias del Ejecutivo son negligentes, y desde el Congreso sólo se denuncia pero no se sanciona: han enviado el control político a los libros de historia.

Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, si los congresistas electos no representan, la ciudadanía buscará otros intermediadores ante el poder. Si los congresistas no ejercen su función de control político al Ejecutivo, estaremos ante una caricatura de democracia, pues faltará el contrapeso que permita que el sistema funcione.
__________________________
LA RAZON 18 de Junio de 2008

Cuidado: Moquegua se “bolivianiza”!

Aymaras, humalistas y Patria Roja han querido colgar a policías en Puente Montalvo

"Es una vergüenza que el gobierno aprista, por el que tengo la mejor de las simpatías, haya perdido el principio de autoridad en el frente interno, con la escalada de violencia en Moquegua, que ha humillado a la Policía Nacional, secuestrado a sus efectivos, amenazando con colgarlos en el Puente Montalvo, en claro delito de sedición contra la seguridad del
Estado y la integridad física de la fuerza pública".

Así se expresó el experto en temas de Inteligencia, Juan Polar Echeandía, quien criticó duramente al ministro del Interior, Luis Alva Castro, por haber ordenado a los policías a no portar sus armas de reglamento por temor a las críticas de las ONG de la llamada "izquierda caviar", y de grupos extremistas como Patria Roja, una de cuyas cunas es Moquegua.

"El contexto político de esta grave situación se ha creado –precisó– porque la sociedad ahora es presa de la malsana prédica fundamentalista de la llamada izquierda caviar que maneja el tema de los derechos humanos, que ha puesto primero en la indefensión a los militares, persiguiéndolos y encarcelándolos, y ahora ha hecho lo mismo con la Policía Nacional, al extremo de humillarlos al hacerle pedir perdón a su jefe, el general Alberto Jordán, quien por decoro debe solicitar su pase a retiro", dijo Polar.

En resumen, agregó, esa izquierda caviar y sus ONG de derechos humanos se han dado el trabajo de anular, en complicidad con algunos políticos, cualquier posibilidad de actuación decorosa de la Fuerza Armada en la lucha antiterrorista y en el frente externo, y en Moquegua liquidaron el frente interno, más conocido como seguridad ciudadana.
"Esas ONG y sus tontos útiles de algunas bancadas en el Congreso, encabezados por el Partido Nacionalista, que cuentan hasta con la complicidad de Acción Popular, han terminado, so pretexto de la defensa de los derechos humanos, anulando primero a la Fuerza Armada y ahora a la PNP", reiteró enfático.

El Ejército no saldrá
Como es público, desde los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo, la actuación de las fuerzas del orden al sofocar protestas violentas siempre termina en el procesamiento de sus efectivos, debido a los cuestionamientos derecho humanistas de ONGs y de los sectores políticos que apoyaban las acciones desestabilizadoras.
Incluso, el propio Tribunal Constitucional (TC) dispuso el fin del fuero militar-policial, lo cual significaba que todo agente termine procesado en la justicia común. Esto intentó revertirse con la nueva Ley de Justicia Militar-Policial y con los decretos legislativos que despenalizan el uso de las armas por parte de soldados y policías enviados a restablecer el orden.

Y el Congreso tiene previsto debatir la derogatoria del decreto 982, que daba un marco a la actuación de la seguridad pública. Pero fueron planteadas acciones de inconstitucionalidad por la bancada humalista, también a la Ley de Uso de la Fuerza, que permite a los soldados un marco de conducta para enfrentar a la subversión o a revoltosos en estado de emergencia.
La ONG Aprodeh incluso se fue en queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"En el cuadro antes descrito, demás está decir que el Ejército va a actuar, porque no lo hará, no sólo por falta de resguardo legal, sino porque el tramado jurídico que ha armado la "izquierda caviar" y sus aliados, con apoyo de los medios de comunicación que controlan, tiene además el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado peruano debería de hacer reservas, y de paso retirarse del Tratado de Roma, para no ser esclavos de los tentáculos internacionales de esa suerte de peste rosa".

Factor Ayacucho

El antecedente inmediato de esta vergüenza en Moquegua hay que ubicarlo en el último paro agrario en Ayacucho, donde quienes atacaron a la Policía Nacional ya son héroes, por lo menos dos de ellos que murieron en acciones alevosas contra la misma policía, recordó el emblemático oficial retirado de la Armada Peruana.
"Que el ministro Alva Castro haya ordenado a sus hombres no usar sus armas en plena ‘bolivianización’ de Moquegua, por temor a críticas de ‘violación de los derechos humanos’, solo revela que es presa de ese trauma, y como tal debe responder por sus miedos", agregó Polar.
Y las mismas circunstancias con quienes con sus "mesas de diálogo" que empezaron en Combayo, Cajamarca, en Yanacocha, renunciaron a inicios del gobierno a una defensa valiente de la empresa privada y de la misma sociedad, cediendo a las presiones de otras ONG, subrayó, en tácita alusión al premier Jorge del Castillo.

"Hoy estamos cosechando esta sumatoria de errores, donde el Estado es obligado por la turba altiplánica a negociar con el gatillo en la sien, en un asunto estrictamente técnico, como es el canon minero, que está reglamentado por ley".
Según Polar Echeandía, de la tradicional y reposada ciudad de Moquegua ya no queda nada. "Al añejo dominio de Patria Roja en la zona, desde el sindicato magisterial que controlaran los Zevallos Gámez de Carumas en los años ‘70 del siglo pasado, se ha sumado en los últimos años el humalismo más beligerante, a lo que hay que agregar el peligroso ingrediente de las prácticas de los migrantes aymaras, es decir la ‘bolivianización’ de Moquegua, cuyos activistas con seguridad son los que han incitado a tratar de colgar a los policías en el Puente Montalvo", reflexionó.

¿Qué hacer?
Medidas de emergencia para retomar el control de la ciudad por la fuerza, así no les guste a muchos esa palabra, tras la cantinela de "la represión". "No hay sociedad ordenada y democrática que no asuma su defensa, por ejemplo, frente al criminal bloqueo de la Panamericana, agrediendo y desabasteciendo al heroico pueblo de Tacna".
Todos los cabecillas de la Comisión Técnica de Defensa del Canon Minero para Moquegua tienen que ser procesados, así como los que dirigieron al cierre de las vías causando pérdidas millonarias. "Estos revoltosos no tienen ni idea de qué le sucedería a un piquete de norteamericanos que cerrara la autopista de Miami a Washington DC. O la carretera inglesa de Londres a Liverpool. Terminarían en la cárcel, y si hay muertos, en la silla eléctrica", concluyó.
__________________________
LA REPUBLICA JUNIO 18, 2008

Del Castillo resalta que acuerdo beneficiará a poblaciones pobres de Moquegua
jueves, 19 de junio de 2008

Jorge del Castillo, presidente del gabinete de Ministros.

(13:18 hrs) Poblaciones pobres de Moquegua serán las más beneficiadas con el acuerdo por el canon minero, porque contarán con mayores recursos para la ejecución de sus obras, destacó el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.

Aunque evitó dar detalles del acuerdo, reveló que a insistencia del gobierno, se logró que los distritos de las provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, las más pobres del departamento, puedan ejecutar una y hasta dos obras adicionales, a las ya programadas en su presupuesto.

Tras señalar que en las regiones también se presenta el centralismo, el jefe del Gabinete Ministerial explicó que estas provincias podrán presentar sus proyectos a concurso al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), y de esa manera obtener el financiamiento del gobierno.

Para ello, dijo, contarán con el asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas, “y probablemente más de uno de los distritos obtenga más de lo que ha dejado de percibir por el canon que no recibe”.

Del Castillo Gálvez se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado esta mañana con las autoridades de Moquegua, y dijo que el gobierno está a la expectativa del pronunciamiento de su población.

“Estamos a la expectativa del pronunciamiento del pueblo moqueguano, y también la restitución de la autoridad y el orden, con la liberación plena del puente Montalvo, de las carreteras de la zonas de Ilo, donde también tiene que volver la paz social”, afirmó.

Se mostró seguro que la población de Moquegua aceptará el acuerdo, y procederá a liberar las carreteras.

Sobre este mismo tema, el Primer Ministro descartó que haya habido demora de parte del gobierno en la solución de este conflicto, y recordó que las puertas del diálogo siempre estuvieron abiertas.

Recordó que el lunes de la semana pasada se iniciaron las conversaciones, pero el miércoles fueron sorprendidos con el bloque de carreteras, lo que obstaculizó un entendimiento.

Enfatizó que la Unidad de Prevención de Conflicto de la PCM trabaja arduamente para evitar estas situaciones, negando con ello que esté desactivada, o que no cuente con presupuesto.

Consideró que los índices de conflictividad en el país se han reducido, aunque dijo que los otros ministerios también deberían contar con su propia unidad de conflictos, y no esperar que todo se centre en la PCM.

Respecto al conflicto solucionado, señaló que en adelante ya no habrá problemas con Tacna porque se propone el esquema de contabilidad separada para cada departamento, y que igual mecanismo se aplicará para los otros casos donde existe una empresa minera que operan en dos departamentos.

Así, agregó, se aplicará en Arequipa y Apurímac, “y eso es previsión de las cosas, estamos separando las cuentas, cada uno recibe lo que le corresponde y ya no habrá más reclamos”. (Con información de Andina).
__________________
LA PRIMERA 18 de Junio de 2008

Guillermo Grellaud
Columnista

Sólo el gobierno tiene la capacidad de solución
Es lamentable que un asunto que pudo haber tenido una relativamente fácil solución, haya derivado en hechos de violencia - que son criticables y deben ser sancionados – pero que se habrían evitado si el gobierno hubiera estado atento – como es su obligación - y se hubieran planteado alternativas que son perfectamente viables.

Nada justifica que se ponga en riesgo la salud de los ciudadanos, el abastecimiento de la ciudades, que se haga daño a nuestra imagen de país con maravillas turísticas, e inclusive se ponga en riesgo la calificación tan deseada de grado de inversión, por el descuido del MEF y la intransigencia de algunos indeseables dirigentes regionales con intención de generar violencia.

Sabido es que existe la Ley del Canon que comprende entre otros al Canon Minero. Éste no es otra cosa que una suma de dinero que debe entregar anualmente el Gobierno Central a las Regiones y Gobiernos Locales en donde se desarrollen actividades mineras. La cantidad por entregar es la mitad de lo que pagan las empresas por Impuesto a la Renta (IR) por las utilidades de dichas actividades mineras. Nótese que las empresas mineras en general han obtenido excelentes ganancias en los últimos años, lo que ha determinado que el IR pagado haya sido por cifras millonarias, la mitad de las cuales pasan a los gobiernos descentralizados.

La Ley 27506 crea el Canon y en consecuencia la obligación de derivar los fondos a las Regiones y Municipalidades. El reglamento, D.S. N° 005-2002-EF regula los detalles y contempla, entre otros, el caso de empresas que explotan yacimientos en más de una circunscripción territorial, que es el caso del reclamo de Moquegua.

La solución recogida en el reglamento es básicamente imperfecta. Ella determina que el reparto del canon entre las localidades interesadas se haga en proporción al tonelaje de mineral beneficiado – entiéndase tonelaje de tierra removida – en lugar de haber dispuesto que se haga en función de las ganancias que se generen en cada distrito o provincia, como era lo lógico si de lo que se trata es de repartir un dinero que se calcula en función precisamente de las ganancias de las empresas mineras.

Sin embargo, hasta el año 2006 todo ha sido felicidad ya que los rendimientos de los yacimientos en Moquegua han sido similares a los de Tacna. No obstante que hubo voces que pedían revisar el procedimiento de cálculo, no se suscitaron mayores discusiones sobre este tema.

Ahora sin embargo enfrentamos un problema mayor. Se habla de una cifra de más o menos 100 millones de dólares de diferencia que favorece a Tacna mientras que se afirma que en Moquegua las ganancias, no el movimiento de tierras, es mayor que en Tacna. Como vemos, se trata de un problema sencillo, de fácil solución pues se trata sólo de poner una norma inteligente en el reglamento, pero que, tan importante como tomar la decisión de corregirlo, es el momento en que tal corrección se haga. Hoy día por ejemplo, ya no es posible una corrección con efecto retroactivo pues iría en contra de garantías constitucionales que respaldarían la posición de Tacna.

Corresponde en consecuencia que el MEF evalúe la posibilidad de asignar una partida especial que compense a Moquegua por el año 2007 y corrija de inmediato la deficiencia reglamentaria.
_________________________


GATOENCERRADO Junio 17, 2008

General Jordán: Pedí perdón para que no ahorquen a policías

El general Alberto Jordán reveló que pidió disculpas a la población moqueguana ante los medios nacionales con el fin de salvar la vida del personal a su cargo, pues los manifestantes amenazaban con ahorcarlos en el puente Montalvo, donde ayer se dio el frustrado operativo policial.

"Querían colgar a los policías, quise impedir la tragedia, pero no me rendí sino que les dije a los señores que dejen ir a mi gente", expresó desde la Iglesia Santo Domingo, donde permanece secuestrado junto a 47 policías.

Según Jordán al momento del enfrentamiento se vivía una situación muy difícil, pues estaban rodeados de al menos 15 mil personas que desde hace ocho días acatan una paralización regional en reclamo por la repartición del canon minero.

"Ellos dijeron que si pedía disculpas dejarían libre a mis policías y sólo me llevarían a mí, por eso lo hice. Yo soy responsable de mi gente y nunca he eludido una responsabilidad", contó.

Agregó que las imágenes donde se le veía abrazar a algunos manifestantes fue una estrategia para "ganar tiempo y permitir la intermediación de la Iglesia y la Defensoría".

"Mi satisfacción es que todos los policías están vivos, me siento orgulloso de eso, cuando tenga que hacer algo lo haré", expresó. En ese sentido agradeció emocionado a las mujeres de Essalud por protegerlos para evitar que sean ejecutados poniendo sus propias vidas en riesgo.

"Yo entregue mi cadena, mi reloj y otras pertenencias a una señorita de Essalud para que se los diera a mi esposa. Agradezco a la mujer de Moquegua que en todo momento nos han apoyado", exclamó.

Obedecía órdenes

Jordán reiteró que realizó la operación bajo órdenes superiores, pero en permanente comunicación con el Director de la Policía Nacional, Octavio Salazar y respetando los derechos humanos.

"Íbamos a ingresar a las 3:00 a.m., pero le dije al Director de la Policía que era posible porque habían 1400 hombres, además de niños y mujeres. El general (Salazar) me indicó que tuviera cuidado, luego inciamos la operación, pero la consigna era no usar gas lacrimógeno", relató.

Sin embargo, contó, no pudo evitar la sorpresa cuando ingresaba al puente Montalvo junto a 750 efectivos, el número estimado para hacer frente a los huelguistas, y una gran masa de pobladores comenzó a salir de sus hogares y de la parte andina para unirse al movimiento. "Esto fue lo que desbordó la situación. Pedí disculpas por que mi gente está primero, mi estilo es estar al frente", explicó.

Finalmente, el general Jordán, aseguró que no ingresaron al puente Montalvo portando armas, pues la fiscalía verificó que nadie tenía armas de fuego.

Esta tarde el ministro del Interior, Luis Alva Castro, no descartó que el general Jordán haya sido relevado, pues aseguró que la autoridad no se ha perdido en Moquegua.

"Hay autoridad, se ha instalado un comando de operaciones policiales en Moquegua al mando del director de la Policía", manifestó Alva haciendo entrever que Jordán ya no es considerado líder policial en la zona.

No hay comentarios:

Las plaquetas de la Nueva Maravilla

Las plaquetas de la Nueva Maravilla
Las plaquetas que ganó Machu Picchu