jueves, 9 de diciembre de 2010

UNA DE CADA 4 PERSONAS HA SOBORNADO A FUNCIONARIOS


PERU 21 DICIEMBRE 9, 2010

Una de cada 4 personas ha sobornado a funcionarios

El 56% de ciudadanos en el mundo cree que la corrupción ha aumentado, según un sondeo de Transparencia Internacional.

La percepción de ‘corrupción menor’ en Perú está entre el 20 y el 30 por ciento. (USI)
La corrupción avanza en todo el mundo. Una de cada cuatro personas en el orbe ha sobornado a un funcionario para recibir servicios públicos básicos, señala una encuesta de Transparencia Internacional. La organización recabó las opiniones de 91 mil personas en 85 países.

El Barómetro Global de la Corrupción 2010 apunta que este tipo de delitos económicos, conocidos como ‘corrupción menor’, predominan en Asia y África. Además, afectan principalmente a la Policía, el funcionariado de aduanas y el sistema judicial.

Los territorios donde hay más ‘corrupción menor’ son Afganistán, Camboya, Camerún, India, Irak, Liberia, Nigeria, Palestina, Senegal, Sierra Leona y Uganda, países en los que más de la mitad de la población encuestada admite haber pagado una coima en los últimos doce meses.

De otro lado, el promedio mundial de las personas que creen que la corrupción se ha incrementado en sus países en este período se sitúa en el 56 por ciento. “La crisis financiera afecta a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica”, aseguró la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado.

¿Y NUESTRA REGIÓN? En América Latina, Bolivia, El Salvador y México son los que más ‘corrupción menor’ padecen –entre el 30 y el 50% de los encuestados lo ha sufrido en el último año–, seguidos por Chile, Colombia, Perú y Venezuela –entre el 20 y el 30%– y más tarde Argentina, entre el 6 y el 20 por ciento.

Los países en los que sus ciudadanos perciben que la corrupción más ha empeorado en los últimos tres años son Senegal (88%), Rumanía (87%), Venezuela (86%), Papúa Nueva Guinea (85%), Portugal (83%) y el Perú (79%).
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LA REPUBLICA NOVIEMBRE 24, 2010

Mucha corrupción
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Cultura política de la democracia en el Perú, 2010.

El K.O. periodístico que Perú.21 le propinó a Fernando Barrios y lo obligó, por la contundencia de la denuncia, a renunciar al Ministerio del Interior, es una evidencia más de que la corrupción es un grave problema que mella severamente la confianza ciudadana en la democracia.

Barrios le cobró noventa mil soles a Essalud –cuya presidencia dejó para integrarse al gabinete ministerial– por concepto de un ‘despido arbitrario’ que eventualmente podría sustentarse, muy jalado de los pelos, desde el punto de vista jurídico, pero no, en modo alguno, con el sentido común y la ética.

Por ese motivo, luego de una mañana en la que intentó driblear el problema, por la tarde Barrios se convirtió en el sexto ministro del gobierno aprista que tuvo que renunciar, en la mayoría de las veces, como consecuencia de una crisis.

¿Cuántos más casos como estos se habrán repetido en Essalud y, en general, en el sector público peruano, desde hace tiempo, produciendo un perjuicio grave a entidades que requieren más recursos para brindar mejores servicios públicos?

Hechos como estos llevan a la ciudadanía a perder la confianza en el sistema político y en el funcionamiento de la democracia, tal como se desprende del estudio ‘Cultura política de la democracia en Perú, 2010’, elaborado por Julio Carrión y Patricia Zárate, del Instituto de Estudios Peruanos, utilizando una amplia encuesta hecha por Ipsos-Apoyo, y que ayer tuve la oportunidad de presentar junto con Julio Cotler.

De todas las valiosas conclusiones del estudio (http://www.americasbarometer.org) me interesa destacar, en este contexto, la paradoja de que el Perú tenga una de las economías de Latinoamérica que viene creciendo con mayor intensidad y,
simultáneamente, que su sistema político sea uno de los peor percibidos en la región por parte de sus propios ciudadanos.

El Perú está en la cola latinoamericana en cuanto a satisfacción con el funcionamiento de la democracia o el apoyo al sistema político. La mayoría de peruanos apoya la democracia, pero ese porcentaje es uno de los más bajos de la región. Los dos factores que más socavan la confianza en las instituciones políticas son la corrupción y la inseguridad ciudadana.

El deterioro en esos dos factores fundamentales durante el gobierno actual –y que están alrededor del nuevo relevo accidentado en el Ministerio del Interior– explica por qué el segundo gobierno del presidente Alan García ha permitido una notable mejora de la perspectiva económica junto con un profundo deterioro de la confianza ciudadana en la democracia y en la política.

El tema no es para hacer bromas: de acuerdo con el estudio reseñado, el 55% de la ciudadanía justificaría un golpe militar si creyera que hubiera ‘mucha corrupción’.
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LA REPUBLICA NOVIEMBRE 4, 2010

La corrupción avanza
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Por el lanzamiento de una cruzada anticorrupción.

Es un error creer, como hasta ahora, que la economía peruana podrá seguir creciendo, como hasta ahora, sin que la corrupción sea detenida (como hasta ahora).

Ayer se informó la buena noticia de que el Perú subió diez lugares llegando al puesto 36 en el ranking ‘Doing Business 2011’ que el Banco Mundial prepara anualmente para medir la competitividad y la facilitación de los negocios. El gobierno espera avanzar el próximo año hasta el puesto 25, lo cual, junto con el fuerte crecimiento que se está registrando –superior a 8% este año–, constituye una estupenda señal.

Lamentablemente, sin embargo, esto coincide con la aparición de otros rankings que traen malas noticias, como el Índice de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional –difundido la semana pasada– en el cual se observa que el Perú empeoró tres puestos al subir del 75 al 78.

En una escala de 1 (muy corrupto) a 10 (honesto), el Perú está en 3.5. Como referencia, en América Latina, Chile es el país mejor ubicado con 7.2 y en el puesto mundial 21, y Venezuela es el peor con un indicador de 2.0 y colocado en el puesto 164, lo cual pone a Hugo Chávez –para usar sus propias palabras– como ‘caimán de pozo’. Argentina anda igual de mal, con 2.9 que va de la mano con el incremento del patrimonio de la familia Kirchner de 710% desde el año 2003, período en el cual pasó de US$6.85 millones a más de US$55 millones en 2009.

Esto quiere decir que la economía peruana sigue creciendo y mejorando su perspectiva aunque, junto con ello, también la corrupción. Están equivocados quienes creen –como muchos– que esta ecuación puede mantenerse por mucho tiempo.

Robert Klitgaard, una autoridad mundial en anticorrupción que participa en el foro sobre el tema organizado por la Contraloría, concluye que un país con el actual nivel de ingreso per cápita del Perú puede seguir aumentando con corrupción, pero no por mucho más porque esta lacra será un freno creciente.

No es coincidencia que los países más competitivos sean los más honestos, como Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia. Los más pobres, en cambio, son los más corruptos, como Somalia, Birmania, Afganistán o Irak.

A los empresarios les conviene autoridades honestas por razones morales pero, también, por cálculo económico. Es más barato, promueve la competitividad –gana el más capaz y no el más corrupto– y no los expone a futuras extorsiones del coimero. Por ello, el sector empresarial debería lanzar en el CADE que viene, al que asistirán candidatos presidenciales, el desafío de una cruzada anticorrupción. Desde el mundo político no se percibe un impulso en esa dirección, como se ha constatado en el lustro gubernamental del presidente García en el que la corrupción, al igual que la economía, avanza.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 16, 2010

Adelantan entrada en vigencia de nuevo Código Procesal Penal para funcionarios corruptos

El presidente Alan García señaló que ahora los malos funcionarios pueden ser procesados en cuestión de horas si confiesan su falta

Andina, elcomercio.pe. A partir de mañana se adelanta la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal para los delitos cometidos por funcionarios públicos, según anunció hoy el presidente Alan García Pérez. “A partir de mañana pueden ser enjuiciados los funcionarios que estén inmiscuidos o que hayan cometido delitos de corrupción”, expresó el jefe del Estado en Palacio de Gobierno.

El mandatario explicó que este adelanto del Código Procesal Penal permitirá incluso que los funcionarios pueden ser procesados en horas si confiesan la falta.

JUICIOS MÁS BREVES
García recordó que con el antiguo Código Procesal un funcionario que comete un delito se mantiene en su cargo durante la investigación, la misma que dura meses o años sin sanción alguna. En cambio ahora podrá ser enjuiciados de inmediato.

“El contralor dijo que hay más de mil funcionarios del aparato público denunciados, y que no pasaba nada. A esos mil funcionarios que han cometido delito en los últimos años, desde mañana hay que aplicarles este Código, y así, ipso facto, acudirán a la audiencia, debe hacerse la investigación en horas y el juez emitirá una resolución”, remarcó García, quien durante la ceremonia estuvo acompañado del presidente del Congreso, César Zumaeta, y la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 10, 2010

(Editorial) Lucha anticorrupción: esperado deslinde del Congreso

La lucha anticorrupción aparece, indefectiblemente, en todos los discursos de las campañas políticas, así como en la instalación de las mesas directivas del Congreso y en la apertura del año judicial. Y cada semana los políticos y funcionarios prometen “luchar a muerte” contra esta lacra.

Sin embargo, la realidad es que la lucha anticorrupción sigue siendo una muletilla en los discursos. Según el informe presentado al Congreso por el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, “seis mil millones de soles se van por el caño por culpa de la corrupción” y 1.306 funcionarios del Estado denunciados por inconducta siguen laborando en entidades públicas.

¿Alguien se asombra? Esto es gravísimo, porque demuestra que la corrupción sigue fuertemente arraigada en la estructura del Estado. Así lo evidencian, por ejemplo, la renuencia de ciertos funcionarios a convocar licitaciones, el facilismo para proceder a declarar emergencias y urgencias con lo que se saltan estos procedimientos y, en cuanto a algunos ciudadanos, la errónea idea de que es mejor un alcalde que haga obra aunque robe.

En este contexto, no bastan ya las promesas ni las iniciativas anticorrupción, con zares o sin zares, que con tanta pompa se lanzan periódicamente, quizás con buena intención de algunos, pero que finalmente, quedan en el olvido o el archivo.

Lo que el país exige, por su propia supervivencia y saneamiento moral, son medidas concretas orientadas a luchar contra esta lacra que nos carcome y puede dinamitar cualquier expectativa de crecimiento económico y llegada de más inversiones.

La corrupción, en los ámbitos gubernamental, congresal, judicial, ministerial o edilicio, además de amenazar la estabilidad y la seguridad jurídica, introduce nefastos elementos de inequidad e injusticia, pues finalmente construirá una obra no quien presente la mejor propuesta sino quien pague más por una coima. Dicha obra, por supuesto, no cumplirá de ninguna manera los estándares técnicos ni los fines para los que estaba planificada.

Esta situación de estropicio moral, social y económico no puede continuar y exige deslindes claros. Al respecto, el Poder Ejecutivo tiene que tomar muy en serio la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para no callar y hacer de la transparencia en los asuntos públicos la regla y no la excepción.

El Poder Judicial, a su turno, está obligado, como prometió su presidente, a informar a la ciudadanía sobre las declaraciones juradas de sus magistrados y sobre las sanciones a quienes sucumben a la corrupción. Lo mismo debe hacer el Ministerio Público.

El Congreso, por su parte, que tiene una especial y enorme deuda con la nación en este ámbito –por la sospechosa falta de resultados en los casos ‘petroaudios’ y ‘chuponeo’–, debe ponerse a la altura de las circunstancias y atender el pedido del contralor para otorgarle a dicha entidad los instrumentos legales necesarios para sancionar efectivamente a los malos funcionarios.

De otro modo, el trabajo de la contraloría será en vano, pues el esfuerzo por investigar y fiscalizar se topa con la indolencia de las autoridades y la carencia de atribuciones para sancionar y castigar las inconductas dolosas que saquean el Estado y promueven un clima perverso, fétido e intolerable de robo y corrupción.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 3, 2010

Contraloría: 350 millones de soles están vinculados a delitos de corrupción

El órgano de control realizó auditorías a nivel nacional. También detectó que gran parte de las raciones del Vaso de Leche no cumplen con los valores nutricionales

El contralor de la República, Fuad Khoury, señaló ayer que el operativo denominado Cóndor II, puesto en marcha por la Contraloría a nivel nacional, arrojó que de 700 millones de soles destinados a obras y compras, el 50% estuvo comprometido con la corrupción.

También recordó que en las denuncias están comprometidos mil funcionarios públicos.

“El 50 por ciento de los montos involucrados en estas denuncias, es decir 350 millones de soles, están involucrados en delitos relacionados con la corrupción”, afirmó.

El funcionario adelantó que tras la realización de los operativos de auditoría Cóndor I y II, actualmente se encuentra en plena ejecución los operativos de control Cóndor III y IV, los que se ejecutan en aquellas zonas donde se han denunciado casos de corrupción.

VASO DE LECHE BAJO LA LUPA
De otro lado, Khoury informó que la Contraloría también detectó diversas irregularidades en el programa Vaso de Leche.

Informó que las raciones no cumplen con el valor nutricional exigido, que hay filtraciones de beneficiados y que las adquisiciones se hacen mediante adjudicaciones directas y no a través de concurso público.

Incluso, se ha detectado que se compran los mismos productos a diferentes precios y particularmente a dos proveedores.

Así, el último informe de mayo de este año concluye que de 3.314 raciones evaluadas, 1.781 (54%) no alcanzaron los valores nutricionales mínimos.

“El 72,5 por ciento de los municipios de Lima dieron raciones crudas, es decir la leche sin insumo, sin preparación, pese a que eso solo está permitido para las zonas de lejanías y en zonas rurales. Y todos los beneficiados recibieron el mismo tipo de ración sin considerar las distintas necesidades nutricionales”, indicó.
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LA REPUBLICA AGOSTO 27, 2010

La corrupción realmente existente
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Sin liderazgo para encararla, la corrupción sigue en alza.

El presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, Daniel Figallo, ha hecho una denuncia que es gravísima pues implica con la corrupción a 166 jueces. Pero esto no es tan grave como la indiferencia que una advertencia de esa naturaleza produce en el país.

Figallo, cuya actuación se enmarca en el paraguas establecido por el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien no ha ocultado su desazón por la manera sospechosa como se desempeñan los jueces, ha realizado una señalización inusual de un grupo de magistrados implicados en actos irregulares.

Algunos de ellos son tan graves como el narcotráfico, el cual sería el problema de 44 de los 166 jueces incluidos en esta lista.

Estos vocales habrían favorecido de manera irregular a mafias dedicadas al tráfico ilícito de drogas y al lavado de dinero.

Hace poco, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, le solicitó a Figallo que le diera los nombres precisos de los magistrados corruptos. Cuando se los dio, sin embargo, su respuesta fue que “decir que un juez es corrupto porque falló en determinado sentido es una presión inaceptable, un chantaje”.

La convicción política que existe en el país para combatir a la corrupción es muy escasa, y a la gente esto le está molestando cada vez más, tal como lo evidencia la encuesta reciente que Proética le encargó a Ipsos-Apoyo, al punto que se confirma que la corrupción se ha vuelto la preocupación principal de los peruanos.

Según Proética, el resultado más destacado es que ocho de cada diez peruanos le reclaman al gobierno no tener liderazgo (76%) ni eficiencia (83%) en la lucha contra la corrupción durante estos años. Asimismo, la mitad de los encuestados opina que el gobierno no tiene interés por esta lucha, mientras que solo el 16% le reconoce algún nivel de compromiso real.

Lo bueno de esto es que la población está tomando cada vez mayor consciencia de que la corrupción es un grave problema nacional que, entre otras consecuencias, afecta la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Pero la mala noticia es que, a todas luces, este problema les interesa un pepino a los principales sectores políticos del país.

Mientras esto ocurre, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se ve inmersa en pleitos como el que protagonizan el presidente del Poder Judicial Villa Stein y el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía; y la campaña electoral para la elección de Lima empieza a deslizarse creyendo –ilusa o interesadamente– que, sin Alex Kouri en la carrera, la decencia ya derrotó a la corrupción.
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De: VOZ DE ALERTA [mailto:prensa@vozdealerta.info]
Enviado el: martes, 24 de agosto de 2010 06:02 p.m.
Para: celinda.barreto@hotmail.com

NOTA DE PRENSA

“La corrupción es un impuesto para los pobres”

La corrupción en el Perú se expresa de modo general y cotidiano en el tejido social más necesitado del país y son los pequeños actos deshonestos (micro corrupción: coimas, sobornos en trámites públicos, etc.) los que agobian a los más pobres hasta el punto de se trata de una especie de “impuesto” de facto contra ellos, manifestó Erasmo Reyna, presidente de la Comisión Multisectorial de Seguimiento y Coordinación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En una entrevista con Voz de Alerta que emite radio San Borja, Reyna dijo que en el día a día del servicio público los actos de micro corrupción (coimas y sobornos para llevar a cabo un trámite, desde cinco a 10 soles para arriba) son los que golpean el bolsillo de los ciudadanos más pobres, lacra ante la cual solo cabe la denuncia y la sanción para los malos funcionarios.

Mientras que los grandes casos de corrupción –aquellos que involucran procesos estatales de contrataciones y compra de bienes y servicios de envergadura- son lo que capturan la atención pública y generan una sensación de impunidad porque pasan los años y generalmente los culpables no reciben sanción alguna.

Sin embargo, señaló, la impunidad de los grandes casos retroalimenta la micro corrupción en el país.

La última encuesta de Proética revela que el 80% de la ciudadanía considera que el principal problema del país es la corrupción, preocupación que se halla por delante de la inseguridad ciudadana y la pobreza.

Este escenario, dijo Reyna, confunde a la opinión pública que exige al Ejecutivo sancionar a los corruptos (la encuesta revela que esto lo pide el 43% de la ciudadanía) cuando esa tarea solo le corresponde al Poder Judicial.

Explicó que las instituciones del Estado han concentrado sus esfuerzos de lucha contra la corrupción en la prevención, esto mediante campañas de difusión principalmente a través de la Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de las respectivas comisiones de los ministerios del Interior, Educación Vivienda y la Mujer.

Estas iniciativas tienen como eje informar a la población sobre lo que tiene que hacer puntualmente para una mejor fiscalización del servicio público.

Señaló que se ha dado prioridad a una serie de medidas con el fin de mejorar los mecanismos de control, es así que, por ejemplo, se está implementando un portal web de transparencia que permitirá a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país acceder a información de las instituciones públicas para saber el manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios.

Otra tarea permanente consiste es realizar el seguimiento a todas las municipalidades del país para el cumplimiento de las leyes de simplificación administrativa y de silencio administrativo (de las cuales precisamente se trasiegan coimas y sobornos).

Asimismo se viene trabajando para establecer un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) modelo y otro de carácter rural para las municipalidades de zonas alejadas con el fin de que estén adecuadamente uniformizados todos los procedimientos administrativos y sus costos.

Tras recordar que la PCM ha revelado recientemente que han sido identificados más de 10 mil funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción, Reyna insistió sobre la importancia del ciudadano común en la lucha contra esta lacra a través de las denuncias correspondientes.
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PERU 21 AGOSTO 19, 2010

Corrupción enemiga del mercado
Autor: Fritz Du Bois

En la última década, por circunstancias diversas, la lucha contra la corrupción que debería de ser prioritaria para los que creen en una sociedad moderna y en una economía libre de mercado, se ha convertido, paradójicamente, en el caballito de batalla de posiciones anacrónicas que no creen ni en la libertad ni en el mercado. Creándose así una inexplicable brecha ideológica que la ha empantanado.

Así, denunciar actos de corrupción para algunos es hacerle el juego político al antisistema sin darse cuenta de que estos constituyen el principal obstáculo que tenemos hoy en el Perú para desarrollarnos. Mientras tanto, los dinosaurios de izquierda le echan toda la culpa al mercado, olvidando que entre los regímenes más corruptos en la historia se ha encontrado la Unión Soviética donde todo lo dirigía el Estado.

En realidad, el costo de la corrupción es enorme, cada 'comisión’ en una obra, cada 'coima’ a un funcionario, cada fallo judicial 'comprado’ encarecen la inversión y reducen la generación de trabajo. Asimismo, contribuyen a la mala calidad de vida del peruano que paga crecientes impuestos para mantener a un ineficiente Estado que no solo no le da nada a cambio sino que, además, se está convirtiendo en el vehículo más rápido para que los corruptos se hagan millonarios.

Por otro lado, no es ninguna coincidencia que los países más ricos del mundo sean también los más honestos. No existe alternativa a la transparencia y al respeto a la ley para que puedan operar adecuadamente tanto la democracia como el mercado.

Por ello, es absurdo aceptar a un político corrupto 'porque hace obra’. Probablemente la obra en cuestión habrá costado más del doble de lo presupuestado e incluso no sería raro que sea un elefante blanco totalmente innecesario. Lo único seguro es que ese fuerte gasto lo tendremos que pagar los ciudadanos.

Lamentablemente, en los últimos años ha medida que el gasto del Estado se ha duplicado la corrupción ha aumentado. Ahora que estamos por iniciar un proceso electoral hay que poner el tema en la agenda de los candidatos. El Perú no va a ser parte del primer mundo mientras no tengamos un mercado libre de la discrecionalidad de funcionarios; un Estado moderno y transparente que rinda cuentas al ciudadano; un Poder Judicial honesto y eficiente. Avalar la corrupción simplemente nos condena a seguir subdesarrollados.
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PERU 21 AGOSTO 18, 2010

Villa Stein: “La lucha anticorrupción no se hace con mariconadas”

Se quejó en el Congreso por el poco compromiso de algunas autoridades que forman parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

El presidente del Poder Judicial durante una de sus presentaciones en el Congreso. (USI)
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, se presentó este miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso en su calidad de titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para informar sobre los avances en la lucha contra ese flagelo que ha aumentado en este gobierno, según un sondeo de Proética difundido hoy.

“La lucha anticorrupción no se puede hacer con mariconadas, sino con hombría suficiente (…) No voy a replegarme, vamos a seguir”, dijo ante los miembros de dicho grupo de trabajo, al mostrar su malestar por el poco compromiso de varias autoridades que participan en la comisión que preside.

Por ejemplo, cuestionó al presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, por expresar su deseo de renunciar a la comisión. Agregó que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, “tampoco está muy militante en esta línea”. “Parece que no ha comprendido que esta comisión no sustituye a las intituciones”, refirió.

En otro momento, criticó la inhibición a participar en este grupo que anunció el contralor Fuad Khoury, así como la poca participación que ha mostrado el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien solo envía un representante a las reuniones de la comisión.
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EL COMERCIO JULIO 19, 2010

Gobierno aprista jalado en lucha contra corrupción y la delincuencia

La segunda parte del sondeo nacional trae una evaluación acerca del cuarto y penúltimo año de la gestión de Alan García Pérez. Aquí las novedades de la percepción ciudadana

La ciudadanía encuestada por El Comercio fue directa: al cuarto año de la actual gestión gubernamental, *estamos peor en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, la delincuencia común y el narcotráfico. *

El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no ocultó su preocupación por la inseguridad y aseveró que el titular del portafolio del Interior, Octavio Salazar, junto con los alcaldes y la sociedad, está planteando soluciones, aunque opina que dicho tema está sobreestimado en la campaña electoral municipal.
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EL COMERCIO JULIO 2, 2010

Editorial: Voluntad política a prueba: otro pacto anticorrupción

¿En qué se diferencia esta iniciativa de las anteriores? ¿Qué debe pasar para asegurar su éxito? ¿Por qué fallaron los intentos anteriores? Tales son las preguntas que suscita la firma del compromiso ético Pacto Nación Anticorrupción, anunciada para hoy, por parte de los representantes del Acuerdo Nacional y de la comisión de alto nivel anticorrupción.

Según se indica, el propósito es consolidar el Estado de derecho, fomentar la promoción de valores, difundir los códigos de ética y cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, objetivos que, en líneas generales, no se diferencian de los intentos anteriores.

Hace pocas semanas la Defensoría del Pueblo lanzó su campaña anticorrupción que, con el lema de “¡No callar!”, propugna un cambio de mentalidad que nos involucre finalmente a todos, cada cual desde su posición familiar, profesional o como ciudadano.

La diferencia, por tanto, no debe estar tanto en el diagnóstico o los objetivos, ya conocidos, sino en el real compromiso de los promotores y en la voluntad política de las autoridades y de los políticos de todas las tiendas, que integran el Acuerdo Nacional, para involucrarse con la causa. A propósito es esperanzador que la suscripción del pacto se realice en la sede de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, que junto con el Ministerio Público, tienen mucho que ver con el origen y la resolución del problema.

Partimos de la premisa de que la corrupción carcome el aparato del Estado y arrasa consigo a toda una nación en una crisis ética con gravísimas repercusiones económicas, sociales y políticas.

Según organismos internacionales, la corrupción causa en el Perú pérdidas anuales por más de 10 mil millones de dólares, además de debilitar la seguridad jurídica, espantar a los inversionistas y dañar el sistema democrático, terrible realidad con la que no podemos seguir conviviendo.

El documento propone que para el bicentenario de la proclamación de la independencia (2021), el país haya alcanzado niveles de eficiencia en la lucha contra la corrupción, para lo cual se comprometen a impulsar mecanismos de seguimiento, a través de un organismo de monitoreo independiente.

Al respecto, una buena señal, para empezar, sería que la Presidencia del Consejo de Ministros imparta una directiva urgente para que todas las entidades del aparato estatal informen sobre la situación de sus portales web, muchos de los cuales están desfasados o deshabilitados, lo cual es una burla a la ley y a los ciudadanos-contribuyentes, y una evidencia o invitación a la corrupción. Lo mismo debe hacerse en cuanto al sistema de licitaciones y los mecanismos de rendición de cuentas, que hacen agua por muchos lados. ¿Y qué pasó con la nueva campaña anticoimas de la Policía Nacional? ¿Otra flor de un día?

Es destacable que el pacto contemple desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, lo cual es complejo y demanda la participación de los colegios, profesores y padres de familia.

Estos, al igual que las autoridades de todos los niveles, deben predicar con el ejemplo, así como denunciar, rechazar y castigar severamente la corrupción —y la coima— en todas sus formas y grados, por más nimios que parezcan. Empecemos hoy: la tarea es titánica pero impostergable.
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EL COMERCIO JUNIO 9, 2010

Editorial: ¡No callar!, esa es la consigna en la lucha anticorrupción

Corrupción, Lucha anticorrupciónTras el estrepitoso fracaso de las iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos en la última década, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña nacional orientada a prevenir, denunciar y sancionar las manifestaciones de esta lacra.

El lema ahora es no callar y erradicar la nefasta idea de que el negociado y la coima son condiciones indispensables de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas, como señala el informe de trabajo de la defensoría.

Ese debe ser el compromiso que asuman los ciudadanos, para no hacerse cómplices de maniobras oscuras ni dejarse intimidar por los corruptos que lucran con recursos de todos y causan pérdidas por más de 10 mil millones de dólares, además de debilitar la seguridad jurídica y espantar a los inversionistas.

Recordemos que, desde el gobierno de transición, cuando se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción como plan base del Plan Nacional Anticorrupción, hasta el actual que ha convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, pasando por el nombramiento de un “zar” y una “zarina”, las entidades anticorrupción han sido más que todo anuncios gubernamentales efectistas que no llegan a nada, lo que constituye un escandaloso contrasentido.

¿Podrá la defensoría liderar esta lucha monumental, que exige necesariamente la colaboración de los otros poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde precisamente se dan los esquemas corruptos hasta ahora con alevosa impunidad?

La defensoría parte de un estudio riguroso, titulado “Defensoría del Pueblo: ética pública y prevención de la corrupción”, realizado entre enero del 2005 y julio del 2008. En dicho período se registró un total de 2.719 quejas contra la ética pública en cinco regiones, la mayoría de las cuales involucra hechos ocurridos en el sector Educación (1.026), gobiernos locales (734), el sector Salud (360), la Policía Nacional del Perú (308), el sistema judicial (152), el sistema penitenciario (60), etc.

Convencidos de que hay que empezar por cambiar de mentalidad, la defensoría ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en ética, transparencia y control en cinco regiones, que deben llevarse a todo el país.

Luego, se ha planteado una serie de atendibles propuestas concretas: se recomienda a los organismos electores dar directivas, pactos y códigos de ética para garantizar la legitimidad y la equidad en las contiendas; al sector judicial mejorar la eficiencia de los mecanismos de control, definir el perfil del magistrado y evaluarlo, así como publicar la trayectoria y las resoluciones de jueces y fiscales. A la PNP se le sugiere modernizar y simplificar procedimientos, así como afiatar la línea de carrera.

En general, se propugna fortalecer el marco normativo y la transparencia, así como implementar presupuestos participativos y portales web en todo el aparato estatal, lo cual es obligatorio pero se ha ido dejando de lado sin que las máximas autoridades sancionen a los responsables y transgresores.

Este programa Umbral Anticorrupción de la defensoría apuesta por el compromiso, la fiscalización ciudadana y el acceso irrestricto a la información pública en la administración estatal. Con su visión y liderazgo demostrados, esperamos que la defensora Beatriz Merino pueda convocar a las máximas autoridades de los poderes públicos en esta dura y larga tarea de desterrar la corrupción, la coima y la criollada, prácticas deleznables que pisotean la ley en una cadena de envilecimiento que finalmente termina afectándonos a todos.
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LA PRIMERA MAYO 24, 2010

Falta un deslinde más claro con la corrupción

(1) Luis Negreiros, un aprista crítico, derrotado pero sereno. (2) “Alan García está absorbido porque las inversiones vengan y no las perturben”.

Luis Negreiros, congresista aprista de larga trayectoria sindicalista, es un duro crítico de la privatización de los puertos que implementa el gobierno.
En la siguiente entrevista plantea a García un cambio de rumbo en la política laboral, habla de la huelga de los trabajadores portuarios que se levantó el viernes, de sus discrepancias con la política económica del gobierno, de las denuncias de corrupción y la crisis en el Apra, de su decepción con la gestión de Alan García, entre otros temas. La suya es una voz discrepante con el discurso oficial de su partido y del gobierno.

-Usted calificó de inexplicable la decisión del Apra de no apoyar en el Congreso la ley a favor de los trabajadores portuarios. ¿Realmente le parece inexplicable; esa posición no es, más bien, la continuidad lógica de un gobierno aprista cercano a los empresarios y alejado de los trabajadores?

-Tal vez pueda tener una explicación racional a ese comportamiento (de la bancada aprista), pero no tengo una explicación emocional, ética, a su oposición a la Ley del Trabajo Portuario, contrariando los principios sindicales y laborales del partido. El proyecto de la Ley del Trabajo Portuario es de la bancada aprista, por eso quiero hacer una confesión de fe y pensar que ha habido confusión y error al no aprobar esa ley.

-¿Se siente abandonado y traicionado por sus compañeros apristas en este tema?
-Sinceramente no pienso en lo que esto puede haber significado en mi espíritu aprista. En lo que ahora pienso es en que tenemos que ver cómo resolvemos este problema creado por la política de liberalizar el mercado laboral portuario, que ha traído muchas miserias y precariedad para los trabajadores portuarios, particularmente para los estibadores.

-¿El problema de fondo del reciente conflicto portuario es la política de privatización de los puertos que lleva adelante el gobierno?
-Ese modelo del gobierno para los puertos yo no lo comparto. Se han cometido errores y se está pagando caro por ellos, y se podría pagar mucho más caro. Ahí está la privatización del puerto de Paita. Creo que los hechos me han dado la razón en mis críticas a esa privatización. En los cambios que se están dando en el sector portuario los trabajadores están siendo dejados de lado y eso es lo que ha originado este conflicto laboral. Enapu (Empresa Nacional de Puertos) se ha ido descapitalizando, no se le ha permitido reinvertir, no tiene una gestión adecuada, condenándola a una muerte lenta.

-Eso es parte de la política neoliberal del gobierno.
-No soy partidario de poner etiquetas, pero no me gusta la concepción económica liberal con la que el gobierno ha actuado en el tema portuario, al darle los puertos a la empresa privada sin una presencia efectiva, real, del Estado. Creo que el problema en el gobierno es la existencia de una burocracia que no conoce de principios. No hay un solo aprista en la autoridad portuaria…

-El ministro de Transportes, Enrique Cornejo, responsable del sector portuario, es aprista.
-Pero él es un compañero que es más técnico y que no está directamente involucrado con la problemática de los trabajadores. Él debió haberse rodeado de gente que esté familiarizada con el tema portuario o consultarla, pero no ha sido así.

-¿Cómo se sienten las bases sindicales apristas, como las de los trabajadores portuarios, con la política del gobierno?
-Yo diría que preocupadas. Las bases sindicales esperan que se den una serie de medidas a favor de los trabajadores y ven que el tiempo se va y eso no se concreta.

-¿Cuando defiende los derechos laborales no se siente solo en su partido?
-Me siento acompañado por los miles de sindicalistas y trabajadores apristas. Siento que estoy honrando la memoria de Haya de la Torre y la de mi padre, que dio su vida por la causa de los trabajadores, por el partido y sus ideales. No me siento solo, me siento con muy buena y estimulante compañía.

-Esa compañía no incluye a los demás miembros de la Célula Parlamentaria Aprista.
-No quisiera juzgar a la Célula Parlamentaria Aprista, de la cual formo parte y seguiré formando parte. Lo que puedo decir es que dentro de mi partido voy a seguir trabajando para evitar que se repitan situaciones como la ocurrida con la Ley del Trabajo Portuario, que sin duda no benefician al partido. Creo que en el camino vamos a acomodar la carga, para hablar en términos portuarios. Tengamos optimismo.

-¿El neoliberalismo se ha vuelto un dogma de fe de este gobierno?
-No quiero llegar a esa conclusión, pero pienso que están pendientes una serie de reivindicaciones laborales, como el caso de los jubilados que reciben migajas, el de los trabajadores que laboran con contratos eventuales a pesar de hacer un trabajo permanente, el del salario mínimo que es insuficiente y además muchas veces no se cumple. La productividad debe encararse con estándares laborales mínimos, que en muchos casos no los tenemos.

-El gobierno aprista no ha hecho nada por resolver esas reivindicaciones laborales.
-Falta un año de gobierno, durante el cual podemos intentar resolverlas. Hay que hacer el esfuerzo por lograrlo. Es cuestión de tener la decisión política para hacerlo…

-¿Y usted cree que en su último año de gobierno Alan García va a tener esa decisión política, que no la ha tenido en estos cuatro años?
-Espero que se cambie el rumbo para ajustarnos a una propuesta laboral verdaderamente aprista. Tenemos el tiempo para hacerlo. Confío en que este último año podamos avanzar en el terreno laboral…

-¿No le parece que es de un optimismo iluso pensar que el gobierno puede cambiar su política laboral?
-Tengo un optimismo esperanzado, eso debe ocurrir y una voluntad de trabajar en esa dirección. En este último año de gobierno el partido debe jugar un papel importante como contrapeso del gobierno…

-¿Hay alguien en el Apra que le pueda hacer contrapeso a Alan García?
-Yo creo en los liderazgos institucionales. Hay personalidades descollantes que necesitan el contrapeso de un liderazgo colectivo. Hacia eso tenemos que orientarnos luego del último congreso del partido. No hay ningún compañero que tenga el don de la infalibilidad ni el monopolio del acierto. Espero que la actual dirigencia responda a las bases y actúe como un contrapeso al gobierno.

-Pero la dirigencia aprista, debilitada por los escándalos de corrupción, no tiene la voluntad ni la capacidad para hacerle un contrapeso al gobierno de García e intentar un cambio de rumbo. Wilbert Bendezú, nuevo secretario general, ha dicho que la función del Partido Aprista es acompañar al gobierno.
-Que el partido acompañe al gobierno no significa que deje de ser crítico. La crítica es la vitamina de la democracia. Esos actos de corrupción no son representativos del partido y menos de las bases. Creo que esta crisis va a resolverse en corto tiempo. Los desajustes institucionales ya se están corrigiendo…

-Pero la imagen del Apra como un partido vinculado a la corrupción no se va a corregir fácilmente ni en corto tiempo.
-El partido debe hacer un deslinde más claro con la corrupción. Esperamos que la dirigencia del partido le ponga más énfasis a ese deslinde…

-En lugar de eso, aunque han sido separados temporalmente de la secretaría general, la dirigencia del Apra ha respaldado a Jorge del Castillo y a Omar Quesada ante las acusaciones de corrupción en su contra, señalando que son inocentes.
-Esa es una expresión fraterna y de deseo. Yo habría sido más prudente antes de hacer esa declaración.

-¿Coincide con lo que han dicho algunos miembros del Apra, como Jesús Guzmán Gallardo y Luis Alberto Salgado, de que el Partido Aprista atraviesa por una crisis ideológica y moral, y que esta es la crisis más grave del Apra en toda su historia?
-Coincido con ellos en que existe esa crisis en el partido, pero no coincido en la magnitud de la crisis. Hay una situación crítica en relación a la ideología frente a las nuevas corrientes neoliberales. Debe haber un debate para reafirmar los postulados doctrinarios e ideológicos del Apra, y se debe fortalecer la democracia interna, que es algo fundamental. Tengo coincidencias con esos dos compañeros, por los que tengo aprecio.

-¿También coincide con ellos en que si no hay un cambio radical en el Apra, el partido se encamina a su desaparición?
-Ese es un diagnóstico fúnebre. Hay que evitar los diagnósticos.

-¿El Apra necesita una renovación total de su dirigencia?
-No quisiera entrar a ese tema porque es un asunto interno.

-¿Fue un error haber elegido como secretario general a Jorge del Castillo cuando ya pesaban sobre él una serie de acusaciones por sus vínculos con Rómulo León y Fortunato Canaán?
-Me parece que debimos de ser más cuidadosos.

-El presidente García prácticamente ha lanzado a Javier Velásquez Quesquén como el candidato aprista a la presidencia. ¿Le parece un buen candidato?
-Entiendo que el presidente García tiene simpatía por Velásquez Quesquén. Yo evito hacer futurología y no podría adelantar si sería o no un buen candidato. Mi simpatía estará con el candidato que el partido escoja.

-Mercedes Aráoz ha sido propuesta por dirigentes de su partido, como Mauricio Mulder y Wilbert Bendezú, para que sea candidata del Apra a las elecciones presidenciales o municipales. ¿Le parece una candidata que puede representar bien al Apra?
-No lo creo. Ella es una economista cuya posición no representa los postulados apristas.

“Me siento algo frustrado con el gobierno de García”

-¿En estos cuatro años de gestión presidencial, Alan García ha aplicado los postulados apristas?
-Ese es un tema que hay que analizarlo bien. Creo que ha sido difícil para el gobierno distanciarse de la corriente de políticas que tienen que ver con el mercado libre y la hegemonía de la iniciativa privada.

-¿Qué tanto se ha derechizado Alan García?
-Ese análisis, ese juicio, va a corresponde hacerlo al partido. Alan García está absorbido porque las inversiones vengan y no las perturben.

-¿Conversa usted con el presidente García?
-No, hace mucho tiempo que no converso con él.

-¿Por qué se han distanciado?
-Por mi parte no hay distanciamiento. Yo siempre he estado a la espera de su llamado dada la posición que él tiene. En el caso de Alan García, diría que él tiene cercanía con otros compañeros y su agenda es otra. Yo respeto eso.

-Digamos que prefiere escuchar a otros dirigentes apristas de quienes no va a oír críticas.
-(Ríe) No creo… Dejémoslo ahí.

-¿Qué sensación le dejan estos cuatro años del gobierno de Alan García?
-Algo de frustración.

“El gobierno debe actuar con más energía”

-¿El acuerdo adoptado el viernes por el sindicato portuario con el gobierno y los empresarios que llevó al levantamiento de la huelga es satisfactorio para los trabajadores?
-El diálogo en temas como la jubilación anticipada, los incentivos para el retiro voluntario, un trato adecuado de ingresos y condiciones de trabajo con DP World (empresa concesionaria del muelle sur del puerto del Callao), y lo relacionado a las especialidades portuarias, me parece interesante. Pero no hay que olvidar que estas demandas de los trabajadores portuarios se han venido tratando hace mucho tiempo y han sido objeto de promesas y ofrecimientos incumplidos. Por consiguiente, hay que ver para creer. No podemos decir que las demandas de los trabajadores han sido satisfechas. Hay un planteamiento no resuelto sobre el que hay que perseverar, que es el de la negociación colectiva…

-Negociación colectiva que el gobierno aprista no quiere aceptar.
-En realidad quienes se niegan a aceptarla son los empresarios…

-Pero el gobierno no hace nada para que la negociación colectiva sea respetada por los empresarios.
-El gobierno debería actuar con más energía para hacer que los empresarios cumplan con la negociación colectiva, porque el Estado está obligado a fomentar las condiciones para la negociación colectiva, que es un derecho laboral y humano fundamental reconocido en resoluciones de las Naciones Unidas, y que está en convenios internacionales y en los Tratados de Libre Comercio firmados por el Perú. La negociación colectiva es un eje fundamental de los derechos laborales.

Entrevista: Carlos Noriega
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LA RAZON MAYO 20, 2010

Casos impunes como Utopía, ‘petroaudios’ y tráfico de terrenos son síntomas de una muerte anunciada

Delincuentes de cuello y corbata hurtan al país su fe y convicción en la democracia
Jorge Basadre Ayulo
Maestro y Doctor en Derecho

Busco en la penumbra, donde se mueven las cucarachas, abogados, jueces, funcionarios, congresistas, entalegados y testigos o participacionistas, con medios de defraudación al Erario Público. En esa selva encontramos el cono invertido del poder corrupto que lleva las páginas de los diarios y noticieros donde leemos las fechorías de algunos y de muchos. El novelón uno peor que el otro, no es aligerado delito que resulta el escocardiograma de la democracia y nadie es castigado. Todos los actos punitivos de cuello y corbata quedan impunes. Como en la Costilla de Adán, clásico filme con Hepburn y Tracy, los jueces garantistas dirán a las chapuceros “tengo que decirle que desprecias la ley y la ley es la ley sin; no hay que burlarse de ella”. (Raúl del Pozo, Burtel hoy. “El Mundo”. Madrid, 6 de abril, 2010).

La corrupción es un tema manido y ríos de tinta periodística han corrido sobre el tema. Lamentablemente éste golpea al Gobierno en su conservación del poder y no es una característica democrática necesaria frente a nuestra república. Los que están ganando son los llamados partidos minoritarios de la izquierda sobre el alcohol del orden constitucional. Los hechos punitivos que son dominio de todos no resisten el menor análisis minucioso de quienes saben leer y escribir y miran la televisión con espanto y quedan expuestos los hechos punitivos de quienes deben dar ejemplos de probidad y honradez. Entonces el debate debe ser directo y contundente ya que todos los implicados están a la defensiva.
El balance de la conducta delictiva de muchos y no de pocos inicia un debate mediante el cual pretende ocultar la crisis moral del país, porque lo que ha hecho evidente con precariedad y porque la aritmética no puede ocultar la suma de los delitos y sus orígenes, con autores variopintas.

Existen muy pocas soluciones por lo que existe un pesimismo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial generan sin energía. Estos delincuentes de cuello y corbata hurtan al país, su fe en la democracia y sus aprehensiones inefables en la búsqueda de una honradez acrisolada pública cualquiera sea el autor por más distinción que ostente. La retirada de la honradez no es una opción realista y resulta la más inconveniente para los intereses del Perú.

Basta un puñetazo en la mesa a tiempo por el Presidente de la República, Congreso y Poder Judicial para arreglar los problemas de la inmoralidad que arrastra a todos. Pero hay que darlo. No es una acción agresiva ni violenta. El roble, el pino y el castaño soportan el golpe sin pestañear. No debemos tener conducta malhumorada ni temperamento volcánico. No hay que llegar a las tímidas comisiones investigadoras que nada encuentran en el horizonte y todos resultan absueltos. Las personas funcionan bien ante el miedo y saben que las autoridades se casan con algunos. Todas estas conductas amorales dañan la estética y la ética del partido de gobierno.

Dichos comportamientos inmorales desde la corrupción en el trágico caso de Utopía, algunas de las conversaciones telefónicas interceptadas, la venta ilegal de terrenos del Estado a terceros a precios vil, son síntomas patológicos de una muerte anunciada de la próxima defunción del Estado–Nación. Enemigos no le faltan: la merma de la moralidad y la avidez por el dinero de muchísimos sin distingo de funciones daña la democracia e induce disfunciones entre honrados y pícaros. Pero la salud del Estado–Nación exige que no aparezcan conductas crematísticas y amorales, entre muchas cosas porque no es otro el ámbito de la democracia. Todo este terco afán por erosionar las conductas aparece como muy peligrosa para la salud moral de todos los peruanos.

La salud moral del país, honrada y prístina, parece ser en estos días aciagos lindante en los intereses particulares de la necesidad y no es exagerado reiterarlo. La honradez privada y pública llega a constituir una quimera.

El Estado–Nación se debe mantener sólido, resistente ante toda clase de inmoralidades. La honradez debe tener futuro. Un tiempo nacional continuo es algo que va más allá de los regímenes políticos y vicisitudes políticas que no pueden entenderlo los nuevos cosmopolitas. Este cosmopolitismo –política banal– es un desarraigo que confronta las lealtades y las pertenencias de la Nación.

La prematura y súbita derrota parcial de la honradez es un indicio de que algo empieza a abrirse tras décadas de completa cerrazón. Si esta inmoralidad sigue existirán descerebrados que aún no se han dado cuenta lo que vale la honradez.

Esta falta de unanimidad entre el concepto de lo que es bueno y malo me intranquiliza. Temo que se deba más a motivos personales que una valoración realista de las conductas que los inmorales se encuentren acorralados no parece haber decrecido el hecho punitivo. El apoyo a la trafa y al engaño sigue palidenciando nuestra vida aunque tengan el rechazo popular. Existe una regresión nacional, un intento de destruir el Estado-Nación. Debemos cortar el odio a lo antiperuano, como epítome del mal, lo sucio y pecaminoso que existe, el muladar y el lodo hediondo.

Analistas, comentaristas, ex líderes vienen a decirnos que esta banda no tiene sus días contados. Los descerebrados aún no se han dado cuenta de que a la larga perderán la guerra contra la moralidad. Pero esta tardanza me causa preocupación porque ésta no llega y no vendamos la piel del oso, o de la serpiente, antes de haberlos cazado.

Si no es con este gobierno, será con el próximo. Este quizá es un error de cálculo porque no cuentan con el favor ciudadano que busca poner fin de inmediato a la regresión económica delictual que es un epítome de todo lo malo, sucio y torvo. Con lo que llegamos al quid del asunto: el Gobierno debe ser ejemplar en los castigos caiga quien caiga y tener puño fuerte e inflexible. No quiero colgar mi pluma en la espetora y sigo con ánimo nauseabundo con todo lo que miro pasar.
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PERU 21 MAYO 17, 2010

Corrupción: el pan nuestro de cada día

El último sondeo sobre este flagelo revela la magnitud que ha adquirido este problema en el país.

El último sondeo sobre la corrupción no hace sino confirmar que este flagelo está ganando la batalla en el Perú. Al menos eso se desprende del estudio de la Universidad Católica, en el que más del 70% de los limeños considera que los peruanos, en general, somos poco honestos y en el que la mayoría de instituciones tutelares del país es percibida como corrupta.

Así, el poder del Estado más corrupto para los encuestados es el Legislativo (79%), seguido del Judicial (73%) y del Ejecutivo (71%). Luego vienen los partidos políticos (68%), el Ministerio Público (65%), la Policía Nacional (63%), los gobiernos regionales (53%) y las Fuerzas Armadas (51%).

En ese sentido, el 86% de los consultados señala que el Gobierno no hecho casi nada para combatir la corrupción en el Estado. En este punto, el Congreso tampoco se salva. Un 90% señala que los ‘otorongos’ son poco eficientes para la lucha contra este flagelo. En tanto, un 89% indicó que el Poder Judicial tampoco ha sido nada eficiente en este punto.

¿Y cuál es la solución a este problema que parece estar presente en todos lados? Según los encuestados, se debe empezar por casa. El 25% señala que la medida más adecuada para combatir los distintos tipos de corrupción está en la educación en valores y en las familias; un 23% señala la prisión efectiva y un 21% considera que se requiere un Poder Judicial menos corrupto.
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EL COMERCIO MAYO 17, 2010

Editorial: Lucha anticorrupción que el Gobierno debe asumir

En un año electoral como este, en que la población debe decidir su voto, flaco favor haría a la democracia representativa no aplicar sanción ejemplar o penalizar solo a funcionarios de segundo nivel

Los políticos deberían entender que ser corrupto no vende y que la lucha anticorrupción es uno de los pocos temas de consenso en una sociedad como la nuestra, tan poco dispuesta a llegar a acuerdos mínimos, pero al mismo tiempo tan sensibilizada y cansada de autoridades que usan la función pública para provecho propio.

Ad portas de los comicios municipales y generales, esos políticos deberían aceptar que ese cáncer que corroe la gobernabilidad arrastrará siempre indefectiblemente a sus agrupaciones partidarias las que, como señala el destacado politólogo español Manuel Alcántara, resultan contaminadas por los excesos, abusos y transgresiones de sus corruptos miembros.

Sin embargo, como demuestra la última encuesta nacional de El Comercio realizada por Ipsos Apoyo S.A., el cortoplacismo, la miopía y la ilegalidad de ciertos políticos prevalecen en el escenario local mientras su credibilidad y la de sus partidos se desploman día a día. Por ejemplo, respecto a los escándalos de Cofopri, los “petroaudios” y la fuga de Crousillat, la percepción ciudadana descalifica no solo a los líderes apristas vinculados con esos casos, sino al Apra, al presidente García y a todo su gobierno.

En general, 53% de los consultados sostiene que quien ingresa a la política pronto será cuestionado por su falta de transparencia. Pero también, con relación a recientes denuncias, 56% piensa que “el Apra ya tenía antecedentes de corrupción de su primer gobierno”, con lo cual se pone en entredicho el actual régimen.

Además, las encuestas revelan que el grotesco tema de Cofopri no ha pasado desapercibido para la mayoría de la población. Es más, el 79% lo reconoce como un acto de corrupción y atribuye la mayor responsabilidad a las altas autoridades —el ex director ejecutivo Omar Quesada, los altos directivos de Cofopri y al presidente de la República—, y considera que en este caso puntual no se hará justicia. Prevalecerá la impunidad y solo algunas autoridades de mando medio serán sancionadas.

El Gobierno debería tomar nota de estas lecturas descalificadoras. En primer lugar, porque constituyen un llamado de atención por parte de quienes reiteradamente han venido expresando su rechazo a una forma de hacer política que no solo linda con el delito, sino que afecta las expectativas de desarrollo, la moral y la gobernabilidad del país.

En un año electoral como este, en que la población debe decidir su voto, flaco favor haría a la democracia representativa no aplicar sanción ejemplar o penalizar solo a funcionarios de segundo nivel. Si así sucede estaríamos demostrando que no hemos aprendido la lección y que la impunidad que tanto daño hizo al Perú durante el fujimontesinismo sigue reinando sobre la ética pública.

Finalmente, bien vale preguntarse qué clase de ejemplo se da desde el poder a la sociedad civil que votaría gustosa por quien representa la decencia, la legalidad y la transparencia. Recordemos que, como también señalan las encuestas, el viejo cliché “No importa que robe con tal que haga obra” es solo eso: una frase hecha. Probablemente porque la ciudadanía ha aprendido que quien gana una elección no solo tiene la obligación de cumplir sus responsabilidades, sino hacerlo limpiamente.
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EL COMERCIO MAYO 16, 2010

Crisis de corrupción golpeó a principales líderes apristas

La aprobación del presidente Alan García descendió un punto (26%) y su desaprobación subió dos (69%) con respecto al mes anterior, según encuesta de El Comercio

El Caso Cofopri y los nuevos audios de Alberto Quimper marcaron la agenda pública de los últimos 30 días. Según la última encuesta nacional urbana de El Comercio, estos y otros escándalos vinculados a la corrupción perjudican a los principales líderes del Partido Aprista, entre ellos el presidente Alan García+ .

Contradictoriamente, mientras la aprobación del mandatario desciende un punto (26%) y su desaprobación sube dos (69%) con respecto al mes anterior, el número de peruanos que está dispuesto a irse a vivir al extranjero es cada vez menor desde el inicio de su mandato. Según la encuesta realizada en Lima, solo el 46% se iría a vivir al extranjero. En el 2006, 68% de los limeños se mostraron dispuestos a hacerlo.

Así las cosas, el 74% de los entrevistados consideró que el congresista y ex primer ministro Jorge del Castillo fue perjudicado con los escándalos de corrupción de los últimos meses. Entre tanto, un 71% dice que el jefe del Estado también se vio afectado por las denuncias. En ese mismo aspecto, un 70% dijo que el licenciado secretario general del Apra, Omar Quesada, también se ve comprometido, seguido de un 61% por el jefe del Gabinete Ministerial Javier Velásquez Quesquén y el 55% Mauricio Mulder.
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De: NESTOR SCAMARONE [mailto:nscamarone@speedy.com.pe]
Enviado el: miércoles, 05 de mayo de 2010 11:36
Para: TEJADA GUILLERMO
Asunto: SON UNA BASURA LOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN.

SON UNA BASURA LOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN.
Néstor A. Scamarone M.

CORRUPCIÓN EN: COFOPRI, SEDAPAL Y EL CONGRESISTA TOMAS CENZANO.
Hemos tomado conocimiento que Alan García, en un esfuerzo por separar la obra hecha por el Gobierno hasta la fecha y la corrupción de algunos compañeros apristas, ha manifestado su voluntad de solicitarles la renuncia a todos aquellos que ocupen puestos del gobierno o partidario y que de una u otra manera estén comprometidos con razón evidente en casos de corrupción. Al parecer, García se siente humillado y defraudado por algunos que haciendo uso de sus funciones en el Gobierno, han denigrado al partido de Haya de la Torre.

Hace dos días el presidente Alan García respondió a las denuncias de corrupción en las que se ven involucrados partidarios apristas y dejó claro que “él no protege a ningún aprista y que se vayan al diablo los corruptos”, para luego calificar de ‘basura’ a quienes participaron en el tráfico de terrenos en Cofopri, las licitaciones de SEDAPAL y las deudas de Tomas Cenzano por 500 milllones soles y algunos más.

Congresista Tomas Cenzano
“Es horroroso. He conversado socialmente con la jefa de la Sunat y le he dicho que actúe sin ningún temor. Yo no encubro ni oculto a nadie. Si hay que quebrarlo, hay que hacerlo. Qué pena pues, sino que pague con todo lo que tiene. Que se vaya al diablo”, dijo.
Afirmó que su caso es grave porque “es un padre de la patria que pertenece al partido del pueblo”. “Uno que necesita protección no es aprista”, subrayó para luego indicar: “Yo no tapo a nadie y que se vayan al diablo. Yo defiendo al país”.

Basuras en Cofopri
Al referirse al caso Cofopri, calificó de ‘basura’ a los implicados. “Aquí ha habido evidentemente un acto de corrupción asqueroso que repruebo, que lamentablemente demuestra que hay una partida de basuras que no toman en cuenta el esfuerzo que, por lo menos, yo intento hacer por el país”.
Dijo que la corrupción “asquerosa” y “grosera” descubierta en Cofopri debe ser rápidamente investigada y sancionada.

García señaló que el hecho de haber vendido un terreno de 300 mil metros por 5 mil soles, es “tan grosero” que no necesita ni pruebas ni papeles, por lo que “es suficiente con caerle a todos estos que han urdido y que, de acuerdo con las disposiciones, tenían que firmar y supervisar”.
Dijo que los peruanos les han dado, al Partido Aprista y a él, una segunda oportunidad para ejecutar obras y, sin embargo, un grupo de sujetos están buscando cómo llenarse el bolsillo en vez de pensar en los más pobres.

SEDAPAL
Al parecer todavía hay mucho pan por rebanar en el tema de Sedapal, y el caso de las plantas de tratamiento de San Bartolo es solo uno de los varios procesos que se viene revisando e investigando en esa Empresa Pública.
El procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Ricardo Vela Patiño denunció ante el Ministerio Público al presidente de Sedapal Guillermo León, por aprovechamiento indebido del cargo, tal como lo anunció el jefe de la PCM Javier Velásquez.

La denuncia incluye a la hermana de León, Ana Isabel, quien se asoció con otro implicado, el alcalde de San Bartolo Jorge Luis Barthelmess, para adquirir 14 hectáreas de terreno en Sullana, Piura y otros funcionarios que ya están siendo investigados y lo más extraño, algunos ya sancionados. Ellos permitieron la contratación de una empresa sin licitación pública para la construcción de las plantas de tratamiento.

Los cuestionados funcionarios ya cesados, deberán explicar la sospechosa licitación de dos plantas de tratamiento de agua en el distrito de San Bartolo entregadas a la empresa TFKC Reprex.

Es sumamente extraño que funcionarios sancionados y/o procesados por estos asuntos,continúen ejerciendo en el aparato estatal. ¿Qué pasa…?
Plenario
De otro lado, García dijo, que está a la espera de las decisiones que tome el Partido Aprista en relación a los últimos acontecimientos, y afirmó que los apristas de todo el país deberían reunirse en un plenario y tomar drásticas decisiones, porque es evidente que el APRA “atraviesa severos problemas”.

Indicó que la situación actual no refleja una crisis, porque el APRA ha sobrevivido a muchas cosas, pero señaló que, tras 4 años, esta agrupación política estaba demostrando que podía gobernar con responsabilidad y eficiencia el país.
Asimismo, exigió que el nuevo Código Procesal Penal, que permite la solución rápida de los juicios, se aplique para los casos de corrupción.
Desde esta columna aplaudimos las decisiones y planteamientos de Alan García Pérez.
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EL COMERCIO MAYO 5, 2010

Editorial: Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

La ciudadanía ya no soporta más. En las últimas semanas, aparte de todo el destape del “chuponeo”, el país ha conocido una serie de graves denuncias de corrupción que involucran a encumbrados personajes del partido de Gobierno y pueden afectar seriamente las expectativas de desarrollo, la moral nacional y también la gobernabilidad democrática.

No se trata, pues, de ser alarmistas ni de promover el ruido político, sino de una justificada preocupación por gruesos delitos cometidos con y contra recursos del Estado, por parte de inescrupulosas mafias enquistadas en el aparato estatal en las que figuran algunos funcionarios apristas.

Sin embargo, por sus repercusiones, esto de ninguna manera puede dejarse pasar ni ser tratado tangencialmente como una turbulencia partidaria más.

Podría decirse que los casos de tráfico de influencias y tráfico de terrenos que han embarrado a la cúpula directriz del Partido Aprista, integrada por los secretarios generales, Jorge del Castillo y Omar Quesada, configuran la segunda crisis política y moral del gobierno aprista después del grave escándalo de los “petroaudios”, hasta ahora irresuelto e impune, cuya mafia parece haber retomado aire con una nueva dosificación de audios.

TRÁFICOS NO SANTOS
El ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo ha solicitado, casi a regañadientes, una licencia temporal de su cargo partidario, para posibilitar que se investigue su eventual participación en un esquema de tráfico de influencias a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, en torno a regalías petroleras.

Y, si bien el hecho de que no se haya llegado a implementar una ley con nombre propio sería un atenuante, el tenor de algunos audios y el intercambio de propiedades inmobiliarias de disímil valor resultan elementos sospechosos y hasta agravantes. De otro lado, sigue pendiente la investigación sobre su eventual participación (de Del Castillo) en los casos que incluyen a Rómulo León y Alberto Quimper como principales protagonistas en las licitaciones de lotes petroleros.

En cuanto a Quesada, pretende blindarse políticamente con un supuesto respaldo partidario, cuando lo correcto y ético sería aceptar su responsabilidad política pero también operativa en la designación de cuestionados funcionarios de Cofopri, que armaron un festín de corrupción con la entrega de terrenos del Estado.

Luego del caso de Chilca, en que se vendió a un dirigente aprista terrenos por 5 mil soles cuando el valor de mercado sobrepasa los 12 millones de dólares, ayer mismo se supo de la renuncia del jefe de Cofopri-Cusco, días después de publicarse denuncias por haber favorecido presuntamente a siete militantes de su partido con la titulación de terrenos por 95 mil hectáreas.

Alegar ignorancia o desconocimiento resulta absurdo y pueril. ¿Acaso no sabe que corresponde al jefe nacional de Cofopri organizar y controlar la entidad, así como aprobar sus planes y presupuestos? ¿Solo aceptó el cargo como una cuota partidaria para nombrar a sus incondicionales? ¿Es eso lo que entiende por servicio público, como un clientelismo de la peor especie, a decir de los funestos resultados?

Un borrón y cuenta nueva resulta aquí cínico e intolerable.

¿Y LOS “CHUPONEADORES”?
Dicho esto, debemos analizar la prevalencia de tres factores a lo largo de estos escándalos, cuya naturaleza y objetivos no deben confundirse.

Por un lado tenemos que destacar el papel de la prensa independiente que, contra viento y marea, y a veces por encima de las amenazas y presiones de ciertos grupos, no ha cejado en su ánimo de fiscalizar la cosa pública y denunciar cualquier acto de corrupción. Las denuncias sobre tráfico de terrenos de Cofopri así lo ameritan.

Sin embargo, del otro lado, vemos con extrema preocupación y extrañeza que la mafia de “chuponeadores”, protagonista de los “petroaudios”, sigue vigorosa, como lo demuestra la publicación de nuevos audios en las últimas semanas. ¿Quiénes conservan y siguen entregando audios a discreción? ¿Con qué intencionalidad? ¿Hasta cuándo puede un Estado de derecho estar bajo la amenaza y el chantaje de un grupo de delincuentes que medran del espionaje y la violación del derecho a la privacidad?

El tercer factor resulta también problemático: la actuación del Poder Judicial, y en menor medida del Ministerio Público, que luego de año y medio no ha podido esclarecer y sancionar los gravísimos casos de los “petroaudios” y de las redes de interceptación ilegal. Pretextos no han faltado, desde traslados y cambio de jueces, falta de peritos o cambios en la calificación del proceso (de sumario a ordinario), etc., pero en el fondo lo que se infiere es una voluntad de postergar las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Y cuando el Congreso ha querido intervenir en estas causas ha sido para alargarlas pues no se llega a conclusiones certeras.

El Poder Judicial no puede rehuir su responsabilidad en esta lucha, impartiendo justicia, con imparcialidad, oportunidad y respeto al debido proceso. De otro modo, seguirá siendo visto como una entidad ampulosa, deficiente o peor aun, cómplice de la impunidad y de las mafias corruptoras que el país reclama sean extirpadas.

ESTADO, PARTIDO, RATAS Y DISCURSOS
Algo huele muy mal aquí. El presidente Alan García ha sido muy preciso y enfático al calificar de ratas a los promotores de estos esquemas delictivos, pero queda aún mucho por hacer para desterrar esas pústulas cancerosas que, bajo el nombre del aprismo, se insertan en las entidades públicas para sacar provecho propio.

Hay que ser muy claros al subrayar que lo que está en juego es más que la estabilidad partidaria. Usualmente no interferimos en cuestiones partidarias internas, pero en este caso debemos hacerlo tratándose del partido oficialista y ante el riesgo de que la administración pública sea copada por partidarizados cuya eventual capacidad profesional es opacada por sus compromisos partidarios en una nación con débiles mecanismos institucionales de control.

Se trata, finalmente, de la salud ética y la gobernabilidad democrática del Perú, por lo que el doctor Alan García tiene que actuar en su doble papel de jefe del aprismo y como presidente de la nación.

En cuanto a lo primero, como lo hemos dicho recientemente, urge poner orden en una entidad que últimamente, por diversas razones, ha visto resentida su histórica capacidad de organización y disciplina. Pero luego, como primer mandatario, sus facultades y responsabilidades son ya con todos los ciudadanos, a los que debe darles cuenta de la marcha y gestión del Estado.

Alentamos y apoyamos todos los proyectos de desarrollo económico y nuevas inversiones que crean empleo y permiten la redistribución social. Con el mismo espíritu nos congratulamos de que se mantenga el modelo económico esencial y que las previsiones del PBI sean tan generosas. Sin embargo, precisamente por ello, advertimos que para mantener esta tendencia es necesario recobrar el norte ético y moral de la nación, lo que exige tomar medidas severas.

Y no solo para sancionar a los malos funcionarios corruptos, sean o no apristas, sino para liderar una verdadera cruzada nacional de la mano del Congreso, la oposición y la sociedad civil. Ello implica, por ejemplo, proponer medidas para fortalecer la contraloría y las procuradurías anticorrupción, pero también para fiscalizar el quehacer cotidiano de los ministerios y entidades públicas mediante los portales web de transparencia y las licitaciones inversas.

El presidente no puede ser ajeno a lo que ya es un clamor nacional, de una ciudadanía hastiada que reclama, por encima de cualquier discurso, un punto de quiebre contra la asqueante corrupción.

La situación ha llegado a tal punto que exige sanciones pero sobre la base de deslindes, evidencias y pruebas plenas. Sería terrible que el retorno a la democracia no le permita al Perú liberarse de la corrupción heredada del régimen fujimontesinista. Ninguna apuesta por la democracia es consistente si no se diferencia del autoritarismo, la falta de transparencia y la corrupción, que pisotean la ley y privilegian escandalosamente a unos por encima de los otros.
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LA REPUBLICA MAYO 2, 2010

Peruanos en su salsa
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Aunque no lo crea, la corrupción no es monopolio aprista.

Sería un error, y mentira flagrante, coincidir con Nidia Vílchez o Aurelio Pastor en que el Apra no pasa por una seria crisis que ha sido reconocida hasta por el presidente Alan García, pero también constituiría una equivocación suponer que el problema central del principal partido político peruano es la situación judicial de sus dos tan flamantes como prontamente desgastados secretarios generales.

Para todos –apristas o no– debiera ser claro que las acusaciones a Jorge del Castillo y Omar Quezada solo son expresión que, como punta de iceberg, permiten apenas avistar el problema mayor del papel que cumplen –o no– los partidos políticos, así como el motivo de muchos que se meten en sus filas.

Sin caer en generalizaciones pues, sin duda, hay gente con sincera vocación de servicio, me temo que hoy no es exagerado sostener que los partidos se han convertido en refugio de delincuentes que, con el camuflaje del interés de la nación, buscan llenarse el bolsillo ilegalmente a costa del sector público.

El destape reciente de escándalos que ahogan la imagen del Apra –o que confirman lo que muchos creían– son ejemplos de que algunos de sus miembros se han dedicado, literalmente, a lotizar el país para convertirlo en patrimonio personal.

Trafas con terrenos de Cofopri; construcción sospechosa de plantas de tratamiento; abogados como Alberto Químper que, con el paraguas aprista –pero hace poco con el de Perú Posible, se mueven con fluidez por la alcantarilla burocrática y judicial; lobistas que de hobby son ministros, son algunos ejemplos de peruanos que se meten a un partido para usarlo como palanca para elevar su patrimonio financiero e inmobiliario.

Sin embargo, sería un error creer que la corrupción es –como hoy muchos repiten– un fenómeno estrictamente aprista. Quizá sean más ‘profesionales’ en el chanchullo pues el Apra es un partido con tradición y más organización, pero, la verdad, la sufren todas los partidos y, además, recorre la historia peruana como lo demuestra un libro horrorosamente estupendo como Corrupt Circles, de Alfonso Quiroz, que ya se debería haber traducido para que se pueda leer –con espanto– en el Perú.

Es algo tan errado como creer que la corrupción se combate, como hoy, con medidas aisladas que se improvisan cuando el gobierno debe limpiarse el salpicado del nuevo escándalo.

Para decirlo claro y directo, los partidos políticos se han convertido en espacios a los que recurren delincuentes que roban con la coartada del servicio público.

Esto explica también por qué estas entidades han perdido la capacidad de cumplir la misión para la que supuestamente existen: intermediar las demandas sociales con el fin de alcanzar respuestas guiadas por el interés social en lugar del particular como lamentablemente ocurre ahora.
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LA REPUBLICA ABRIL 30, 2010

Anticorrupción solo para la tribuna
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Falta voluntad política para combatir a la corrupción.

Cada vez que el presidente Alan García enfrenta una crisis por un gran escándalo de corrupción, responde sacando un conejo del sombrero que en realidad es gato encerrado pues solo sirve para distraer a la tribuna pero no para combatir efectivamente a este mal.

Es valioso, sin duda, que el presidente rechace con energía –al menos verbal– la corrupción destapada en varios frentes, al igual que el reconocimiento de que el Apra atraviesa una crisis severa por la corrupción, que diga que la trafa de Cofopri es “asquerosa”, que “hay ratas y miserables dispuestos a aprovecharse”, que tome distancia de dirigentes del partido que –como Jorge del Castillo– hoy tienen un manto de sospecha justificado, o que proclame que “no protejo a ningún compañero (…) si creen que voy a estar tapando, ¡vayan al diablo!”.

Todo eso está muy bien. El problema, sin embargo, surge porque al pasar del dicho al hecho se percibe rápidamente que su furia no se transforma en acciones efectivas y viables.

Por ejemplo, su exigencia de que “el código procesal penal, que permite la solución rápida de los juicios de manera oral, y en algunos meses o días, se aplique a los temas de corrupción”, se enfrenta con la realidad de que la complejidad de estos procesos impide emitir sentencias muy rápidas, lo cual no implica, por supuesto, admitir el empantanamiento de un caso que, en los dieciocho meses posteriores al destape, lo único relevante ha sido la adulteración de las pruebas.

Lo mismo ocurre con su propuesta para modificar la ley de partidos políticos con el fin de que sea causal de disolución de una agrupación política el hecho de encontrar que alguien involucrado con el narcotráfico haya postulado en sus listas.

La iniciativa parece radical y agresiva contra el narcotráfico, pero carece de sentido práctico pues las penas siempre son individuales y no colectivas; porque sería muy fácil disolver un partido simplemente infiltrando en sus filas a un ‘burrier’; o porque aumentarían los incentivos en el partido para encubrir al narco. Habría que agregar que si esa norma ya estuviera vigente, el Apra ya habría sido disuelto pues en el último lustro se han identificado candidatos narcos en sus filas.

El presidente se equivoca –o quiere engatusar a todos– con nuevas iniciativas legales, cuando bastaría cumplir las actuales y, para eso, lo que se requiere es voluntad política real de combatir a la corrupción, algo que este gobierno carece. Por ejemplo, ¿ya le pidió un informe al Ministerio del Interior sobre por qué ya pasaron 55 días sin que se encuentre al prófugo José Enrique Crousillat? O cree el presidente que también necesita una nueva ley para atraparlo.
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LA REPUBLICA ABRIL 29, 2010

¿Se cierra el kiosko?
La corrupción puede hacer colapsar al gobierno de AGP.

Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Ante el riesgo inminente de que la corrupción creciente que se destapa por todos lados acabe ahogando a su gobierno, el presidente Alan García ha reaccionado, por un lado, tomando distancia prudente del muy manchado Partido Aprista y, por el otro, lanzando iniciativas para que la opinión pública interprete que él está muy preocupado por la podredumbre que día a día se revela.

La saga imparable de los ‘petroaudios’; la venta bamba de un terrenazo en Cofopri a menos de cinco mil soles cuando su precio de mercado era de unos doce millones de dólares; la crecientemente sospechosa y muy provechosa relación de Jorge del Castillo con Petrolera Monterrico, incluyendo los inmuebles descubiertos al ex premier; un TC que decide de manera muy extraña; proyectos que apestan como el del puerto del Callao; o el escándalo del indulto/desindulto a José Enrique Crousillat –a quien primero soltaron con trafa, luego dejaron escapar y ahora nadie lo busca–, son solo algunas expresiones de que la corrupción en el gobierno aprista es muy profunda, mucho más de lo que están dispuestos a aceptar sus gonfaloneros.

Alan García se ha dado cuenta del problema en el que está metido: lo que está ocurriendo en su partido –con los dos secretarios generales acusados– y en el gobierno, significa un momento tan difícil como el de octubre 2008, cuando estallaron los petroaudios, y un riesgo enorme para su presidencia.

Por ello, anteayer en Ñaña, casi levitando, se puso en onda bíblica y arengó: “Cristo era firme y fuerte, como hay que ser en la vida, contra los hipócritas, porque no hay mayor pecado que el de la hipocresía, de quien se presenta como puro, estando negra su alma
(Nota del columnista.- El presidente debiera usar otros colores con connotaciones menos racistas), del que reza arrodillado sin haber pedido perdón a su hermano antes de ir a rezar”. En ‘buen cristiano’, el presidente estaba diciendo que su partido y su gobierno están llenos de ladrones.

Por ello, el presidente ha tomado acciones en dos rutas. La primera es distanciarse del Apra, y particularmente de sus dos secretarios generales, y en especial de Del Castillo –cuya vinculación con Vera Gutiérrez calificó de “desafortunada coincidencia–, durante la conferencia de prensa que dio ayer en el patio de Palacio. García ha dicho que espera ver qué decide el Apra –como si no tuviera nada que ver con el partido– para entonces ver qué hace él en el gobierno. La segunda es proponer el aceleramiento de los juicios por corrupción mediante la aplicación en estos casos del nuevo Código Procesal Penal.

Lo cierto es que, si el presidente García no logra efectividad en su intento de desmarcarse pronto de la corrupción, su gobierno puede acabar muy mal, y entonces podría empezar a cantar, como en el último comercial tan divertido del BCP, “vamos cerrando el kiosko”.
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LA REPUBLICA ABRIL 26, 2010

Un obituario de la lucha anticorrupción
Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

La verdad incómoda es que a pocos les interesa esto.

Lo más penoso de estas semanas prolíficas en denuncias no es la evidencia de que la corrupción actual sea más profunda de lo que muchos creyeron, sino la constatación de que la voluntad de encubrimiento y la vocación por la impunidad sean más fuertes que la decencia, y de que la lucha anticorrupción realmente no le interese a mucha gente ‘importante’ más allá del discurso rimbombante.

Es cierto que, dentro de todo –un ‘todo’ que también incluye el indulto escandaloso, con fuga de tondero, de J.E. Crousillat–, una consecuencia positiva es que la corrupción ha repuntado al primer lugar de la preocupación ciudadana. Pero ese interés no es compartido por los que cortan el jamón.

Una expresión de ello es la voluntad de encubrimiento de sectores relevantes que se suele manifestar en la típica respuesta de que la denuncia es promovida por los enemigos políticos o de que constituye un cargamontón con mala leche.

El libreto que sigue también es conocido: un pleito entre los que denuncian y los amigos del denunciado, y donde la corrupción destapada –es decir, la madre del cordero– pasa a un segundo y hasta tercer plano.

Y luego viene la contradenuncia al sospechoso de la primera denuncia, lo cual ahonda la sensación de que, para muchos, la lucha anticorrupción no es –como debiera ser– una política de moralización indispensable, sino un instrumento político: se encuentra el delito y se lo encarpeta para soltarlo en la ocasión propicia. Si esta no llega, la denuncia nunca se concreta.

En el Perú, es difícil que la lucha anticorrupción se entienda como objetivo en sí mismo. Se la usa como chaira. Y el que defiende la anticorrupción caiga quien caiga es visto como bicho raro, alguien con ganas de joder y que debe ser extirpado.

Esto no es extraño en un país en el que a la Universidad Católica le quieren imponer la consagración del plagio en su campus; donde el cardenal, para defender a Alex Kouri, critica que se ponga la corrupción en la agenda electoral (¿diría lo mismo si la acusación fuera a Marco Arana?); y donde seguramente en pocos días volverá a aparecer un amplio comunicado con firmas prestigiosas a favor de Jorge del Castillo y en contra de los que lo acusan, tal como ocurrió pocos días después del destape inicial de los petroaudios.

No es que la gente tenga, necesariamente, simpatía por la corrupción, sino que, en el Perú, las relaciones personales, la amistad, el compadrazgo, el hoy por ti mañana por mí, y la asociación interesada, pesan mucho más que la decencia. Esto constituye, en la práctica, la partida de defunción de la lucha anticorrupción.
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LA REPUBLICA MARZO 6, 2010

Con K de korrupción
Por Mirko Lauer

Un par de encuestas preelectorales sugiere que la corrupción como tema de definición política podría llegar a tener una segunda oportunidad. Se lo debemos a Lourdes Flores, quien ha rayado la cancha en términos de honestidad vs corrupción. Su rival tácitamente ha respondido que los términos son más bien honestidad vs eficiencia.

Diez años de debate no han aclarado del todo los términos de la cuestión. La opinión cerradamente contraria a la corrupción sigue mayoritaria, pero una porción importante de la opinión pública la considera asunto secundario. Por ejemplo como algo serio en aquellos de quienes discrepamos, pero venial en aquellos con quienes simpatizamos.

Un problema para definir la cuestión es que hay tantos casos de corrupción antigua y nueva dando vueltas que la manera más cómoda de abordarla es relativizándola. Actitud que termina confundiéndose con el realismo político. Sin embargo los triunfos electorales de candidatos directamente asociados con la corrupción de los años 90 han sido muy pocos.

Quizás lo que más oxígeno le da a la corrupción es la cantidad de figuras de alto perfil vinculadas a ella que circulan sin mayor problema o sanción social, como avisos ambulantes que es posible sacarle la vuelta a la ley. Esto produce un efecto de demostración: hay casos en que el delito sí paga, o por lo menos cuesta poco.

El caso del ex broadcaster José Enrique Crousillat es emblemático: indultado con ánimo humanitario por su mala salud, se ha dedicado a pasear orondo por los centros de veraneo billetudo, no da señales de estar dispuesto a pagar la reparación civil que le fue impuesta, y a través de su abogado se dedica a acusar de corrupción a otras personas.

Como los medios también son una maquinaria para celebrar el éxito y condenar el fracaso, la gente no se fija tanto en qué ha cometido una persona, sino en cómo le va en tiempo real. Además es cierto que el argumento de la corrupción ha sido sobreutilizado por todas las partes de la polémica política, lo cual ha ayudado a debilitarlo.

A la luz de lo anterior, ¿puede el gambito anticorrupción de Flores ayudarla a ganar la alcaldía? Solo si viene claramente unido a una clara propuesta de buen manejo administrativo del municipio. No olvidemos que aspira a suceder a dos alcaldes reputados por su eficiente manejo de la comuna de Lima, y compite con uno reconocido como buen gestor.

Pero el manejo del tema de la corrupción es crucial, en la medida que resonará en las elecciones generales del 2011. Allí la candidata del fujimontesinismo carece de prestigio administrativo alguno, y de toda experiencia de trabajo en el Estado. Además, en una democracia el ánimo dinástico siempre tiene un sabor de manejo indebido del poder.
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EL COMERCIO MARZO 1, 2010

Editorial: Habrá menos corrupción si dejamos de tolerarla

Este tema no puede seguir minimizándose ni admitirse como natural; menos como una “falla” de nuestra cultura

Aunque algunos personajes políticos han pretendido excluirlo de la campaña electoral que se avecina, todo indica que la lucha contra la corrupción será un tema prioritario que no solo recorrerá transversalmente todo el debate público, sino que nos confrontará a todos los peruanos con un flagelo frente al cual solo cabe tolerancia cero.

Desde el ámbito político, es claro que si no hay un compromiso abierto a favor de la transparencia, difícilmente habrá un cambio en la forma de administrar los recursos públicos en cualquiera de los estamentos de gobierno. Por eso, los candidatos deberían ir cambiando de discurso, sobre todo si creen que la realización de las obras que prometen al electorado se puede desligar del quehacer ético que deben exhibir futuras autoridades, sea que se trate de candidatos a la presidencia de una región o a una alcaldía.

La atingencia resulta oportuna no solo ad portas de las campañas electorales, sino ante la ola de acontecimientos producidos en el país en los últimos meses que señalan la ocurrencia permanente de prácticas delictivas que comprometen tanto al sector público como al privado. ¡Cómo olvidar lo sucedido en el sismo que hace tres años asoló a Ica, Pisco, Chincha y otras localidades del sur! Siguen afectadas y arrastrando las consecuencias de la inacción, la ineficiencia y la corrupción de funcionarios que mal usaron fondos públicos, en beneficio propio o de terceros, lucrando con la desgracia ajena. A ello debe sumarse la cuestionada actuación de ciertos personajes del sistema judicial, envueltos en denuncias escandalosas de diverso calibre y cuyas decisiones han dejado un sabor amargo en la opinión pública. El Congreso de la República tampoco se queda atrás. Por algo, como señalan las encuestas, al Poder Judicial, al Parlamento y a los partidos políticos se les reconoce como extremadamente corruptos.

Evidentemente no son los únicos. Si bien el sector público es 94% muy corrupto, la percepción ciudadana es que el sector privado lo es 69%, un índice elevado que confirma que tras todo acto de corrupción hay siempre corruptos y también corruptores, tan culpables como los que se aprovechan de la situación de privilegio y de poder que les concede el cargo que ocupan.

Este tema no puede seguir minimizándose ni admitirse como natural; menos como una “falla” de nuestra cultura. Recordemos que la tolerancia y la doble moral en este terreno solo han generado más corrupción, como sucedió durante el fujimorato.

Habría que preguntarse si en lugar de asumir los “sobrecostos” que generan sobornos, licitaciones y adquisiciones fraguadas que gravan las transacciones —y que los politólogos calculan entre el 5% y 20% sobre el valor de los proyectos en curso—, existen empresarios dispuestos a rechazar corruptelas que a la larga o a la corta pueden traer abajo no solo la credibilidad institucional del país frente a los inversionistas, sino también el crecimiento económico y su competitividad. En todo caso, harían bien la contraloría, Registros Públicos, municipalidades y la Sunat en cruzar la información financiera de las grandes y pequeñas empresas sobre las transacciones que contratan con el Estado.

Habrá menos corrupción si dejamos de tolerarla; si todos (Estado, políticos, empresarios y ciudadanos) se comprometen a combatir un mal que enriquece a algunos y empobrece al país.
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EL COMERCIO FEBRERO 28, 2010

La corrupción también es un mal del sector privado

En el Perú la corrupción no solo involucra al sector estatal. Los empresarios lo reconocen, pero falta decisión para combatirla

Por: Manuel Marticorena Solís

Puede utilizar el verbo que quiera: “facilitar”, “aceitar” o “aflojar”. También puede intentar minimizarlo con diminutivos como “empujoncito” o “ayudita”. Lo cierto es que si quiere acelerar un trámite acogiéndose a coimas o fraudes, los verbos y diminutivos no sirven para aplacar lo inmoral o ilegal que resultan estas prácticas y lo inmensamente perjudiciales que son para el desarrollo del país.

La corrupción se vive en distintos niveles en el Perú. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, realizada en setiembre del año pasado, indicaba que si bien la población percibía que la mayoría de casos de corrupción venía del sector público: políticos (54%), burócratas (18%), los empresarios peruanos también concentraban un 7% de corrupción; y los empresarios extranjeros un 5% adicional. Sumados ambos, el sector empresarial aglomeraba un 12%, cifra preocupante.

Transparencia Internacional , en un informe del año pasado, indicó que en una escala del 1 al 5 de corrupción, la población percibía que el sector privado calificaba con un nada enorgullecedor 3,5 (por encima de la mitad). Entretanto, en una encuesta de Pro Ética (filial peruana de Transparencia Internacional) del 2008, el público consideró que el 80% de los empresarios tenía responsabilidad en la corrupción del país.

Según Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, si bien el sector público es donde se podría percibir un mayor nivel de corrupción, al otro lado de la ventanilla hay un corruptor que necesita una licencia, agilizar un trámite, lograr una licitación u obtener un permiso.

Percy Medina, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, indica que en realidad lo más alarmante es que el tema siempre se minimiza y se cree que es una forma natural de interacción con el Estado. La corrupción estaría alcanzando aceptación social, pese a ser un hecho condenable. Medina cree que habiendo dos sujetos interactuando en el acto de corrupción se crea un círculo vicioso que cada vez se fortalece más, tanto desde lado público como del privado.

EFECTO ECONÓMICO
En una situación de crecimiento económico —como la que vive el Perú— el número de transacciones del sector privado con el Estado se incrementan considerablemente, hecho que atiza más la hoguera de la corrupción.

Si bien no existen datos oficiales respecto de cuánto es, por ejemplo, el sobrecosto para los empresarios por las exigencias impuestas por los sobornos del sector público, este fácilmente podría variar entre 5% y 20% respecto de los desembolsos hechos en cada proyecto (en cualquier sector), según estimación de Percy Medina.

La variación depende del grado de discrecionalidad que tenga el funcionario que otorga la licencia o decide cómo se desarrollará el trámite.

Portocarrero, por ejemplo, indica que en el caso del sector construcción se requieren muchas licencias y permisos. “Mientras más se demoren los organismos públicos en su otorgamiento, mayor será el incentivo para corromper funcionarios”, señala.

Las pérdidas para el Estado no son pocas. El ex contralor Genaro Matute, por ejemplo, hablaba de US$1.000 millones en pérdidas al año para el fisco.

El Estado realiza aproximadamente 198.000 licitaciones anuales, con un monto por adjudicar promedio de S/.93.743 millones. Y si el Estado compra, hay empresarios que venden.

¿QUÉ HACER?
Jorge Medina, socio principal de Ernst & Young, considera que la corrupción puede traer abajo cualquier sistema y crecimiento económico. Apoyándose en algunos estudios, señala que si el país mejorase un punto en el índice de percepción de corrupción, se incrementaría el PBI en un significativo 4%.

El propio presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, sostiene que este tema es alarmante pero que forma parte de la cultura peruana en la cual los empresarios están inmersos. ¿La solución? “Está en la educación”, señala.

Apuntando a salvaguardar la moral de las empresas que están adscritas a la Confiep, Briceño indica que las 19 organizaciones que la integran están a punto de lanzar un código de ética. ¿Esto es suficiente? Percy Medina, de Transparencia, señala que si bien es positivo, no es suficiente. Considera que son necesarias acciones de transparencia por parte de estas empresas.

Asimismo, se necesita una política de similar corte en el sector público. Rolando Liendo, presidente del Instituto de Investigaciones de Tecnoeconomía, considera que el Estado debe usar mecanismos informáticos para cruzar información entre organismos como la Sunat, Registros Públicos y municipalidades, con la finalidad de que solo las mejores empresas (que tengan capital, sean confiables y remuneren bien a sus empleados) contraten con el Estado. “Cuando una empresa no es competitiva, está más expuesta a la corrupción”, agregó.

Este sistema ya se aplica en Chile y Argentina. En realidad, los especialistas creen que se podrían desarrollar varios métodos, el tema es que los involucrados deben tener voluntad para aplicarlos.

SEPA MÁS
Según Jorge Medina, socio principal de Ernst & Young, un acto de corrupción es el abuso del poder conferido para beneficio propio.

Dicho poder conferido puede estar en el sector público o en el privado.

El Perú es el cuarto país en la percepción de corrupción entre países de Sudamérica.
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Esta imagen del ‘faenón’ petrolero es casi una postal de la corrupción en nuestro país. (Andina)

EL COMERCIO DICIEMBRE 16, 2009

La mesa de una sola pata
Por: Juan Paredes Castro

Es difícil saber cuántas veces este gobierno y los anteriores han lanzado cruzadas contra la corrupción.

Lo han hecho pensando, seguramente, que no hay nada más eficaz que una cruzada, cuando lo cierto es que esta necesita estar amparada en instituciones y mecanismos legales y coercitivos eficaces.

De otro modo una cruzada viene a ser una cruzada y nada más. Y cuando por la cabeza de las instituciones precisamente llamadas a combatir la corrupción, sobrevienen otras, se termina en lo mismo: en esfuerzos políticos inútiles.

El primer ministro Yehude Simon intentó darle a su gestión el sello de la anticorrupción. Antes, Jorge del Castillo, propició las condiciones para una cultura del deber. El propio presidente Alan García convocó a una revolución del alma. En fin, todos estos proyectos tenían un positivo denominador común: atraer a nuestras distintas coyunturas el tema de la honestidad, en un país —el nuestro— que arrastra, para comenzar, el más viejo de sus problemas: el incumplimiento y la transgresión de la ley.

En las últimas semanas ha vuelto a mencionarse la necesidad de una lucha frontal contra la corrupción. Claro que la necesidad está allí, latente, tangible, lista para tomar forma de acción y solución antes que las oportunidades de competitividad del país se pierdan justamente por no prestarle atención a lo que debería representar una de sus prioridades.

Sin embargo, todo tiende a seguir inclinándose al cíclico espíritu de una cruzada, prescindiendo de los sistemas y mecanismos institucionales ad hoc, como la procuraduría anticorrupción, la sala penal anticorrupción, los fiscales anticorrupción y los jueces anticorrupción.

Es esta la potencial aplanadora que el Gobierno y el Estado deben favorecer y promover, si es que quieren evitar encontrarse con la mesa de una sola pata que nos ofrecen los políticos cada cierto tiempo y cada vez que traen consigo una nueva cruzada anticorrupción.

No más cruzadas por ahora. Dejemos que las instituciones creadas para combatir la corrupción hagan bien su trabajo. Así de simple.
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EXPRESO sábado 28 de noviembre de 2009
Columna: PLANTEAMIENTOS Opinión Página 10
El grave flagelo de la corrupción

Escribe: ALFREDO PALACIOS DONGO
www.planteamientosperu.com

El pasado día 16 Transparency International presentó en Berlín, Alemania, su informe anual “Índice de la Percepción de Corrupción Mundial 2009”. Este documento califica el nivel de percepción de corrupción en el sector público y político de 180 países con puntuaciones entre 0 y 10 puntos (a mayor puntaje, más transparencia). El país percibido más transparente es Nueva Zelanda (9.4) y el más corrupto Somalia (1.1).

El Perú solo alcanzó 3.7 puntos, muy por debajo de la barrera de 5 puntos que demarca a países con problemas de corrupción. En América Latina esta barrera fue superada por Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3).

Altos puntajes señalan elevada estabilidad política, instituciones sólidas y eficientes mecanismos de solución de conflictos; por el contrario, bajos puntajes muestran instituciones débiles, aumento de corrupción y saqueo de recursos públicos que potencian la inseguridad e impunidad.

Últimas encuestas del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica indican que en nuestro país las acciones que adoptan los poderes del Estado para combatirla no son eficientes. El 85% piensa así del Gobierno, 88% del Poder Judicial y 91% del Poder Legislativo. Asimismo, la mayoría (55%) considera que la corrupción es el principal problema para nuestro desarrollo.

Estos resultados demuestran que este grave flagelo es percibido como una de las peores enfermedades que aqueja a nuestra Nación, y debe ser frontalmente combatida ya que afecta la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo económico y social. Para tener una idea de su magnitud, desde el 2002 se encuentran denunciados por delitos de corrupción 11,876 funcionarios públicos, y solo 1,033 han sido sentenciados.

Aunque somos el único país en América Latina que tiene un Plan Nacional Anticorrupción; además ha sido nombrada una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y está implementándose un nuevo Código Procesal Penal para agilizar los juicios, sin embargo la corrupción aumenta.

La única salida es la del ejemplo. No será posible ganar esta lucha si no existe un muy alto compromiso ético y transparente con el país, del gobierno, de los poderes del Estado, de los políticos y personajes públicos, para que se distingan por su austeridad y honradez; para que ningún acto de corrupción quede impune, y para impedir mercados electorales o de tráfico de influencias, lobbies, informaciones privilegiadas o sobornos en los contratos públicos de servicios, obras o concesiones.
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EL COMERCIO NOVIEMBRE 26, 2009

COMENTARIO DEL EDITOR
Manualito para librarse de corruptos
Por: Juan Paredes Castro

Cuántas vergüenzas públicas nos ahorraríamos con un manualito anticorrupción muy bien hecho y a la medida de las propensiones y flaquezas peruanas.

La propuesta, llamada a hacer entrar la letra con sangre, está dirigida a la voluntad política de quien, desde el Ejecutivo o el Legislativo, puede ser capaz de empujar su aplicación.

No se trataría de un texto más para llorar sobre la leche derramada por la criminalidad de cada día.

O para lamentarnos de la suerte de un ex ministro acusado de pasar ilegalmente 50 mil dólares en efectivo por los controles migratorios estadounidenses, pudiendo haberlo hecho electrónicamente, de banco a banco, en el cada vez más perfecto mundo globalizado de este tiempo.

Lo que se quiere es un manualito capaz de exigir que todo ciudadano convocado al Gabinete y todo congresista elegido por el pueblo se sientan obligados a transparentar sus hojas de vida y competencias, sus ingresos y cuentas, las salvaguardas de sus incompatibilidades y sus conflictos de interés (si los tiene) y el estado al día de sus obligaciones tributarias, así como el compromiso, al final de su mandato, de mostrar un código de conducta acorde con el perfil por el que fue llamado a servir en el Estado y por el que deberá velar posteriormente.

Hasta ahora muchas de estas cosas forman parte de un ocultamiento abusivo y escandaloso, contra el cual no hay ley ni Código Penal que valga.

Aquí, en el Perú, un ministro o un congresista entra y sale del cargo como un deportista entra y sale de un club de fútbol. No tiene obligación de mostrar nada ni de cuidar nada ni de rendir cuentas de nada.

El Estado y el país tienen, pues, derecho a un margen de cura en salud, que vendría a ser precisamente este manualito severamente preventivo sobre ciertos requisitos claves para todo el que entra y sale de la administración pública. La desconfianza del Estado debe ser ahora, más que nunca, tan vasta como la criminalidad que lo amenaza.

Los actos de buena fe ya no son suficientes.
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EL COMERCIO NOVIEMBRE 20, 2009

EDITORIAL
Democracia y transparencia versus corrupción

El último ránking de Transparencia Internacional coloca a Venezuela entre los países más corruptos del mundo (puesto 162), en tanto que el Perú y Colombia comparten la posición 75. Nueva Zelanda figura en el primer lugar, como la nación menos corrupta, en tanto que Somalia, con serios problemas de gobernabilidad, está en el zócalo (180).

Lo que esto demuestra, en líneas generales, son los riesgos a los que la ciudadanía se expone cuando se coartan las libertades democráticas, los derechos humanos y el equilibrio de poderes.

En el caso de nuestro país, es destacable la preocupación de los ciudadanos por el tema de la corrupción, lo cual revela mayor conciencia de los graves riesgos que entraña para la estabilidad política, económica y social.

Así, en una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, más de la mitad de los entrevistados califica a la corrupción como uno de los principales problemas para el desarrollo del país, muy por encima de la falta de empleo (28%). En otro sondeo, del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, el 94% percibe que existe corrupción en el sector público y un 64% piensa lo mismo del sector privado, cifras que deben poner en alerta a las autoridades y al empresariado.

Obviamente, los graves casos de los “petroaudios” y de interceptación telefónica, de tanta repercusión mediática y aún sin sanciones, pueden haber influido en estos resultados. Pero es evidente que no son los únicos y que queda mucho por hacer para que la transparencia sea la norma, y no la excepción, en la actividad del Estado y en las relaciones de este con el sector privado.

Según datos de Transparencia Internacional y del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI), la mayoría considera que la corrupción atraviesa la burocracia transversalmente. Y, en una escala de 1 a 5, de menor a mayor percepción de corrupción, el Poder Judicial resulta con 4,4%, el Congreso con 4,3% y las empresas con 3,5%, algo nada halagüeño.

Los perjuicios se dan en lo económico, con aprovechamiento indebido de los recursos públicos, pero también en los ámbitos político y social, en una espiral muy peligrosa que erosiona la credibilidad del sistema democrático e incrementa la pobreza. Como sucede escandalosamente en los regímenes autoritarios, cuando no funcionan los controles democráticos y el equilibrio de poderes, se crea un río revuelto de clientelismo, arbitrariedad y corrupción que beneficia solo a los incondicionales al régimen.

Tenemos que aprender la lección. Fortalecer la democracia y el Estado de derecho implica promover la transparencia, lo cual es responsabilidad del Gobierno, pero también del sector privado. Así como hay que hacer cumplir a las entidades estatales la ley que las obliga a implementar y actualizar sus portales web, debe promoverse las concesiones y concursos públicos abiertos.

Finalmente, debe sancionarse severamente las transgresiones a estas normas, así como garantizar el irrestricto ejercicio del pluralismo y la libertad de prensa para fiscalizar, denunciar y mantenernos vigilantes ante el menor atisbo de corrupción.
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PERU 21 NOVIEMBRE 17, 2009

La corrupción es cada vez más visible en los países de América Latina

Perú se ubica en el puesto 75 de 180 países, de acuerdo con el ránking que presentó Transparencia Internacional.

Transparencia Internacional (TI) presentó este martes en Berlín su Índice de Percepción de la Corrupción 2009, el cual reveló que el sector público de Afganistán y Somalia están hundidos en este flagelo, mientras que la otra cara de la moneda son Nueva Zelanda y Dinamarca.

El índice, realizado mediante una serie de encuestas, tiene una escala de cero a 10, indicando las puntuaciones menores niveles elevados de corrupción y las mayores niveles bajos.

La presidente de la TI en Alemania, Sylvia Schenk, estimó que los países con casi 10 de nota demuestran “la estabilidad política, una larga tradición de mecanismos e instituciones para la solución de conflictos”. Como contraparte, los coleros “son naciones que han sufrido duros conflictos y carecen de instituciones sólidas”.

Schenk subrayó además que la corrupción se encuentra “gravemente extendida” en la mayoría de América Latina, por prácticas de gobernabilidad deficientes e injerencia excesiva de intereses privado. Perú se ubica en el puesto 75 de este ránking (3,7), junto con algunas de las mayores economías de la región, como Brasil (3,7), Colombia (3,7), y México (3,3).
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LA REPUBLICA 18 de agosto de 2008

ENTREVISTA DE HOY
“Hay más control, pero han surgido hoy nuevas formas de corrupción”

GENARO MATUTE MEJÍA. Al aproximarse el fin de su gestión, el contralor defiende su labor y asegura que fue independiente del gobierno anterior y del actual. Pide no se politice elección del sucesor.
Nilton Torres.

Legado. Matute asegura que uno de sus principales logros es dejar con viabilidad económica a la Contraloría General de la República.

En la antesala del despacho del contralor Genaro Matute Mejía una virgen con una vela encendida parece conjurar todo mal. Protección que lo acompañará hasta finales de octubre cuando, después de siete años, deba dejar el cargo. Una gestión que en ocasiones fue vapuleada, sobre todo durante el gobierno de Alejandro Toledo, por ser este quien lo designó en el cargo, aunque jura que jamás tuvo deferencias para con el ex presidente y su entorno, y pone su trabajo como garantía.
Se ha pedido que sea la oposición la que elija a su sucesor. ¿No siente que el cargo de contralor se ha politizado?

Más que politizado, lo que se quiere es contar con una persona que pueda tener la capacidad de manejarse en un contexto político, y además mantenga su capacidad técnica. La oposición busca que el contralor sea independiente del gobierno, pero nosotros estamos convencidos de que el contralor debe ser un técnico no político, y que no se amilane a la hora de actuar.

Se dice que usted, como ya está de salida, ahora se pone a mirar con más atención a Palacio de Gobierno. Esto por el caso de la cuestionada Fiesta de la Juventud.
No es verdad. Lo primero que vi cuando ingresé a la Contraloría fue la reconstrucción de Palacio durante el gobierno de Fujimori. Así que siempre hemos estado atentos. Ha habido una leyenda ciudadana según la cual nos hemos olvidado de Palacio, y no es verdad. Si revisan los archivos, nunca se investigó más a Palacio y el entorno presidencial que durante el gobierno de Toledo. Y en el caso de la fiesta, se nos ha pedido intervenir, pero eso corresponde a Control Interno de Palacio.

Sin duda la población ha quedado muy sensible con el gasto de los dineros del Estado.
Es que después de los años 90 y las acusaciones generalizadas de corrupción en este periodo, todos los que vinieron después han debido ser evaluados en lo más mínimo. La gente quedó muy sensibilizada. Los gobernantes tienen derecho a celebrar. Si está presupuestado dentro del ámbito de su manejo, no hay problema. Pero los medios son muy sensibles. Esperamos que nuestros gobernantes sean austeros, casi unos monjes budistas.

¿Cree que se exagera?
Hay, por un lado, hipersensibilidad. Ahora, esto es positivo porque regula la actuación de los gobernantes. En el caso específico de la fiesta en Palacio, estaremos atentos porque el ciudadano lo pide.

Por cierto, ¿ya terminó la investigación sobre los gastos de Palacio durante la gestión del presidente Toledo?
Hemos entregado a la Fiscalía cuatro informes, y nos falta uno que ya está listo, pero pasa por una última revisión legal. Aún se mantendrán en reserva los resultados mientras lo revisa la Fiscalía.

Ese trabajo ha demorado dos años, y eso se ve con suspicacia ya que fue el presidente Toledo quien lo designó en el cargo.
Hemos demorado porque era muchísima información la que había que procesar. Se debía evaluar e investigar finamente para ofrecer un resultado lo más cercano a la realidad, lo más justo para el país y para el propio ex Presidente.

Se especula que ha actuado con mano blanda en ese tema...
Hace un tiempo un periodista me dijo "¿cómo va la investigación de su compadre Toledo?". Un momentito, este no es un problema de compadres. Cuando uno está dispuesto a actuar limpiamente se pueden presentar críticas, pero lo que vale es el trabajo realizado.

¿Los niveles de corrupción han disminuido desde que usted asumió el cargo?
Han disminuido los niveles de corrupción porque hay más control. Pero han surgido nuevas formas de corrupción y nuevos riesgos. Por ejemplo, muchas pequeñas municipalidades reciben ingentes cantidades de dinero y sin tener personal que pueda manejar racionalmente este dinero. Lo importante es que ahora hay más sensibilidad con el tema. Hoy los estándares de probidad han crecido tremendamente. Los ciudadanos están aprendiendo qué es lo que tienen que rechazar.

Al parecer, dejará una Contraloría con más presupuesto. Se ha reunido con el ministro Valdivieso, con el que parece llevarse mejor que con el ex ministro Carranza.

En el caso del ministro Valdivieso, queríamos que entendiera cómo ha evolucionado la Contraloría en los últimos años, y que eso permita que tenga un juicio racional respecto a las necesidades de nuestra institución, aun cuando sabíamos que nuestro periodo va a terminar mucho antes de que se apruebe el presupuesto. Lo importante era dejar viabilidad económica en nuestra institución. El ministro ha entendido qué es lo que hacemos, ya que es una persona que ha hecho y sabe de gestión.

La política anticorrupción debe ser concertada
El contralor Genaro Matute dijo que los organismos constitucionales especializados, como la Contraloría y el Ministerio Público, deben desarrollar una estrategia consensuada de lucha contra la corrupción, tras la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA). Indicó que las entidades vinculadas a esa lucha deben elaborar una política sectorial, y definir una entidad coordinadora que logre los consensos respectivos.

"Pero la Unidad Anticorrupción de la Defensoría no debe estar en la coordinación. Esta debe estar a cargo del Ministerio Público o de la Contraloría. La Defensoría debe seguir centrando su preocupación en los derechos humanos y los derechos ciudadanos", opinó.

La Defensoría presentó hace poco a su Unidad Anticorrupción para identificar y denunciar acciones ilícitas que perjudiquen derechos fundamentales de las personas en el acceso a servicios básicos que ofrece el Estado.

"Es necesario tener una política anticorrupción concertada institucionalmente, con participación de organismos encargados constitucionalmente. Hablaremos con el Ministerio Público para que los convoquemos", refirió.
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LA REPUBLICA 07 de agosto de 2008

Lejano oeste cada vez más cercano
Mirko Lauer.

Mientras una parte de los pasajeros de buses rueda en peligro de morir entre fierros retorcidos, otra lo hace en peligro de ser desvalijada. Si bien la policía de cuando en cuando anuncia la captura de una de estas bandas de carretera y lucha por mantener el optimismo, la información sobre el tema es borrosa, en el mejor de los casos.

Este fin de semana 50 pasajeros fueron asaltados en la Panamericana Norte con el modus operandi "pasajero a bordo". Los cuatro delincuentes, cada uno con su fusil AKM, se bajaron con el botín en Mórrope y partieron en una camioneta que los esperaba. Hasta el momento ninguna noticia sobre los asaltantes.

Fue el asalto a bus número 88 del año. La información no precisa si los 128 del año pasado fueron de enero a julio, o durante los 12 meses. El asalto número 89 del 2008 ocurrió tres días más tarde en la Panamericana Sur, con la modalidad de bloqueo de la carretera a 40 pasajeros. El heroico chofer Juvencio Uribe resistió, lo cual le costó un balazo al pecho.

Ahora estamos a la espera del asalto número 90, en una actividad que viene representando muy poco riesgo para los maleantes. Hay unas pocas capturas, pero pocos datos sobre el destino de los capturados. Jorge Chuquipoma, asaltante de la zona de Barranca, es detenido y liberado una y otra vez. Ahora la policía lo está buscando, para variar.

La ciudadanía todavía no tiene una imagen de conjunto del problema. Hay percepciones fragmentarias: hay zonas donde los asaltos son más frecuentes, en algunas de ellas una tradición de violencia podría estar aportando el personal delincuente, que existen métodos de prevención a bordo que no están siendo utilizados.

Algunas de las empresas con más recursos están optando por soluciones tecnológicas, como filmar a todos los pasajeros o llevar aparatos rastreadores a bordo. Esto los protege algo, pero no parece estar incidiendo en la estadística. En las zonas más descampadas las empresas menos modernas suelen ser la mayoría.

La policía ha puesto en marcha el Plan Camaleón, que es como la modalidad "pasajero a bordo", pero al revés. Pero tener policías armados viajando todo el tiempo por las rutas del Perú suena disuasivo, pero también costoso, abrumador, y capaz de desencadenar sangrientas balaceras entre los asientos del bus.

Como con los accidentes fatales, la policía debería empezar ofreciendo al público la información completa sobre el tema: las cifras, los personajes, los atestados, los expedientes judiciales. Es la única manera de ir convirtiendo lo que hoy es un reguero de casos aparente aislados en un fenómeno que pueda ser estudiado y resuelto por la sociedad.
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LA RAZON JULIO 24, 2008

“La corrupción es la madre de todos los problemas en América Latina”

Habla Raúl Ferro, director de la revista “América Economía”, sobre perspectivas de negocios en la región
Gabriel Salvia

Raúl Ferro es director editorial de la revista América Economía. Se desempeñó como editor de negocios de la revista con base en Santiago de Chile (1994-1998) y Ciudad de México (1998-1999) y posteriormente como editor general, con sede en Santiago. Con anterioridad fue reportero de publicaciones de negocios y finanzas en Perú (The Andean Report) y en Chile (The South Pacific Mail), además de corresponsal y colaborador de una serie de publicaciones en inglés tanto en Perú como en España, incluyendo el grupo Latin American Newsletters de Londres, Spanish Trends de Madrid y McGraw Hill News Services y Lagniappe Letter de Nueva York. Raúl ha vivido en Perú, Costa Rica, Argentina, España, Chile y México. Visitó recientemente Buenos Aires, invitado por CADAL, y participó como profesor invitado en un Seminario de Periodismo Económico en la Universidad Católica Argentina y brindando una charla sobre “Perspectivas de negocios en Latinoamérica”. Lo que sigue es una entrevista realizada luego de esta última presentación.

-¿Cuáles son los mitos y las realidades de las reformas en Latinoamérica?
Las reformas en América Latina a fines de los 80, principios de los 90, yo creo que se quedaron en la primera etapa, o sea que se hizo la parte, quizás, más fácil: privatizar, desregular, abrir las economías y se abrieron a medias, porque parece que se abrieron más de lo que realmente se abrieron, pues se mantienen muchas restricciones.

Pero faltó la segunda ola de reformas, que es la de sintonía más fina, la más complicada, la que requiere una evaluación técnica más precisa y que son justamente las que permiten que los procesos de reformas realmente funcionen.

Esta segunda ola de reformas tiene que ver tanto con la liberación de protecciones a ciertos grupos, o de protecciones de mercado que se salvaguardaban al principio y tomar medidas que realmente hicieran eficiente la apertura económica. En el mercado político también faltó mayor compromiso en el tema fiscal.

Para que las reformas funcionen tú necesitas manejarte con mucha prudencia fiscal porque sino la economía no aguanta, y eso obligaría al gobierno a ser más austero y eficiente en el gasto pero no se dieron así.

Yo creo que el gran problema con las reformas es que se aplicó la primera parte pero después por falta de voluntad política o por falta de fuerza política o por falta de convicción no se aplicaron las segundas partes. Incluso podría haber algunos casos en que no se dieron por razones de corrupción.

-¿Es Chile el modelo de desarrollo para América Latina?

Hablar de modelos, así a rajatabla, es complicado porque cada país tiene sus características especiales, pero creo que sí es un modelo de inspiración en América Latina. Lo que muestra el caso chileno es que los latinoamericanos no estamos genéticamente condenados a vivir siempre en la mediocridad.

Yo creo que Chile ha mostrado un camino claro que señala que bien hechas las reformas y bien hecha la apertura se puede sacar provecho de la integración con el mundo. Uno podría decir que Chile comenzó a desarmar todo su aparato arancelario y estableció una política de censura, su arancel en ese momento era del 6 por ciento a las importaciones.

Uno podría decir que en una economía tan pequeña como la chilena va a desaparecer comida por las grandes potencias. Sin embargo lo que ha pasado es al revés, Chile se ha convertido en una plataforma exportadora en los productos en los que es realmente competitivo, más allá de sus productos tradicionales, que siguen siendo las estrellas de su balanza comercial como el cobre y la industria forestal.

Pero está el caso del salmón, Chile se convirtió en el segundo exportador mundial de salmón, de la nada, con una economía absolutamente abierta, cuando podría decir, ¿para qué voy a producir salmón si lo puedo traer de Noruega, o de Estados Unidos, o Canadá? Chile ha demostrado que la apertura te puede fortalecer competitivamente como país y más bien te ayuda a eliminar las ineficiencias que te da el proteccionismo.

-Leía en América Economía que si no fuera por Chile, América Latina tendría un promedio de corrupción peor que el de África ¿Cómo esto hace imposible el desarrollo en la región?

Yo diría que la corrupción es como la madre de todos los problemas en América Latina. Si existen déficits fiscales, si existe proteccionismo, si se frustran el libre mercado es precisamente porque hay gente que saca beneficios de esas condiciones y que hace pagar al resto de la sociedad su fortuna.

Desgraciadamente la corrupción es un tema presente. Ha mejorado algo pero todavía falta mucho por hacer. Uno debería ser optimista en el sentido de que como existe libertad de prensa en la región y hay gobiernos democráticos, por lo menos los casos de corrupción se pueden investigar y ventilar y ese es el mejor principio para comenzar a luchar contra la corrupción.

En sistemas dictatoriales la corrupción no solamente sobrevive, sino que se desarrolla porque es su condición natural. En cambio en sociedades libres siempre existe la posibilidad de descubrir los malos manejos y denunciarlos y creo que eso nos va a permitir avanzar en la eliminación de la corrupción.

-¿Cuáles son los casos interesantes en materia de perspectivas de negocios a inicios del siglo XXI en Latinoamérica?

Respecto de las inversiones a comienzos del siglo XXI en América Latina, a nosotros sí nos agarra en un momento en que estalla una crisis gravísima en Argentina, en un período eleccionario en Brasil con mucha incertidumbre, la violencia enquistada en Colombia, el proceso de reformas que no avanza en México, o sea el panorama no pareciera ser muy alentador.

Pero sin embargo hay señales de vida debajo de todo eso. América Central, por ejemplo, es una región donde están pasando muchas cosas, donde el proceso de integración política que se diseñó a principios de los años 60 no avanzó, pero sí a fuerza de los negocios que lo está haciendo realidad.

Es paradójico que un proceso después de treinta años en manos de burócratas no haya avanzado y en cinco o seis años haya sido la fuerza de los negocios la que la haya convertido en realidad y eso ha atraído la atención de jugadores internacionales, haciendo inversiones en Centroamérica, como la cervecera brasileña Ambev, resultado de una fusión de Brahma y Antarctica, que compró a Quilmes y que es la tercera cervecera latinoamericana haciendo inversiones en Guatemala y la cuarta o quinta mayor cervecera del mundo en volumen.

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