Transparencia alerta sobre posibles focos de conflicto durante proceso electoral (http://elcomercio.pe/noticia/647149/transparencia-alerta-sobre-posibles-focos-conflicto-durante-proceso-electoral)
Asociación civil presentó mapa de riesgo donde se identifican los distritos en los que elección podría verse amenazada o sufrir complicaciones
La Asociación Civil Transparencia presentó hoy mapas de riesgo que advierten posibles focos de conflicto para los próximos comicios. Se trata de un documento elaborado mediante el cruce de variables tanto pasivas (históricas) como activas (conflictos actuales).
Las variables pasivas incluyen el reconocimiento del comportamiento electoral en temas como el voto blanco, el voto nulo, el ausentismo, entre otros.
Mientras que en las activas se han considerado ataques a periodistas, zonas cocaleras, lugares de enfrentamiento por narcotráfico, conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo y los conflictos acontecidos por motivos electorales reportados por el Jurado Nacional de Elecciones.
Entre las zonas vulnerables detectadas se encuentran los distritos de Echarate y San Juan (Cusco); Pichari y Río Tambo (Junín), Juliaca (Puno) y Juanjui (San Martín), entre otros.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 22, 2010
(Editorial) Desarrollo y paz social con diálogo y sin bloqueos
Persisten varios conflictos sociales violentistas, en Aguaytía y Espinar por ejemplo, que demandan la acción urgente y responsable del Gobierno pero también de los dirigentes locales, para resolver los temas de fondo.
En el primer caso, solo con la acción coordinada de la Policía Nacional se pudo desbloquear las carreteras y desalojar a un grupo de cocaleros ilegales que ocupaban una planta de energía eléctrica, con lo que volvió momentáneamente la calma ala zona.
Sin embargo, ciertos dirigentes cocaleros insisten tercamente en su absurda demanda de paralizar la erradicación de cultivos ilegales, a pesar de que está probado que los cultivos alternativos, como el cacao y el café orgánicos, de creciente demanda en el mercado mundial, tienen gran rentabilidad.
Como lo hemos reiterado, hay que distinguir entre los cocaleros que se esfuerzan por ordenarse y adaptarse a la legalidad, de aquellos otros que, de modo cómplice y facilista, le hacen el juego a las mafias del narcotráfico e insisten en cultivar coca.
De ahí la pertinencia de continuar con la política de interdicción contra los cabecillas del narcotráfico aliados al terrorismo, así como de incrementar la presencia del Estado y afinar la acción de Devida para atraer a más campesinos a la legalidad. El narcotráfico es un enemigo peligroso y con muchos recursos: recordemos que, a pesar de todas las acciones gubernamentales, esta lacra ha ido trasladándose a otras zonas del sur, donde nunca antes se cultivaba coca.
En el caso de Espinar, la situación sigue bastante crítica. Los dirigentes insisten en bloquear las carreteras del Cusco y también la ruta ferroviaria a Machu Picchu, con lo cual mantienen en zozobra a miles de pobladores y empiezan a afectar el turismo, principal actividad económica de la región, lo que, además de irresponsable, es muy preocupante.
El nuevo jefe del Gabinete, José Antonio Chang, entre tanto, ha subrayado correctamente que no dialogará bajo presión, por lo que ha pedido a los dirigentes que levanten la medida de fuerza para iniciar el diálogo. Los esfuerzos de mediación de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo han sido hasta ahora, lamentablemente, infructuosos. La sospecha aquí es que algunos promotores del paro quisieran prolongarlo, simplemente por razones electoreras, hasta que pasen los comicios del 3 de octubre, en los que participan, lo cual sería absolutamente irresponsable.
En esta delicada coyuntura, se necesitan con urgencia señales de cordura y acercamiento que posibiliten el diálogo sin presiones ni amenazas. También, mejorar las políticas de comunicación para hacer entender a la población que el proyecto Majes-Siguas II debe beneficiar a las dos regiones y que el Ministerio de Agricultura está tomando las previsiones para garantizar el afianzamiento hídrico de la zona.
Mientras tanto, la autoridad policial tiene que redoblar esfuerzos para asegurar el orden y el derecho constitucional al libre tránsito, que continuamente es conculcado por algunos dirigentes, sin sopesar el enorme daño que causan a la paz social así como a la actividad económica y al desarrollo de las circunscripciones que dicen defender.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 14, 2010
(Editorial) Por una política de prevención de conflictos
Tenemos que concluir en que los conflictos sociales representan uno de los terrenos más pantanosos de la gestión pública, en el cual la acción del Estado es sumamente deficitaria. Prueba de ello son la retahíla de problemas que ha enfrentado a diferentes instancias de gobierno con un conjunto de comunidades y centros poblados, en lo que va del presente régimen.
Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, en junio pasado hubo 250 conflictos en el país y en julio 248 –de estos 168 se hallaban activos y 80 en estado latente–. En agosto se redujeron a 125 –cifra todavía elevada–, de los cuales el 51% estaban relacionados con problemas socioambientales, en su gran mayoría causados por la minería.
Lo último son las protestas en Espinar, Cusco. La población está en contra del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, en el entendido de que esa inversión reducirá el caudal del río Apurímac, que abastece a la provincia cusqueña. Ayer se entregó la buena pro de ese proyecto al consorcio Angostura-Siguas, integrado por Cobra Instalaciones de España y la peruana Cosapi, aunque ello no implica que los desacuerdos con los pobladores se hayan resuelto definitivamente en un tema por demás delicado, como es el buen y mal uso del recurso hídrico.
Casos como este nos recuerdan la falta de una política eficiente de prevención de conflictos que revalorice el factor oportunidad y que actúe de manera coherente y sostenida frente a problemas que deberían solucionarse antes de que estallen y se conviertan en crisis inmanejables.
Evidentemente, en la beligerante coyuntura electoral que el país vive, no se puede descartar que algunas autoridades municipales y regionales estén más preocupadas por llevar agua para su molino y captar votos, que por prevenir conflictos. Corresponde al Gobierno Central adelantarse a estos artilugios, sobre todo porque cualquier disturbio, huelga o paro regional podría alterar el clima de tranquilidad que el país necesita ad portas de los comicios de octubre o, incluso, podría ponerlos en riesgo. La labor del Ejecutivo, en todo caso, debería ser instaurar el diálogo como norma y, luego, poner en evidencia a los gobiernos locales y regionales que evaden su responsabilidad ineludible de actuar preventivamente. Después de todo, ellos se hallan más cerca de los actores involucrados, de las causas que originan los problemas y de las soluciones para evitar situaciones límite.
En el caso de Espinar, por ejemplo, el Gobierno dispuso hace dos días el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a la provincia cusqueña en apoyo de la Policía Nacional, aunque hubiera sido más efectivo acudir a la mesa de diálogo. Actuar preventivamente implicaba hallar una salida en el entorno de la Asociación Nacional del Agua, dialogar con los inversionistas y acordar con la población la ampliación del cauce del río Apurímac (afianzamiento hídrico), mediante el cual se busca impedir que la zona se vea afectada por la construcción de la represa de Angostura.
Como hemos reiterado en esta columna, los conflictos sean grandes o pequeños, pueden colocar al país al borde de la crisis política, sobre todo en épocas electorales. No lo olvidemos.
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EL COMERCIO JULIO 3O, 2010
(Editorial) Ley y conflictos: no más bombas de tiempo
Las medidas que el presidente Alan García anunció en el mensaje a la nación para el traspaso del mando el próximo año también deben garantizar la paz social
Uno de los aspectos más destacables del último mensaje a la nación del presidente Alan García ha sido su convicción democrática que lo lleva a garantizar una transferencia fluida del poder. Al tiempo de anunciar la fecha de las nuevas elecciones, ha subrayado el compromiso de su gobierno de actuar con absoluta neutralidad y no dejar bombas de tiempo a la próxima administración.
Esta actitud resulta saludable y responsable. Sin embargo, no debe limitarse solo a la estabilidad política y la sostenibilidad económica, sino que debe cubrir también un aspecto vinculado a todo ello como la paz social, amenazada por numerosos conflictos, que deben prevenirse y desactivarse antes de que exploten.
Desde esa perspectiva, hay un aspecto crucial que no ha sido tocado en el mensaje, cual es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, observada por el Poder Ejecutivo. Ya la Comisión de Constitución del Congreso ha aceptado una de las observaciones del Ejecutivo, en el sentido de aclarar que la ley no implica el derecho a veto por parte los pueblos originarios.
Por supuesto que la ley es perfectible y pasible de modificaciones, que deben ser hechas con criterio realista, justo e integral, en aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero, de lo que no queda duda es que la ley tiene que promulgarse. Como ha dicho la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, estamos ante una norma que puede ser un paso trascendental para institucionalizar el diálogo y el reconocimiento de los derechos de un sector de la población que debe ser incluido en la agenda de las necesidades nacionales.
Lo contrario sería proseguir con una forma efectista de gobernar, consistente en actuar con la “política de bombero”, solo cuando los conflictos han llegado a niveles desbocados de violencia. El caso de Bagua nos demostró, con un enorme, cruento y doloroso saldo de víctimas, la mayoría policías, lo que puede pasar cuando no existen o se relegan los mecanismos de acercamiento y diálogo formal, en un país vasto, complejo y pluriétnico.
La urgencia de la norma es, pues, indiscutible. Según los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, a la fecha existen 255 conflictos sociales, de los cuales 172 (67%) están en condición de activos. Paralelamente, se han detectado acciones subversivas, distintas de los conflictos sociales, pero que a veces intentan infiltrarlos e incrementan su peligrosidad.
Hay otros datos que reclaman profundo análisis y acción: del total de conflictos, la mayoría (132) es de naturaleza medioambiental, relacionados con la exploración y explotación minera y de hidrocarburos, tema sumamente sensible.
De allí la responsabilidad del Gobierno y del Congreso de prevenir conflictos e institucionalizar el diálogo a través de la ley; y del empresariado de actuar con una mentalidad abierta y proactiva. Lo mismo se demanda a los líderes de las comunidades, que no pueden caer en los extremos de la intolerancia que exige todo y no cede en nada, sino que deben agotar los mecanismos del diálogo responsable, del que fluyan soluciones viables.
El desarrollo económico del país, que crea empleo y bienestar, tiene que complementarse con la preservación del medio ambiente, la paz social y el respeto a los derechos de las comunidades y de todos los peruanos, en un equilibrio difícil pero estrictamente necesario para evitar los conflictos sociales y lograr que dejen de ser riesgosas bombas de tiempo.
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EL COMERCIO JULIO 9, 2010
Aumentaron los conflictos por el medio ambiente, según la Defensoría del Pueblo
De los 250 casos registrados hasta el mes de junio, 126 están relacionados a disputas por explotación de recursos naturales
(Foto: Archivo)
El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el país señala que el 50,4% de los 250 casos registrados hasta el mes de junio está relacionado a problemas derivados de la explotación de recursos naturales. Entre estos conflictos se incluye la “oposición de la población de Puno”:Puneños acatarán paro de 48 horas en contra del proyecto hidroeléctrico Inambari a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari porque, según aducen, afectaría el ecosistema de la región. Según el reporte defensorial, en este caso no existe el diálogo entre las partes enfrentadas.
Los asuntos de gobierno local, que competen a las municipalidades, representan el 14,4% (36 casos) del total de conflictos existentes en el país.
La Defensoría del Pueblo también llama la atención respecto a que el 68% (169 casos) de las situaciones de crisis en el Perú está activo. Lo positivo es que el 56% de estos casos se encuentra en proceso de diálogo.
El informe defensorial señala, además, que para este mes se han anunciado tres paros . Uno de estos se desarrollará en el sur, en rechazo a la hidroeléctrica de Inambari y para exigir el abastecimiento interno de gas.
EL DATO
De los 250 conflictos registrados en el país el pasado mes de junio, 111 casos han reportado al menos un episodio de violencia desde su aparición.
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EL COMERCIO MAYO 15, 2010
Editorial: a menos conflictos, más inversión y empleo
El Gobierno y el Congreso deben asumir su responsabilidad de llenar los vacíos, clarificar las normas y garantizar la seguridad jurídica
Puede parecer paradójico, pero es cierto y preocupante: según la última encuesta del Instituto Fraser de Canadá, mientras por un lado el Perú se ubica en los primeros lugare s en potencial minero y tiene comprometidos US$35.000 millones en proyectos, del otro lado ha bajado al puesto 39 del ránking que mide la percepción empresarial de las políticas públicas de 72 jurisdicciones (en su mayoría países) frente a la inversión minera.
El sondeo, que incluyó 3.000 empresas mineras, subraya que nuestro país viene cayendo desde el 2006, cuando estábamos en el puesto 28, debido principalmente, a decir de los analistas, a cuestionables políticas públicas referidas a regulación laboral y ambiental, así como a los conflictos sociales que a veces han estallado en violencia.
El tema no es nuevo, pero sí acuciante, por lo que la encuesta debe servir como un llamado de atención para no bajar la guardia.
Por un lado, el Gobierno y el Congreso deben asumir su responsabilidad de llenar los vacíos, clarificar las normas y garantizar la seguridad jurídica, así como de ejercer con firmeza pero con prudencia las labores de monitoreo, fiscalización y control de la actividad empresarial, sobre todo en el campo minero.
Del otro lado, sin embargo, no puede desdeñarse la cuantía y violencia que han alcanzado los conflictos mineros en los últimos tiempos. De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo existen actualmente 260 conflictos, de los cuales 179 (69%) son activos y 81 (31%) son latentes. Y, resulta especialmente sintomático, que la mitad de los conflictos (132), se refieran a temas socioambientales, relacionados con desencuentros entre comunidades y empresas mineras, y con afectaciones al medio ambiente o fuentes de recursos básicos como el agua.
La responsabilidad no se constriñe al Gobierno Central, sino que debe ser compartida por los gobiernos regionales y municipales, que muchas veces, de modo facilista y electorero, pretenden lavarse las manos y derivar todos los problemas al Ejecutivo.
¿Qué hacer? Las lecciones que nos dejan los conflictos de Bagua, Islay y otros es que hay que actuar preventivamente, antes de que los conflictos estallen, considerando el marco legal pero también promoviendo la mayor participación y dialogando con interlocutores válidos y legítimos de las comunidades eventualmente afectadas, despejados de cualquier interferencia ideológica o radical.
Al Ministerio del Ambiente le toca redoblar esfuerzos y trabajar conjuntamente con la defensoría para monitorear, alertar y tender puentes de entendimiento entre empresas y comunidades. Regular mejor e institucionalizar las mesas de diálogo son también salidas que deben ser seriamente evaluadas por parlamentarios y autoridades regionales para conciliar posiciones y finalmente promover la estabilidad y la confianza en el país.
A menos conflictos, más inversión minera. Para que esto sea una vibrante realidad, todos debemos entender que la inversión minera es necesaria y bienvenida para los planes de desarrollo con empleo, inclusión y paz social a los que estamos abocados, pero siempre y cuando respete el orden legal, los derechos de las comunidades y el equilibrio ambiental.
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EL COMERCIO MAYO 10, 2010
Conflictos sociales: se registraron catorce nuevos casos en el país
Informe de la Defensoría del Pueblo reveló que en la actualidad hay 260 conflictos, cinco más que el mes pasado. No se ha resuelto ninguno en abril
La Defensoría del Pueblo registró 260 conflictos sociales en abril, registrándose catorce nuevos casos.
De acuerdo al informe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la institución , en este mes hay cinco casos más que en marzo, que llegó a 255.
En ese aspecto, de los 260, 179 se encuentran activos (69%), en tanto que 81 se hallan en estado latente (31%).
CONFLICTOS AMBIENTALES
Asimismo, los conflictos socioambientales ocupan el primer lugar con 50% (132 casos), seguido de los conflictos por asuntos de gobierno local con 14% (36 casos), y de naturaleza laboral 11% (29), entre otros.
“El reporte también señala que no se ha resuelto ningún conflicto en el mes de abril”, consignó el documento.
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LA REPUBLICA ABRIL 22, 2010
Agítese antes de usar
Qué hacer ante la ola del conflicto social que se viene.
Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La mesa de diálogo instalada anteayer en el auditorio de la Municipalidad de Cocachacra, luego de seis días de alta tensión en Islay por el bloqueo de la Panamericana, es alentadora pues no hubo derramamiento de sangre y abre la posibilidad de que se encuentre una solución que armonice los intereses en pugna. Pero también debiera ser un período de reflexión para el gobierno para ver cómo enfrentar la ola creciente de la conflictividad que se nos viene.
Lo de Islay es la reiteración del libro de texto del conflicto social que todos ya conocemos: un proyecto minero que encuentra oposición social en el marco de una alta desinformación y desconfianza de la población; una estrategia de comunicación mediocre por parte de la compañía; el aprovechamiento de la situación que realizan algunos agitadores políticos; y el gobierno que reacciona cuando ya la papa está bien caliente.
Aunque después de todo lo visto sobre conflictividad social durante la última década se supone que algo debiéramos haber aprendido todos –gobierno, empresa, policía, periodistas, etc.–, pareciera que cada nuevo conflicto fuera el primero.
Para empezar, entender el mapa de la conflictividad, para lo cual son muy útiles los reportes que mensualmente difunde la Defensoría. El último –a marzo– es particularmente interesante porque, por primer vez en medio año, el número de conflictos aumentó en vez de caer como venía siendo la tendencia.
Según el reporte, en marzo había en el país 255 conflictos sociales: 165 (65%) activos y 90 (35%) latentes. De los 165 activos, 84 están en proceso de diálogo (51% del total de activos). De los 84 con diálogo, 60% surgió después de un hecho de violencia. De los 255 conflictos, 102 registraron, al menos, un episodio de violencia. Hubo, además, 4 acciones subversivas.
El reporte es muy rico en información sobre los motivos principales de las protestas así como la ubicación de las mismas, pero uno de los aspectos que más me llama la atención es la violencia alrededor de la conflictividad social, lo cual plantea el desafío a todos de lograr procesos de negociación y diálogo antes de que –a veces literalmente– la sangre llegue al río.
Algo debieran hacer los gobiernos de todo nivel –central, regional y municipal–, así como las empresas, para evitar más muertes en estos líos, a pesar de que eso es lo que parecen querer algunos sectores que creen que ‘la letra con sangre entra’.
Esto será crucial ahora que se avecinan dos elecciones en las que se aprovechará la situación de un gobierno de salida para querer arrancarle reclamos antiguos, y particularmente en octubre, cuando habrá –entre municipales y regionales– cien mil postulantes a alcalde y presidente regional, además de sus asambleístas, que buscarán en los reclamos de cada localidad un trampolín a la fama.
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EL COMERCIO ABRIL 8, 2010
Conflictos sociales aumentaron en marzo, informó la Defensoría del Pueblo
Informe reveló que hay un total de 255, tres más que febrero. La mayoría de ellos son socioambientales. Lanzan preocupación por protesta ante proyecto minero en Arequipa
La Defensoría del Pueblo registró 255 conflictos sociales en marzo, tres más que el mes pasado, según el último reporte de la institución.
De acuerdo al informe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la institución , se registraron diez nuevos casos este mes, se resolvió un conflicto y desaparecieron seis.
En ese aspecto, de los 255, 165 se encuentran activos (65%), en tanto que 90 se hallan en estado latente (35%).
CONFLICTOS AMBIENTALES
Asimismo, los conflictos socioambientales ocupan el primer lugar con 49% (126 casos), seguido de los conflictos por asuntos de gobierno local con 14.5% (37 casos), y los conflictos laborales con 11% (28 casos), entre otros.
La información sale en medio de la violenta protesta llevada a cabo por mineros informales , concluida en la víspera y que dejó seis muertos.
PEDIDO DE VACANCIA
Además, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, y su bancada presentaron UNA moción para declarar la vacancia del presidente Alan García Pérez, por incapacidad moral permanente.
Humala sostuvo que desde que empezó el Gobierno del Apra hasta la fecha hay 70 muertos , 600 heridos y 1.300 judicializados por salir a protestar a las calles.
En el informe, la Defensoría expresó su preocupación “ante el anuncio de paro indefinido convocado para el 14 de abril del 2010 en oposición a la realización de la audiencia pública sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto minero “Tía María”, ubicado en Islay, Arequipa”.
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EL COMERCIO ENERO 29, 2010
Editorial.- Prevención de conflictos: responsabilidades sobre la mesa
Los pronósticos de mayor inversión y crecimiento económico para este año son una buena noticia que debe ponderarse dentro de un contexto mayor de país: ¿Qué sectores crecerán?, ¿Cuál será el impacto en el mercado de trabajo? ¿Y cómo se engarza esto con el gran objetivo descentralizador e inclusivo?
Los pronósticos de mayor inversión y crecimiento económico para este año son una buena noticia que debe ponderarse dentro de un contexto mayor de país: ¿Qué sectores crecerán?, ¿Cuál será el impacto en el mercado de trabajo? ¿Y cómo se engarza esto con el gran objetivo descentralizador e inclusivo?
Por lo pronto, en el sector minero se doblaría la inversión con US$5.000 millones más respecto del año pasado y en los próximos seis años se espera una inversión de US$30.000 millones en proyectos de exploración, explotación y refinación El reto ahora es mantener esta fortaleza para atraer inversiones, lo que demanda reforzar la seguridad jurídica y mejorar el clima político y social, perturbado por la tensa relación entre algunas empresas con los trabajadores y las comunidades.
Eso no es todo. Tenemos pendientes de resolver la cuestión indígena, los problemas ambientales que dividen poblaciones enteras, y ahora último la exacerbación de problemas climáticos que demandan atención urgente.
Se dan otras circunstancias agravantes, que exigen la atención prioritaria de las autoridades, para tomar medidas de prevención, antes de que estallen los conflictos.
Por un lado, las municipalidades de los centros mineros recibirían menos de la mitad por canon, al haber disminuido en más de 60% la recaudación del Impuesto a la Renta. Luego, las áreas concesionadas superarían los 20 millones de hectáreas, 15% más que el 2009, lo que podría crear fricciones. Y a ello se suma que estamos en una etapa netamente electoral, en la que se exacerba la polémica redistributiva.
Por contraste, es una realidad escandalosa que muchos alcaldes y presidentes regionales siguen pidiendo más recursos, pero no demuestran capacidad de gestión, inversión ni gasto.
Esto no puede continuar así. Estas autoridades tienen que asumir su responsabilidad de resolver los problemas sin achacar toda la culpa al Gobierno Central. Lo que les corresponde es mejorar sus políticas de comunicación y transparencia para explicar a los vecinos la raíz de los problemas sociales y dando prioridad a los distritos más necesitados y las obras más urgentes. Asimismo, deben dejar que las empresas mineras y el sector privado desarrollen sus propios proyectos de apoyo social sin tener que pasar por el tamiz politizado de burócratas locales y regionales.
Es momento de que revisen los mecanismos de diálogo, lo que pasa por presentar informes de gestión sobre sus proyectos, obras e inversiones locales y regionales. Y, en coordinación con el Gobierno Central y la PCM, deben insistir en la institucionalización de las mesas de diálogo, lo que, tras los sucesos de Bagua, fue un compromiso que las partes asumieron públicamente pero que hasta ahora nadie cumple.
Hay que ser optimistas pero también realistas. Ello va también para la Defensoría del Pueblo, cuyo monitoreo de conflictos sociales es útil y necesario, pero podría ser más exhaustivo para que no toda situación polémica se incluya como conflicto.
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EL COMERCIO NOVIEMBRE 9, 2009
Defensoría del Pueblo reportó 286 conflictos sociales en octubre
12:34 | Disminuyen dos casos en comparación al mes pasado. Informe da cuenta de once casos de violencia terrorista en el ámbito nacional
La Defensoría del Pueblo registró 286 conflictos sociales en octubre, la mayoría de naturaleza socioambiental.
Según el último reporte de la institución , en octubre se dieron dos conflictos menos que en el mes pasado, los cuales llegaron a 288 casos.
Esta cifra significaría un freno al incontenible avance de las protestas sociales desde que se inició el mandato de Alan García.
Así las cosas, del total de conflictos registrados, 219 (77%) se hallan activos ante 67 (23%) que se encuentran en estado latente.
“Además se da cuenta de que se produjeron 30 acciones colectivas de protesta y 11 acciones de violencia subversiva en el ámbito nacional”, indica la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría mediante un comunicado.
CIFRA MUY SUPERIOR
De acuerdo al informe, la entidad registró 189 acciones de protestas en octubre del año pasado, una cifra significativamente inferior a este último informe.
Finalmente, la Defensoría alertó sobre ocho acciones de protestas en noviembre, entre las cuales destacan la protesta por la concesión del puerto de Paita y el paro de transportistas previsto para el 19 de noviembre en rechazo a la eliminación de rutas por la implementación de El Metropolitano.
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EL COMERCIO OCTUBRE 10, 2009
EDITORIAL
Modernización de sindicatos pero sin radicalismos
En los últimos años, como consecuencia del positivo crecimiento económico y la consolidación democrática, se ha evidenciado una recuperación del movimiento sindical peruano, que había sido relegado en la década fujimontesinista.
Sin embargo, de acuerdo con los expertos, este resurgimiento se está dando de un modo desordenado y, muchas veces, siguiendo las mismas pautas politizadas, ideologizadas y de confrontación que imponen algunas dirigencias obsoletas.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, los trabajadores sindicalizados han aumentado de 83.000 en el 2004 a 128.000 en la actualidad, lo que representa el 8% de la población económicamente activa (PEA). El fenómeno se hace más visible en la actividad minera, en la que se genera gran parte de conflictos sociales, lo que hace más patente la responsabilidad de los dirigentes sindicales para apostar por el diálogo y la prevención.
Hoy, entonces, la prioridad de empresarios y trabajadores es poner los medios para optimizar el clima laboral, con el apoyo del Estado. Tal es el objetivo del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), lo que lamentablemente no entienden algunas cúpulas sindicales, que con frecuencia abandonan este foro con cualquier pretexto.
Desde este Diario siempre hemos propugnado la existencia de sindicatos despolitizados, democráticos y de auténtica representación, con dirigencias renovadas que consideren también la necesidad de capacitación y productividad.
Los sindicatos deben adecuar su discurso hacia una interlocución efectiva que implica aprender a negociar y dialogar con apertura y tolerancia, sin parapetarse en posiciones extremas. Tienen que prepararse para una inserción en el mundo globalizado, como exige, por ejemplo, la implementación de tratados de libre comercio. De otro modo, como ya se está viendo, podrían ser reemplazados por sindicatos transnacionales.
También deben liberarse de las presiones de grupos ideologizados, como Patria Roja, que fue un pesado lastre en el trato del Gobierno con el Sutep. Igualmente, deben evitar ser manipulados por algunos dirigentes que a veces los instrumentalizan según los dictados de partidos radicales o pretenden convertirlos en partidos políticos, como absurdamente ha anunciado la CGTP, para saciar sus apetencias personales o electorales.
En suma, con el mismo énfasis con que criticamos ciertas políticas antisindicalistas de algunas empresas para despedir a líderes gremiales, rechazamos aquel sindicalismo perturbador y desestabilizador que sigue reclamando estabilidad laboral absoluta, a sabiendas de que ello es imposible.
Como lo hemos señalado reiteradamente, no estamos contra el derecho a la protesta, que tiene protección constitucional, sino de cualquier exceso violentista a la hora de expresarla. El orden, así como el respeto a la ley y los derechos de los demás, son condiciones indispensables para cualquier negociación laboral.
Todo ello sin olvidar que la mayoría de trabajadores peruanos no son sindicalizados y demandan crear nuevos empleos, lo que a su vez exige que una gran labor de promoción, coordinación y regulación del Gobierno con el sector privado.
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EL COMERCIO OCTUBRE 9, 2009
Los movimientos sindicales crecen en el Perú, pero no se modernizan
7:20 | Actualmente representan el 8% de la PEA. Este año se han constituido más de 100 organismos de ese tipo
Por: Azucena León Torres
El movimiento sindical peruano recupera terreno después de casi desaparecer durante la década del noventa, aunque lo hace sin mostrar signos de haberse modernizado, según se desprende de cifras oficiales y una investigación privada.
Los datos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social indican que los trabajadores sindicalizados han aumentado en forma sostenida y ya son el 8% de la población económicamente activa: pasaron de 83.509 en el 2004 a 128.856 este año.
Igualmente, durante el mismo período se ha registrado la constitución de más de 100 organismos sindicales al año.
Según el informe “Los convenios colectivos en el Perú: ¿Cómo están negociando las empresas y sindicatos?”, cuyos autores son los especialistas en derecho laboral Jorge Toyama, Luis Vinatea y Mauro Ugaz del Estudio Miranda & Amado Abogados, en los últimos años el fenómeno es más claro en la actividad minera y son tres las regiones que concentran los índices más altos de sindicalización: Junín, Lambayeque y Moquegua.
La investigación, sin embargo, muestra que el número de pliegos de reclamo presentados —que son los que miden el verdadero avance de la organización masiva en su búsqueda de ampliar y mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores— no crece a la misma velocidad que la población sindicalizada.
Toyama explicó que el aumento de los trabajadores inscritos no necesariamente implica la creación de un nuevo sindicato. “Antes teníamos sindicatos con 30 o 60 trabajadores. Hoy, cuando están cobrando mayor fuerza, la cifra se ha más que duplicado en ciertos casos”, dijo.
Otra razón —agregó— sería el cambio en la duración de los convenios colectivos. Hasta hace pocos años prácticamente el 100% duraban un año. “Las empresas quieren ahorrarse tiempo y empiezan a ofrecer mayores incentivos a los trabajadores con tal que se logren acuerdos por tiempos mayores”, anotó.
FALTA MODERNIZARSE
Uno de los datos más reveladores del estudio, para el que se analizaron 205 acuerdos suscritos entre empleadores y trabajadores en Lima y algunas provincias, es que en el 62% de los acuerdos se pactaron incrementos remunerativos (128 convenios), lo que demuestra una tendencia a que el tema salarial sea el único que interesa en los convenios.
“Las plataformas de los sindicatos continúan centrándose en materias salariales, poniendo poco énfasis en el análisis de la productividad de las empresas o su competitividad en el mercado” señala el estudio.
José Chahua, miembro de la CGTP, explicó que la prioridad es mejorar los beneficios económicos y que las pocas veces que algún sindicato ha intentado ir más allá se han encontrado con la oposición de los empresarios.
“Las empresas no están dispuestas a invertir en capacitación porque el régimen laboral es altamente flexible y hace que exista una alta rotación. Además, parte de nuestros esfuerzos apuntan a insistir en la reincorporación de una directiva que fue despedida por formar un sindicato”, añadió el dirigente sindical.
Contactamos al secretario general de la Federación Minera, Luis Castillo, pero no devolvió nuestras llamadas.
No obstante, Ricardo Briceño, presidente de la Confiep, sostuvo que esta afirmación no se puede generalizar, pues en el sector exportador no tradicional la capacitación es fundamental para elevar la productividad y competitividad de una empresa.
“Es cierto que falta empujar el tema en algunos sectores, pero hay otros como confección y agroindustria que sí invierten constantemente. Son los sindicatos a los que les falta incorporar este modelo de negociación, todo se centra en remuneración”, dijo el representante empresarial.
Toyama sostuvo que para que la mejora salarial vaya atada a temas de capacitación y productividad, ambos actores deben aprender a negociar modernizándose y cediendo un poco más.
Conflictos son más frecuentes en tiempos de crisis
La información de la Defensoría del Pueblo revela que hasta agosto de este año los conflictos laborales han continuado incrementándose.
Para el Ministerio de Trabajo, ello se debe a que en un año de crisis las materias de conflicto tienden a aumentar. Otro factor que también habría pesado es que los pliegos de reclamos estarían siendo negociados a un mayor tiempo que lo normal. Es decir, se estarían extendiendo más allá de cinco meses. Esta versión también la confirmó Jorge Toyama.
“En las crisis todo es más difícil, las empresas buscan realizar ciertos ajustes y los trabajadores se resisten. El resultado es que muchos de los sindicatos salen a protestar, hacen huelgas o hasta, como hemos visto, bloquean carreteras para expresar su queja”, explicó el abogado laboralista.
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EL COMERCIO OCTUBRE 6, 2009
Defensoría del Pueblo reporta 288 conflictos sociales en setiembre
18:00 | Aparecen seis nuevos casos. Cada mes aumentan las protestas desde el inicio del mandato de Alan García
La Defensoría del Pueblo registró 288 conflictos sociales en setiembre, la mayoría de naturaleza socioambiental.
Según el reporte de la institución , en el pasado mes aparecieron seis nuevos conflictos sociales, en un incontenible avance de las protestas sociales desde que se inició el mandato de Alan García.
Del total de conflictos registrados, 231 (80%) se hallan activos ante 57 (20%) que están en estado latente.
De los activos, aparte de los 132 conflictos socioambientales (46%), 46 casos (16%) corresponden a asuntos de gobiernos locales, mientras que 32 casos (11%) se refieren al ámbito laboral.
AUMENTO DE CIFRAS
En agosto, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría registró 284 casos de protestas en todo el país.
“Los conflictos sociales registrados (activos y latentes) mantienen
una tendencia ascendente con respecto a los registrados desde el mes de septiembre del año 2008”, concluye el documento.
En setiembre del 2008 habían solamente 177 casos, de acuerdo a los informes defensoriales.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 19, 2009
El 80% de las mesas de diálogo se instalan después del conflicto
23:17 | El jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, exigió al Estado “que se anticipe a los hechos violentos”
El jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, calificó los conflictos que se dan el país como un hecho complejo en el que los factores sociales, el Estado, empresas y otros perciben que sus intereses, objetivos y creencias son incompatibles y contradictorios por lo que pueden derivar en la violencia.
Asimismo, señaló que el cuarenta y ocho por ciento de conflictos han tenido un episodio de violencia y que el ochenta por ciento de mesas de diálogo se instalan después del conflicto, por lo que “se debe persuadir más a la sociedad de las bondades del diálogo”.
Además, exigió al Estado “que se anticipe los hechos violentos y tenga capacidad de diálogo”.
“Un conflicto es un poderoso aparato de propaganda si se quiere lanzar un líder y la violencia es una forma de ser escuchado”, agregó.
Finalmente, indicó que hace cinco años la Defensoría del Pueblo da a conocer los conflictos sociales a nivel nacional, lo cual ha ayudado a tomar consciencia de lo que está pasando en el país.
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PERU 21 SETIEMBRE 12, 2009
“Muchos conflictos se han disipado por acción oportuna del Estado”
El primer ministro Javier Velásquez Quesquén indicó que, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, el 58 por ciento de los conflictos sociales corresponden al Ejecutivo, de los cuales casi la mitad están en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, que ya ha tomado acción para su solución, como en el caso Doe Run.
El premier Javier Velásquez Quesquén aseguró que muchos de los conflictos sociales del país se han disipado y encauzado hacia una solución debido a la intervención oportuna del Estado.
Dichas declaraciones las brindó durante la presentación de los integrantes de las unidades de conflictos de los ministerios y organismos públicos, quienes tendrán a su cargo la labor de mitigar y prevenir los problemas sociales.
“Tengo la confianza de que cada ministerio sabrá encarar la conflictividad de su sector y sabrá resolverlo (…) por eso muchos de los conflictos de hoy día en el país se han disipado, justamente por una intervención oportuna y preventiva del Ministerio de Energía y de otros sectores en el país”, manifestó.
Velásquez precisó que del total de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo, el 58 por ciento corresponden al Ejecutivo, de los cuales casi la mitad están en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, que ha tomado acción para su solución.
Una muestra de ello, dijo, es la actuación del citado portafolio en la solución del conflicto social generado en relación a las actividades de la minera Doe Run.
Asimismo, destacó también los avances que se han logrado en las mesas de diálogo con las comunidades nativas y amazónicas, que contempla la conformación de una comisión que investigará los sucesos de Bagua.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 9, 2009
EDITORIAL
Más diálogo y participación ante conflictos sociales
Cada vez es más profundo el convencimiento sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo y la participación como instrumentos principales para enfrentar la preocupante ola de conflictos sociales que amenaza la paz social y la gobernabilidad.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reporta que solo en el mes de agosto se detectaron 284 conflictos y que el 48% de estos se refiere a temas socioambientales. A renglón seguido, se informa de ciertos casos, como el de Colcabamba (Huancavelica), afortunadamente desactivados luego de que se promoviera el diálogo y el arbitraje con una comisión mixta.
Sin embargo, el caso de Bagua representa el otro extremo de la indolencia y de los oídos sordos por parte de las autoridades, cuando nadie reaccionó ante las alarmas persistentes y se dejó que el problema llegara a cruentos puntos de fricción y violencia, con un saldo de 24 policías y diez civiles muertos.
Debemos aprender la lección. Como bien lo apunta Pablo Castillo, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es en la mayoría de veces el camino más exitoso para resolver conflictos.
Lo más importante, en efecto, es tomarse un tiempo para la reflexión y la ponderación, y sentarse a cotejar los diversos puntos de vista, hasta llegar a un posible acuerdo. Sin embargo, es evidente que el diálogo funciona mejor en la fase preventiva, como lo indica el director de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, César Guzmán-Barrón.
Adicionalmente, como también concuerdan los expertos, el diálogo fluye si se respetan reglas de juego básicas y siempre que intervengan todos los estamentos involucrados en el problema. La participación ciudadana es, pues crucial, para asegurar la representación y legitimidad de los acuerdos, sobre todo los que afectan a las comunidades indígenas y rurales.
Más aun, si se considera que el 68% de conflictos atañe a actividades mineras, esta propuesta cobra mucha más vigencia. Tal como, con buen criterio, lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades nativas deben ser informadas desde el primer momento sobre los proyectos de exploración y extracción que se realicen en sus zonas. No solo eso, sino que debe tenerse en cuenta su opinión recabada a través de consultas ciudadanas, lo cual debe ser aun formalizado a través de leyes específicas.
Ahora que el Gobierno ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con participación de ocho ministros y presidentes regionales, es oportuno recordar estos aspectos principistas y doctrinarios, cuya vigencia ha sido probada en los últimos años. Hemos tenido que pagar un precio demasiado alto en vidas humanas, daños materiales y confrontación social cuando hemos ignorado estos principios.
El diálogo con participación debe, entonces, prevalecer. El mensaje va también para los líderes de las comunidades y las autoridades locales, que tienen sobre sí la grave responsabilidad de colaborar para que el diálogo pueda fructificar en decisiones justas, legales y legítimas, dentro de los planes regionales y nacionales de desarrollo económico y social con inclusión plena.
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EL COMERCIO 08 09 09
LO QUE LOS EXPERTOS OPINAN:
El diálogo institucionalizado prevendría conflictos sociales
La Defensoría del Pueblo reporta que en agosto existieron 284 crisis en el país. El 48% de estos problemas se refiere a temas socioambientales
Por: Vanessa Romo Espinoza
En diciembre del año pasado, los pobladores del distrito de Colcabamba, en la provincia huancavelicana de Tayacaja, dieron un ultimátum: o la empresa Electro-Perú pagaba sus presuntas deudas de impuesto predial que cargaba desde el 2003, o ellos paralizarían la central hidroeléctrica del Mantaro, lo que dejaría sin luz a Lima.
Meses después de ese incidente, y fruto de un diálogo con el arbitraje de una comisión mixta, se llegó a un acuerdo que ha sido respetado. Por esto, en el último reporte de conflictos sociales que da mensualmente la Defensoría del Pueblo, este problema se ha considerado resuelto, así como otro en Ilo. Sin embargo —según este mismo informe—, aún quedan otros 284 por solucionar.
Para Pablo Castillo, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es la mayoría de veces el camino más exitoso para la resolución de conflictos. “Sin embargo, a pesar de las conversaciones no siempre hay un acuerdo”, subraya.
PARTICIPACIÓN CONSTANTE
César Guzmán-Barrón, director de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, concuerda con que el diálogo es el camino más acertado, pero este debe existir como prevención más que como solución.
“La participación ciudadana debe incluirse en todos los procesos que se realicen en el país y que afecten a las comunidades”, indica el experto. Teniendo en cuenta que el 48% de los conflictos actuales son socioambientales y que el 68% de estos obedece a las actividades mineras, esta propuesta tiene lógica.
“Las comunidades nativas y campesinas deben ser informadas desde el primer momento sobre los proyectos que se realicen en sus zonas. Incluso se debe alcanzar un nivel de consulta, y además de expresar sus observaciones, estas deban considerarse en la toma de decisiones”, agrega. “La mayoría de los conflictos que se desatan por temas mineros y de hidrocarburos se dan en zonas donde aún no se han realizado trabajos extractivos, pero la población reclama porque no tiene un diálogo con las autoridades ni las empresas. Debe haber mayor horizontalidad”, dice.
Guzmán-Barrón cuestiona la falta de un órgano que controle esta participación. “Nos falta reglamentar las leyes para que se instituya la consulta previa a las comunidades”, añade. Estas son parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que, entre otros puntos a favor de los pueblos indígenas, establece estos derechos.
Para el experto, sin estos pasos la tendencia ascendente de los conflictos no se detendrá. Según la defensoría, tenemos 123 casos más en comparación con agosto del 2008, entre nuevos, no resueltos y reactivados.
“Si cada gobierno local y regional tuviera un espacio formal para el diálogo, los problemas no llegarían al ámbito nacional”, finaliza Castillo, por su parte.
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EL COMERCIO AGOSTO 8, 2009
Hay 223 conflictos sociales "activos" en todo el país, revela la Defensoría
16:56 | El 72% de los conflictos son por temas socioambientales, locales y laborales. Lima, Puno y Junín son las regiones con mayor cantidad de casos
Del total de conflictos sociales que se presentaron en el país, el 72 por ciento son por temas socioambientales, locales y laborales, de acuerdo al último reporte elaborado por la Defensoría del Pueblo, informó la agencia Andina.
El informe, que presenta información actualizada al 31 de julio pasado, da cuenta de la existencia de 272 conflictos sociales, de los cuales 223 se encuentran activos (82%) y 49 en estado latente (18%).
Según el documento, son 125 los conflictos sociales por temas socioambientales (46%), 41 por asuntos de gobierno local (15%) y 31 por problemas laborales (11%).
Mientras que los referidos a asuntos de gobierno nacional (26), lo que constituye el 10 por ciento del total.
Le siguen los temas comunales (6%), demarcación territorial (5%), asuntos de gobierno regional (4%), electorales (2%), y los cultivos ilegales de coca (1%).
Respecto a la ubicación geográfica de los conflictos, el departamento de Lima presentó la mayor cantidad con 23 casos, seguido por Puno con 22 y Junín con 21.
También le siguen Cajamarca y Cusco con 20 casos en ambos departamentos.
Asimismo los lugares con menos conflictos son Amazonas (2) Callao (2), Madre de Dios (2), Ica (3), entre otros.
También se informó que durante el mes se registran cinco casos nuevos, dos reactivados, se resolvieron tres casos y 104 se encuentran en proceso de diálogo.
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EL COMERCIO JULIO 8, 2009
Junio fue el mes de mayor número de conflictos sociales en el último año
8:20 | Según un informe de la Defensoría, se registraron 273 casos, de los cuales un 83% continúa activo. En dicho mes ocurrió el “Baguazo”
El país registró 273 conflictos sociales en junio, de los cuales un 83% continúa activo y concentrado mayoritariamente en temas sociombientales, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
El reporte de la institución revela que se han producido 14 casos nuevos y que la cifra total de conflictos es la mayor del último año.
La cifra exhibe una escalada de las movilizaciones, puesto que el informe defensorial de junio del año pasado se contabilizan 132 conflictos.
El documento aparece en medio de una serie de movilizaciones y conflictos sociales que afronta el Gobierno.
El conflicto de mayor impacto en las últimas semanas fue la protesta de las comunidades nativas de la selva en rechazo a una serie de normas que consideraban que afectaba su derecho a la propiedad de la tierra.
El cinco de junio fue la fecha más trágica en ese panorama por el enfrentamiento entre autoridades y nativos en Bagua, Amazonas. que dejó 34 muertos.
Del total de casos, 226 se encuentran activos (83%) y 47 (17%) en estado latente.
Asimismo, la Defensoría detalló que 128 casos (47%) corresponden a conflictos socioambientales, 41 (15%) a tema municipales , y 32 (12%) a asuntos laborales.
Lima es la región con mayor cantidad de conflictos con 23 casos.
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LA REPUBLICA JULIO 3, 2009
86% de diálogos se iniciaron tras ocurrir hechos violentos
Dice adjunto de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. Experto para la Prevención de Conflictos Sociales indicó que se resuelven muy pocos casos.
María Elena Castillo.
Paros y movilizaciones en todo el país se anuncian para la próxima semana, llevando en sus plataformas una serie de pedidos locales, regionales y nacionales, largamente postergados por las autoridades.
El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque, refirió que en lo que va del año han aparecido entre 10 y 15 conflictos nuevos por mes.
“El porcentaje de casos resueltos es todavía muy bajo. Más del 86% de los procesos de diálogo se iniciaron después de algún episodio de violencia”, comentó.
Explicó que el problema es que generalmente los sucesos de violencia no dejan el mejor escenario para una negociación. “Hay un sentimiento de rencor y revancha, las posiciones tienden a radicalizarse, la exposición de temas no es completa y, por ende, las soluciones pueden elaborarse de modo apresurado”.
Advirtió que en ese contexto se corre el riesgo de que los acuerdos tomados no se cumplan, y de que el ciclo de violencia retorne, probablemente, con mayor intensidad.
Por ello recomendó priorizar el diálogo preventivo, a fin de arribar a acuerdos sin llegar a situaciones extremas. “Desarrollar capacidad dialogante es la mejor inversión para una democracia”, sentenció.
En varias etapas
Luque señaló que para resolver los conflictos es necesario que los tres niveles de gobierno –local, regional y nacional– cuenten con equipos especializados en el manejo de conflictos sociales que puedan organizar procesos de diálogo previos al estallido social.
Pero además consideró necesario “que se diseñe un mecanismo de articulación entre los ministerios y los gobiernos regionales y locales, de modo que la agenda sea abordada de acuerdo con las competencias legales de cada institución”.
Agregó que en el mediano y largo plazo es indispensable que se avance con mayor velocidad el proceso de reforma del Estado, a fin de contar con una administración pública capaz de gestionar la demanda social de modo oportuno.
Datos
En proceso. Rolando Luque refirió que el ”Estado está en un proceso de aprendizaje sobre cómo tratar la conflictividad social”.
mayor énfasis. Recomendó a las autoridades fortalecer esta actitud, a fin de poder resolver en forma adecuada los conflictos sociales que se presenten.
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EL COMERCIO MAYO 15, 2009
Poblaciones de trece regiones se encuentran en estado de emergencia
8:31 | La medida se mantiene 21 meses tras el sismo que afectó el sur del país. El VRAE es otra zona que lleva años con garantías suspendidas
El 15 de agosto del 2007, la tierra tembló en Ica y dejó en escombros varias localidades del sur de Lima, todo Ica y el norte de Huancavelica. Unos días después, el Gobierno decretó el estado de emergencia. La semana pasada, esa norma fue ampliada, con lo que se cumplen 21 meses de un estado de excepción que se ha convertido en permanente.
En la actualidad son trece las regiones que tienen algún distrito o provincia bajo ese régimen de excepción.
Para Fernando Castañeda Portocarrero, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, esta costumbre de ampliar el estado de emergencia es preocupante, pues no respeta el sentido de la norma: atender con rapidez y eficiencia un problema.
Dijo que la permanencia de un estado de emergencia es responsabilidad de quien controla desde el inicio hasta que culmina el plazo de ley; puede ser por el propio presidente de la República o el Congreso.
Otro decreto de emergencia que se ha prolongado en el tiempo es el que se aplica en el valle de los ríos Apurímac y Ene. Este va acompañado siempre de otro decreto supremo, en el que se reafirma que el control de la zona está en manos de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la policía.
Una norma similar cuyo plazo se ha ampliado es la que permite que las autoridades actúen para prevenir desastres en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí. Allí relaves mineros amenazan con afectar a miles.
El último estado de emergencia se implantó esta semana para controlar el paro nativo. Sin embargo, la medida no es respetada y la protesta en la selva continúa con fuerza.
QUÉ DICE LA LEY
-Según el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación.
-Puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y tránsito.
-La medida no debe exceder más de 60 días. Se requiere un nuevo decreto para ampliarla.
DEL CONSULTOR
Que no sea permanente *
El estado de emergencia es un régimen de excepción. Se restringen los derechos civiles en aras de una solución rápida y efectiva, pero lo que se piensa que sea temporal termina siendo permanente.
Esta medida funciona siempre y cuando se declare para dar una solución real, de lo contrario solo es un engañamuchachos. En el caso de la emergencia en el sur es casi una broma pensar que a casi dos años del sismo no se hayan solucionado los problemas que causaron la excepción. La reconstrucción ha debido ser coordinada, pero hay varias entidades que trabajan cada una por su cuenta.
En cuanto al estado de emergencia en el VRAE, lo fundamental es dar a las Fuerzas Armadas y a la policía los medios necesarios para combatir de manera efectiva el narcoterrorismo.
Las situaciones que generen la declaratoria de emergencia se deben afrontar de forma multisectorial: deben intervenir Salud, Educación y garantizar la seguridad, pero con una visión común; de lo contrario, la excepción se volverá algo permanente o una política del Gobierno usada para salir del paso ante un problema que rebase sus posibilidades.
ALFONSO PANIZO. EX JEFE DEL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
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PERU 21 MAYO 13, 2009
“Las regiones también deben solucionar conflictos sociales”
Juan Manuel Figueroa, jefe de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, dijo que así se estableció en el proceso de descentralización. Indicó que hay protestas y reclamos de carácter regional, municipal y nacional.
Desde el 1 de abril, gran parte de las vías de comunicación (terrestres y fluviales) del interior del Perú vienen siendo afectadas por bloqueos de nativos, guías, ronderos y mineros, entre otros gremios, sin que las autoridades les presten la atención necesaria y, menos aún, sancionen estas ilegales acciones –tal como lo señala la ley– con prisión efectiva de hasta ocho años si la obstrucción es muy violenta.
Ante este panorama, el jefe de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, dijo que en el marco del proceso de descentralización, el Gobierno ha delegado facultades a los gobiernos regionales y municipales para la solución de conflictos.
Es decir, añadió, hay reclamos y protestas sociales de carácter regional, municipal y nacional, y lamentó que la Defensoría del Pueblo, que hace regularmente reportes sobre conflictos en el país, catalogue a todos estos como si fueran de competencia del Gobierno nacional.
Por ejemplo, en el caso de los mineros informales que, para reclamar beneficios y su formalización, ayer bloquearon por más de 15 horas varios tramos de la Panamericana sur, perjudicando a cientos de vehículos y personas que quedaron varados, Figueroa dijo que este problema es de competencia de las regiones. “No pretendemos lavarnos las manos, sino que hay que respetar la autonomía de las instituciones”, comentó.
También refirió que en muchas protestas hay manipulación y desinformación. “Por ejemplo, en el Cusco se anuncia, para el 18 y el 19 de este mes, un paro agrario contra la privatización del agua. Le hemos explicado a la junta de regantes que eso no es verdad. Hay una corriente de mala información intencionada para dar la impresión de falta de gobernabilidad”, afirmó.
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EL COMERCIO MAYO 6, 2009
LAS CARTAS SOBRE LA MESA PARA LLEGAR A ACUERDOS
Hay 80 conflictos sociales en pleno proceso de diálogo
Reporte de la defensoría da esperanza de pronta solución. Al 30 de abril, las disputas en el país sumaban 250. Sin embargo, son 196 los conflictos que están activos. Solo tres enfrentamientos fueron solucionados en abril
El país afrontaba hasta el 30 de abril pasado 250 conflictos sociales; es decir, dieciséis casos más que en el mes de marzo último. Así lo dio a conocer ayer la Defensoría del Pueblo en su reporte número 62.
De acuerdo con las estadísticas que maneja dicha institución, 196 conflictos se encuentran activos y solamente tres disputas se solucionaron en abril: en el distrito de Capacmarca, provincia de Chumbivilcas (Cusco); en el distrito de Surcubamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica) y en el distrito de Alto Saposoa, en la provincia del Huallaga (San Martín). Todos ellos respondían a pleitos por el sillón municipal.
Sin embargo, en esta ocasión la defensoría incluye en su reporte un dato importante: ochenta conflictos sociales llevan adelante procesos de diálogo lo que significaría que muchos de ellos podrían solucionarse en el transcurso del mes.
Por ejemplo, en Camaná (Arequipa) los trabajadores de San Juan de Chorunga, acusaron a la empresa Century Mining Perú S.A.C. de haber incumplido acuerdos respecto de la participación de trabajadores como accionistas de la empresa, así como otros compromisos. Tras dos días de diálogo la empresa se comprometió a pagar en 45 días un millón de soles al sindicato de acuerdo con los pactos logrados.
Otro problema que se está manejando a través del diálogo es una disputa entre la Municipalidad Provincial de Satipo y el distrito de Río Negro. La disputa es por la ubicación que se le dará al relleno sanitario. El último acuerdo logrado es que ambas partes en conflicto no utilizarían la zona conocida como La Paz para colocar su basura. Queda pendiente el lugar donde se construirá el nuevo relleno sanitario.
Otra zona en donde el diálogo avanza es en el distrito de Ondores, provincia de Junín. En aquella zona la población pide la descontaminación del lago Junín. Según los últimos acuerdos, se pedirá a Osinergmin que revise el nivel de contaminación de los ríos que desembocan en Junín.
EN LA SELVA
Otro conflicto en el cual hay diálogo directo con el Gobierno es el protagonizado por pobladores de la comunidad nativa Matsés, asentada entre las cuencas de los ríos Yaquerana y José Gálvez, en Loreto. Estos comuneros rechazan la exploración de hidrocarburos en los lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 situados en su territorio, pues afirman que no fueron consultados.
Según se pudo conocer, la presidencia del Consejo de Ministros, junto con funcionarios de Cofopri y del Ministerio de Agricultura han atendido la solicitud de ampliación del territorio comunal de la comunidad nativa Matsés. Se ha previsto la formación de un equipo técnico de esos sectores que viajaría a la zona en los próximos días.
Una experiencia exitosa en la selva
En octubre del 2006 y luego de una protesta de nativos achuar (antes llamados jíbaros), que tomaron varias instalaciones petroleras en Loreto, se firmó el acta de Dorissa que puso fin a las disputas entre los pobladores y la empresa a cargo de las actividades de explotación. En ella se pedía que se deje de contaminar las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón.
Después de casi dos años de asumido el compromiso, la empresa Pluspetrol ha cumplido su palabra por lo que hace unos días ha anunciado que ya no contamina el agua de los ríos.
Los trabajos que se han hecho para evitar que las aguas usadas en la explotación petrolera vuelvan al mismo reservorio de donde salen sin contaminar las del subsuelo, fueron ejecutados en la batería San Jacinto, cuenca del río Tigre, lográndose así reinyectar el cien por ciento de las aguas de producción de los lotes 8 y 1AB.
En este caso, el proceso de diálogo dio resultados y la empresa ha logrado modernizar sus sistemas para evitar dañar la ecología.
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El Comercio 08 de enero de 2009
LA TAREA PENDIENTE PARA LAS AUTORIDADES
Defensoría confirma que hay 197 conflictos sociales en el país
El mes pasado se produjeron 53 protestas sociales y cuatro atentados terroristas
El último reporte anual de la Defensoría del Pueblo, actualizado al 31 de diciembre pasado, señala la existencia de 197 conflictos sociales, de los cuales 134 se encuentran activos y 63 en estado latente.
Según dicho informe en diciembre se ha registrado 53 acciones colectivas de protesta, cuatro acciones de violencia terrorista y seis casos que han pasado de activo a latente.
Estos conflictos del último mes del año pasado han sido registrados en los departamentos de Cajamarca (18 casos), Lima (17 casos), Ayacucho (15 casos) y Puno (14 casos).
Sobre la existencia de los 134 conflictos activos reportados a nivel nacional se conoce que estos se refieren a divergencias de la población con los gobiernos locales y regionales, así como a protestas socioambientales y mineras en nueve departamentos, entre ellos Amazonas, donde las comunidades nativas del Cenepa se oponen a la actividad minera de la empresa Dorato Perú por posible contaminación de los ríos Sawienta, Comaina, Marañón y Amazonas.
Asimismo en Áncash la comisión de regantes de Caraz se opone a la descarga de la laguna de Parón por parte de la empresa Duke Energy. En Apurímac, los estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas denuncian supuestas irregularidades. El conflicto es latente y no hay diálogo.
En Arequipa las autoridades regionales, locales y la sociedad rechazan la instalación de plantas harineras y de aceite de pescado porque sostienen que ocasionarían daños ambientales.
En Ayacucho el problema es el desalojo de la comunidad campesina de Uyuccasa por trabajadores de la empresa minera Catalina Huanca. El conflicto es por la propiedad de los terrenos que ocupan dichos pobladores. En este caso aún no prospera el diálogo.
MÁS DATOS
Detalles de los problemas
Los conflictos socioambientales son el 47% (93 casos) del total de conflictos registrados en diciembre. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 14% (28 casos) y los conflictos por asuntos de gobierno nacional con 10% (19 casos).
En diciembre del 2007 habían 78 conflictos sociales. Ahora suman 197.
En 70 de las localidades donde hay conflictos socioam-bientales existe algún nivel de pobreza; es decir, hay carencia de alguno de los servicios básicos o niveles críticos de analfabetismo en mujeres, mortalidad infantil o desnutrición crónica en niños.
Son 39 los lugares de pobreza extrema o mucha pobreza donde hay conflictos.
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EL COMERCIO 27 10 08
¿Es posible evitar los conflictos?
EN SETIEMBRE, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONTÓ CASI 60 DISPUTAS EN LAS QUE FIGURA UNA EMPRESA
Por Elizabeth Cavero
Un tercio de los 177 conflictos sociales activos que registró la Defensoría del Pueblo en setiembre involucra a una empresa. Es una estadística que plantea muchas preguntas: ¿Están las empresas haciendo las cosas mal? ¿Está la población exigiendo demasiado? El análisis de las cifras puede llevar a algunas conclusiones.
En primer lugar, en el 81% de los casos en los que una empresa es parte, esta es una empresa minera. Luego, si se desagregan los conflictos con empresas mineras, según tamaño de la empresa, se tiene que en un 42% de los casos la empresa es grande, 37% son medianas empresas y en un 14% la disputa es con mineros artesanales. Entonces, la reducción de conflictos en el país pasará por cambios en las empresas mineras, especialmente las grandes y medianas.
Por otro lado, ¿qué lleva a la población a confrontarse con la empresa? La primera causa (21 casos entre los conflictos activos a setiembre) es el temor a posibles daños ambientales. Volver a ganarse la confianza de la población es una tarea más que importante que tienen las empresas.
"Las actividades empresariales, sobre todo las extractivas, deben realizarse desde el inicio de una manera transparente, participativa e inclusiva. La relación entre empresas y comunidades no debe ser de desconfianza", reflexiona Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo: "Es natural que las comunidades tengan expectativas respecto de los beneficios que puede traer la empresa y esta debe cuidar que esa relación no se eche a perder por afectaciones al ambiente, falta de comprensión del entorno histórico y cultural o exclusión de las comunidades de las oportunidades de empleo o capacitación".
Desde otra perspectiva, Manuel Figueroa, secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros y partícipe de los conflictos en los que el Gobierno ha tenido que mediar, piensa que hay casos que pueden ser resueltos a nivel regional, pero se dejan crecer. Por otro lado, Figueroa observa que hay ocasiones en las que un mínimo descuido de la empresa (como el incumplimiento de algún plazo) es usado por organizaciones ajenas a la población que son las que tienen discursos confrontacionales.
Figueroa reconoce que hay muchos conflictos que resucitan porque anteriores compromisos no se cumplieron. "Poco a poco estamos recuperando credibilidad". Esta es una experiencia que le tocó vivir a Yanacocha, la empresa aurífera más grande del país.
"Desde el año pasado, Yanacocha está recolectando los compromisos que ha asumido en estos 15 años", cuenta Luis Campos Aboado, director regional de Asuntos Medioambientales y Sociales de Yanacocha: "Nos hemos encontrado con acuerdos hasta de 1993 que no habíamos registrado. De 287 compromisos, hemos cumplido el 60%".
Campos admite que cuando en su momento estos compromisos no fueron cumplidos, se defraudó a la población, pero señala que no solo Yanacocha ha aprendido de sus errores, sino también otras empresas mineras. Respecto a las causas de los reclamos, afirma que en el fondo lo que la población espera es poder participar de la riqueza que se genera. "El tema ambiental muchas veces es una excusa detrás de la cual hay un problema de inclusión: ellos también quieren sentir los beneficios".
De acuerdo con esta convicción, Yanacocha invierte ahora mucho más en las comunidades más próximas a sus operaciones.
La buena noticia, si se mira bien el mapa de los conflictos, es que en muchos de ellos el diálogo está abierto. "Los conflictos no tienen que ser violentos si una vez planteadas las demandas se abren espacios de diálogo para construir acuerdos", afirma Rolando Luque.
LA DEFENSORÍA RECOMIENDA
Claves de una buena relación
A LAS EMPRESAS
Cumplir con las obligaciones ambientales y sociales derivadas de la normatividad, de los instrumentos ambientales y de la autorregulación.
Privilegiar el diálogo y la transparencia durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Evitar discursos confrontacionales que entorpezcan el diálogo.
Registrar acuerdos y cumplir con los compromisos. Tener un sistema de seguimiento de las demandas para prevenir los conflictos.
Apoyar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión ambiental.
A LOS CIUDADANOS
Privilegiar las buenas formas y la participación res-ponsable en los procesos de diálogo
Evitar discursos confrontacionales, posiciones maximalistas y llamados a la violencia.
Actuar responsablemente en los espacios de participación ciudadana ofrecidos por el Estado.
Cumplir sus deberes ambientales y sociales.
(Estas son, en general, las sugerencias formuladas en diversas ocasiones por la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, a empresas y poblaciones).
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EL COMERCIO OCTUBRE 6, 2008
CONFLICTOS SOCIALES TIENEN SALIDA
Respaldan formación de mesas de diálogo
Diversos líderes políticos y autoridades dieron un amplio espaldarazo a la iniciativa de El Comercio, que propuso la formación de mesas de diálogo para prevenir los conflictos sociales, los cuales, según un informe de la Defensoría del Pueblo, han aumentado a 177. De estos, 126 permanecen activos. Presidentes regionales piden diálogo antes que confrontación.
Coinciden en que las mesas de diálogo evitarán los conflictos
Yehude Simon y otros líderes políticos y autoridades respaldan alternativa planteada
Ante la alerta y el llamado planteados por El Comercio en su editorial de ayer con respecto al aumento de los conflictos sociales en el país, líderes políticos y autoridades de distintas partes del territorio nacional coincidieron en ponderar, en toda su dimensión, la utilidad de las mesas de diálogo en la solución de problemas.
El presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, dijo que el Gobierno debe empezar a escuchar a la población para buscar respuestas a sus problemas, y no esperar a que la situación se torne insostenible para acudir al diálogo como un mecanismo de solución.
Indicó que es indispensable que el Gobierno promueva mesas de diálogo a tiempo, pero también que los grupos y partidos políticos que constituyen la oposición dejen el oportunismo de lado y presenten propuestas que ayuden al desarrollo del Perú.
Los presidentes regionales de Junín, Vladimiro Huaroc, y de Pasco, Félix Rivera, coincidieron con Simon y aseguraron que las mesas de diálogo son la mejor manera de prevenir los conflictos sociales. Ambas autoridades regionales señalaron que, por ello, estas deben estar formadas por los representantes de los distritos o provincias donde se ubica el conflicto, además de las autoridades de los gobiernos regionales, Poder Ejecutivo y los funcionarios de las empresas involucradas.
En la misma línea, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) acordó ayer abrir una mesa de diálogo a fines de este mes con el propósito de que el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y los titulares de las carteras de Economía y de Vivienda escuchen y conozcan la problemática de los gobiernos locales y las propuestas que tienen para hallar una solución.
"Si los ministros no nos llaman a dialogar, nosotros les pedimos hacerlo, pues el Perú no es solo Lima", comentó el presidente de AMPE y alcalde de Trujillo, César Acuña, quien demandó al Gobierno Central destinar más recursos a las provincias para realizar obras y lograr una verdadera política de descentralización en el país.
El jefe de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, también respaldó la formación de mesas de diálogo, pero indicó que muchas veces estas se frustran por la influencia de terceros con evidentes ambiciones políticas.
Figueroa informó que gran parte de estos terceros son militantes de Patria Roja, agrupación que, aunque "solo cuenta con el 0,5% de la votación nacional", tiene tiempo "para recorrer el país y propiciar los conflictos sociales que hoy nos aquejan".
El flamante ministro de Trabajo, Jorge Villasante, también se declaró partidario de las mesas de diálogo, y dejó abierta la posibilidad de sentarse a conversar con los sindicatos que promueven paralizaciones y protestas para los próximos días, con la finalidad de hallar soluciones.
DEL CONSULTOR
Debemos crear cultura de diálogo*
Para evitar los conflictos sociales (como los reportados por la Defensoría del Pueblo) es muy importante establecer un sistema constituido por varias instituciones para informar, prevenir, resolver y hacerles seguimiento. Pero no solo dentro de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), ya que el Estado no puede solo con todo.
Por tal motivo sería importante crear, a mi modo de ver, grupos integrados por las autoridades locales, la Iglesia, las organizaciones de base, así como informantes calificados que puedan servir para la función de análisis, información y prevención de los conflictos. Debemos tener en cuenta que en esta problemática existe un gran ausente: los gobiernos regionales. Allí tenemos un gran reto.
De otro lado, así como debemos prevenir y resolver los conflictos, también tenemos que hacer un seguimiento a los ya concluidos para que estos no vuelvan a aparecer tiempo después. Muchas veces las comunidades reclaman que los acuerdos a los que se llegaron no se cumplen. Este, el seguimiento de los conflictos, es uno de los elementos claves para evitarlos.
Otro tema importante es establecer una cultura de diálogo, desde la educación pública, para fomentar la idea de tolerancia y participación en nuestra sociedad, ya que no tenemos una tradición en el manejo y la solución de conflictos.
* CARLOS ARAMBURÚ. Antropólogo
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EL COMERCIO OCTUBRE 5, 2008
EDITORIAL
Las mesas de diálogo y la prevención de conflictos
Es preocupante que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales hayan aumentado a 177 y, de estos, 126 permanezcan activos. Esto quiere decir que algo no está funcionando, a pesar de las alertas, lo que obliga al Gobierno a reevaluar el tema para encontrar soluciones viables y efectivas.
Antes que nada, hay que descartar la eventual participación de grupos radicales e ideologizados interesados en promover la desestabilización del régimen democrático. Urge aquí una fina labor de inteligencia policial para detectarlos y denunciarlos ante las entidades fiscales y judiciales pertinentes, que deben sancionarlos con todo el peso de la ley.
El Gobierno ha sido elegido precisamente para garantizar el orden constitucional, el respeto a la ley y la paz social en el Estado de derecho. Le corresponde, así, defenderlo ante los embates de quienes desconocen su legitimidad y autoridad y, peor aun, usan métodos violentos para intentar destruirlo.
Fuera de ello, es evidente que hay una serie de conflictos que tienen cierta explicación y reclaman salidas legales y legítimas. Pero, como hemos señalado reiteradamente, la 'política del bombero' es muy nociva, por cuanto demanda la reacción de las más altas autoridades del Gobierno a última hora, cuando se ha llegado a un grave punto de confrontación con enormes daños a la paz social y la economía. El caso del canon que enfrenta a Moquegua y Tacna es revelador.
Según el reporte de la Defensoría, 83 casos (el 48% del total) están vinculados a la actividad minera y otros 27 nacen del descontento de la población con sus autoridades locales, sobre todo en regiones pobres o altoandinas.
En cuanto a lo primero, como ha señalado el presidente Alan García, hay que distinguir entre las buenas empresas mineras con políticas de responsabilidad social y ambiental; y las otras que hacen tabla rasa de la ley, que deben ser sancionadas. El Perú promueve la inversión sí, pero siempre que sea responsable y acorde con los objetivos de cuidado del ecosistema, el desarrollo de los pueblos y la inclusión social.
En lo que se refiere a desencuentros con autoridades, principalmente alcaldes, las causas son de diverso tipo. Primeramente, hay que modificar la ley, de modo que se eleve la valla para elegir a dichas autoridades e implantar la segunda vuelta, para evitar que algunos resulten elegidos con menos del 20%, lo que es algo absurdo que merma su legitimidad. Luego, debe promoverse la conciencia cívica en la población así como el mayor conocimiento de los usos y mecanismos democráticos. Hay que hacer entender a la población que así como tiene el derecho de elegir, las reglas de juego democráticas exigen también respetar el mandato y rechazan el uso de la violencia para patear el tablero a la primera ocasión.
En cualquier caso, hay dos cuestiones de fondo que deben quedar muy claras. Lo primero es que no se puede achacar la culpa de todos los problemas al Gobierno Central, como de modo facilista lo hacen algunos alcaldes y presidentes regionales, que tienen que asumir su responsabilidad primaria.
Luego, hay que rescatar y ponderar en toda su dimensión la utilidad de las mesas de diálogo en la resolución de problemas. Considerando la naturaleza de los problemas y mientras se consolida el Ministerio del Ambiente con sus mecanismos de arbitraje, tienen que institucionalizarse las mesas de diálogo para resolver problemas mineros o ambientales.
La defensoría cumple con alertar. Corresponde ahora a la PCM y su Unidad de Prevención de Conflictos convocar a los representantes de ministerios , entidades técnicas y la sociedad civil, para trabajar de modo coordinado y permanente en la evaluación de conflictos, así como en diseñar mecanismos para prevenirlos, mitigarlos y evitar su resurgimiento.
De lo que se trata, finalmente, es de defender el imperio del orden y de la ley, pero al mismo tiempo de institucionalizar los mecanismos de diálogo para resolver los problemas sociales antes de que exploten de modo violentista.
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LA REPUBLICA OCTUBRE 2, 2008
Gobierno aprista carece de una política clara para abordar los conflictos sociales
Calificó de poco serio señalar que tras las protestas hay intereses políticos, obviando los problemas de fondo.
María Elena Castillo.
Descuido. Según Albán, si el gobierno atendiera las razones del descontento popular, evitaría los desbordes sociales. (Foto: Yanina Patricio)
El gobierno no tiene una política clara para abordar los conflictos sociales y solucionar los problemas de fondo, y eso ha contribuido a agudizar el descontento popular e incrementar las protestas, advirtieron varios analistas políticos.
El ex defensor del Pueblo, Walter Albán Peralta, señaló que si bien hay algunos casos donde existe un manejo político ajeno a las demandas sociales, es poco serio que el gobierno quiera darle ese cariz a todas las protestas.
"No se puede perder de vista que hace tiempo que en el país hay una demanda acumulada de sectores sociales que pugnan por ciertos cambios en políticas públicas que puedan permitir una mejora en las condiciones de vida de la población, de modo que no se puede afirmar que se está produciendo una situación por intereses creados", afirmó.
Sostuvo que el gobierno debería tratar de entender los problemas de fondo que generan el descontento, y que se han intensificado porque el crecimiento económico no se ha traducido en una distribución más justa que se refleje en una mejora de ingresos o en mejores políticas de lucha contra la pobreza.
FALTA DE PREVISIÓN
Albán señaló que desde el 2004 la Defensoría del Pueblo comenzó a emitir informes sobre los conflictos sociales, éstos han ido aumentando inconteniblemente.
"La Defensoría ha dado cuenta de lo que sucedía en diversos lugares del país, de la naturaleza de los conflictos, de las razones que las motivaban, de la orientación de sus demandas, y todo ello debería servir de base para elaborar políticas preventivas; sin embargo, ello no se ha hecho", indicó Albán
Agregó que más bien esa falta de previsión ha permitido que el malestar aumente, lo que ha sido atizado aún más con la falta de cumplimiento de las actas suscritas con el gobierno.
"La gente siente que el gobierno no toma en serio sus pedidos y eso alimenta más los conflictos", dijo.
Población solo quiere negociar
El investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Víctor Caballero, explicó que en los últimos años se ha generado una dinámica de la población de buscar la negociación vía el conflicto y presionar a la autoridad política a sentarse en una mesa de negociaciones. "Esto se produce por la pérdida de confianza de los mecanismos institucionales en la resolución de las controversias", indicó.
Agregó que los conflictos no tienen carácter antisistema, sino la búsqueda de negociación para obtener mejores condiciones. "No tenemos por qué considerar que los conflictos puedan generar inestabilidad social, porque lo que buscan es la negociación", dijo.
Caballero señaló que si bien pareciera que los conflictos han ido en aumento, probablemente disminuirán conforme se acerque el período electoral. "Los procesos electorales terminan aquietando las protestas porque mediante la votación se puede canalizar el descontento", anotó.
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LA REPUBLICA OCTUBRE 2, 2008
¿Qué viene después de un paro? Otro paro
Mirko Lauer
Una escalada de paros regionales en el sur va al encuentro de una nueva jornada nacional de movilizaciones de protesta el próximo martes. La jornada replica el paro nacional del pasado nueve de julio y sus organizadores la consideran un ensayo para la protesta nacional del próximo cuatro de noviembre, con APEC a las puertas.
Mientras tanto más de un gremio hace cola a la espera de que la huelga médica concluya y haga sitio para el inicio de alguna nueva. Algo que por el momento no está ocurriendo. Todo esto cuando los efectos de la crisis en el norte todavía no han llegado realmente. Para cuando esto suceda protesta y gobierno van a estar realmente fatigados.
Además de expresar un obvio descontento, el mismo que aparece en las encuestas ¿en qué dirección va esta explosión de movilizaciones? Casi todas las protestas actuales de cierta envergadura buscan hacer del Estado un mejor redistribuidor y que su objetivo tácito es algo parecido a un Estado de bienestar en medio de la pobreza.
En la superficie de la protesta late el deseo de un socialismo de la multiplicación de los panes y los peces. En nuestros días esto no se suele entender como un proyecto histórico de los postergados, sino como un reclamo de justicia, y de coherencia del capitalismo electoral con sus propios postulados.
Pero debajo de esa capa de reivindicaciones sociales se mueve la realpolitik. Un segundo contexto de la agitación y de las plazas calientes es la pugna por establecer interlocuciones en los espacios sin partidos políticos. La interlocución con las masas y la interlocución con el gobierno central.
Acaban de reaparecer con fuerza por lo menos dos tipos de actores en el escenario de la protesta: los frentes de defensa como instancia diferenciada de los gobiernos regionales, y las alas radicales de las dirigencias sindicales. En ambos casos la agenda de la protesta parece ser por el momento más protesta.
Las políticas y el debilitamiento del gobierno han venido debilitando todo aquello definible como centrismo en el espacio social. No había mucho de eso sobre el terreno para comenzar, pero ahora su crisis es muy visible (aunque un tercio se declara de centro en el país urbano). Además sus intereses ya no pueden estar del lado del gobierno.
Con la crisis mundial instalada, la bola de cristal nos dice que a este ritmo la protesta terminará desgastando al gobierno, en el sentido de que le planteará serios problemas de control. En los próximos dos años podríamos ver todavía la versión peruana de una suerte de situación boliviano-ecuatoriana de baja intensidad.
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LA REPUBLICA 24 de septiembre de 2008
Ejecutivo responsabiliza a las regiones por las actas no cumplidas al 100%
Funcionario también afirma que las actas nacionales se irán cumpliendo según mejoren posibilidades económicas del país.
Ana Núñez.
Ante las duras críticas lanzadas desde diferentes sectores al incumplimiento de actas de compromiso por parte del Ejecutivo, el secretario de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, afirmó que los porcentajes aún no cumplidos de estos documentos corresponden a compromisos que deben ser asumidos por los gobiernos regionales y no por el gobierno central.
Figueroa Quintana explicó que las 34 actas suscritas por el Ejecutivo durante los dos primeros años de gobierno incluyen temas que son competencias de los gobiernos regionales, como el de la construcción de carreteras, canales de irrigación y otras obras de importancia.
En ese sentido, el funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que muchas veces el Ejecutivo interviene en procesos de diálogo y suscribe actas sin que los reclamos tengan que ver íntegramente con su competencia.
"En el caso del acta firmada en Arequipa con la empresa Cerro Verde, por ejemplo, era un compromiso que la empresa asumió con el gobierno regional, alcaldes provinciales y distritales. Nosotros somos mediadores, facilitadores", dijo.
Figueroa afirmó que es necesario que la población entienda que el gobierno del 2008 no es el mismo de 1999, porque hoy existen regiones, descentralización y transferencias presupuestales.
"Ya el Ejecutivo no es el 'papá gobierno'. El Ejecutivo, el gobierno nacional, es el encargado de dar las disposiciones nacionales y hacer el seguimiento del cumplimiento de las normas. Pero, ¿quiénes son los ejecutores? Pues los gobiernos regionales y los municipios, que son los que tienen los recursos económicos", comentó.
El secretario de coordinación de la PCM aseguró que existen actas en las que el Gobierno es el único responsable de los compromisos, y que se han cumplido al ciento por ciento; como el acta de Michiquillay, suscrita el 19 noviembre del 2007 en Cajamarca.
POSIBILIDAD ECONÓMICA
Respecto de las actas nacionales suscritas por el gobierno con organizaciones como el Fentase, la Fendup, y Conveagro –las cuales no se han cumplido cabalmente todavía y son de plena responsabilidad del gobierno central–, Figueroa comentó que estas implican un presupuesto que se ejecutará de acuerdo con las posibilidades del país.
"En las actas nacionales, el gobierno se comprometió a gestionar las medidas, pero eso tiene que ser de acuerdo con las posibilidades económicas del país. Hay hechos que se dan al nivel de la economía mundial que obligan a que los propios ministros tengan que hacer una reestructuración de sus presupuestos. No es que cortamos los compromisos, sino que los cumplimos de una manera más lenta, más pausada, para no crear inflación", dijo.
"Lamentablemente –prosiguió–, las circunstancias de orden mundial han imposibilitado el cumplimiento de las mismas".
A modo de conclusión, Juan Manuel Figueroa afirmó que la población debe entender que las cosas no se pueden resolver de la noche a la mañana.
"Acá todos tenemos algo de culpa: el Ejecutivo por no saber comunicar lo que pasa, y los gobiernos regionales porque no asumen sus responsabilidades y son fácilmente presos de sus debilidades", dijo.
Pese a todo lo asumido, el funcionario afirmó que existen intereses políticos que fomentan los conflictos sociales.
"Hay una articulación de varios factores políticos: hay sectores radicales que no quieren la presencia del presidente Bush y de los representantes de los demás gobiernos, que vendrán por la cumbre de la APEC", señaló.
Finalmente, dijo que esos sectores radicales "quieren arrinconar al gobierno" con sus protestas, pero lo único que lograrán es "hacer el harakiri a los propios peruanos".
CLAVES
Conflictos. Figueroa explicó que actualmente la PCM hace seguimiento a 81 casos de conflictos sociales, 21 de los cuales están en etapa de prevención, 24 en tratamiento, y 34 en seguimiento (con actas suscritas).
Zonas. Las regiones con mayor cantidad de conflictos sociales son Puno (9), Arequipa, Cajamarca, y Junín (7); y Huánuco, Moquegua, Ucayali y Cusco (4).
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PERU 21 SETIEMBRE 18, 2008
La Presidencia del Consejo de Ministros asegura que sí monitorea los conflictos
Juan Manuel Figueroa, secretario de coordinación de esta institución, invita a los dirigentes regionales y gremiales a su oficina para que constaten los avances alcanzados.
Aunque las constantes protestas y movilizaciones en las regiones señalen lo contrario, el secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, aseguró que 10 profesionales monitorean de cerca los 81 conflictos sociales que tienen registrados en el país.
En conversación con Perú.21, dijo que un experto trabaja directamente en Cajamarca, otro en Puno y un tercero en Ayacucho. Los demás realizan el seguimiento a los reclamos desde Lima.
Sin embargo, reconoció que la Unidad de Prevención de Conflictos como tal aún no ha sido creada porque –explicó– están a la espera de la contratación, por concurso público, de 15 especialistas. Esto se concretaría en un mes.
También admitió que el personal actual se encuentra bajo la modalidad de servicios no personales. “La Secretaría de Coordinación está haciendo las veces de la Unidad de Conflictos, y de mi presupuesto sale el apoyo para estas 10 personas”, refirió.
INVITACIÓN. Figueroa enfatizó que, a diferencia de lo que afirman diversos dirigentes regionales y sindicales, sí se está caminando en el cumplimiento de las 34 actas firmadas por el gobierno. Por ello, invitó a los representantes de la CGTP, Mario Huamán, y del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cuevas, y al coordinador de la Asamblea Regional del Cusco, Efraín Yépez, a visitar su oficina para que “comprueben los avances que, en muchos casos, incluso superan el 70%”.
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LA REPUBLICA 16 de septiembre de 2008
ACTUALIDAD ECONÓMICA
Inflación y alimentos, ¿qué regiones pagarían pato?
Armando Mendoza.
Como se sabe, las alzas de precios de los últimos meses han sido particularmente fuertes en el caso de los alimentos, pues, acorde al INEI en dicho rubro, la inflación acumulada entre julio 2007 y julio 2008 ascendió a 11.4% a nivel nacional. Sin embargo, en muchas regiones el encarecimiento de los alimentos ha sido incluso mayor, lo que tiene preocupantes implicancias para la lucha contra la pobreza, pues es sabido que la inflación de alimentos afecta más a las familias de menores recursos que dedican una mayor parte de su presupuesto a dicho gasto.
Así, en Lima Metropolitana el gasto en alimentos entre los más pobres ocupa hasta 65% del presupuesto familiar, mientras entre los más ricos apenas alcanza 15%. En el mismo sentido, Jurgen Schuldt ha señalado que los ingresos reales de los estratos más pobres en Lima Metropolitana se redujeron en 7.5% en el último año, debido a la inflación (véase el artículo en schuldtlange.blogspot.com). De esta forma, alimentos más caros representan un grave problema para millones de peruanos que ya tenían problemas para parar la olla.
Interesantemente, al nivel regional hay matices, con algunas regiones particularmente vulnerables a un recrudecimiento de la pobreza debido a la inflación. Si consideramos los niveles de pobreza de cada región, así como la inflación de alimentos registrada en sus ciudades capitales, tendremos una aproximación a su grado de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las regiones bajo mayor riesgo? ¿Cuáles son estas regiones "premiadas"? Pues aquellas que combinan alta inflación con elevada incidencia de pobreza.
Tal es el caso de Cusco, Pasco, Amazonas o Apurímac, regiones cuya inflación de alimentos e incidencia de pobreza son muy superiores a nivel nacional (véase gráfico). Otro ejemplo es Huancavelica, con la incidencia de pobreza más elevada en el país (85.7%) y elevada inflación de alimentos. Ojo, aquí no podemos hablar de regiones que serían poco o nada afectadas. Todos pagamos pato, y la única distinción es entre regiones afectadas y muy afectadas, porque el alza de precios de alimentos es un golpe directo al bolsillo y estómago de todos.
Esta situación amenaza con revertir los avances –ya de por sí inciertos e insatisfactorios– de los últimos años en reducción de la pobreza. La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) ha estimado que un 15% de incremento en el precio de los alimentos podría aumentar hasta en 15 millones el número de pobres en la región. ¿Cuántos pobres más tendremos en el Perú como resultado?
Bajo estas circunstancias, lo lógico sería que el Estado centre su atención en los sectores y las regiones más vulnerables, lo que debería reflejarse en el Presupuesto Público 2009, preservando/incrementando el gasto social, combinado con un fuerte gasto de inversión en proyectos regionales de infraestructura y productivos, buscando generar oportunidades económicas para la población, única manera de pasar del asistencialismo al desarrollo. ¿Será consciente de ello el ministro Valdivieso, o simplemente habrá optado por meter tijera al presupuesto a ciegas? Su mentada "modulación" del gasto recuerda demasiado a las "recetitas" del FMI, que son, primero, ajustar a lo bruto, y después contar muertos y heridos. Ojalá me equivoque.
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PERU 21 12 de septiembre de 2008
Ya nada es como antes
Entre el garrote del presidente y la zanahoria del premier
Autor: Augusto Álvarez Rodrich
El resbalón sufrido por el ministro Hernán Garrido Lecca, a quien los médicos sacaron de la negociación de su huelga, constituye una expresión relevante del cambio de escenario político que enfrenta el gobierno.
Hace más de un año, el ministro de Educación se 'lució’ en el choque con el Sutep cuando este amenazó con una huelga. Gracias al 'coaching’ del presidente Alan García, José Antonio Chang trapeó el piso con los dirigentes del magisterio, a quienes puso contra la pared en el marco de una campaña en la que los trató casi como unos pobres diablos que no sabían ni sumar.
Chang ganó esa batalla política por K.O. y generó la expectativa de que estaba dispuesto a todo para realizar la gran revolución educativa que el país demanda, aunque luego fue obvio que, después de poner al Sutep en la lona, ya no tenía más ideas sobre lo que debía hacer.
Ahora, ante la amenaza de la huelga de los médicos, el ministro Garrido Lecca quiso aplicarles el mismo electroshock, y procedió a presentarse como el defensor de los enfermos, el 'guachimán’ de los pacientes, frente a una banda de doctores 'comechados’ que, en lugar de estar curando gente, andan durmiendo y flojeando.
A diferencia de Chang, a Garrido Lecca el tiro le salió por la culata. Los médicos revirtieron la figura, lograron presentarlo como un prepotente que quiso denigrarlos sin fundamento, y al final lo sacaron de la negociación, con el obvio debilitamiento político del ministro.
Aunque ninguno de los dos ministros exhibe una gran propuesta reformadora de su sector –que es el problema central de un gobierno timorato que administra con prudencia el crecimiento pero no sabe qué hacer con él, dentro de una perspectiva de largo plazo–, ¿por qué Chang fue 'exitoso’ y Garrido Lecca 'murió en el intento’?
Los médicos pueden haber estado mejor preparados que los maestros para aguantar el empellón, pero quizá la diferencia radique en que los tiempos han cambiado, en que ya nada es como antes.
Hoy, el régimen es más débil y su alta desaprobación recorta su margen de acción. Esto significa que, entre el garrote de García y la zanahoria de Jorge del Castillo, al gobierno no le queda otra que la persuasión, el diálogo y la negociación. De otro modo, puede terminar más débil que ahora.
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PERU 21 12 de septiembre de 2008
Debilidad y escaramuzas
Autor: Carlos Basombrío
La sostenida caída de la popularidad presidencial (15% en un mes en la capital, según la Universidad de Lima) tiene, sin duda, vasos comunicantes con el incremento de la presión social. Así, la CGTP, que había dicho que luego del 9 de julio ya no habría ninguna acción importante hasta después de la 'Asamblea Nacional de los Pueblos’ que planifican para noviembre, ha cambiado de opinión y, viendo lo débil que está el gobierno aprista, ha programado otra jornada nacional de protesta para el 7 de octubre, a la que ya varios gremios, sobre todo en el sur, se vienen sumando. Anuncian también protestas para los días de la APEC. No queda claro que logren todos sus objetivos, pero igual se vienen meses bastante agitados.
La otra consecuencia del colapso de la popularidad presidencial es que adelanta el 2011. Si García tuviese 70% de aprobación, sería difícil y sonaría absurdo discutir la sucesión con tanta antelación; sería más bien él quien escogiese cómo, cuándo y con quién mover las fichas para ese propósito. Pero si, en cambio, su desaprobación nacional bordea ya al 80%, se adelanta la lucha política por el poder y se empiezan a acomodar los aspirantes al 2011.
¡Faltan tres años y ya son legión! Ahí están, jugando sus fichas desde hace meses, Keiko y Ollanta, los dos que mejor expresan y sintonizan con el ánimo autoritario de una parte nada desdeñable de la sociedad. Se han sumado ahora, y con entusiasmo, Lourdes y Toledo, ambos tildando a García de presidente de los ricos. Más discreto, pero igualmente activo, está Castañeda, que quiere repetir la fórmula exitosa que lo llevó a la alcaldía: obras y no palabras, haciendo 'hospitales de la solidaridad’ en distintos puntos del país. Su gran dilema debe ser cómo, cuándo y cuánto distanciarse del gobierno nacional al que anda muy pegado y que podría convertírsele en un ancla muy pesada. Menos conocidos que los anteriores, pero están también virtualmente lanzados, Yehude Simon, César Acuña y Rafael Belaunde. A su vez, Ántero Flores-Aráoz, quien dupletea el gobierno y la creación de su partido Orden, ha soñado con el Premierato como plataforma de lanzamiento, aunque ahora, como van las cosas, debe dudar si no sería, más bien, un presente griego.
Además de los ya visibles, debe haber 15 más que se sienten predestinados y estudian el mercado. Pero, más allá de efervescencia social y movidas preelectorales, ¿qué efectos va a tener el aumento de la conflictividad social en la política?, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con la impopularidad de García? Muy pronto para saberlo.
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EL COMERCIO 11 de septiembre de 2008
EDITORIAL
Conflictos: no más política del bombero
Fuera de cualquier discrepancia entre las cifras de la Defensoría del Pueblo (161) y la Presidencia del Consejo de Ministros (81), lo cierto es que el número de conflictos sociales sigue escalando con respecto a años anteriores.
Esto es preocupante y riesgoso, sobre todo porque se amenaza la paz social. Este es un bien mayor que implica garantizar derechos básicos a la libertad y la sana convivencia, y que debería acompañar al desarrollo económico y la consolidación democrática.
Lo evidente, contra lo que señalan los voceros del Gobierno, es que se ha hecho poco por afinar los mecanismos de detección, prevención y control de conflictos. Y, como ha pasado antes, se espera que estos estallen para recién acudir a sofocarlos, con una política de bombero probadamente relativa e ineficaz, que hace mucho daño al sistema democrático.
En este complejo escenario, son varias las instancias que tienen que asumir responsabilidad. Principal, pero no exclusivamente, el Gobierno Central que solo cuando se producen bloqueos o marchas violentas saca al frente la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, cuando es evidente que esta no funciona, sea porque no hay voluntad gubernamental o por la carencia de recursos personales, logísticos y coordinativos.
A más de ello hay un obsoleto y criticable enfoque centralista, que se expresa, por un lado, en la insistencia del Gobierno Central por controlar todo, y por otro lado, en la costumbre facilista de las autoridades regionales y locales de echarle la culpa de todo a aquel, evadiendo su propia responsabilidad.
Como hemos subrayado una y otra vez, no puede descartarse la existencia de políticos oportunistas, que irresponsablemente aprovechan cualquier oportunidad de pescar a río revuelto. Igualmente, existen grupos desestabilizadores, antisistema y radicales ambientalistas que promueven y atizan conflictos, sobre todo en comunidades relacionadas con enclaves mineros. A todos estos grupos hay que identificarlos y denunciarlos.
Sin embargo, es evidente que hay muchos otros conflictos latentes que se explican simplemente por la ausencia del Estado, la rampante informalidad y el abierto incumplimiento de la ley por parte de ciertas autoridades o grupos determinados, y que pueden y deben evitarse antes de que estallen en las calles.
La política del bombero ya no funciona. Tienen que establecerse con la debida urgencia mecanismos de diálogo, comunicación y coordinación permanente entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales, para definir funciones y activar unidades multidisciplinarias que identifiquen, prevengan y acudan a mitigar conflictos y que trimestralmente rindan cuentas de su labor.
En todo esto, sin embargo, el Congreso no puede rehuir su responsabilidad de prestar su apoyo, tanto a través de proyectos para avanzar con la descentralización, cuanto para debatir y promulgar otras leyes de desarrollo regional y de responsabilidad social de las empresas, sobre todo las mineras.
Cuando la paz social está en peligro, todos debemos reflexionar y poner de nuestra parte para garantizarla. No esperemos más conflictos para recién reaccionar.
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EL COMERCIO 24 de Junio de 2008
MÁS CALIDAD EN LABOR PREVENTIVA
Servicios de inteligencia serán fiscalizados para evitar 'moqueguazos'
Jefes de inteligenciade la policía y de la cartera del Interior serán los primeros. Ministerios tendrán unidades de solución de conflictos para evitar desbordes
Por Ítalo Sifuentes Alemán
El reciente conflicto social en Moquegua no solo desnudó la poca importancia que las autoridades de los distintos niveles de gobierno dan a los informes de inteligencia preventiva, sino que también evidenció la escasez de coordinación entre los servicios de inteligencia policiales y los de los institutos armados.
Para empezar a explicar esta situación hoy deberán concurrir a la Comisión de Inteligencia del Congreso el director de inteligencia de la Policía Nacional, coronel Marino Sihuas Campos, y el director de inteligencia del Ministerio del Interior, general (r) PNP Jorge Washington Cárdenas Sáenz.
Estas autoridades fueron citadas por el grupo de trabajo parlamentario que preside Mauricio Mulder (Apra), quien adelantó que la siguiente semana se citará al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), general EP (r) Héctor Bertrán Lora, así como también al ministro del Interior, Luis Alva Castro.
"Vamos poco a poco. Estamos elaborando la lista de autoridades que deberán darnos un informe sobre la violencia desatada la semana pasada en Moquegua tras los reclamos de redistribución del canon minero, situación que llegó al extremo del secuestro de unos 60 policías", manifestó Mulder.
El titular de la Comisión de Inteligencia dijo haber recibido con anterioridad información sobre "eventuales conflictos que podrían terminar como el caso de Moquegua, en los cuales se sabe que Patria Roja está involucrada".
IMPULSO DEL GOBIERNO
Frente a esta situación el ministro Alva Castro señaló que el Gobierno impulsa que en cada ministerio haya unidades de solución de conflictos que se encarguen, en primera instancia, de resolver los problemas de manera focalizada.
"Estas unidades deberían coordinar con los servicios de inteligencia y viceversa para evitar que los conflictos alcancen una escala nacional. Necesitamos mesas de diálogo. Por ahora está bien que los jefes de inteligencia acudan al Congreso a explicar los sucesos de Moquegua. Haré lo mismo apenas me lo requieran", refirió Alva.
Para el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, el problema no es la falta de información de inteligencia. "El tema es que recibimos variada información, pero como parte de un montón de cosas y sin que lo importante esté destacado. Hay que diferenciar la información de rutina de aquella que marca una alerta", advirtió Flores-Aráoz.
Agregó que los distintos órganos de inteligencia del país se reunirán cada 15 días para intercambiar información y reconocer las prioridades.
MONITOREO REGIONAL
El jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, indicó que en los últimos meses su institución ha venido monitoreando los conflictos sociales del país, documentación que --dijo-- se entrega a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
"Lo que nos dice esta información es que se tiene que desarrollar en el Estado una respuesta institucional para afrontar los conflictos sociales. Esto no puede esperar", recalcó Luque.
El especialista en solución de conflictos sociales consideró necesario que el Estado obtenga información de calidad a tiempo y que esta sea analizada por equipos multidisciplinarios que entiendan los componentes económicos, sociales, políticos y culturales de los problemas de cada región.
"Hay que generar estrategias de intervención a través del diálogo. Se puede evitar que la protesta llegue a la calle y derive en violencia", enfatizó Luque.
Confía en que no haya impunidad
El viceministro del Interior, Danilo Guevara Zegarra, reiteró ayer a través de un comunicado que estaba en curso una exhaustiva investigación sobre los recientes sucesos de Moquegua, en los que actuaron algunos sectores extremistas.
Guevara sostuvo que sectores radicales generaron los actos de violencia, por lo que pidió al país reflexionar y rechazar en conjunto todo acto de intimidación.
"Estamos en un gobierno y un sistema democráticos y las autoridades competentes han iniciado las investigaciones del caso. Se detectó a grupos de personas que portaban objetos contundentes, así como a sujetos que azuzaron a la población diciéndole que no iban a recibir los recursos generados por el canon minero", refirió.
Agregó que como sociedad y como Estado se debía voltear la página y reflexionar conjuntamente para evitar que se vuelva a producir este tipo de sucesos.
"El Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones, ya está investigando estos hechos y todos nosotros confiamos en que tampoco habrá impunidad", finalizó Guevara.
1 comentario:
Interesante informacion, los conflictos sociales tienen varios canales que lo alimentan, los cuales muchas veces estan interrelacionados entre si aunque a veces no sea aparente, por eso considero que la elaboracion de estos mapas de conflicto son importantes siempre y cuando esten interrelacionados con otros mapas que permitan hacer un cruce de variables y muestren la realidad que subyace en estos lugares.
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