domingo, 29 de agosto de 2010

SIETE AÑOS DESPUES

LA REPUBLICA AGOSTO 29, 2010

Siete años después
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Más allá de las críticas de sectores autocráticos y racistas, el mensaje de la CVR aún no ha sido bien entendido por el país. Pero lo será en el futuro. A continuación, extractos del discurso que hace siete años pronunció su presidente, Salomón Lerner Febres:
“Hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional. Nuestra historia ha registrado más de un trance difícil, penoso (...) Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y la deshonra como el que estamos obligados a relatar.

“La cifra más probable de víctimas fatales en esos veinte años supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado. Es una de las verdades con las que el Perú de hoy tiene que aprender a vivir si es que verdaderamente desea llegar a ser aquello que se propuso cuando nació como República: un país de seres humanos iguales en dignidad, en el que la muerte de cada ciudadano cuenta como una desventura propia, y en el que cada pérdida humana –si es resultado de un atropello, un crimen, un abuso– pone en movimiento las ruedas de la justicia para compensar por el bien perdido y para sancionar al responsable.

“El informe expone un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron (...) De cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua, un amplio sector de la población históricamente ignorado –hasta en ocasiones despreciado– por el Estado y la sociedad urbana, aquélla que sí disfruta de los beneficios de la comunidad política.

“Ha llegado pues la hora de reflexionar sobre la responsabilidad que a todos nos compete. Es el momento de comprometernos en la defensa del valor absoluto de la vida, y de expresar con acciones nuestra solidaridad con los peruanos injustamente maltratados. Así pues nuestro tiempo es de vergüenza, de verdad y de justicia pero también lo es de reconciliación.

“Desterrar la exclusión y la violencia, responder desde el Estado de modo justo a la sociedad a la que representa, asumir las instituciones y personas el valor exacto que encierra la vida y dignidad humanas, son algunos hitos que marcan los avances por un largo y difícil camino.

“Asumir las obligaciones morales que emanan de este informe –la obligación de hacer justicia y de hacer prevalecer la verdad, la obligación de cerrar las brechas sociales que fueron el telón de fondo de la desgracia vivida– es tarea de un estadista empeñado en gobernar para mejorar el futuro de sus conciudadanos”.
____________________________
EL COMERCIO NOVIEMBRE 25, 2009

Diego García Sayán será presidente de la CIDH

15:04 | Fue elegido para llevar los destinos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del 1 de enero del 2010

La Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió por unanimidad como su presidente al juez peruano Diego García Sayán para un periodo de dos años que se iniciará el 1 de enero del 2010.

García Sayán se convierte en el primer peruano que llevará los destinos de la corte de la cual forma parte desde el año 2004 y en la cual fue vicepresidente desde el 2008.

Como vicepresidente de García Sayán se desempeñará el juez argentino Leonardo A. Franco.

TRAYECTORIA
Diego García Sayán es un reconocido jurista peruano que se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y también fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alejandro Toledo.

En su trayectoria internacional destaca haber sido jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala (2007) y representó al Secretario General de la ONU en la verificación de los acuerdos de paz en El Salvador (1992-1995). Ha sido presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

García-Sayán es también profesor universitario y autor de diversas publicaciones sobre derecho internacional, derechos humanos y desarrollo.

La actual presidenta de la Corte Interamericana es la jurista chilena Cecilia Medina Quiroga.
____________________________

LA RAZON SETIEMBRE 15, 2008

Debemos renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sus integrantes solo protegen los derechos de las personas de su tendencia política
Jorge Basadre Ayulo

Fausto.- ¿Qué quieres decir con esa adivinanza?
Mefistófeles.- ¡Yo soy el espíritu que siempre niega! Y con razón, pues todo cuanto existe es digno de irse al fondo; por lo que sería mejor que nada hubiese. De suerte, pues, que todo eso que llamáis pecado, destrucción, en una palabra, el mal, es mi verdadero elemento. (Johann Wolfgang Goethe. Fausto. Madrid, 2004. p. 81).

Confieso que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) radicada en San José de Costa Rica, cada día me sorprenden más. Este cuerpo colegiado ha hecho cosas que nunca sospechamos, aunque dando por hecho que el extremismo que forma parte del acervo ideológico de la referida Corte resulta previsible.
El quejoso siempre tiene la razón y sus fallos le favorecen con sentencias draconianas. Desde hace un tiempo, el Estado peruano viene recibiendo fieros linchamientos que le cortan el cogote poco a poco.

Así, un juez destituido por cualquier razón pide su reincorporación ante los tribunales de su país y su demanda es desestimada en todas las instancias. Procede luego a recurrir ante este Tribunal y resulta reincorporado de facto a nuestro azaroso Poder Judicial, con el mismo rango y el pago de los años no trabajados como si hubiera estado dictando resoluciones y sentencias. Es decir, en el Perú se destituye a un juez por X razones y el Tribunal de San José lo vuelve a reponer a su antiguo cargo, con pingües ganancias patrimoniales, pese a haber estado ocioso y sin ejercer la magistratura.

El Tribunal de San José ha dictado sentencias inapelables que nadie preveía de este órgano colegiado de jueces. Además, y como ejemplos, lanza en ristre, una colectividad de sentenciados en un centro penal, privados de su libertad y sentenciados por los tribunales peruanos, se rebelan contra la autoridad respectiva y ejecutan un motín colectivo. Este resulta debelado por la fuerza.

Pena del perdón
Los herederos de los muertos de este motín recurren a la CIDH, y obtienen cuantiosas reparaciones que los escasos recursos patrimoniales que el gastado presupuesto peruano debe pagar. ¡Insólito! Y más insólito es generar sanciones y penas no previstas en el ordenamiento jurídico nacional, con una simple sentencia, modificar nuestro régimen jurídico: al pedirle perdón a las víctimas que “gozan de mejor vida” y a sus herederos.

La pena del perdón póstumo no se encuentra tipificado en ningún país del mundo, ni en Perú, Costa Rica, China, o Rusia. Quizá exista en algunos países árabes, al victimario le cercenen las manos, o las piernas, las orejas y los ojos para dejarlos ciegos.

Como afirma Mario Morales, editor del importante diario “El Espectador” de Bogotá: “No hay derecho. El acuerdo de San José hace el hara-kiri” a todos los peruanos en un juego de azar previsto. No busquemos cuestiones de justicia cuando ésta no es ciega, y estamos entre melindres y reparos con soluciones kafkianas.

Debemos pagarle a quienes se amotinen en los penales, a través de los impuestos que cada día nos acogotan más. Si la postura de este poder judiciario constituye una utopía para que logremos la estabilidad institucional, la gravedad está en que sus fallos son inapelables. Todo quien sienta ser conculcado en su intimidad puede recurrir a San José y regresar a su país con los bolsillos llenos, siempre y cuando éste haya ratificado el citado tratado, sin reservas, y haya aceptado esta jurisdicción anómala y arbitraria, a todas luces tenebrosa.

La llamada izquierda obtiene triunfos judiciarios post mortem, aunque sus delincuentes estuvieron en la mira de la justicia local y aunque en vida quisieron tumbar el orden jurídico. No existe un derecho que ordene pagarles indemnizaciones cuantiosas y nos haga olvidar todos sus remilgos siniestros practicados.

Convictos y confesos
Hay que cambiar la justicia antes que ésta nos cambie. Es decir, como diría el insigne don Ramón del Valle–Inclán: “¡Maldecido!... Tiene todos los demonios en el cuerpo!.... ¡Un rayo me parta y me confunda”. (“Romance de Lobos”, Escena primera, Santiago, 1936).

Y los miembros del Tribunal de San José, ¿quiénes son? ¿grandes juristas o burócratas?, ¿qué ideologías tienen incrustadas en su cuerpo? Estos súper jueces son designados a dedo por los gobiernos de América que ratificaron el funesto tratado de San José.

En consecuencia, el Tribunal de marras forma un enjambre de magistrados poco sesudos en Derecho pero sí convictos y confesos de profesar ideas de extrema izquierda. Ellos no van a proteger los derechos humanos o derechos fundamentales de todos los habitantes del continente, sino tan sólo de algunas personas de su tendencia política, proclives con quienes comulgan con sus creencias en medio de una masa negra, espectada por alquimistas, brujos y chamanes.

Dados marcados
Son unos clowns en Derecho, no sólo un clon; venden escardillos y musarañas cuando despiertan de su sueño de medio día. Exponen a los estados mediante un concepto: el reclamante en los derechos humanos siempre vence en la lid arbitraria donde no son sopesadas las razones jurídicas del demandante.

Muchísimas veces el juzgador se equivoca, a veces, por una postura que a la larga nos revierte con grave daño. No debemos sentarnos a jugar con alguien que tiene los dados mercados. Siempre vamos a perder. Los únicos que ganan son los bien pagados funcionarios y empleaduchos de la OEA que se sientan en sus cómodos sofás para tomar whisky, fumar sus puros y hablar sobre los huevos del gallo.

América trata de refundarse en este albor del siglo, pero hallamos un desorden inevitable y disperso. No existen partidos modernos en América del Sur, con excepción de Estados Unidos de Norteamérica, que no es parte en el Tratado de San José de Costa Rica. ¿Qué magistrados designarán los Chávez, Morales, Correa?

Vamos a mirar las conductas de jueces con evidentes prejuicios de un izquierdismo o nacionalismo recalcitrante que envenena la atmósfera americana. ¿Qué ideologías tendrán los magistrados designados o propuestos por estos países en evidente caos social? La respuesta es obvia. ¿Tendrán estos “personajes” formación jurídica o son el producto de repartijas provenientes de los gobiernos exacerbados de turno?.

Salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuanto antes mejor. No nos conviene estar atados de brazos y piernas ante un Tribunal omnipotente que no tiene sesos para resolver los conflictos que se le ponen a la vista ni compulsa la realidad social de cada Estado.
_________________________________
CORREO 21 de agosto de 2008

Pese a que el Ejecutivo ve positiva la sentencia de Corte IDH, acepta obligación de construir infraestructura para terroristas

Gobierno celebra fallo, pero confirma parque o monumento para SL

Pese a que muchos peruanos aún siguen indignados frente a la posibilidad de que el Estado le rinda un homenaje a los terroristas, el Ejecutivo tomó con triunfalismo excesivo el fallo de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el debelamiento del motín del penal Castro Castro en 1992. Según sus voceros, es destacable que ese organismo haya reconocido el carácter terrorista de Sendero Luminoso.

El primero en manifestarlo fue el canciller José Antonio García Belaunde, quien dijo que el Perú ganó la batalla contra los terroristas porque el tribunal supranacional fue capaz de interpretar su propio fallo a pesar de estar con la desventaja del allanamiento, realizado por el gobierno de Alejandro Toledo.

Asimismo, destacó la condena clara y dura a la criminal actividad de Sendero Luminoso recogida por la sentencia, al recordar que este grupo terrorista fue el mayor perpetrador de violaciones a los derechos humanos.

El titular de Torre Tagle también resaltó que la Corte IDH haya dejado en libertad al Estado Peruano para otorgar las indemnizaciones a los deudos de los terroristas abatidos de acuerdo con su propia jurisdicción interna.

Justamente, la sentencia hizo algunas concesiones al Perú, como dejar abierta la posibilidad de que las indemnizaciones a los deudos de los subversivos sean saldadas a cuenta de las reparaciones civiles que los terroristas adeudan al país.

Habrá monumento
Al respecto, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, saludó que la Corte IDH haya acogido los planteamientos del gobierno peruano a pesar de que no había altas posibilidades de que se lograse una modificación del fallo de noviembre del 2006.

Sostuvo que no debe olvidarse que la Corte rechazó el pedido de la parte contraria para desestimar –en todos sus extremos– la demanda interpretativa peruana y ampliar la lista de víctimas.

Aunque Fernández confirmó que el fallo establece que el Perú debe construir un parque o un monumento conmemorativo relacionado con las víctimas del debelamiento, aclaró que no lo obliga a colocar los nombres de terroristas en estas infraestructuras. Vamos a mirar la forma cómo se debe cumplir, subrayó.

Javier Soto
jasoto@epensa.com.pe
______________________________
EXPRESO 21 de agosto de 2008

Sentido común
Cosas que no deben repetirse más
Marcos Ibazeta Marino
ibazetamarino@yahoo.es

Desde el inicio de este gobierno nos preocupaba grandemente que el Primer Ministro se dedicara a viajar por el Perú, para negociar soluciones frente a acciones de fuerza que amagaban sobre el principio de autoridad y el bien común, con razones válidas o sin ellas, porque se estaba produciendo una infiltración ideológica en la base social.

Era evidente que se venía ensayando una probable movilización general que paralizara a todo el país en determinado momento, cortándole el suministro de energía a la población y bloqueando las vías de comunicación y transporte. Estamos viendo que peligrosamente nos acercamos a ese desenlace y más aún cuando el gobierno sigue sin entender lo que sociológica y antropológicamente está sucediendo en el país, desconocimiento éste que le lleva a promulgar normas que en la base social se consideran agresiones que provocan reacciones violentas y, al parecer, el compromiso del gobierno y del legislativo para dejar sin efecto aquellas normas en una cuestionable muestra de debilidad. La pregunta lógica sería entonces ¿por qué dictaron una norma si no tenían la certeza de mantenerla vigente? La seguridad jurídica y el principio de autoridad, cuando se ven mellados, pueden llevarnos al precipicio de la ingobernabilidad que ya comienza a generar escozor social.

Por otro lado, cuando el Perú fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las muertes de los internos del Penal Castro Castro ocurridas en 1992, el gobierno de turno, en vez de razonar el tema como cuestión de Estado, lo resolvió con un criterio persecutorio del gobierno anterior, por cuya razón simplemente “reconoció la responsabilidad del Estado peruano” por dichas muertes sin condición alguna, provocando con ello que la CIDH expida una sentencia que es una bofetada a la dignidad del pueblo peruano, porque ahora tendrá que rendirle homenaje a los que durante más de una década mataron a nuestros humildes pobladores, y destruyeron sin piedad todo aquello que significara progreso en el país.

Bástenos leer el punto 49 de las consideraciones de la CIDH ante el pedido de aclaración del Estado peruano, que nunca iba a prosperar porque lo que se pretendía era la modificación de una sentencia expedida por un allanamiento del denunciado que era el Estado peruano, quien en la oportunidad señalada pidió que “en relación con el acto público de reconocimiento de responsabilidad, se aclarase si era posible distinguir en el curso del acto mismo, una mención respetuosa y reflexiva a la condición jurídica de las víctimas en el momento de los hechos”. ¿De qué nos quejamos si como Estado hemos sido nosotros mismos los que hemos provocado el fallo que ahora no nos gusta? ¿Quién debe responder políticamente por esta barbaridad?
______________________________
EXPRESO 21 de agosto de 2008

CIDH contumaz

Más allá del peculiar palabreo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el reciente fallo ante la solicitud peruana para que ese tribunal interprete su sentencia del año 2006, en la que mandó realizar un acto público de reconocimiento (homenaje a terroristas) y dispuso pagar indemnizaciones a los deudos de los fallecidos en el penal Castro Castro, la verdad es que nuevamente ha quedado incólume la intención de la Corte de San José de ignorar la dignidad de miles de víctimas inocentes que murieron a manos de la subversión.

A un extremo inaceptable nos ha empujado el complot de las ONG de izquierda y sus reales mentores entronizados en la CIDH. En puridad, lo que ha hecho ese tribunal es sentar un precedente dócil ante el terrorismo. Si los togados razonan insistiendo que el Perú debe rendir un homenaje a los amotinados en el penal Castro Castro el año 1992, varios de los cuales tenían sentencias por terrorismo, se ponen contumazmente contra la memoria de las víctimas asesinadas por Sendero Luminoso y reiteran su castigo contra el Estado peruano, desconociendo que fue también víctima de una lucha armada demencial y fanática que le ocasionó pérdidas por más de 20 mil millones de dólares. En consecuencia, en la práctica la CIDH rechazó el pedido de interpretación del Perú.

Ante el sofisma protervo de los jueces internacionales de marras, en el sentido de que una reparación económica a los deudos de los terrorisas, agrupados en “asociaciones de familiares” y “colectivos humanitarios” –recordemos incluso que la demantante es la terrorista prófuga Mónica Feria, que solía promocionarse como defensora de los derechos humanos–, que supuestamente “permitiría dar a conocer la verdad de los hechos” acaecidos (en 1992) “con el propósito de evitar su repetición en el futuro”, debemos retrucar que –por el contrario– debería desconocerse ese tipo de homenajes e indemnizaciones ya que el terrorismo no ha desaparecido y porque con ese tipo de fallos se está abriendo una ventana auspiciosa a actos similares en los cuales nuevos grupos terroristas pretenderían en el futuro poner en jaque la vida civilizada de algún Estado del continente americano. Es decir, en el intento de “impedir que no se repitan actos como el de Castro Castro”, por parte del Estado, se razona blandamente favoreciendo al terrorismo e induciéndolo a que sí repita acciones subversivas o motines, sabedores ahora los potenciales autores de esos hechos que encontrarán respaldo en el reciente precedente sentado por la CIDH.

Lamentamos que algunos piensen que es suficiente que el fallo de interpretación de la CIDH haya dispuesto que el Perú queda en libertad para establecer la forma de indemnización a los deudos de los terroristas, porque pensamos que más allá de ficciones legales o meros formalismos, el Perú tiene en su memoria la cruda experiencia de haber vivido una época en la cual un grupo criminal le negó a todo un pueblo las posibilidades de vivir en paz, progreso y tranquilidad. No hay justificación alguna para indemnizar a quienes directa o indirectamente están hoy del lado de la subversión, y menos desagraviarlos públicamente con monumentos como “El ojo que llora”. Un Estado soberano, democrático y firme, que vio cómo sus mejores hijos eran asesinados por la barbarie subversiva, no puede permitirle al terrorismo, ni a sus herederos, victorias pírricas.
_______________________________
EXPRESO 21 de agosto de 2008

Qué miseria de país
Luis García Miró Elguera

No queda mucho más que decir sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, luego que la judicatura supranacional decidiera ratificar –en versión light– su fallo anterior que condena al Perú a indemnizar a los familiares de terroristas muertos durante el salvaje motín que protagonizaran el año 1992 –por su propia cuenta y riesgo– en el penal Castro Castro.
Claro que la cosa no acaba en indemnizar a estos enemigos de la sociedad –en parte con dinero de los propios familiares de esos 35 mil peruanos victimados de la peor manera por los mismos genocidas, hoy indemnizables según la CIDH–, sino también en erigirle un monumento a estos miserables

Resulta perverso y ridículo que la CIDH pretenda que los peruanos aplaudamos, veneremos y financiemos nada menos que a quienes masacraron a la sociedad; o que santifiquemos a quienes apostaron por la rutina del asesinato y el secuestro, e impusieron el genocidio como método para acabar con la vida de 35 mil peruanos, en su demencial intento –también de su entera cuenta y riesgo– por liquidar la estructura democrática y el estado de derecho, para imponer su ideología totalitaria.

El Perú sencillamente debe desconocer este fallo. Debe ignorarlo y encima de ello denunciarlo ante EE UU, por ejemplo, el principal impulsor de las oenegés políticas en esta parte del planeta, y asimismo el panegirista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal que Norteamérica considera sólo aparente para su puerta falsa latina. Porque Tío Sam jamás ha formado parte de la CIDH ni tiene intención de hacerlo. Y de haberla integrado, ¿acaso Diego García Sayán Larrabure –juez de la tremenda Corte de Costa Rica– habría tenido el temple de exigir al imperio del Norte que indemnice a los atacantes de las Torres Gemelas, o que absuelva –y encima levante un monumento de homenaje– a aquellos antisociales que hayan dado muerte aunque sea a un solo soldado yanqui? Sin duda que no, en contraste con el entusiasmo y “arrojo” de este personaje cuando se trata de condenar al Perú por violar derechos de senderistas y emerretistas o de implorar perdón para ellos.

Responsable del fallo de la CIDH contra el Perú es el régimen de Alejandro Toledo Manrique, gobierno que se entregó desnudo a esa Corte al admitir que el Estado peruano violó derechos humanos del terrorismo durante el sangriento motín que éstos armaron en Castro Castro. Pero, ¿cómo llegó Toledo a tan extrema estupidez? Llevado de las narices por ministros como García Sayán y la reata caviar que lo manipuló a sus anchas hasta conseguir de él prebendas increíbles, a cambio de que se le deje en paz. Es más, el gobierno toledano propuso a la CIDH convertir al esquizofrénico monumento “El Ojo que Llora” en ágora del “sacrificio e inmolación” de terroristas y en Meca para rendir pleitesía a genocidas que asesinaron a nobles peruanos y destruyeron media nación. Qué miseria de país.
______________________________
COMERCIO 20 de agosto de 2008

RESOLUCIÓN ES POSITIVA, SEGÚN PROCURADOR ANTITERRORISTA
Corte de San José reconoce carácter terrorista de SL y también ejecuciones

Fallo deja al Perú la forma de indemnización a subversivos fallecidos en 1992 en Castro Castro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, reconoció a Sendero Luminoso (SL) como una organización violenta y terrorista, pero también dejó en claro que el mismo Estado Peruano reconoció que durante el régimen del extraditado Alberto Fujimori se ejecutó extrajudicialmente a 41 internos del penal Castro Castro en 1992.

La voluminosa resolución, que fue publicada ayer en la web de la Corte de San José, dispuso que el Estado Peruano resuelva "conforme a su derecho interno" el pago de la indemnización a cada uno de los reclusos que fallecieron durante el debelamiento del motín. "La CIDH carece de atribuciones para resolver dicho aspecto", indica el fallo. Este punto, según el procurador antiterrorismo Julio Galindo, es un "gran paso y muy positivo para el Perú".

RESPETAN FUERO INTERNO
Esta resolución, como se sabe, responde a la demanda de interpretación presentada por el Perú sobre el cuestionado dictamen que la corte emitiera en noviembre del 2006. El fallo dice, además, que el Estado Peruano deberá realizar un reconocimiento público de responsabilidad en la matanza de reos del penal, pero esto lo hará --según la resolución-- respetando su jurisdicción interna.

El pronunciamiento de la instancia supranacional indica también que se debe difundir la sentencia en radio y televisión. Sin embargo, "la modalidad y la forma (en que se realice) puede ser sometida a consideración por el Estado Peruano". Esto, según la misma corte, no será inmediato sino durante el proceso de ejecución y cumplimiento de la sentencia emitida por el tribunal.

Otro punto que merece resaltarse sobre el fallo es el referido a la colocación de los nombres de los subversivos fallecidos durante los sucesos del penal Castro Castro en el monumento conocido como "El ojo que llora". Sobre este particular, la corte de San José cambió su polémico parecer anterior y aceptó que el Estado Peruano "establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin" de lo ordenado por el tribunal en su fallo. Es decir, deja en manos de nuestro país las acciones que sean necesarias sobre dicha materia.

SEPA MÁS
Luis Salgado, ex agente del Estado Peruano para el Caso Castro Castro, fue quien presentó la sustentada demanda de interpretación ante la corte, que fuera acogida en parte por este tribunal internacional.
Antes de ser sacado del cargo, Salgado presentó un informe de El Comercio a la corte, en el que se reveló que uno de los ideólogos de SL en el Huallaga, Atilio Cahuana, se iba a beneficiar con el fallo, si es que lo confirmaban del todo.
___________________________

LA RAZON 30 de mayo de 2008

MRTA sigue operativo y hace proselitismo en Internet
Plantea “lucha directa” para conquistar justicia social
Evidenciando la vigencia operativa del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sus seguidores han creado recientemente un espacio en la popular web de videos YouTube, donde no solo cuelgan material audiovisual y fotográfico inédito, rememorando a sus líderes, sino también hacen un llamado al levantamiento popular.
El responsable de la web, que realiza un abierto proselitismo a favor de la facción armada, se identifica bajo el usuario “MRTA 1996” y si bien no precisa su ubicación, deja un mensaje introductorio cuestionando el régimen democrático del Perú y las propuestas de nuestros líderes políticos.
De acuerdo con YouTube, el espacio sobre el MRTA fue creado el 13 de mayo y ya ha colgado cuatro videos bajo los títulos “MRTA enciende la revolución”, “Néstor Cerpa Cartolini-Muerte Heroica” y “MRTA Tributo”.
Asimismo, se ha creado el blog http://mrta-peru.blogspot.com/ con dos entradas muy detalladas sobre la historia del grupo terrorista, sus principales líderes, la sustentación de su ideología radical y un homenaje al subversivo Néstor Cerpa Cartolini, quien lideró el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima en 1996, tal como reseña Peru.com.
Según el general EP (r) Germán Parra, la presencia virtual del MRTA pone al descubierto “las mentiras” de Aprodeh respecto de su inexistencia y advierte sobre los mecanismos que utiliza “el terror” para fortalecerse.
“El MRTA está activo y sigue operando y su presencia en Internet es una muestra clara de que lo afirmado por Aprodeh ante el Parlamento Europeo es una farsa que ha quedado al descubierto. Además, el blog y las fotografías inéditas demuestran que se trata de sus militantes o personas muy ligadas a ellos y evidencian la existencia de una campaña orientada a su fortalecimiento”, finalizó.
_______________________________
EXPRESO 02 de Junio de 2008
“MRTA se reorganiza”
Señala que las fuerzas del orden siguen sus movimientos.Las fuerzas del orden están atentas ante la pretensión de los rezagos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de reorganizarse, señaló ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Aste Daffós, quien confirmó así que la información de inteligencia revela que están empezando a actuar.
El alto oficial sostuvo que las actividades de los rezagos de esa banda terrorista pueden ser muy peligrosas, por sus relaciones que con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).“Creo que existe ese peligro, (los miembros del MRTA) se están articulando, se están organizando. Hay información de inteligencia de que hay grupos pequeños que están comenzando a actuar”, afirmó.“Además, está la posibilidad de que se mezclen con el narcotráfico. Realmente se convertiría en un problema muy grave que debemos afrontar con mucho cuidado. Pero estamos muy atentos”, añadió el jefe militar. Cabe señalar que la vigencia o no del MRTA salió a relucir cuando la ONG. Aprodeh, de clara orientación izquierdista, dirigió una carta al Parlamento Europeo, para que no incluyan a dicha organización en la lista de organizaciones terroristas. El Congreso prevé enviar a Parlamento Europeo una comitiva para que reconsidere su decisión de no aceptar una moción que recomendaba esa medida.Aste Daffós destacó, asimismo, que en la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso, en operativos entre la Policía Nacional y las FF AA, en el Huallaga y en la zona del VRAE, se están consiguiendo capturas importantes de subversivos.De otro lado, el oficial dijo que se ha reforzado la vigilancia en la zona fronteriza con Colombia para evitar que pretendan huir hacia el Perú columnas de las FARC, grupo armado cuyos dos principales líderes han muerto recientemente. Dijo que se ha establecido un diálogo fluido con Colombia para evitar que se produzca una diáspora de esa banda terrorista hacia territorio peruano, y se ha reforzado la zona del río Putumayo, que divide la frontera entre ambos países.Las FARC han tenido dos duras bajas con la muerte de su líder “Manuel Marulanda”, y la desaparición del número 2 de ese grupo, “Raúl Reyes”, en un bombardeo en territorio de Ecuador; hechos que se suman a las deserciones y las versiones de la huida de sus columnas hacia los países vecinos para evitar la ofensiva del ejército colombiano.
“Nosotros tenemos permanentemente una cañonera patrullando el río Putumayo, además hemos reforzado la vigilancia y se ha aumentado la cantidad del destacamento naval en los tres puestos de infantería que el Perú tiene en la selva”, señaló a la agencia Andina.

______________

PERU 21 04 de Junio de 2008

REVELAN QUE FARC CONTACTO A SL Y AL MRTA
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantuvieron contacto con las agrupaciones terroristas peruanas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de acuerdo con la información hallada por las autoridades colombianas en la computadora del extinto numero dos de las FARC, “Raúl Reyes”.
Los datos sobre estos vínculos fueron proporcionados ayer por el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, a su homólogo del Perú, Antero Flores- Aráoz, durante el encuentro que ambos sostuvieron en Bogotá, según reportó la agencia AFP.
“Si tiene relaciones, lo que hace suponer es que hay colaboración en el tema de armas, de drogas y otra situaciones que se están investigando”, refirió Santos a los periodistas.
Por su lado, Antero Flores- Aráoz dijo que si los guerrilleros de las FARC ingresan en territorio peruano, serán tratados como “delincuentes”.

__________________

EXPRESO 04 de Junio de 2008
Sí existen vínculos entre las FARC y el MRTA

Ministro de Defensa de Colombia lo confirmó ayer.Tras una extensa reunión con su homólogo peruano, Ántero Flores-Aráoz, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que las computadoras incautadas a miembros de las FARC, abatidos semanas atrás en Ecuador, revelan que este grupo subversivo tiene vínculos con el MRTA del Perú.
“Sí tienen relaciones, lo que hace suponer es que hay colaboración en el tema de las armas, de drogas y otras situaciones que se están investigando”, manifestó el funcionario colombiano a la prensa de su país.Pese a que no quiso dar mayores detalles sobre la información en mención, Santos explicó que de la información observada en estas computadoras existe evidencia de los acercamientos entre ambos grupos subversivos, lo cual ha sido explicado a su homólogo peruano.Por su parte, Ántero Flores-Aráoz aseguró que el gobierno del Perú tomará las medidas necesarias para enfrentar cualquier incursión de las FARC en nuestro territorio, “y no nos temblará la mano para tratarlos como delincuentes”.Respecto a los vínculos de la guerrilla colombiana con el MRTA, el ministro dijo no extrañarle que las FARC tuviesen esos contactos con grupos extremistas de su país, pero en todo caso los dos gobiernos tienen mecanismos de colaboración para impedir las acciones terroristas.
Los ministros de Defensa de Colombia y de Perú reafirmaron ayer su “voluntad de mantener, profundizar y ampliar intensamente la cooperación” bilateral entre sus países.
“Debemos impulsar la cooperación binacional en las áreas de Defensa y en las acciones de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional organizado”, señala un comunicado conjunto.

El dato

El ministro colombiano destacó la positiva colaboración existente entre los dos gobiernos, que ha permitido el intercambio de información para combatir cualquier brote de violencia en la frontera común.
____________________
EL COMERCIO 25 de junio de 2008

SENTENCIA EN ÚLTIMA INSTANCIA
Suprema eleva condenas a los cabecillas del MRTA

Además reconoce como terrorista a dicho grupo. Fallo se enviará al Parlamento Europeo
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió por unanimidad aumentar de 32 a 35 años de prisión la condena impuesta a los cabecillas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón. Ellos fueron encontrados responsables del delito de terrorismo.

Esta ejecutoria suprema, remitida en los últimos días a los actores procesales y una parte de la cual fue dada a conocer por este Diario el pasado 18 de mayo, también incrementa la pena para otros terroristas. Así, sube de 28 a 30 años de cárcel la condena contra Lucero Cumpa Miranda y de 23 a 24 años la de Alberto Gálvez Olaechea.
De otro lado, el citado tribunal confirmó la condena de 25 años de prisión para Peter Cárdenas Shulte, de 20 años para Américo Gilvonio Conde, Emilio Villalobos Alva y Gabriel Vásquez Aranguren. Además, de 18 años para Fernando Martínez Sánchez, Nancy Madrid Bonilla y Enrique Chahua Damián y de 15 años para Max Henry Rodríguez García.

La sala, integrada por los vocales supremos Roger Salas Gamboa, Héctor Ponce de Mier, Héctor Rojas Maraví, Ricardo Vinatea Medina y Carlos Zecenarro Mateus, también confirmó el monto de reparación civil de 50 millones de soles, que deberán pagar en forma solidaria Polay Campos, Rincón Rincón, Cumpa Miranda, Gálvez Olaechea y Cárdenas Shulte. El resto de los sentenciados deberá abonar diez mil soles de reparación. La primera sentencia fue dada por la Sala Penal de Terrorismo en el 2006.
El tribunal explicó que no correspondía imponer la pena de cadena perpetua para Polay, Rincón y Cumpa, como lo había solicitado el representante del Ministerio Público en su recurso impugnatorio. Argumentó que, de acuerdo con el artículo 46 del Código Penal, debe considerarse en este caso la naturaleza de los hechos, los medios empleados, la extensión del daño o peligros causados, la forma y circunstancias en que se perpetraron y las condiciones personales de los agentes y, en forma especial, la gravedad de los actos cometidos.

De otro lado, el procurador antiterrorista Julio Galindo anunció que el Estado Peruano entregará al Parlamento Europeo esta resolución de la Corte Suprema, que además confirma la calificación de terrorista del MRTA.
En declaraciones a la agencia Andina, Galindo aseguró que "esta contundente sentencia" ayudará a lograr la inclusión del MRTA en la lista de grupos terroristas.

No hay comentarios:

Las plaquetas de la Nueva Maravilla

Las plaquetas de la Nueva Maravilla
Las plaquetas que ganó Machu Picchu