EL COMERCIO JUNIO 29, 2010
Editorial: Apoyo para los migrantes peruanos en Europa
La colonia peruana en Europa ha lanzado un nuevo llamado de auxilio que el Estado no puede dejar de atender. Se trata de contribuir a mejorar la calidad de vida de aproximadamente un millón 200 mil compatriotas que radican en España, Italia, Francia, entre otras naciones del Viejo Continente, en medio de múltiples problemas y penurias.
No es la primera vez que los migrantes, que salieron del país en busca de mejores condiciones de vida, piden que el Perú no se olvide de ellos. En este caso, sin embargo, resulta meritorio que se hayan agrupado y organizado en diversas federaciones y asociaciones, que no solo quieren sanear la situación legal de sus miembros, sino trabajar corporativamente para enfrentar cualquier tipo de práctica discriminatoria en perjuicio de ellos.
Es claro que el Estado Peruano no puede interferir en las políticas europeas sobre inmigración, en respeto a la autonomía inherente de cada gobierno. Sin embargo, sí podría interceder ante cada uno de ellos —o ante la Unión Europea— para solicitar un mejor trato a nuestros connacionales, frente a las frecuentes denuncias sobre prácticas ilegales, xenófobas y racistas, que en la mayoría de los casos no se difunden por temor a represalias. La situación de los latinoamericanos en el resto del mundo salió a relucir en la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), que se realizó en mayo pasado en Madrid (España). No obstante, recordemos también que allí solo se consiguió una declaración final que reveló una verdad de Perogrullo: que la inmigración ha sido positiva. Nada se dijo del trato discriminatorio que reciben los migrantes, pese a que ese problema fue destacado por varios de los presidentes asistentes a la cita.
Pero nuestros compatriotas tienen otras exigencias. Por ejemplo, el Gobierno Peruano podría poner el aparato estatal al servicio de aquellos inmigrantes que necesitan homologar sus títulos profesionales, un trámite que si bien ha mejorado aún es largo, engorroso y costoso. No se puede desconocer el avance que ha significado la adhesión del Perú al Convenio de la Apostilla de La Haya, instrumento internacional que permite facilitar la legalización de documentos públicos para utilizarlos aquí o en el extranjero. Sin embargo, ahora hay que aplicarlo plenamente, por ejemplo en España, que mantiene con el Perú acuerdos de doble nacionalidad y donde radican 300 mil peruanos.
Otra demanda radica en la postergada creación de una circunscripción electoral en distrito universal de peruanos en el exterior, un tema que el Congreso no ha querido aprobar. Igualmente, resulta atendible la propuesta de realizar campañas de imagen y de defensa de los derechos de los migrantes, tarea que bien podrían solventar entidades como Prom-Perú.
Como comprobó El Comercio, en la audiencia pública que realizó en Madrid el año pasado, los peruanos que viven en Europa reclaman mayor atención por parte del Gobierno, incluso a través de un ministerio de migraciones. Lo cierto es que en un mundo globalizado, donde la comunicación ha contribuido a la desaparición de las fronteras, el acercamiento con nuestros connacionales es urgente. El Estado tiene que comprometerse con su inserción plena en aquellos países que los acogen, dentro del marco legal nacional e internacional.
_______________________
LA RAZON JULIO 25, 2008
Más de 50 mil peruanos ilegales amenazados con la cárcel en Italia
Nueva ley permite arresto, condenas de hasta cuatro años y la expulsión del país
Más de 50 mil peruanos que se encuentran en Italia en calidad de ilegales en su situación migratoria están amenazados de llegar a la cárcel por el único delito de haber ido en busca de un mejor futuro para su familia, pese a la adversidad y las limitaciones que deben enfrentar.
Según un informe sobre los peruanos en el exterior elaborado en el año 2005 por la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en Italia viven al menos 105,816 peruanos en Italia.
De ese número, según este estudio, 41,668 se encuentran en calidad migratoria regular y se calcula en 54,183 los connacionales que residen en situación migratoria irregular.
El informe indica que existe un importante segmento de la población en situación migratoria regular que se encontraría solo con permiso de estadía (calidad migratoria previa a la de residente), lo que ocasiona que muchos peruanos aún estén de manera legal estarían realizando actividades laborales o económicas que su estatus migratorio no les permite.
La amenaza de cárcel surgió después que el Senado italiano votara el miércoles una serie de medidas controvertidas destinadas a luchar contra la inmigración clandestina en el país, y las convirtió en definitivas tras una anterior votación de los diputados el 15 de julio.
La ley prevé especialmente la creación de un delito de inmigración clandestina castigado con penas de seis meses a cuatro años de prisión y el endurecimiento de un tercio de las penas previstas en caso de condena de un inmigrante ilegal.
Asimismo, se facilitarán las expulsiones para los extranjeros en situación irregular y se aplicarán penas de seis meses a tres años para los propietarios que alquilen viviendas a los clandestinos.
El texto fue aprobado por 161 votos mientras que 120 senadores votaron en contra, y ocho se abstuvieron.
La nueva ley ha sido denunciada por la izquierda, asociaciones católicas, asociaciones de defensa de los derechos humanos, y ha sido igualmente criticada por las instancias europeas.
La presidenta de los senadores del Partido Demócrata (PD, centro-izquierda), Anna Finocchiaro, estimó que el endurecimiento de las penas para los clandestinos era anticonstitucional ya que vulnera el “principio de igualdad” de los ciudadanos inscrito en la Constitución.
Más represivas
La adopción de medidas más represivas contra la inmigración clandestina era una de las prioridades del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, que volvió al poder a mediados de mayo, con la victoria de la derecha en las elecciones legislativas de abril.
La duración de la estadía en los centros de retención también podría prolongarse de dos a 18 meses, según una nueva disposición de la “directiva de regreso” recientemente adoptada por la Unión Europea.
La ley también contiene medidas más severas para luchar contra la criminalidad, atendiendo a la promesa de garantizar una mayor seguridad formulada por la derecha, que explotó los delitos cometidos por los extranjeros durante su campaña electoral.
UE quiere aplicar sanciones a quienes contraten ilegales
Alemania y varios países del norte y este de la Unión Europea (UE) se opusieron a propuestas para sancionar penalmente el empleo de clandestinos e imponer inspecciones en diferentes sectores de la actividad.
“Mi respuesta es un doble 'no'“, declaró el ministro alemán de Interior, Wolfgang Schäuble, a su homólogo francés Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE, durante un debate público sobre estas cuestiones en el marco de una reunión de los 27 en Bruselas.
Suecia, Holanda, Finlandia, Polonia, Hungría y República Checa también rechazaron esas dos propuestas, mientras que Lituania manifestó “reservas”.
En cambio, los países enfrentados en forma directa a la llegada de inmigrantes ilegales (Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta) se pronunciaron a favor de la criminalización del empleo de trabajadores en situación irregular y de mayores controles en las empresas de sectores considerados como los más expuestos al trabajo en negro.
Otros países como Bélgica, Estonia, Letonia, Austria, Bulgaria y Rumania apoyaron esas medidas.
“Tenemos una amplia experiencia de trabajo en negro y la medida más disuasiva es la que toca la billetera, como el embargo del inmueble alquilado ilegalmente a clandestinos”, dijo el ministro italiano Roberto Maroni, al justificar la necesidad de sanciones penales y patrimoniales.
“El culpable es el que emplea, que explota y aprovecha la miseria de los inmigrantes ilegales”, indicó por su parte el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho.
________________________
LA PRIMERA 24 de julio de 2008
Comenzó cacería humana en Italia
(1) A pesar de todo, muchos peruanos siguen emigrando a Europa. (2) Las colonias se alistan a celebrar las fiestas, pero también saldrán a protestar. (3) Berlusconi en el ojo de la tormenta. (4) De lejos también se puede protestar.
DETALLE
Hace pocas semanas, la policía italiana arrestó a más de trescientos inmigrantes, de los cuales 53 fueron llevados de inmediato a la frontera para su expulsión, en un operativo sin precedentes. Días después, un grupo de vecinos de Nápoles incendió un campamento de gitanos rumanos. Y a una semana, vecinos de Ponticelli atacaron con cocteles molotov otro campamento de gitanos rumanos. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno insiste en la criminalización de los migrantes.
Unos cien mil peruanos en la mira. Senado italiano aprobó ley de “mano dura” a inmigrantes. Implica expulsión y decomisarles sus propiedades. Compatriotas marchan el sábado en Torino.
El sentimiento xenófobo en Europa comenzó a legalizarse mediante ofensivas leyes discriminatorias y ya es oficial en Italia, país que empezó lo que muchos ven como descarnada “cacería humana” contra los extranjeros, especialmente de países pobres como los sudamericanos. El Senado italiano aprobó una ley de “mano dura contra la inmigración” que no sólo les duplica penas sino que implica deportación así como decomiso de sus casas y demás propiedades. En este mar de rechazo no faltó la voz de la comunidad peruana, integrada por unos 100 mil compatriotas. La lucha recién comienza.
La propuesta, semanas atrás, generó reacciones de organismos que defienden a los inmigrantes. Parece que eso no le importó al Senado italiano, que igual aprobó ayer una de las leyes previstas por el gobierno conservador de Silvio Berlusconi incluidas en su política de mano férrea contra la inmigración y que recoge, entre otras medidas, facilitar la expulsión del país. La ley fue aprobada por 161 votos a favor, 120 en contra y la abstención de los 8 senadores de la Unión de Demócratas de Centro y Democristianos (UDC).
Entre las medidas que el gobierno italiano califica como “paquete de seguridad”, destaca la de considerar la inmigración ilegal como un agravante, lo que supondrá aumentar en un tercio la pena de las personas sin papeles que cometan un delito en Italia.
Además, será más fácil expulsar a los inmigrantes condenados, ya que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a dos años y no diez años como en la actualidad, o a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos.
Es decir, más allá de que lógicamente se debe castigar (italiano o extranjero) a quien comete un delito, aunque sea menor, la injusticia radica en que para los extranjeros la pena será mayor. Y si con ese aditivo llega a dos años (aunque no implique carcelería) es candidato a ser deportado. Y sus bienes confiscados.
La nueva ley establece también la confiscación del apartamento para quien lo alquile a inmigrantes sin papeles, así como una pena de cárcel entre seis meses y tres años.
El gobierno incluye en este conjunto de medidas el empleo del Ejército en la seguridad ciudadana, con la movilización de tres mil soldados que patrullarán las calles, por un periodo de seis meses y prorrogables otro medio año.
Entre las nuevas medidas se encuentra además el aplazamiento durante 18 meses de los procesos por delitos cometidos antes del 2 de mayo de 2006 y que la magistratura considere menos urgente. Esta disposición fue la más criticada por el gobierno ya que podría frenar uno de los juicios por corrupción contra Berlusconi, acusado de haber pagado 580,000 euros al abogado británico y magnate de la televisión David Mills para que falsificara sus testimonios en dos procesos.
Peruanos salen a las calles
En medio de este panorama, están en riesgo unos 100,000 ciudadanos peruanos que conforman la comunidad inca en Italia. Además de sumarse a las críticas, la queja concreta es que esta ley quiere aprovechar la actitud de extranjeros que cometen delitos para empezar a sentar precedentes que permitan expulsiones y acciones represivas contra todos los extranjeros. Según informó a LA PRIMERA Marco López, peruano radicado en Italia hace muchos años y perteneciente a organismos defensores de derechos ciudadanos en dicho país, los peruanos ya empezaron a preparar las protestas en calles italianas.
Específicamente en Torino, sindicatos y diversas asociaciones de inmigrantes residentes en dicha ciudad programaron para este sábado una marcha de protesta frente a la Prefectura en Piazza Castello, a las 5 de tarde. “Ninguno está libre de esta caza a los inmigrantes, pues así como en Italia no todos son mafiosos, tampoco todos los inmigrantes somos delincuentes. Primero se apunta a los ilegales, mañana seremos todos quienes por algún pretexto suframos discriminación y abuso de manera legal para el Estado”, señaló.
La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.
Como señalamos, la inclusión de este delito es considerado un triunfo del ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas.
Aunque esta ley inicialmente afecta a ilegales y –especialmente– a las comunidades de gitanos (que suelen vivir en campamentos, en diversas ciudades, no integrándose a la comunidad itálica) todo apunta que es el inicio de más leyes que buscarán cada día mayores pretextos para empezar a desalojar del país a los no nativos. Ello, sin recordar que no sólo Italia sino todo Europa huyó del continente ante la sombra mortal de la I y II Guerra Mundial, siendo continentes como África y especialmente Sudamérica los que recibieron a miles de europeos, por lo cual Sudamérica es fusión de razas. Olvidando el pasado, denotando ser malagradecidos, Italia inició lo que millones de personas esperan no se vuelva una epidemia xenófoba…
Exigen respuesta firme de gobiernos americanos
Para el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, la aprobación del proyecto de Ley en el Senado italiano referido al endurecimiento de penas contra inmigrantes ilegales es inaceptable, porque no es posible tratar como criminales a los ciudadanos que no han podido regularizar su situación legal.
Soberón explicó a LA PRIMERA que la medida demuestra el carácter represivo del gobierno de Silvio Berlusconi y señaló que se requiere la respuesta firme del Perú y todos los gobiernos de América Latina, calificando como “ambigua” la posición mostrada hasta la fecha por nuestra nación.
“No es posible que América Latina siga negociando acuerdos de asociación comercial con la Unión Europea en estas condiciones. Los capitales europeos transitan libremente en nuestro continente y a las personas se les pone restricciones. No son delincuentes, son gente con derechos y que necesitan ser defendidos”, puntualizó Soberón, aclarando que la ley aprobada ayer en Italia es para quienes cometen delitos, pero base para otras mayores.
Similar posición expresó el ex canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, quien pidió que el gobierno asuma con firmeza la defensa de los casi 250 mil peruanos en condición ilegal en Europa y lamentó que -en vez de ello- se haya abandonado la lucha diplomática. Como se recuerda, semanas atrás el canciller José García Belaunde se opuso a la iniciativa de Bolivia y Ecuador, respecto a no negociar acuerdos de asociación comercial.
Editorial: Apoyo para los migrantes peruanos en Europa
La colonia peruana en Europa ha lanzado un nuevo llamado de auxilio que el Estado no puede dejar de atender. Se trata de contribuir a mejorar la calidad de vida de aproximadamente un millón 200 mil compatriotas que radican en España, Italia, Francia, entre otras naciones del Viejo Continente, en medio de múltiples problemas y penurias.
No es la primera vez que los migrantes, que salieron del país en busca de mejores condiciones de vida, piden que el Perú no se olvide de ellos. En este caso, sin embargo, resulta meritorio que se hayan agrupado y organizado en diversas federaciones y asociaciones, que no solo quieren sanear la situación legal de sus miembros, sino trabajar corporativamente para enfrentar cualquier tipo de práctica discriminatoria en perjuicio de ellos.
Es claro que el Estado Peruano no puede interferir en las políticas europeas sobre inmigración, en respeto a la autonomía inherente de cada gobierno. Sin embargo, sí podría interceder ante cada uno de ellos —o ante la Unión Europea— para solicitar un mejor trato a nuestros connacionales, frente a las frecuentes denuncias sobre prácticas ilegales, xenófobas y racistas, que en la mayoría de los casos no se difunden por temor a represalias. La situación de los latinoamericanos en el resto del mundo salió a relucir en la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), que se realizó en mayo pasado en Madrid (España). No obstante, recordemos también que allí solo se consiguió una declaración final que reveló una verdad de Perogrullo: que la inmigración ha sido positiva. Nada se dijo del trato discriminatorio que reciben los migrantes, pese a que ese problema fue destacado por varios de los presidentes asistentes a la cita.
Pero nuestros compatriotas tienen otras exigencias. Por ejemplo, el Gobierno Peruano podría poner el aparato estatal al servicio de aquellos inmigrantes que necesitan homologar sus títulos profesionales, un trámite que si bien ha mejorado aún es largo, engorroso y costoso. No se puede desconocer el avance que ha significado la adhesión del Perú al Convenio de la Apostilla de La Haya, instrumento internacional que permite facilitar la legalización de documentos públicos para utilizarlos aquí o en el extranjero. Sin embargo, ahora hay que aplicarlo plenamente, por ejemplo en España, que mantiene con el Perú acuerdos de doble nacionalidad y donde radican 300 mil peruanos.
Otra demanda radica en la postergada creación de una circunscripción electoral en distrito universal de peruanos en el exterior, un tema que el Congreso no ha querido aprobar. Igualmente, resulta atendible la propuesta de realizar campañas de imagen y de defensa de los derechos de los migrantes, tarea que bien podrían solventar entidades como Prom-Perú.
Como comprobó El Comercio, en la audiencia pública que realizó en Madrid el año pasado, los peruanos que viven en Europa reclaman mayor atención por parte del Gobierno, incluso a través de un ministerio de migraciones. Lo cierto es que en un mundo globalizado, donde la comunicación ha contribuido a la desaparición de las fronteras, el acercamiento con nuestros connacionales es urgente. El Estado tiene que comprometerse con su inserción plena en aquellos países que los acogen, dentro del marco legal nacional e internacional.
_______________________
LA RAZON JULIO 25, 2008
Más de 50 mil peruanos ilegales amenazados con la cárcel en Italia
Nueva ley permite arresto, condenas de hasta cuatro años y la expulsión del país
Más de 50 mil peruanos que se encuentran en Italia en calidad de ilegales en su situación migratoria están amenazados de llegar a la cárcel por el único delito de haber ido en busca de un mejor futuro para su familia, pese a la adversidad y las limitaciones que deben enfrentar.
Según un informe sobre los peruanos en el exterior elaborado en el año 2005 por la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en Italia viven al menos 105,816 peruanos en Italia.
De ese número, según este estudio, 41,668 se encuentran en calidad migratoria regular y se calcula en 54,183 los connacionales que residen en situación migratoria irregular.
El informe indica que existe un importante segmento de la población en situación migratoria regular que se encontraría solo con permiso de estadía (calidad migratoria previa a la de residente), lo que ocasiona que muchos peruanos aún estén de manera legal estarían realizando actividades laborales o económicas que su estatus migratorio no les permite.
La amenaza de cárcel surgió después que el Senado italiano votara el miércoles una serie de medidas controvertidas destinadas a luchar contra la inmigración clandestina en el país, y las convirtió en definitivas tras una anterior votación de los diputados el 15 de julio.
La ley prevé especialmente la creación de un delito de inmigración clandestina castigado con penas de seis meses a cuatro años de prisión y el endurecimiento de un tercio de las penas previstas en caso de condena de un inmigrante ilegal.
Asimismo, se facilitarán las expulsiones para los extranjeros en situación irregular y se aplicarán penas de seis meses a tres años para los propietarios que alquilen viviendas a los clandestinos.
El texto fue aprobado por 161 votos mientras que 120 senadores votaron en contra, y ocho se abstuvieron.
La nueva ley ha sido denunciada por la izquierda, asociaciones católicas, asociaciones de defensa de los derechos humanos, y ha sido igualmente criticada por las instancias europeas.
La presidenta de los senadores del Partido Demócrata (PD, centro-izquierda), Anna Finocchiaro, estimó que el endurecimiento de las penas para los clandestinos era anticonstitucional ya que vulnera el “principio de igualdad” de los ciudadanos inscrito en la Constitución.
Más represivas
La adopción de medidas más represivas contra la inmigración clandestina era una de las prioridades del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, que volvió al poder a mediados de mayo, con la victoria de la derecha en las elecciones legislativas de abril.
La duración de la estadía en los centros de retención también podría prolongarse de dos a 18 meses, según una nueva disposición de la “directiva de regreso” recientemente adoptada por la Unión Europea.
La ley también contiene medidas más severas para luchar contra la criminalidad, atendiendo a la promesa de garantizar una mayor seguridad formulada por la derecha, que explotó los delitos cometidos por los extranjeros durante su campaña electoral.
UE quiere aplicar sanciones a quienes contraten ilegales
Alemania y varios países del norte y este de la Unión Europea (UE) se opusieron a propuestas para sancionar penalmente el empleo de clandestinos e imponer inspecciones en diferentes sectores de la actividad.
“Mi respuesta es un doble 'no'“, declaró el ministro alemán de Interior, Wolfgang Schäuble, a su homólogo francés Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE, durante un debate público sobre estas cuestiones en el marco de una reunión de los 27 en Bruselas.
Suecia, Holanda, Finlandia, Polonia, Hungría y República Checa también rechazaron esas dos propuestas, mientras que Lituania manifestó “reservas”.
En cambio, los países enfrentados en forma directa a la llegada de inmigrantes ilegales (Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre y Malta) se pronunciaron a favor de la criminalización del empleo de trabajadores en situación irregular y de mayores controles en las empresas de sectores considerados como los más expuestos al trabajo en negro.
Otros países como Bélgica, Estonia, Letonia, Austria, Bulgaria y Rumania apoyaron esas medidas.
“Tenemos una amplia experiencia de trabajo en negro y la medida más disuasiva es la que toca la billetera, como el embargo del inmueble alquilado ilegalmente a clandestinos”, dijo el ministro italiano Roberto Maroni, al justificar la necesidad de sanciones penales y patrimoniales.
“El culpable es el que emplea, que explota y aprovecha la miseria de los inmigrantes ilegales”, indicó por su parte el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho.
________________________
LA PRIMERA 24 de julio de 2008
Comenzó cacería humana en Italia
(1) A pesar de todo, muchos peruanos siguen emigrando a Europa. (2) Las colonias se alistan a celebrar las fiestas, pero también saldrán a protestar. (3) Berlusconi en el ojo de la tormenta. (4) De lejos también se puede protestar.
DETALLE
Hace pocas semanas, la policía italiana arrestó a más de trescientos inmigrantes, de los cuales 53 fueron llevados de inmediato a la frontera para su expulsión, en un operativo sin precedentes. Días después, un grupo de vecinos de Nápoles incendió un campamento de gitanos rumanos. Y a una semana, vecinos de Ponticelli atacaron con cocteles molotov otro campamento de gitanos rumanos. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno insiste en la criminalización de los migrantes.
Unos cien mil peruanos en la mira. Senado italiano aprobó ley de “mano dura” a inmigrantes. Implica expulsión y decomisarles sus propiedades. Compatriotas marchan el sábado en Torino.
El sentimiento xenófobo en Europa comenzó a legalizarse mediante ofensivas leyes discriminatorias y ya es oficial en Italia, país que empezó lo que muchos ven como descarnada “cacería humana” contra los extranjeros, especialmente de países pobres como los sudamericanos. El Senado italiano aprobó una ley de “mano dura contra la inmigración” que no sólo les duplica penas sino que implica deportación así como decomiso de sus casas y demás propiedades. En este mar de rechazo no faltó la voz de la comunidad peruana, integrada por unos 100 mil compatriotas. La lucha recién comienza.
La propuesta, semanas atrás, generó reacciones de organismos que defienden a los inmigrantes. Parece que eso no le importó al Senado italiano, que igual aprobó ayer una de las leyes previstas por el gobierno conservador de Silvio Berlusconi incluidas en su política de mano férrea contra la inmigración y que recoge, entre otras medidas, facilitar la expulsión del país. La ley fue aprobada por 161 votos a favor, 120 en contra y la abstención de los 8 senadores de la Unión de Demócratas de Centro y Democristianos (UDC).
Entre las medidas que el gobierno italiano califica como “paquete de seguridad”, destaca la de considerar la inmigración ilegal como un agravante, lo que supondrá aumentar en un tercio la pena de las personas sin papeles que cometan un delito en Italia.
Además, será más fácil expulsar a los inmigrantes condenados, ya que podrán ser repatriados cuando tengan penas superiores a dos años y no diez años como en la actualidad, o a quienes no puedan demostrar sus fuentes de ingresos.
Es decir, más allá de que lógicamente se debe castigar (italiano o extranjero) a quien comete un delito, aunque sea menor, la injusticia radica en que para los extranjeros la pena será mayor. Y si con ese aditivo llega a dos años (aunque no implique carcelería) es candidato a ser deportado. Y sus bienes confiscados.
La nueva ley establece también la confiscación del apartamento para quien lo alquile a inmigrantes sin papeles, así como una pena de cárcel entre seis meses y tres años.
El gobierno incluye en este conjunto de medidas el empleo del Ejército en la seguridad ciudadana, con la movilización de tres mil soldados que patrullarán las calles, por un periodo de seis meses y prorrogables otro medio año.
Entre las nuevas medidas se encuentra además el aplazamiento durante 18 meses de los procesos por delitos cometidos antes del 2 de mayo de 2006 y que la magistratura considere menos urgente. Esta disposición fue la más criticada por el gobierno ya que podría frenar uno de los juicios por corrupción contra Berlusconi, acusado de haber pagado 580,000 euros al abogado británico y magnate de la televisión David Mills para que falsificara sus testimonios en dos procesos.
Peruanos salen a las calles
En medio de este panorama, están en riesgo unos 100,000 ciudadanos peruanos que conforman la comunidad inca en Italia. Además de sumarse a las críticas, la queja concreta es que esta ley quiere aprovechar la actitud de extranjeros que cometen delitos para empezar a sentar precedentes que permitan expulsiones y acciones represivas contra todos los extranjeros. Según informó a LA PRIMERA Marco López, peruano radicado en Italia hace muchos años y perteneciente a organismos defensores de derechos ciudadanos en dicho país, los peruanos ya empezaron a preparar las protestas en calles italianas.
Específicamente en Torino, sindicatos y diversas asociaciones de inmigrantes residentes en dicha ciudad programaron para este sábado una marcha de protesta frente a la Prefectura en Piazza Castello, a las 5 de tarde. “Ninguno está libre de esta caza a los inmigrantes, pues así como en Italia no todos son mafiosos, tampoco todos los inmigrantes somos delincuentes. Primero se apunta a los ilegales, mañana seremos todos quienes por algún pretexto suframos discriminación y abuso de manera legal para el Estado”, señaló.
La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.
Como señalamos, la inclusión de este delito es considerado un triunfo del ministro del Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas.
Aunque esta ley inicialmente afecta a ilegales y –especialmente– a las comunidades de gitanos (que suelen vivir en campamentos, en diversas ciudades, no integrándose a la comunidad itálica) todo apunta que es el inicio de más leyes que buscarán cada día mayores pretextos para empezar a desalojar del país a los no nativos. Ello, sin recordar que no sólo Italia sino todo Europa huyó del continente ante la sombra mortal de la I y II Guerra Mundial, siendo continentes como África y especialmente Sudamérica los que recibieron a miles de europeos, por lo cual Sudamérica es fusión de razas. Olvidando el pasado, denotando ser malagradecidos, Italia inició lo que millones de personas esperan no se vuelva una epidemia xenófoba…
Exigen respuesta firme de gobiernos americanos
Para el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, la aprobación del proyecto de Ley en el Senado italiano referido al endurecimiento de penas contra inmigrantes ilegales es inaceptable, porque no es posible tratar como criminales a los ciudadanos que no han podido regularizar su situación legal.
Soberón explicó a LA PRIMERA que la medida demuestra el carácter represivo del gobierno de Silvio Berlusconi y señaló que se requiere la respuesta firme del Perú y todos los gobiernos de América Latina, calificando como “ambigua” la posición mostrada hasta la fecha por nuestra nación.
“No es posible que América Latina siga negociando acuerdos de asociación comercial con la Unión Europea en estas condiciones. Los capitales europeos transitan libremente en nuestro continente y a las personas se les pone restricciones. No son delincuentes, son gente con derechos y que necesitan ser defendidos”, puntualizó Soberón, aclarando que la ley aprobada ayer en Italia es para quienes cometen delitos, pero base para otras mayores.
Similar posición expresó el ex canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros, quien pidió que el gobierno asuma con firmeza la defensa de los casi 250 mil peruanos en condición ilegal en Europa y lamentó que -en vez de ello- se haya abandonado la lucha diplomática. Como se recuerda, semanas atrás el canciller José García Belaunde se opuso a la iniciativa de Bolivia y Ecuador, respecto a no negociar acuerdos de asociación comercial.
Comentarios