miércoles, 5 de agosto de 2009

CREEN QUE EL GOBIERNO SI CONOCIA DIALOGO EN BAGUA

PERU 21 31 08 09

Creen que el Gobierno sí conocía diálogo en Bagua

Galarreta pide que comisión investigadora determine responsabilidad de ex ministros. Lombardi en contra de que el Apra “y sus aliados” presidan este grupo de trabajo.

Voceros de la oposición cuestionaron al Gobierno por dejar que el pasado 5 de junio la policía interviniera en Bagua, a pesar de que –como lo reveló ayer Perú.21– el jefe de la IV Región Policial, general Javier Uribe, y los líderes nativos sostenían conversaciones para que se levantara el bloqueo en la carretera Fernando Belaunde.

Es más, ante las afirmaciones del ex premier Yehude Simon, quien afirmó que el Gobierno desconocía de estas tratativas, Marisol Espinoza del humalismo y Luis Galarreta de Unidad Nacional indicaron que resulta “absurdo” pensar que el Ejecutivo no sabía de las gestiones del general Uribe.

“Es imposible que no tuvieran esa información. El Gobierno tiene un sistema de Inteligencia, esas conversaciones eran públicas y el avance de las mismas fue difundido por medios locales. Lo que pasa es que alguien decidió apostar por la fuerza, dejando de lado el diálogo”, señaló Espinoza.

Para la congresista, un día antes de los trágicos hechos en Bagua –que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos– el Consejo de Ministros aprobó que se desalojara a los nativos por la fuerza, a pesar de las gestiones que la iglesia, y el presidente regional de San Martín, César Villanueva, realizaban para levantar el bloqueo.

Por su parte, Luis Galarreta sostuvo que la prueba de que el Gobierno actuó con imprudencia en Bagua es que la policía llegó a la denominada Curva del Diablo sin esperar al personal de apoyo enviado por las Fuerzas Armadas.

“Desde un inicio estuvo mal elaborada la estrategia que se iba a aplicar en Bagua. Cómo podían no estar enterados de las conversaciones, y si lo estaban, como dicen, por qué no llamaron a su representante antes de actuar. Encima no esperaron los refuerzos que enviaron las Fuerzas Armadas. El propio Ántero Flores-Aráoz lo reconoció”, manifestó.

El legislador pidió que la comisión del Congreso que investigará el 'Baguazo’ determine si los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Ántero Flores son responsables por la evidente descoordinación. “Esto no es ponerse del lado de los extremistas. Lo que se necesita es saber si actuaron mal”, sentenció.

PRESIDENCIA OPOSITORA. De otro lado, el congresista Guido Lombardi (UN), nominado como integrante de la comisión que investigará el caso, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Apra “o sus aliados del fujimorismo y la Alianza Nacional” presidan este grupo, pues la conclusión de su informe sería favorable a los ex ministros implicados en este tema. En ese sentido, propuso que la oposición dirija esta investigación.

Tanto la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas como el actual titular de ese portafolio, el general PNP Octavio Salazar, evitaron dar declaraciones sobre este tema. “No voy a hablar mientras no concluyan las indagaciones”, respondió Salazar.
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PERU 21 AGOSTO 7, 2009

"Deudos de policías caídos en Bagua recibieron beneficios de acuerdo a ley"

El director general de la Policía, Miguel Hidalgo, dijo que su institución está cumpliendo con las indemnizaciones, pero que estas se realizan siguiendo el marco jurídico. Añadió que a solo seis familias se las ha negado la pensión por no ajustarse a los requisitos.

El director general de la Policía, Miguel Hidalgo, dijo hoy que su institución cumple con la entrega de beneficios a los deudos de los agentes caídos en Bagua, pero siguiendo un marco legal previamente establecido. Añadió que a solo seis familias se les negó la pensión.

Ayer, los deudos revelaron que el Ministerio del Interior se niega a aprobar el pago de sus pensiones porque, según dijeron, las resoluciones directorales que dan de baja a los policías muertos informan de su “fallecimiento en acto de servicio”, y no “en acción de armas”. El detalle está en que la primera causa de muerte no reconoce a los efectivos ningún tipo de indemnización.

“A los deudos quiero decirles que nuestra institución nunca los abandonará. Pero les pedimos que comprendan que para entregar los beneficios hay normas legales y un marco jurídico establecido. No podemos hacer mal uso de los recursos”, sostuvo Hidalgo.

Dijo que a las familias de 11 efectivos se les viene cumpliendo con la pensión. Añadió que solo a seis familias no se les está entregando los beneficios porque “no reúnen los requisitos que la ley pide para que reciban la pensión”.

El jefe de la PNP que a 12 familias se les está pagando el CTS y esto está documentado por la Dirección de Pensiones y Bienestar de su institución. “Hemos contratado a notarios para que verifiquen que no existen irregularidades en estas entregas”, agregó.

Sobre Rony Guzmán García, hermano del fenecido suboficial José García – quien aseguró que le ponen trabas para no pagarles sus derechos –, el general Hidalgo sostuvo que “se le otorga la pensión cuando se demuestra que el policía era el sostén económico del solicitante”.
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EL COMERCIO AGOSTO 7, 2009

A DOS MESES DE LA VIOLENCIA
Ponen obstáculos a investigaciones por muertes en Bagua

Procurador denuncia presiones de la población hacia las autoridades. Hoy rendirán manifestación 13 detenidos por tragedia del 5 de junio. Funcionarios del INPE temen desborde en cárcel de Chachapoyas. Deudos de los policías caídos reclaman pago de indemnizaciones

Dos meses después de los hechos de violencia que tiñeron la selva peruana de sangre, las autoridades encargadas de investigar y procesar a los responsables enfrentan dificultades para cumplir su deber.

La oposición que encuentran en algunos sectores de la población ha llevado, incluso, a que el procurador público ad hoc para casos amazónicos del Ministerio de Justicia, Oswaldo Arroyo Novoa, solicite al Primer Juzgado Penal de Utcubamba (Amazonas) transferir al distrito judicial de Lima la competencia del proceso que se sigue a los 13 detenidos por los actos de violencia del 5 de junio pasado que causaron 34 muertes.

Este pedido fue formulado por Arroyo luego de recibir el informe del gobernador de la provincia de Utcubamba, Herbert Antonio Alcántara Morales, quien señala que los magistrados que llevan el caso no cuentan con garantías para procesar a detenidos y que existen “oposiciones públicas y presiones que se pueden transformar en manifestaciones negativas de la población”, según afirma en su solicitud.

Asimismo, el director del Instituto Nacional Penitenciario Regional de San Martín, Max Flores Quispe, dio a conocer que los nativos recluidos en el penal de Huancas, en Chachapoyas, tienen muchos simpatizantes que, en caso de violencia, superarían en número a los servidores que custodian la cárcel.

En su informe, el procurador Arroyo Novoa también informa que se ha desatado una campaña en los medios de comunicación locales contra de los jueces de las provincias de Bagua y Utcubamba-Chachapoyas.

LA VOZ DE LA FISCAL
Pese a los temores formulados, la titular de la Fiscalía Provincial de Utcubamba, Olga del Carmen Bobadilla Terán, confirmó ayer que hoy comenzarán a rendir sus manifestaciones ante el Poder Judicial los 13 detenidos acusados de ser autores intelectuales y materiales de los delitos cometidos el 5 del junio pasado en Bagua.

Esta audiencia procesal se iniciará en el penal de Huancas, donde están los detenidos.

La magistrada aseguró que el proceso se realizará con todas las garantías procesales que señala la ley, en busca de la justicia y la condena de los verdaderos responsables de los violentos sucesos ocurridos en Bagua.

Ante las versiones de que los procesos deberían ser trasladados Lima por amenazas contra los magistrados, Bobadilla Terán señaló que el Ministerio Público cumplirá su función de perseguir los ilícitos cometidos con total autonomía y haciendo respetar la ley.

Los detenidos han sido denunciados por delitos contra la tranquilidad y la paz públicas en la modalidad de disturbios; contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, así como por el incendio y saqueo de locales públicos.

Solo cuatro de los detenidos enfrentan cargos por el asesinato de los policías en la estación 6 del Oleoducto Norperuano.

TRAGEDIA EN EL RECUERDO
Mientras tanto, ayer, cientos de personas se dirigieron hacia la zona conocida como la Curva del Diablo, en la carretera Fernando Belaunde, donde colocaron una cruz y decenas de flores, en recuerdo de las personas que murieron en aquel lugar.

Mientras esto sucedía, en las aguas del río Marañón personal especializado de la Policía Nacional, con ayuda de la población local, continuaba buscando los restos del mayor PNP Felipe Augusto Bazán Solís, desaparecido desde el 5 de junio.

De la tragedia ha nacido una nueva efeméride. Los regidores de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas acordaron por unanimidad que de ahora en adelante el 5 de junio sea recordado como el día de la dignidad amazonense. Al respecto, el alcalde de Chachapoyas, Tomás Peter Lerch, señaló que los hechos sangrientos ocurridos hace dos meses nunca más deben repetirse. “Todos los peruanos debemos trabajar por la paz, por el desarrollo de nuestros pueblos”, declaró.

Entre tanto, se supo que Leandro Calvo, vicepresidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Nororiente del Perú, (Orpian), realiza visitas a diferentes comunidades nativas con el fin de consultar a las bases para brindar apoyo, tanto a los indígenas que se encuentran detenidos como a aquellos que se encuentran con orden de captura.

LAS CIFRAS
20
Fusiles AKM y 25 pistolas que pertenecían a los policías asesinados el 5 de junio aún continúan en poder de desconocidos.

214,9 mlls.
De dólares perdió el país debido a los conflictos sociales del pasado mes de junio, de acuerdo con un cálculo de Perú-Cámaras.

69 millones
De dólares en pérdidas ocasionó el corte en el flujo de petróleo durante las protestas en la selva, según el Ministerio de Energía y Minas.

33
Muertos y un desaparecido fue el saldo de los enfrentamientos en la Curva del Diablo y la estación 6 del Oleoducto Norperuano.
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EL COMERCIO AGOSTO 6, 2009

Cabanillas amenaza con denunciar a los que la culpan del ‘Baguazo’

Los deudos de los efectivos caídos en Bagua exigieron que la ex ministra del Interior sea procesada junto al alto mando policial. En respuesta, ella señaló que existen documentos que la eximen de cualquier responsabilidad en este caso.

La ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas anunció que denunciará penalmente a los que insisten en acusarla de haber ordenado el operativo policial en Bagua, que a la postre trajo como consecuencia la muerte de 34 personas, entre nativos y efectivos.

“Advierto para que no se mienta y no se tome mi nombre, no estoy dispuesta a tolerarlo, y accionaré penalmente si es que hay imputaciones contra el buen nombre que la Constitución defiende y nos abre las puertas legales para defenderme de imputaciones de repente manipuladas”, señaló a Canal N.

Por la mañana, en una conferencia de prensa, los deudos de los custodios del orden abatidos durante los sucesos del 5 de junio pasado exigieron a que se procese a los responsables de la operación policial desde “el más alto nivel político”.

Flor Vásquez de Montenegro, viuda del comandante Miguel Montenegro, quien estuvo al mando del contingente que resguardaba la Estación 6, pidió a que se procese a Cabanillas Bustamante, al jefe de la Dirección Territorial de Tarapoto, general Javier Uribe; y al jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, general Luis Muruguza.

“Ella (Cabanillas) dio la orden a los generales porque no actúan solos. Ellos no se mandan solos, jamás”, refirió con indignación la viuda.

Incluso, cuestionó que se le haya otorgado a Cabannilas Bustamante una distinción antes de abandonar el cargo.

“A la ministra Cabanillas le dieron el Corazón de la Policía, para nosotros eso fue una cachetada, un insulto, ¿ Por qué le dan un premio?, por los 24 muertos, que vergonzoso”, remarcó.

Frente a ello, la lesgisladora aprista se defendió y expuso como argumento las declaraciones que dio el general Javier Uribe en el Congreso, donde la exime de cualquier responsabilidad en el ‘Baguazo’.

“Cuando se le pregunta si en algún momento la ministra ha interferido, ha dado la orden, le ha cambiado la decisión, o le ha dado una fecha perentoria para el desbloqueo en la curva del diablo, el general Uribe responde ( que tuvieron) completa autonomía para la actuación, y que profesional y técnicamente decidieron la oportunidad de intervención”, anotó.

* Los deudos de policías caídos en Bagua demandan a Mininter cumplir acuerdos
15:03 | En conferencia de prensa, viuda de mando policial pide cárcel para los responsables del operativo policial

Los deudos de los policías caídos durante los hechos violentos en Bagua, el pasado cinco de junio, demandaron al ministro del Interior, Octavio Salazar, cumplir con su promesa de otorgarles una serie de beneficios sociales y exigieron cárcel para los responsables del operativo policial.

En conferencia de prensa, familiares de las víctimas manifestaron que la cartera no cumplió con entregar las pensiones prometidas y dijeron que han abandonado la atención de los heridos.

“El ministro del Interior se comprometió a regularizar las pensiones de los deudos antes del 24 de julio, en el sentido que iba a uniformizar la motivación de las muertes”, explicó el abogado del Instituto de Defensa Legal, Antonio Salazar, a elcomercio.com.pe.

Salazar explicó que los muertos en la Curva del Diablo tienen el rango de “caídos por acción de armas”, mientras que las víctimas mortales de la Estación 6 del Oleoducto Nor Peruano presentan el rótulo de “caídos en servicio”.

En ese sentido, Salazar detalló que se busca que todas las víctimas sean llamados como “caídos por acción de armas”, opción que brinda una mejor pensión.

PIDE PRISIÓN

Por su parte, Flor Vásquez Montenegro, viuda del comandante Miguel Montenegro, quien estuvo al mando del contingente de la Estación 6, pidió cárcel para los autores de la fallida operación policial en medio de los incidentes, que cobraron la vida de 24 efectivos y diez civiles.

Vásquez de Montenegro señaló, en ese aspecto, directamente a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas; al jefe de la Dirección Territorial de Bagua, Javier Uribe; y al jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muruguza.

POLÉMICA ORDEN

“Ella (Cabanillas) dio la orden a los generales porque no actúan solos. Ellos no se mandan solos jamás”, expresó Vásquez a Canal N.

Asimismo, consideró “indignante” que Cabanillas haya recibido un reconocimiento por su labor al frente del Mininter tras los luctuosos sucesos de Bagua.

Finalmente, Ronny García, hermano del suboficial José García, indicó que existe una negativa en otorgar pensiones, puesto que algunos de los familiares ya cuentan con seguro social.
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PERU 21 JULIO 24, 2009

Para Amnistía Internacional aún se vive clima de tensión en Bagua

Un reciente informe de la mencionada organización ha denunciado “un desequilibrio en cuanto al enfoque de las investigaciones” que el Gobierno realiza pues se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la Policía.

AP/Perú21.pe. Una misión de Amnistía Internacional (AI) que investiga en Perú los hechos de violencia ocurridos en Bagua el pasado 5 de junio, denunció que las pesquisas oficiales se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la Policía.

Susan Lee, directora del programa regional para las Américas de AI, exhortó al Gobierno a emprender una investigación independiente y exhaustiva de los sucesos para aliviar el clima de tensión que aún subsiste en la amazonía. “Se ve que hay un desequilibrio en cuanto al enfoque de las investigaciones”, sostuvo.

Si bien Lee señala que sus indagaciones, iniciadas el 12 de julio, coinciden con la cifra de muertos que el Gobierno maneja así como que el único desaparecido sigue siendo el Mayor PNP Felipe Bazán, informó sobre la existencia de testimonios sobre “violaciones a los derechos humanos preocupantes” y un “excesivo uso de la fuerza por parte de la policía en contra de los manifestantes”.

“Llama la atención que mientras hay investigaciones abiertas y procesos encausados contra personas acusadas de la muerte de policías, no hay hasta ahora detenidos o implicados en cuanto a los abusos cometidos que derivaron en las muertes de los manifestantes de las comunidades indígenas o pobladores de Bagua”, dijo la activista en una entrevista con la agencia AP.

PETICIÓN. Para Lee, en Bagua aún persiste un clima de “mucha tensión, zozobra e incertidumbre”. Por ello, afirmó que el Gobierno debe promover una investigación profunda de los hechos, suspender todas las concesiones petroleras o gasíferas en la selva a la que se oponen los nativos, garantizar las reparaciones para todas las víctimas y ofrecer ayuda a los heridos que, según la Defensoría del Pueblo, fueron 200 personas, de las cuales más de 80 sufrieron heridas de bala.

“Es patente que hay un nivel de desconfianza de la población en cuanto a si estas investigaciones realmente logren establecer los hechos y determinar responsabilidades”, además, dijo, la presencia de militares en zonas urbanas de la región, pese a que ya fue suspendido el estado de emergencia, solo contribuye al nerviosismo de los indígenas.
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LA REPUBLICA JULIO 23, 2009

Masacrando el dato concreto
Por Mirko Lauer

Se ha vuelto norma en los textos más furiosos en torno de los sucesos de Bagua referirse a ellos como una masacre, sin precisar de qué se trató exactamente. Este tipo de manipulación viaja particularmente bien en aquellos textos que aparecen en la red postulándose como una denuncia, sin contexto alguno.

Quien lee que hubo fuerzas del orden enfrentadas a grupos de nativos y luego una masacre no tiene cómo imaginar que la gran mayoría de los asesinados fueron policías, no nativos. Por si acaso este dato clave se filtrase, hay textos que siguen presentando un abultado número de víctimas nativas que no corresponde a la realidad.

Todo esto es simple desinformación, una táctica de propaganda de la que hoy nadie se priva en el mundo. Como la idea de que los nativos pueden ser más asesinos que los policías va contra cierto sentido común, en este caso la palabra masacre va camino de volverse sinónimo de culpa de la policía que llegó a reprimir.

Hay otros textos en los cuales cuando se vuelve evidente que la policía llevó la peor parte se pasa a acusar de la masacre (policías y nativos) a la ineficiencia del gobierno. Con lo cual otra vez se evita ubicar también a los nativos en el papel de los que mataron, en algunos casos incluso con evidente alevosía.

Es notoria, de otra parte, la ausencia de textos que reclamen los sucesos de Bagua como una victoria de los nativos sobre el terreno, y de sus apoyadores a la distancia en el espacio político: menos bajas, revocatoria inmediata de las cuatro leyes más cuestionadas, atención preferencial por parte del gobierno.

La puesta en marcha de una comisión mixta para establecer qué sucedió exactamente y cómo ha encontrado resistencias en los dos extremos del espectro ideológico. El argumento es que no se va a llegar a la verdad, pero un malpensado podría suponer que también es porque a la hora de lanzar acusaciones la verdad no interesa, y más bien estorba.

Gabriel García Márquez (citado por Michael Reid) cuenta que como las bajas de la huelga del Magdalena contra la United Fruit en los años 20 que aparece en Cien años de soledad eran realmente pocas, se tomó la licencia literaria de elevarlas a 3,000, para que los cadáveres llenaran los vagones de la historia. La cifra luego adquirió vida propia en la realidad.

Son varios los sectores que desde el inicio han querido establecer una versión de Bagua con “vida propia”. Un mínimo respeto por los muertos de ambos lados desaconseja este camino, y quienes se declaran interesados en alguna forma de efectiva justicia por lo sucedido deberían entenderlo.
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EL COMERCIO JULIO 22, 2009

Humalistas venden videos con su versión sobre los hechos violentos en Bagua

7:38 | El contenido de los DVD da cuenta de una supuesta matanza de nativos. Material ignora la muerte de policías y responsabiliza al Gobierno

Para las huestes humalistas, el proselitismo no tiene por qué estar divorciado de la rentabilidad. Así lo demuestran algunos integrantes del llamado Partido Etnocacerista Revolucionario Unido, quienes se dedican a vender, en los alrededores del complejo de mercados de Piura, un video titulado “Masacre en Bagua”.

Las imágenes muestran la sesgada visión de esa agrupación con respecto a lo sucedido el 5 de junio en la ciudad de Bagua, durante el paro de los nativos de la Amazonía. El material fílmico, dividido en dos DVD, es vendido a S/.5. Los humalistas anuncian a voz en cuello y con el apoyo de megáfonos que se dirigen a todos los que quieran conocer “la verdad de lo que pasó en Bagua”.

La venta de este material, que incluye varias versiones propaladas por medios de comunicación y por algunas organizaciones no gubernamentales, se realiza en la calle. Quienes lo ofertan llevan ropa de uso militar, a pesar de que mediante la Resolución Suprema 226-04-DE-SG se prohibió que civiles usaran ese tipo de uniforme.

Los humalistas continúan afirmando que lo ocurrido en Bagua fue una masacre de nativos y hasta mencionan que hubo 60 muertos, cuando ya instituciones como la Defensoría del Pueblo y la misma ONU han informado que no hay pobladores indígenas desaparecidos ni indicios de fosas comunes o supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Llama la atención que se recogen despachos hechos por medios de televisión de Venezuela y Argentina sobre los hechos de Bagua. También causa extrañeza que solo se vea la acción de la policía durante la detención de los manifestantes y se ignore la muerte de 23 efectivos y la desaparición de uno de ellos durante este enfrentamiento.

Las imágenes van acompañadas por titulares en letras rojas que hacen referencia a una masacre realizada por orden del Gobierno.

En el video se aprecia una serie de logos de medios de comunicación a los que se ataca —entre ellos El Comercio— por, supuestamente, dar a conocer solo la versión del Gobierno en relación a los hechos de Bagua.

Los humalistas que venden estos DVD dijeron haber sido enviados desde Lima. Afirmaron que recorrerán varias ciudades del norte con el fin de ofrecer su material.

SEPA MÁS

En forma reservada, algunos nativos entregaron a la Iglesia varias armas que fueron robadas a los policías asesinados en la Estación 6 del Oleoducto Norperuano, el pasado 5 de junio.

Integrantes de Amnistía Internacional están en el Perú para investigar los hechos ocurridos en Bagua. Ayer se entrevistaron con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

Ayer se conoció que el relator especial de la ONU, Javier Anaya, no encontró evidencia de matanza alguna de nativos en su viaje a la ciudad de Bagua.
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EL COMERCIO JULIO 21, 2009

El Perú hace los esfuerzos para esclarecer hechos de violencia en Bagua

0:05 | En un comunicado, la Cancillería respondió al pedido de investigación hecho por el relator de la ONU.

(Andina).- El Estado Peruano realiza todos los esfuerzos que tiene a su alcance para esclarecer los sucesos en Bagua y Utcubamba, ocurridos el pasado 5 de junio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual subrayó que dichas investigaciones se realizan en el marco del estado de derecho.

A través de un comunicado, señaló que dichas investigaciones tienen como finalidad principal esclarecer las circunstancias en las que se produjeron hechos tan graves y dolorosos como la muerte de de 33 personas: 23 efectivos policiales, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua.

Si bien la Cancillería señala que el Estado peruano, a través de las instituciones competentes, no ha concluido aún las investigaciones sobre dichos eventos, indica que la opinión pública debe sentirse segura que dichas investigaciones se realizan dentro del marco del estado de derecho.

En ese sentido, remarcó que el Perú realiza todos los esfuerzos a su alcance para encontrar a cada una de las personas que participaron en los sucesos de Bagua y que no estuviera ubicada, como es el caso confirmado del mayor PNP Felipe Bazán Solís.

Anaya visitó el Perú entre el 17 y el 19 de junio de 2009 con la finalidad de verificar los sucesos de Bagua acaecidos el pasado 5 de junio.

Torre Tagle destaca que el informe de Anaya desvirtúa las principales acusaciones de las que fue objeto el Estado luego de los lamentables sucesos del 5 de junio y ratifica que en ningún momento existió genocidio, violación masiva de derechos humanos o que se hubieran perpetrado desapariciones forzadas.

Se indica que el relator afirma que “no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente”.

Finalmente, se señala que el informe del relator será enviado a las instancias públicas correspondientes a fin que sea conocido y estudiado.

“La aplicación de las recomendaciones y conclusiones se hará en función de la evolución de la situación y de los procesos que se han emprendido para consolidar la relación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana con el resto de la sociedad y asegurar la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los peruanos, en especial de dichos pueblos que se encuentran en una situación particularmente vulnerable”, precisa.

Además, señala que el Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en la temática de los pueblos indígenas.

* Relator de la ONU pidió en informe investigar muertes durante el paro en Bagua
22:45 | El documento negó existencia de fosas comunes pero criticó las acciones legales del Gobierno contra los dirigentes amazónicos

(EFE).- El Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, hizo hoy público su informe sobre los sucesos del 5 de junio en Bagua (noreste peruano), en los que murieron 34 personas en choques entre policías y nativos, y exhortó a que se investiguen los hechos con monitoreo internacional.

El informe, que consta de 50 observaciones recogidas en 15 páginas, asegura que no ha recibido pruebas que demuestren más muertos de los confirmados ni sobre la presunta existencia de fosas comunes, como aseguraban varios movimientos indígenas, pero no ahorra críticas al Gobierno.

En concreto, el relator subraya su “preocupación” por el hecho de que sigan haciéndose imputaciones penales contra algunos dirigentes indígenas “que ponen claramente en peligro el proceso de diálogo” iniciado entre el Gobierno y movimientos indígenas tras los hechos.

Para Anaya, “aún queda mucha incertidumbre sobre los acontecimientos” de Bagua, que han sido explicados por sus interlocutores oficiales con “versiones divergentes y carentes de coherencia”.

Además, critica a la Fiscalía y al ministerio del Interior por enfocar sus investigaciones “principalmente y hasta exclusivamente en los posibles delitos de los manifestantes indígenas y no en posibles irregularidades de la policía y otros actores”.

Sin embargo, Anaya escuchó numerosos relatos “en los que se describía con detalle serios abusos cometidos por la policía, incluido el uso excesivo de fuerza”.

Además, “un clima de persecución en contra de las comunidades indígenas en los días posteriores a los enfrentamientos, incluyendo allanamientos sin orden judicial”.

El Relator de la ONU visitó el Perú entre el 17 y el 19 de junio, invitado por el Gobierno, y en una rueda de prensa al término de su misión aseguró que no había habido “genocidio” de indígenas, contradiciendo así las numerosas informaciones difundidas en el exterior del Perú que dejaban al Gobierno muy malparado.

El informe entregado hoy saluda algunos de los pasos dados por las autoridades peruanas, como la derogatoria de algunos de los decretos legislativos más polémicos y que estuvieron en el origen de las protestas, o la instalación de las mesas de diálogo.

Aun así, critica el hecho de que continúe la persecución judicial de algunos de los más importantes líderes indígenas, que ha hecho que tres de los más notorios, entre ellos el máximo líder amazónico, Alberto Pizango, hayan pedido y encontrado asilo político en Nicaragua, mientras que dos más están en la clandestinidad.

La principal conclusión a la que llega el informe es que todavía deben esclarecerse los hechos “por medio de una comisión independiente, con la participación tanto de los pueblos indígenas como de actores internacionales”.

La ONU también “insta al Estado y a los organismos internacionales a buscar y consolidar un mecanismo de asistencia y monitoreo para el proceso”.

Los sucesos de Bagua y sus alrededores, que se saldaron con 24 policías y 10 civiles muertos, comenzaron como un conflicto ambiental y de derechos indígenas, y terminaron convirtiéndose en los disturbios más graves registrados en Perú en los últimos años.

* RINCÓN DEL AUTOR
Ojo con Bagua
Por: Mariella Balbi

El pensamiento citadino parece creer que el problema de Bagua acabó con las trágicas muertes y con la derogación de los decretos legislativos de la Amazonía. Nada más lejos de la realidad, el reclamo sigue latente, el resentimiento y la desconfianza de los nativos también. En la práctica los citadinos también sienten que la beligerancia no ha concluido, lo demuestra el “bajón” turístico en la región, Kuélap, Yurimaguas, incluido Tarapoto. Hay temor de viajar a la zona, pero a la vez se cree que toda la violencia vivida desapareció. Igual de contradictoria es la actitud del gobierno frente a la futura negociación con las comunidades amazónicas.

El flamante primer ministro ha anunciado que no seguirá el estilo del anterior —tiene todo el derecho obviamente—, delegando en el ministro de Agricultura el teje y maneje del largo debate que se viene. No solo se deberá elaborar nuevas disposiciones legales, también hay temas de desarrollo pendientes y la necesidad de afinar la mecánica que tendrá el proceso de consulta a los nativos. El ministro del Ambiente tiene programado un diálogo con las comunidades. No queda claro si será al alimón con su colega de Agricultura o es uno muy aparte.

Aidesep no está dispuesta a aceptar que el gobierno reconozca y converse con una dirigencia creada y digitada por los asesores del primer ministro o de algún ministro. La maniobra evidencia poca pericia, la verdad, y abre otro frente de conflicto porque de prosperar la pueril jugada de divide y reinarás Aidesep no participará. Los 34 muertos, 18 asesinados con crueldad, no han provocado la necesaria reflexión. La obligatoria mesa de diálogo empieza con bastante desorden y eso no es nada bueno, solo polariza más. El asunto es complejo. A ello se le suma el pedido de la dirigencia de Aidesep de que no se detenga a sus dirigentes, ya salieron asilados dos más a Nicaragua y otra se encuentra en la clandestinidad.

Con los apus y compañía hay que ser tajante sobre la imposibilidad de detener el curso de la justicia. Aunque esta bien podría darse el trabajo de identificar (hay videos) a los asesinos de los policías de la Estación 6 y detenerlos. El líder indígena Santiago Manuin fue ametrallado en la Curva del Diablo, al hospital le ha llegado la orden de detención, lo justo sería citarlo como testigo. Así no enervarían a la población. Los apus, el gobierno y sus críticos deben tener en claro que quienes lincharon y masacraron a los 18 policías mencionados no pueden quedar impunes. Por el bien de todos.
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PERU 21 JULIO 17, 2009

La nueva directiva de Aidesep asegura que apuesta por el diálogo

Las comunidades amazónicas eligieron como su presidente a Alexander Teets Wishu, quien descartó la realización de paros para lograr el cumplimiento de sus demandas.

Los representantes de las comunidades amazónicas miembros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), eligieron esta noche una nueva junta directiva, encabezada por Alexander Teets Wishu, quien prometió apostar por el diálogo con el Ejecutivo, y descartó recurrir a paros para impulsar sus demandas.

“Este nuevo Consejo Directivo quiere la paz y el diálogo con el Gobierno para resolver nuestros problemas. No queremos nada de paros y huelgas”, señaló Teets Wishu, quien fue elegido en la Asamblea General Extraordinaria, que contó con la participación de 35 dirigentes de las diversas comunidades nativas.

El dirigente ratificó la voluntad de su institución de sentarse en la mesa de diálogo con Ejecutivo para discutir sus demandas.

“Vamos a asumir con responsabilidad este cargo, no queremos conflictos, nosotros apostamos por el diálogo para encontrar una solución a nuestras demandas”, anotó Teets Wishu, representante de la comunidad Awajún, de la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Explicó que la nueva etapa de Aidesep, apunta a recuperar la confianza de las organizaciones indígenas, pues en la gestión anterior se generó divisionismo y violencia.

Refirió que varias comunidades se sintieron defraudadas por la anterior directiva de la Aidesep, porque trabajó a espaldas de las poblaciones amazónicas.

Además, señaló que la directiva no rindió cuentas del dinero ingresado por conceptos de fondos a esa institución. Sostuvo que su movimiento indígena respetará la situación judicial de Alberto Pizango, quien se encuentra asilado en Nicaragua.
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LA REPUBLICA JULIO 15, 2009

El 20 de julio nuevo gabinete Velásquez se reunirá con nativos

Desde la instalación de la mesa de diálogo entre las comunidades nativas de la selva y el Ejecutivo, estas demandaron que existe solo un avance del 5% en las negociaciones.

Así lo expresó el dirigente el presidente del Comité de Lucha Nacional Amazónica de los Pueblos Indígenas, Salomón Awanash.

Detalló que hasta el momento sólo se han instalado las mesas de trabajo y se han asumido acuerdos preliminares.

Así mismo, adelantó que el 20 de julio sostendrán la primera reunión con el nuevo gabinete presidido por Javier Velásquez. Sin embargo, expresó su desconfianza en la cita pues el, hasta hace poco, presidente del Congreso dilató el debate de los decretos amazónicos -lo que generó el denominado "Baguazo" del 5 de junio.

En la víspera, Velásquez Quesquén anunció que la solución de conflictos sociales no estará ya concentrada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) porque cada portafolio tendrá participación en la atención de las demandas sociales, y que cada mesa de diálogo se extenderá por no más de 60 días.

Sobre el particular, Salomón Awanash apuntó que no aceptarán que otro sector del gobierno dialogue con ellos porque ése fue el acuerdo con el ex premier Yehude Simon, legitimado a través del decreto Nº117-PCM, que crea la mesa de diálogo.

Acerca de los nombres que se vocea como posibles integrantes de la comisión de la verdad sobre el conflicto amazónico, Awanash indicó que son sólo propuestas y ningún personaje ha sido confirmado. (Información proporcionada por CNR).
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EL COMERCIO JULIO 10, 2009

Acuerdan formar una "comisión de la verdad" que investigue los hechos de violencia en Bagua

0:03 | La mesa de diálogo integrada por el Gobierno y las comunidades amazónicas propuso a la ex ministra Pilar Mazzetti y al psicoanalista Jorge Bruce.

(Andina).- El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que preside el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, acordó el jueves conformar una “comisión de la verdad” sobre los sucesos ocurridos en Bagua, la misma que tendrá sus integrantes definidos el 20 de julio.

Dicho grupo alcanzó los primeros acuerdos, tras una sesión de trabajo efectuada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La mesa de trabajo respectiva propuso como posibles integrantes a la ex ministra del Interior, Pilar Mazzetti; el psicoanalista, Jorge Bruce; los profesionales Manuel Bernales, Ricardo Cuenca y Carlos Navas, así como los religiosos María Gómez, Juan Rimacchi y Alfonso Bilar.

“Nosotros en el Estado también vamos a plantear algunos nombres y esperamos que a más tardar el 20 de julio, ya tendremos definida la conformación de esa comisión”, indicó el ministro Leyton.

Precisó que esa “comisión de la verdad” deberá establecer los mecanismos de reparación a las víctimas.

En la sesión de ayer por la tarde, los coordinadores de las cuatro mesas de trabajo presentaron sus conclusiones al Grupo Nacional. Estas son la comisión investigadora de los sucesos de Bagua; de los decretos legislativos cuestionados; de la consulta previa de los pueblos amazónicos; y desarrollo de los pueblos amazónicos.

El coordinador de la mesa de trabajo que investiga los sucesos de Bagua, Carlos Navas, dijo que cada una de las siete personalidades propuestas contaba con el consenso y unanimidad de los miembros, los cuales son delegados del gobierno, Aidesep, y las diversas comunidades amazónicas. “Son personas que tienen semblanza y calidad moral inobjetable”, señaló.

Asimismo, Leyton aseveró que el resto de comisiones de trabajo tendrán 120 días para avanzar en sus temas de su competencia. “Por ejemplo, he podido ver que en la mesa de decretos legislativos, ellos mismos (los nativos) quieren tratar los asuntos y no solo pedir la simple derogatoria”, anotó.

También dijo que en el caso de la mesa sobre “consulta previa”, los propios integrantes desean abordar los mecanismos más idóneos para facilitar esa consulta, recogiendo experiencias más destacadas y exitosas en ese proceso.

De la misma manera, el ministro señaló que el Gobierno había brindado atención médica oportuna a los heridos de los sucesos del 5 de junio en Bagua, como el dirigente Santiago Maguin, actualmente internado en un hospital de Chiclayo.

Incluso, informó que se había solicitado a las organizaciones de indígenas a brindar la relación de personas que no hayan sido atendidas debidamente.

Finalmente, Leyton aseveró que el Gobierno velará por el debido proceso judicial a los indígenas implicados en los sucesos de Bagua, donde inclusive, -anotó-que el Ministerio de Justicia les ha brindado abogados de oficio para ejercitar su defensa ante los diversos juzgados penales.

En la reunión de ayer participaron además el ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, viceministros y delegados de Aidesep y alrededor de un centenar de apus.
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PERU 21 JULIO 6, 2009

Las comunidades de la selva viven sin luz ni agua

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social señala que solo el 14% goza de energía y que únicamente el 1.3% tiene agua potable. Las localidades de Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali carecen de los servicios básicos.

Los pueblos amazónicos siguen siendo uno de los grupos más desatendidos por el Estado. Según el Plan Nacional de Población del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), el 95% de las 1,509 comunidades nativas que hay en Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali carecen de los servicios básicos para subsistir.

Al respecto, Carlos Eduardo Aramburú, profesor de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor externo en poblaciones del Mimdes, reveló a Perú.21 que solo el 14% de dichas poblaciones indígenas tienen acceso al servicio de electricidad, mientras que únicamente el 1.3% goza de agua potable y desagüe.

“Las cifras son alarmantes y es el Gobierno quien debe generar los caminos para solucionar estas carencias debido a que el 50% de los nativos que habitan en las regiones mencionadas son menores de 15 años, de los cuales, muchos no saben leer ni escribir”, dijo.

Agregó que el 87% de los habitantes de estos pueblos amazónicos dependen únicamente de la pesca, de la agricultura y la caza, “ya que el turismo solo beneficia a contadas comunidades organizadas y no a las que se encuentran más alejadas”.

PROPUESTAS. Para acabar con estos problemas, el experto propone que la Oficina de Descentralización de la PCM debería apoyar los proyectos de las comunas indígenas, crear escuelas de liderazgo juvenil, otorgar becas para formar técnicos forestales, jueces de paz, entre otros, y generar la vinculación de los nativos al mercado de consumo en base a sus productos tradicionales.
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LA REPUBLICA JUNIO 16, 2009

"Declaraciones son influencia de Vildoso"

Entrevista a Mayta Cápac Alatrista. El presidente del Indepa respondió a las acusaciones de ex ministra Vildoso, aunque declaraciones de Vílchez lo tomaron desprevenido.

Miluska Soko.

¿No cree que las declaraciones de Vílchez le han quitado piso?

A veces es muy fácil ver donde están algunos problemas, pero busquemos en todo el contexto del Estado. La Presidencia del Consejo de Ministros es la que lleva a cabo las mesas de diálogo, nosotros apoyamos, servimos de secretaría técnica, facilitando los interlocutores, en este caso las comunidades. (...) El problema que se menciona de ausencia en el diálogo nos toca porque de repente no han contextualizado totalmente los funcionamientos del Indepa.

Sobre la acusación de la ex ministra de que no entregaron la opinión solicitada sobre los DL 1090 y 1064...

Lo hemos trabajado, le hemos hecho llegar, en un documento en borrador a sus asesores… La discrepancia comenzó, es decir, nos hizo llegar al conocimiento de que quería que el Indepa se pronuncie en contra de esos decretos legislativos. ¿Cómo nos podíamos pronunciar si estábamos participando en esa mesa (de diálogo)? (…) Cuando no se ha asumido una responsabilidad o no se le ha dado la importancia a este tema, es bien fácil hablar desde afuera, una vez que ya no se está en casa.

Pero la ministra Nidia Vílchez también ha reconocido este alejamiento del conflicto...

Bueno, esa es la imagen que se ha dado a la opinión pública a raíz de las declaraciones de la ministra Vildoso (...) Toda reorganización es positiva y propositiva, porque se recogen ahí las experiencias anteriores y se limpia la parte administrativa. ¿En qué forma? Porque nos van a dar los instrumentos de gestión y un presupuesto adecuado.

Vílchez ha dicho que la falta de presupuesto no era excusa...

Es que no es un alejamiento. Yo pienso que el alejamiento lo dice en base a las declaraciones de la ministra Vildoso, y no es así...

¿Vílchez está mal informada o asesorada sobre este tema?

No, la ministra tiene uno o dos días asumiendo el cargo.
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EL COMERCIO JUNIO 15, 2009

Vílchez reconoce ausencia de Indepa en conflicto

8:49 | La ministra de Vivienda cuestiona a Vildoso por emitir críticas a el Gobierno tras su renuncia

La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, admitió que el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) no tuvo participación efectiva en el conflicto entre el Gobierno con los nativos.

“El Indepa ha estado ausente de todo en el conflicto”, señaló Vílchez a Canal N, coincidiendo con las críticas a este organismo formuladas por su antecesora, Carmen Vildoso.

Vildoso manifestó que el Indepa, ente adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), no emitió opinión sobre la protesta, pese a los reiterados requerimientos que se les hizo a los directivos.

Indepa es una entidad controlada por los militantes apristas Mayta Cápac Alatrista y Miguel de Loayza, presidente y secretario general de la institución, respectivamente.

De Loayza, incluso, fue acusado de usar las oficinas del Indepa con fines partidarios.

No obstante, a modo de defensa, Vílchez indicó que el Indepa recién cuenta con un presupuesto en el 2008, por lo que su margen de maniobra era escaso.

Asimismo, la titular del Mimdes evitó responder si habrá sanción contra los mencionados funcionarios en el marco del proceso de reorganización que se dictó en el Indepa.

A su vez, Vílchez cuestionó a Vildoso, a quien la llamaba Carmela, por emitir críticas contra el Gobierno y el presidente Alan García tras su renuncia del gabinete, por discrepancias con el tratamiento gubernamental al conflicto de la Amazonía.

“Ha sido poco cortes al criticar al Presidente (Alan García). Es un honor ser parte del Ejecutivo”, declaró.
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PERU 21 JUNIO 15, 2009

A los apristas del Indepa no les importó frenar el 'Baguazo'

Mayta Cápac Alatrista, presidente de esa entidad, no respondió cartas de la ex ministra Vildoso. El presidente García dispuso que el organismo sea reorganizado y tuviera rango de viceministerio.

Los apristas Miguel de Loayza y Mayta Cápac Alatrista, secretario y presidente del Indepa, solo aparecen para la foto. (Difusión)
La historia reciente le da la razón a los críticos del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa). Desde la creación en 2001 de su antecesora, la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Conapa), ambos organismos – que en teoría debían articular el diálogo entre el Gobierno y las comunidades nativas – solo han sido fuente de denuncias por corrupción y manejo deficiente. Y esto se hizo evidente con la reciente crisis en la selva.

La ex ministra de la Mujer Carmen Vildoso contó a Perú.21 que durante los días previos a la muerte de policías y nativos en Bagua, la directiva de este organismo – presidido por el aprista Mayta Cápac Alatrista – nunca emitió opinión sobre los decretos que motivaban la protesta en la selva. Ello, a pesar que la ex ministra pidió esta información hasta en cuatro oportunidades. La primera fue el 28 de mayo, durante una reunión entre Vildoso y la directiva del Indepa. Un día después formalizó su pedido y lo reiteró el 1 y 3 de junio, dos días antes de los sangrientos hechos en Bagua. Nunca hubo respuesta.

Pero la incapacidad del Indepa también se expresó en la actitud que asumió su directiva mientras se buscaba una solución al entrampamiento en la selva. Vildoso afirmó que Alatrista y sus funcionarios no sirvieron para “hacer de puente” entre el Gobierno y las comunidades porque adoptaron una postura “crítica y descalificadora” frente a las organizaciones amazónicas. “Eso no ayudaba. Lo que hicimos, entonces, fue nombrar asesores para ver las posiciones que asumía Indepa en cada reunión de la Mesa de Diálogo”, comentó Vildoso.

Claro que la ministra renunciante no fue la primera en hacer frente al silencio y la inacción de los apristas encargados de dicho instituto. El legislador Roger Nájar (Bloque Popular), presidente de la comisión parlamentaria de pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, recuerda que Mayta Cápac Alatrista no acudió a las dos citaciones que le formuló su grupo para conocer el trabajo que realizaba. “Siempre mandó a sus subordinados. Y ellos siempre decían que no podían hacer nada porque no contaban con presupuesto”, sostuvo.

Nájar también asegura que los funcionarios de Indepa no viajaban a las zonas de conflicto en la Amazonía a pesar de las recomendaciones de su comisión. “Les decíamos qué hacen en Lima. Pero ellos formaban parte de un organismo burocrático que no tenía ningún nexo con indígenas. Incluso le pedimos que trasladaran su sede al interior del país, porque ninguna de las comunidades, amazónicas o andinas, está en la capital. Lo cierto es que permanecían incrustados en sus oficinas del Ministerio de la Mujer”, refiere.

ALAN QUIERE UNA REFORMA. Si a los testimonios de Vildoso y Nájar se suma la denuncia que la semana pasada lanzó el programa Prensa Libre sobre el uso partidario que Miguel de Loayza, secretario ejecutivo del Indepa y presidente del Tribunal Electoral del Apra le daba a su despacho, ubicado en el Ministerio de la Mujer, la conclusión es una sola: este organismo debe ser desactivado o reestructurado.

Precisamente, uno de los primeros anuncios de la nueva ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, fue la reorganización de la institución. Según el antropólogo Juan Ossio, esta fue una decisión adoptada por el propio presidente Alan García, quien habría recomendado que al Indepa se le dé rango de viceministerio, para que recupere parte de la autonomía y el presupuesto que tuvo la Conapa en la época de Alejandro Toledo. Lo que no se sabe hasta ahora es el destino que tendrán los “compañeros’ Alatrista y De Loayza.
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EL COMERCIO JUNIO 14, 2009

Vildoso cuestiona rol asumido por Indepa en el conflicto con los nativos

8:47 | Ex ministra de la Mujer dijo desconocer denuncia que implica a jefe de entidad que ve asuntos de las minorías

La ex ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, cuestionó el papel que desempeñó el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) durante el conflicto con los nativos al sostener que solo se abocaba a la descalificación y no a las propuestas.
“Formulamos reiterados requerimientos para que en el (Indepa) presentaran su opinión sobre los decretos legislativos, cuestión a la que no respondían. Eso era un tema muy problemático”, indicó Vildoso en RPP Noticias.

La ex titular del Mimdes confió que había otros ministros, sin dar nombres, que también tenían “una percepción crítica” del Indepa, adscrita al Mimdes.
En diálogo con la emisora, Vildoso dijo desonocer la denuncia según la cual el presidente de Indepa, el militante aprista Miguel de Loayza, utilizaba las oficinas de la institución para realizar actividades partidarias.

La entidad fue declarada en reorganización por la nueva ministra de la Mujer, Nidia, Vílchez, también del Apra, apenas asumió el cargo.
El Indepa fue creado el 15 del abril del 2005 en reemplazo de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (Conapa), cuestionada por el supuesto mal uso que le daba la ex primera dama Eliane Karp.

Por otro lado, Vildoso reconoció que habían funcionarios apristas, que laboraban en el ministerio, muy pendientes en activar su militancia.
Finalmente, reiteró que su renuncia obedeció por discrepancias con el Gobierno sobre la posición tomada en torno a las protestas en la Amazonía.
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EXPRESO 07 11 08

“Derogar decretos lesivos es meta de amazónicos”
Dice que pedirán aprobación de proyectos que modifican DL 1090 y 1081.

“Sí o sí debe haber derogatoria de los decretos legislativos atentatorios contra el pueblo amazónico” aseguró enfáticamente a EXPRESO la presidenta del Frente Patriótico de Loreto, Eva Matute, al referirse a la reunión que sostendrán los dirigentes de los Frentes Amazónicos el próximo martes con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y los congresistas amazónicos en la sede del Legislativo.

En dicha cita se buscará de rogar aquellos decretos legislativos considerados lesivos para la amazonía peruana, y conseguir la aprobación de dos proyectos de ley: el 2691 y 386, que plantean una salida alternativa para los DL 1090 y 1081, respectivamente.

El primero fue propuesto por el congresista por Ucayali, Rójer Nájar y se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos; el segundo es iniciativa de la congresista Elizabeth León, el mismo que se encuentra con dictamen favorable en la Comisión de Agricultura.

Matute dijo que de aprobarse cualquiera de esos dos dispositivos legales, la huelga amazónica indefinida se postergaría hasta abril del próximo año, cuando se realice la IV Cumbre Cumbre Amazónica en Tarapoto. “Esa sería la fecha límite de tregua que le damos a este Gabinete”, precisó al resaltar el compromiso de Simon Munaro para atender sus demandas mediante la instalación de una mesa permanente de diálogo.

Reunión
Ayer se realizó una reunión en la sede de la PCM con autoridades del Alto Amazonas y el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon, en la cual éste último se comprometió, entre otras cosas, a visitar Yurimaguas el próximo 24 de noviembre, así como a convencer a la bancada oficialista de que respalde las dos iniciativas legales antes mencionadas. DIANA DE LA CRUZ NÚÑEZ
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EL COMERCIO 20 de agosto de 2008

LEGISLADORES NO ATENDIERON ARGUMENTOS DE MINISTROS
Comisión del Congreso aprueba derogar decretos sobre tierras de comunidades

Presidente del Parlamento mediará para que el pleno vea el tema mañana. Jefe del Gabinete reitera que existe manipulación política en paro amazónico

Las explicaciones de cuatro ministros no fueron suficientes para los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, que ayer aprobó un dictamen para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la decisión sobre la posesión de tierras de las comunidades de la sierra y la selva.
Fueron seis votos a favor (especialmente del Partido Nacionalista Peruano y el sorpresivo respaldo de Gabriela Pérez del Solar de Unidad Nacional), contra dos inesperadas abstenciones de los apristas José Macedo y Tomás Cenzano, y el voto en contra de la también parlamentaria oficialista Helvezia Balta.

El dictamen pasaría mañana al pleno del Congreso para su discusión, aunque el tema también es visto por otras comisiones (Constitución y Agraria lo discutieron durante la jornada de ayer).

Este fue el colofón a una cita en la que el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, acompañado por los ministros Ismael Benavides (Agricultura), Rosario Fernández (Justicia) y Antonio Brack (Ambiente) sustentaron el contenido de los decretos y explicaron los problemas generados por el paro amazónico y las medidas adoptadas frente a ello.

Del Castillo indicó que el Gobierno es respetuoso de las comunidades y negó que se pretendiera afectar sus posesiones y propiedades. Sin embargo, el tono de sus declaraciones no opacó la dureza que empleó --durante la mañana, en diálogo con CPN Radio-- para referirse al asunto.

"Hay una red de organizaciones no gubernamentales en la selva que le ha metido a la gente la idea de que le quieren arrebatar sus tierras. Los están engañando para manipularlos políticamente. Encima los llevan a acciones de violencia (...). Quieren echarse al Gobierno abajo", dijo.

En un tono más conciliador, durante la tarde, el jefe del Estado, Alan García, subrayó que los mencionados decretos legislativos servirán para que "la comunidad campesina que lo desee y lo decida, con el voto de la mayoría" pueda "asociarse o alquilar tierras y convocar tecnología y capital para desarrollar recursos".

REUNIÓN EN EL CONGRESO
En la noche, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra), se reunió con representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que sostiene que son siete los decretos legislativos --incluidos los números 1015 y 1073-- los que afectarían la propiedad colectiva de la tierra.
Al término de la cita, Velásquez Quesquén informó que le ofreció al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, consultar a la Junta de Portavoces si el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos puede tener prioridad en la agenda del pleno que se celebrará mañana.

También puso sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión multipartidaria que estudie diversas iniciativas legales planteadas por las comunidades nativas.
"Este tema no se puede seguir dilatando para mañana, tarde y nunca", acotó.
Al preguntársele por el dictamen que busca derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, comentó que se trataba de una votación democrática que se debe respetar "así no nos guste".

En tanto, Pizango destacó la voluntad de diálogo mostrada por el presidente del Congreso y señaló que consultará con sus bases las propuestas alcanzadas durante la conversación. No precisó si se levantarán las medidas de fuerza.
A las 10 a.m. de hoy la delegación del Aidesep volverá a reunirse con el presidente del Congreso.

INVOCACIÓN DE DEFENSORÍA
Horas antes de los sucesos en el Congreso, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Constitucional --a través de un pronunciamiento-- que calificara y resolviera, "con la celeridad que exigen las circunstancias", la demanda de inconstitucionalidad que ella entabló contra el Decreto Legislativo 1015, el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, cuando a Velásquez Quesquén se le inquirió sobre este punto, respondió: "El Parlamento no puede condicionar la discusión de una norma a una acción de inconstitucionalidad".

La Defensoría del Pueblo reiteró que el Decreto Legislativo 1015 colisiona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado Peruano y que tiene rango legal, por lo que es de estricto cumplimiento.

La Defensoría del Pueblo, además, invocó a las comunidades nativas y a las autoridades a reanudar el diálogo y recordó que las medidas de protesta, aun cuando justas, deben evitar la agresión y el daño a personas inocentes ajenas a los asuntos en disputa.

PARA RECORDAR
El 20 de mayo, al amparo de las facultades legislativas para implementar el tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1015.
Este decreto permite que solo se requiera el 50% de votos más uno entre los miembros de cada comunidad campesina de la sierra y selva, asistentes a una asamblea general, para gravar, arrendar o vender las tierras comunales. Antes se requería del voto a favor de dos tercios de cada comunidad.
Debido a las fuertes críticas, el Ejecutivo promulgó el 28 de junio el Decreto Legislativo 1073, que precisa que los votantes que definirán el destino de las tierras deben ser posesionarios (de predios) con más de un año en esa condición.

EL DATO
Extraño robo
El contador de Aidesep, José Luis Masías, fue asaltado ayer en el local de esta entidad por dos sujetos, quienes lo despojaron de una fuerte suma de dinero.

AL GRANO
"No hay espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad"*
¿Existe algún patrón de comportamiento del Estado que desencadene estos conflictos sociales en el país?
El Estado no está suficientemente preparado para atender la conflictividad en el país. Cuando se presenta una demanda social no hay una reacción inmediata, no hay un espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad.

¿Ha habido, entonces, problemas de comunicación?
No está instalado en el Estado ni tampoco en buena parte de la sociedad el valor del diálogo. Es mirado por encima del hombro, cuando es a través de él que se forjan los acuerdos más duraderos. Ello es un problema que contribuye a que hasta ahora no se tenga una respuesta institucional frente a los conflictos.
* Rolando Luque. Defensoría del Pueblo
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Hora de transmisión: 14:35 p.m

APRUEBAN DICTAMEN QUE DEROGA DECRETOS LEGISLATIVOS 1015 Y 1073

El Pleno del Congreso aprobó esta tarde un proyecto por el cual se deroga los decretos legislativos números 1015 y 1073 y se restituye la vigencia de dos artículos de la ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.

La norma fue sancionada al cabo de un prolongado debate que se realizó por más de tres horas y media y después de que el dictamen fuera sustentado por el congresista Róger Nájar Kokally (BP), presidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Fue aprobada por 66 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención. Se le exoneró de la segunda votación por 62 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

La sesión del Pleno fue levantada a las 2 y 30 de la tarde.

SERVICIO DE NOTICIAS
CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO
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EL COMERCIO 22 de agosto de 2008

RINCÓN DEL AUTOR
Peligrosa estrategia
Por Jaime de Althaus Guarderas

Lo increíble es que los famosos decretos legislativos 1015 y 1076 que facilitan la disposición de las tierras de las comunidades, no se aplican a las comunidades nativas de la selva en lo que a venta de sus tierras se refiere, por la sencilla razón de que la gran mayor parte del área de esas comunidades son bosques, es decir, recursos naturales, y, según el artículo 66 de la Constitución, los recursos naturales son patrimonio de la nación. Es decir, las comunidades nativas no podrían venderlos. Ellas, según la ley, reciben las tierras en uso, pero no en propiedad.
Aparentemente, entonces, quienes formularon estos decretos legislativos se olvidaron de este importante detalle. Lo curioso es que los dirigentes de las comunidades también están actuando como si ellas fuesen propietarias absolutas de sus tierras.

Es que eso y mucho más es, en realidad, lo que exigen. Existe una estrategia internacional orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no solo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos.

Es decir, a la determinación de 'territorios étnicos' que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con lo que se afectaría gravemente la soberanía nacional en un asunto vital para el desarrollo y la seguridad del país.

Esta estrategia, explicitada por el abogado español Pedro García Hierro, asesor de Aidesep, en un documento elaborado en 1992 a solicitud de la ONG IBIS-Dinamarca, recomienda, entre otras cosas, por ejemplo, precisamente la vinculación conceptual entre territorio y nacionalidad, con claras referencias a la exclusión de la acción ordenadora del Estado, así como un trabajo de concientización de las comunidades a fin de que posean capacidad de movilización, y trabajar en una consolidación interétnica que permita presentar propuestas unitarias y sin fisuras.

Es decir, un verdadero programa político, que se expresó, por ejemplo, en la formulación del "Plan de vida para el pueblo achuar" (2006), elaborado con el apoyo de varias ONG, que exige respetar los acuerdos de los congresos achuares y de otros pueblos indígenas vecinos como los huambisas, candoshis y quichuas del Pastaza, de no aceptar la entrada de empresas petroleras, madereras y mineras.

No es casualidad entonces, que en los dos últimos años se hayan tomado en varias ocasiones las instalaciones petroleras en Andoas y se hayan secuestrado a funcionarios públicos y privados e incluso dado muerte a un policía, y que se hayan desarrollado medidas de fuerza similares en otras regiones hidrocarburíferas, amenazando con inutilizar el "esqueleto energético" del país, como lo ha denominado José Chlimper.

Esos graves propósitos no están avalados ni siquiera por convenio 169 de la OIT ni por la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se establece claramente que las comunidades nativas tienen derecho a ser consultadas sobre la explotación de ese tipo de recursos, pero no tienen derecho a veto. Lo que debe quedar claro sin duda alguna.
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PERU 21 14 de agosto de 2008

Control parlamentario de los decretos, ahora
Autor: Francisco Eguiguren

La primera tarea que debe emprender inmediatamente el Congreso es realizar la revisión de los 99 decretos legislativos que dictó el Gobierno al amparo de la Ley N° 29157, para verificar si se adecuaron a los términos de la delegación. Dicha ley autorizó al Ejecutivo a legislar sobre ocho materias específicas, pero siempre que se refieran a la implementación o el aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos. El numeral 2.2 de esta norma precisa claramente la interdependencia que debe existir entre la materia y su conexión con el TLC; los decretos que no cumplan esta exigencia son inconstitucionales por razones de forma, al haber excedido las condiciones de la delegación. Corresponderá entonces derogarlos, salvo que el Congreso decida 'salvar’ algunos de ellos y convertirlos en ley.

He revisado la mayoría de decretos, y son muchísimos los que no tienen vinculación alguna con el TLC, ya sea porque se refieren a actividades o productos que no están incluidos en dicho acuerdo comercial, o porque, aunque corresponden a las materias delegadas, tienen carácter general.

El Poder Ejecutivo ha aprovechado esta delegación para dictar directamente un sinnúmero de normas que, por su contenido específico, tenían que haber pasado para aprobarse en el Congreso mediante ley, o que hubieran requerido de una delegación expresa. Tampoco se ha explicado cómo, a pesar de que la delegación se aprobó en el Congreso con el acuerdo político de que los proyectos de decretos serían sometidos a la revisión previa de una comisión parlamentaria multipartidaria antes de su publicación, esta exigencia no aparece consignada en la Ley N° 29157. Aunque dicha comisión se instaló y funcionó, su informe señala que el Ejecutivo no cumplió en someterse a esta revisión previa.

No cabe sostener que muchos de los decretos, a pesar de haberle sacado la vuelta a la ley de delegación y al Congreso, son positivos y debemos dejarlos pasar. El respeto a la Constitución y al equilibrio de poderes exige que el Congreso haga respetar sus fueros y no se deje ningunear por el Ejecutivo. Si no lo hace, seguirá cavando la fosa de su desprestigio político ante la población. No es válido que el Gobierno realice una reforma de muchos organismos públicos o del régimen regulatorio general de diversas actividades y recursos naturales, sin contar con autorización para ello, so pretexto de una interpretación tergiversada del contenido del TLC. Más que un problema de la posición que deban adoptar el oficialismo o la oposición parlamentaria, es un asunto de dignidad política y autoestima del conjunto de los congresistas.
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LA REPUBLICA 13 de agosto de 2008

Punto crítico. Ciudadanos sin Estado
Chahi Sanseviero.

El 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, hartos de esperar que el gobierno oiga sus reclamos, nativos amazónicos iniciaron una huelga indefinida con movilizaciones en las zonas de explotación de hidrocarburos en los departamentos de Cusco y Amazonas. Miles de pobladores están dispuestos a sumarse a la protesta si no se deroga el DS 1073 y otros 38 decretos anticonstitucionales que violan tratados internacionales de protección a los pueblos indígenas y amenazan con despojarles de sus tierras comunales. Para el Ejecutivo, estos miles de ciudadanos peruanos son como los indígenas no contactados. O se integran a la modernidad o desaparecen. Por eso deberán vender sus tierras para que las corporaciones ganen más dinero explotándolas. Así de simple es la ley del mercado.

El 15 de agosto se cumple un año del terremoto que asoló Pisco, Ica y otras ciudades del sur chico. La televisión recoge el testimonio dramático de los damnificados que han sido abandonados a su suerte. Más de mil millones de soles invertidos y la promesa de construir una ciudad modelo se han esfumado como el conejo del mago.

Brillan por su ausencia las nuevas escuelas, hospitales, viviendas y entre los escombros que aún esperan ser levantados según promesa presidencial, asoman algunas tímidas obras de reconstrucción que mucho hablan de la desidia de las autoridades.
Son dos ejemplos de ciudadanos abandonados a su suerte mientras sus gobernantes, ebrios por el poder del dinero, desactivan las instituciones del Estado.

¡Cómo asombrarse entonces de lo que expresan las encuestas si más del 70% de la población mira encrespada cómo una pequeña minoría disfruta de una bonanza mezquina y arbitraria! Pero el gobierno no oye el mensaje, ocupado en tender sus redes con operadores políticos sin escrúpulos como los Aranas y los gobernadores apristas, porque ellos darán cuenta del millonario presupuesto destinado al "gasto social" que les asegure las elecciones municipales y regionales del 2010.

2 comentarios:

victor javier dijo...

LA RENUNCIA DEBE SER POR LOS SOBORNOS Y COIMAS QUE COBRAN EN PRONAA; PARA LA LICITACION DE PAPILLA DEL 2009 COMPRA POR MAS DE 100`000,000.00 MILLONES DE SOLES QUE LOS GANADORES DE ESTA LICITACION SE SABIAN TRES DIAS ANTES DE LA ADJUDICACION DE BUENA PRO; ....................QUE TAL CONCIENCIA DE LOS PAISANOS ALPROSA Y DIRECTOR PRONAA HINOJOSA............DICE QUE TIENE MERITO ..............DE QUE SEÑORES

victor javier dijo...

Hablamos de ineficiencia en un puesto estatal del mimdes y del indepa , la ex ministra carmen vildoso amiga aferrima de alan garcia, tubo por etica y moral hacer valer sus principios antes que ojo antes que!! y denunciarlon ante la prensa internacional y la corte internacional de los derechos humanos, pero esa ley asesina que no fue derrogada por culpa de su ineficiencia, ella tenia conocmiento que la expropiacion de territorios no era posible sin antes negociar con los nativos, ella solo atino a seguir el puesto pólitico enconmendado por el doctor garcia que es el indepa para la solucion de pueblos de los nativos, cuando la vildoso ve que el barco de los apristas se hunde ella decide saltar y utlizar los medios de comunicaion que es una heroina por dios, la bestia de hitlerr vildoso 666 pudo denunciarlo y a si el congreso derrogue esa aberrrante ley que ahorca a los nativos violando los derechos humanos, antes que la carniceria humana genocidio se produsca. ahora peruano saque su cuenta usted? creee usted que la carmen vildoso deberia seer presidente del peru para un peru mejor sin chunchos y todos tengan ojos azules? le dejo mi email para sus contestaciones arribaperuanopensante@hotmail.com poder verla

Las plaquetas de la Nueva Maravilla

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