CAMBIARIAN LA LEY DE TRANSPORTE TURISTICO, AFIRMA MINISTRA MERCEDES ARAOZ


PERU 21 JULIO 1, 2009

Cambiarían la ley de transporte turístico

La Cámara Nacional de dicho rubro afirmó que el Reglamento Nacional de Transporte les imponía requisitos innecesarios y difíciles de cumplir.

Se vendrían otros cambios en el Reglamento Nacional de Transporte. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, informó ayer que está conversando con el titular de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, para realizar algunas modificaciones en las exigencias a las empresas de transporte turístico.

El lunes, la Cámara Nacional de Transporte Turístico afirmó que este reglamento les imponía requisitos innecesarios y difíciles de cumplir a las firmas del rubro pues les pedía, entre otras cosas, contar con un capital social de 300 UIT (un millón 65 mil soles) para constituirse. Antes, el requerimiento era de tan solo 15 UIT.

“Estoy conversando con el ministro para que estas reglas sean más acordes con la realidad del sector. El reglamento busca formalizarlo, pero se ha exagerado un poco”, comentó Aráoz.

ACUERDO COMERCIAL. La ministra también aclaró que no mintió cuando advirtió que Estados Unidos podía sancionar al Perú por la derogación de los decretos legislativos. “No lo hizo porque trabajamos para evitarlo”, refirió.
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ANDINA JUNIO 30, 2009

CANATUR CONFÍA EN QUE NUEVO REGLAMENTO DE TRANSPORTES PERMITA MEJORAR SERVICIO EN TURISMO

El presidente de la Cámara Nacional del Turismo (Canatur), Fernando Puga, manifestó que el nuevo Reglamento Nacional de Administración de Transportes (Renat), que regirá desde hoy 1 de julio, permitirá mejorar el servicio que se brinda en el sector turístico.

Sin embargo, en diálogo con la agencia Andina, subrayó que toda traba burocrática afecta a las empresas operadoras de transporte en el sector. Fue al comentar la posición de la Cámara Nacional de Transporte Turístico (CNTT), que pidió la revisión del mencionado dispositivo por considerar que impone requisitos innecesarios y difíciles de cumplir.

Cabe recordar que el vicepresidente de la Comisión Técnica de la CNTT, Víctor Chávarri, mencionó como el mayor inconveniente las 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir un millón 65 mil nuevos soles, que se requieren como capital social a las firmas que quieran operar en el país.

Por otro lado, el titular de Canatur afirmó que los conflictos sociales producidos recientemente en el país perjudicaron un mejor traslado de turistas a diferentes zonas durante el último fin semana largo.
Asimismo, previó que durante las próximas Fiestas Patrias los niveles de turismo serán similares a los registrados el año pasado, con todos los servicios turísticos copados.
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LA PRIMERA JUNIO 30, 2009

Leyes violaron TLC
Gobierno defendió decretos que iban en contra del TLC.

DETALLE
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo fue ratificado por el Perú a través de la resolución legislativa Nº 26253 en 1993. Mediante la ratificación, este es de cumplimiento obligatorio en lo referente al respeto básico de los derechos de los pueblos amazónicos. La resolución sigue vigente.

Consulta debió ser obligatoria. Los decretos legislativos 1090 y 1046, recientemente derogados, atentaron contra el acuerdo comercial con Estados Unidos. Así afirma, César Huamanchumo, quien revela que al no consultarlos, el gobierno violó la adenda ambiental del referido tratado, la cual se regía al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

- ¿Estamos hablando que el TLC pudo quedar en suspenso?
Al ser firmante, el Perú admite que debió hacerse los mecanismos de consulta. Al no cumplir con esta obligación, inmediatamente se infracciono el TLC, ya que la adenda ambiental señala claramente que el Perú se allana a la Decisión Andina 391, que señala que las comunidades indígenas se distinguen de otros sectores sociales, por estar bajo una legislación especial, la que en este caso es el Convenio 169 de la OIT.

- ¿La adenda ambiental promovida por Estados Unidos consideraba como obligatorio el cumplimiento de este convenio?
El documento señala que las partes (Estados Unidos y el Perú) reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento de las protecciones contempladas en la legislación ambiental. De esta manera, se señala claramente que no puede haber derogación unilateral por ninguna de las partes.

- Entonces el Perú violó la adenda al no cumplir el convenio 169. ¿A que penalidades pudo estar sujeto nuestro país a causa de ello?
Según la adenda, de incumplirse este compromiso, cualquiera de las partes podría presentar una queja invocando que la otra violó este cumplimiento. En este caso, algunas fuentes señalan que Mara Brown, jefa del equipo norteamericano que negoció la parte forestal, presentó a la oficina comercial de Estados Unidos una carta para que el TLC quedara en suspenso por no cumplir con la parte ambiental. Sin embargo, este no inició el proceso ante el Congreso de este país. Por ello, es descabellado que Mercedes Aráoz pretensa ahora asustar a la población diciendo que el TLC está en suspenso por la derogatoria de los decretos, cuando la cosa es al revés: Estados Unidos pudo pedir la suspensión del acuerdo por violación de tratado.
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EL COMERCIO JUNIO 30, 2009

PROBLEMÁTICA NACIONAL

Protestas noquean al turismo
CONFLICTOS AFECTAN TANTO AL PRODUCTOR AGRÍCOLA COMO A LAS GRANDES CADENAS HOTELERAS. EL EFECTO PODRÍA AHUYENTAR A LOS EXTRANJEROS

Por: Milagros Vera Colens

El turismo recibió un golpe bajo. Las paralizaciones y enfrentamientos ocurridos en las semanas anteriores nos pusieron ante los ojos del mundo de la peor manera, lo que perjudicó nuestra imagen de país seguro y expuso a los turistas a una experiencia negativa.

Consecuencia de ello, Puno perdió un millón de dólares y, según informó la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), Margot Moscoso, el bloqueo de la vía que conecta a este departamento con Arequipa impidió el ingreso de unos 300 turistas.

Además, según cifras del Cosituc (Comité de Servicios Integrados Turístico Culturales), las manifestaciones en Cusco redujeron en 35% la recaudación de ingresos turísticos en relación al año pasado. Y aunque en junio se estimaba captar S/.4 millones, hasta el momento ni siquiera se alcanzó a la mitad. El director de Prom-Perú en la macrorregión sur, Boris Gómez, explicó que es muy difícil conocer el total de las pérdidas en estos días. Sin embargo, aseguró que estas situaciones dañan a toda la cadena de turismo.

¿Tanto así? Pongámoslo en cifras. Mientras la empresa ferroviaria Perú Rail perdió US$70.000 cada día que no operó, un taxista de la Ciudad Imperial dejó de percibir los S/.30 que gana en promedio por día trabajado.

Además, se sabe que la economía de la población seguirá afectada más allá de que hayan acabado las protestas, pues en los días posteriores a los paros solo ganaría el 50% de lo proyectado.

MALA IMAGEN
Pero como no todo es dinero, el perjuicio también se reflejó en la mala calidad de la experiencia del visitante que condenará a nuestro país a perder posibles visitas en los próximos años y a retrasar las inversiones que llegarían.

Para el presidente de Canatur, Fernando Puga, estos actos de violencia resultaron contraproducentes para el esfuerzo y el alto costo que se invirtió en la construcción de una buena imagen de nuestro país.

Proyectar inseguridad y conflicto nos podría colocar dentro del mapa de destinos no aptos para el turismo. Como consecuencia, el extranjero que ponía los ojos en este destino lo pensará dos veces antes de decidirse, porque no querrá verse preso en el caos.

CRÓNICA DE MIEDO
Todo empezó con el levantamiento de los nativos en Bagua y que dio la vuelta al mundo a través de los medios de prensa.

Según los especialistas, los efectos negativos alcanzarán también a Iquitos y Madre de Dios, porque el foráneo no sabe de distancias y podría mirar a toda la Amazonía como una zona en conflicto.

Cuando todavía no se resolvía el primer conflicto, los cusqueños amenazaban con impedir el Inti Raymi, obstaculizaban el ingreso de vehículos al aeropuerto y dejaban sin tren a Machu Picchu.

Más al sur, en Puno, la paralización convocada por los campesinos obligó a cientos de turistas a caminar varios kilómetros para llegar a su destino.

Varados en esta ciudad, con todo listo para participar de la gran Fiesta del Sol pero sin alguna vía de acceso para llegar, más de 100 turistas tuvieron que ser trasladados hacia Cusco en un vuelo chárter de la aerolínea Star Perú costeado por Apotur y Apavit. “Por suerte esto no llegó más lejos, pues la cancelación de esta puesta en escena habría generado un impacto devastador para el sector”, manifestó Gómez.

Pero estos no fueron los únicos escenarios que ardieron. En La Oroya los trabajadores de la empresa Doe Run bloquearon tres puntos de la carretera central y dejaron aisladas a Tarma, Cerro de Pasco y Huancayo.

El impacto sobre estos destinos, que recién ingresan al mercado, es muy duro y de continuar ocasionaría retroceso en su desarrollo.

GRANDES RETOS
En los últimos meses del 2008, la crisis en la economía mundial advertía de una baja significativa en el sector turismo. Meses más tarde, la pandemia de la influenza AH1N1 puso en alerta a los operadores de todo el planeta.

Lo positivo es que estas trabas se convirtieron en retos para los empresarios que redireccionaron su oferta al público sudamericano y, en nuestro caso, al turismo interno.

Por ello resultan tan preocupantes las consecuencias que pueden traer los hechos de violencia de las últimas semanas.

Del Editor
Disparándonos al pie *
El primer ministro Simon y los nativos de Bagua podrán posar sonrientes para la foto, pero para el turista internacional el destino Selva Peruana simplemente ya está borrado del mapa por ser demasiado peligroso. Y si alguna familia local planeaba pasar Fiestas Patrias en La Merced o Tarma, lo pensará mucho, pues puede que la Carretera Central amanezca bloqueada.

El turismo en México perdió millones por la gripe AH1N1, pero hoy empieza a levantarse. Es urgente que encontremos una vacuna para el virus de la violencia antes de que sea tarde.

(*) Eduardo Lavado



EL COMERCIO JUNIO 15, 2009

Reforzarán la promoción turística de Amazonas tras las muertes en Bagua

20:55 | Pese a que aún llegan turistas a visitar los atractivos de la región, la imagen ha sido afectada, por lo que iniciarán una campaña de difusión

(Andina). La promoción de Amazonas como destino turístico será reforzada, a fin de recuperar la imagen de esta zona tras los hechos de violencia registrados en Bagua, que han disminuido la presencia de visitantes, informaron hoy autoridades locales

Enrique Serván Santillán, director regional de Comercio Exterior y Turismo, señaló que lo sucedido en Bagua, que dejó 24 policías y nueve nativos muertos, ha sido un “golpe fuerte” para la actividad turística en dicha ciudad.

Señaló que si bien ya no se han reportado más protestas en la zona, se espera que las diferencias entre el Ejecutivo y los nativos se solucionen de forma definitiva para disponer de iniciativas que ayuden a atraer a los turistas.

“Vamos a reforzar la difusión y promoción de los atractivos de Amazonas. Contamos ya con una página web donde se colocarán todas las festividades por celebrarse y los referentes turísticos por visitar”, manifestó en diálogo con la agencia Andina.

El funcionario refirió que salvo Bagua, zonas como Leymebamba y Kuélap sí continúan recibiendo visitantes por tierra, tanto nacionales como extranjeros, procedentes del vecino departamento de Cajamarca.

“Amazonas es un excelente escenario para el turismo de montaña y aventura. Cuando todo esto pase confiamos en recuperar la afluencia turística que teníamos”, refirió Serván Santillán.

De otro lado, comentó que continúa en marcha el plan de recuperación y protección de la catarata Gocta, considerada una de las más altas del mundo, que comprende proyectos de infraestructura, caminos y embellecimiento del lugar.
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EL COMERCIO JUNIO 14, 2009

Confianza y tolerancia deben imperar en mesa de diálogo

9:39 | Ocho especialistas coincidieron en que el tema de fondo en la problemática de las comunidades indígenas de la selva es la seguridad jurídica de las tierras

Por: Nelly Luna Amancio

Un arduo trabajo debe haber sido para el abogado Francisco Ballón recopilar las 18 mil leyes sobre la Amazonía que el Gobierno Peruano ha emitido desde la fundación de la República hasta hoy. “Este esfuerzo —dijo el especialista en temas amazónicos Roger Rumrrill, durante la Mesa Redonda realizada por El Comercio para analizar la problemática territorial, social y cultural de los pueblos indígenas— ha recogido toda la legislación existente sobre la selva, y evidencia el interés que han tenido los gobiernos sobre esta parte del territorio”.

Sin embargo, “este interés ha sido y es únicamente extractivo, antes los caucheros, y ahora la madera, el petróleo y el gas, no se desarrollan ni articulan cadenas productivas ni se toman en cuenta las decisiones de las comunidades indígenas”, señaló el biólogo Ernesto Ráez Luna, director de Ciencia y Desarrollo del Centro de Sostenibilidad Ambiental.

Durante la mesa redonda, dirigida por Martha Meier Miró Quesada, editora del suplemento El Dominical, y moderada por Juan Paredes Castro, editor central de Política, los especialistas invitados, entre ellos la defensora del Pueblo Beatriz Merino, reconocieron que leyes hay por montón, pero que muchas no se cumplen. Una de ellas, precisamente, es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La abogada Virginia Bustamante, ex asesora de Aidesep, recordó que los gobiernos regionales de la Amazonía deberían incorporar a los representantes de las organizaciones indígenas en los consejos de coordinación regional, pero que no lo hacen. “Tenemos todas las herramientas legales para fomentar la participación y no las usamos”, dijo al explicar que tal vez con una representación indígena en estos espacios los últimos sucesos de Bagua (Amazonas) jamás hubieran ocurrido. Sobre esta retahíla legislativa el economista Carlos Adrianzén sintetizó: “El Perú es un Estado de papel”.

MODELO DE DESARROLLO
Dos tercios del Perú es Amazonía; sin embargo, los últimos conflictos ponen de manifiesto que autoridades y ciudadanos de las zonas urbanas tienen una imagen distorsionada de esta región.

La defensora del Pueblo sostuvo: “Estamos frente a uno de los retos más importantes e interesantes como país: ¿Cómo hacemos que el desarrollo sea inclusivo? ¿Cómo superamos la desconfianza en estos pueblos históricamente olvidados?”. Merino enfatizó que lo que se busca ahora es “reconstruir el escenario de una relación quebrada”.

Para evitar las distorsiones en el nuevo proceso de diálogo que parece nuevamente abrirse, la defensora recomendó a las partes no imponer vetos mutuos a los interlocutores. Lo dijo a propósito de la resolución suprema del Ejecutivo, en la que se decidía no convocar a Aidesep como representante de las comunidades indígenas (después de esta Mesa Redonda, el primer ministro aclaró que dicha organización sí participará en las conversaciones). El documento señala que la nueva comisión estará integrada por 10 apus (líderes indígenas), aunque no establece quiénes o de dónde son, ni cómo los elegirán. “Son 1.500 comunidades en todo el país, ¿cómo elegirán a los representantes?”, se preguntó la abogada Adda Chueca, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap).

Sobre este mismo tema, la antropóloga Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común, solicitó al Gobierno respetar la institucionalidad de las comunidades, la cual ha costado más de 30 años organizar. “No pueden “saltarse” la dirigencia nacional; es como si ignoraran a la CGTP y se llamara a los otros sindicatos miembros”, precisó.

Los invitados insistieron también en la trascendencia de esta comisión. “Esta mesa de diálogo debe fijarse metas más allá del corto plazo. Debe trascender los hechos de Bagua, porque de lo contrario los problemas persistirán. Y para ello tiene que haber mucha disponibilidad al diálogo y se debe superar la desconfianza arraigada”, insistió Ráez.

El biólogo indicó que solo así podrá generarse un desarrollo más equitativo, sobre todo cuando “la Amazonía peruana pone al Perú en los ojos del mundo, por su alto valor estratégico”.

En ese mismo sentido, Rumrrill apuntó: “No es posible un modelo de desarrollo sostenible en la Amazonía sin los indígenas”.

EL CONVENIO 169
La consulta previa que demanda el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OIT), respecto a la toma de decisiones sobre las tierras de los pueblos indígenas, fue otro de los puntos discutidos durante la mesa redonda. Salvo el economista Carlos Adrianzén (que señaló que “le estaban dando un peso a la ley que no tenía”), los panelistas coincidieron en señalar que los decretos que los indígenas rechazan violaron el referido convenio.

Adrianzén recalcó: “Hay muchas responsabilidades sobre el papel, pero que no se pueden cumplir porque cuesta. Por eso se deben priorizar los temas”. La postura del economista fue la siguiente: “Si todos somos ciudadanos, ¿por qué a unos hay que consultarles determinadas leyes y a otros no? ¿Acaso no todos somos iguales?”.

Según Ráez, no se debe confundir el derecho a la participación con el derecho a la consulta. “No estamos hablando de igualdad de derechos sino de igualdad de oportunidades. El convenio garantiza, precisamente, que estas comunidades tengan la oportunidad de decidir el destino de sus tierras”, explicó.

Por su parte, la defensora del Pueblo precisó que si bien el convenio promueve una mayor participación, la última palabra siempre la tienen los representantes del Gobierno.

SEGURIDAD DE LAS TIERRAS
El problema de fondo —según Margarita Benavides— es la falta de seguridad jurídica sobre la propiedad de las tierras. “La herencia cultural de estos pueblos está vinculada a esta. Son 7 millones de hectáreas las que faltan sanear y el Decreto 1089 otorga esa facultad al Cofopri, cuando esta dependencia no cuenta con especialistas en esos temas”, lamentó. También detalló que hay solicitudes de reserva territorial que esperan su aprobación desde mediados de los años 90.

La defensora recordó: “Nosotros ya hemos dicho que se debe evitar la superposición de lotes petroleros con las reservas comunales y otras áreas naturales protegidas”. Al final de la mesa, los invitados solicitaron al Ejecutivo dejar el “tono confrontacional y los gestos de intolerancia”.

Congreso no cumplió sus compromisos
El 22 de abril de este año —44 días antes de las trágicas muertes de Bagua— el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, envió un oficio al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, en el que se comprometía a “coordinar con la presidencia de la Comisión de Constitución, a efectos de que sus asesores elaboren un informe sobre la implicancia del proyecto de ley 3185 (que regula el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa)”.

En el mismo documento, Velásquez Quesquén señalaba que el 28 de abril iba a convocar a Junta de Portavoces para poner en consideración el proyecto de ley 3185 y para que la respectiva comisión emitiera su dictamen.

Sin embargo, este proyecto no se discutió nunca en el Parlamento.

* Vildoso cuestiona rol asumido por Indepa en el conflicto con los nativos

8:47 | Ex ministra de la Mujer dijo desconocer denuncia que implica a jefe de entidad que ve asuntos de las minorías

La ex ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, cuestionó el papel que desempeñó el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) durante el conflicto con los nativos al sostener que solo se abocaba a la descalificación y no a las propuestas.

“Formulamos reiterados requerimientos para que en el (Indepa) presentaran su opinión sobre los decretos legislativos, cuestión a la que no respondían. Eso era un tema muy problemático”, indicó Vildoso en RPP Noticias.

La ex titular del Mimdes confió que había otros ministros, sin dar nombres, que también tenían “una percepción crítica” del Indepa, adscrita al Mimdes.

En diálogo con la emisora, Vildoso dijo desonocer la denuncia según la cual el presidente de Indepa, el militante aprista Miguel de Loayza, utilizaba las oficinas de la institución para realizar actividades partidarias.

La entidad fue declarada en reorganización por la nueva ministra de la Mujer, Nidia, Vílchez, también del Apra, apenas asumió el cargo.

El Indepa fue creado el 15 del abril del 2005 en reemplazo de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (Conapa), cuestionada por el supuesto mal uso que le daba la ex primera dama Eliane Karp.

Por otro lado, Vildoso reconoció que habían funcionarios apristas, que laboraban en el ministerio, muy pendientes en activar su militancia.

Finalmente, reiteró que su renuncia obedeció por discrepancias con el Gobierno sobre la posición tomada en torno a las protestas en la Amazonía.
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LA REPUBLICA JUNIO 13, 2009

Fiscal denuncia a Pizango y a cuatro líderes de Aidesep por apología de sedición y motín

Les atribuye haber incitado acciones de violencia que terminaron en la muerte de 24 policías. Representante del Ministerio Público los acusa de aleccionar alzamiento armado de indígenas en Bagua el 5 de junio.

Doris Aguirre.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango Chota, y otros cuatro dirigentes de la misma organización han sido acusados por la fiscal Silvia Sack Ramos de haber cometido el delito contra la tranquilidad pública en agravio del Estado, en la modalidad de apología de la sedición y motín.

Los denunciados podrían ser condenados a hasta seis años de prisión. De acuerdo con la titular de la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Pizango y sus compañeros aleccionaron a los indígenas que protestaban contra las “leyes de la selva” a que continuaran con las acciones de fuerza, situación que derivó en el asesinato de 24 policías en Bagua.

La fiscal Silvia Sack fundamenta la acusación contra Pizango, Marcial Mudarra Taki, Saúl Puerta Peña, Servando Puerta Peña, Daniel Marzano Campos y Teresita Antazu López, en que el pasado 15 de mayo dirigieron una conferencia de prensa desde el local de Aidesep en la que “emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano”.

En la misma reunión, Pizango, según la fiscal, “incitó directamente a las comunidades a cometer actos delictivos (...) y llegó a elogiar incluso los actos despleglados por miembros de las comunidades indígenas respecto a la toma de carreteras y la interrupción de las vías de comunicación”.

Protesta sangrienta

La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata Fasabi, quien reemplaza a Alberto Pizango, rechazó la acusación de la fiscal Silvia Sack y atribuyó la denuncia del Ministerio Público como una nueva maniobra del gobierno de Alan García para silenciar la protesta de las comunidades indígenas amazónicas contra las “leyes de la selva”. “Detrás de nosotros, hay más dirigentes”, respondió Zapata. Para la fiscal Sack, la prueba indubitable de la comisión del delito que le atribuye a Pizango y sus coacusados es el mensaje que propalaron en la conferencia de prensa. “Los denunciados ensalzaron las actividades al margen de la ley (de los indígenas) y de esa manera incitaron subliminalmente a tomar acciones violentas para que sus reclamos sean oídos y aceptados”, argumenta la fiscal: “Luego este llamado a la violencia se materializa cuando se refiere que se ha llegado a un acuerdo para que los pueblos indígenas se declaren en insurgencia”.

La acusación de la fiscal Sack reviste gravedad cuando señala que como resultado de la apología a la sedición y el motín, se registraron acciones violentas en la Curva del Diablo y la Estación de Bombeo Nº 6, en Bagua, con un saldo de 24 policías muertos y un número indeterminado de indígenas fallecidos.

NO NOS MOVERÁN

“Se ha verificado que esta apología ha desencadenado hechos violentos como los suscitados el día cinco de junio, siendo que las comunidades campesinas y nativas se han alzado en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones”, fundamentó la fiscal Silvia Sack Ramos.

La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, señaló que la denuncia fiscal tiene como finalidad descabezar el movimiento de lucha contra las “leyes de la selva”, enviando a prisión a los dirigentes.

“Es una venganza del gobierno”, manifestó Zapata: “Los fiscales y jueces simplemente cumplen órdenes contra nuestros hermanos. Si Alan García cree que enviando a la cárcel a los dirigentes se acabará la protesta, se equivoca. Habrá otros líderes que continuarán con la lucha”.

La fiscal Silvia Sack, en un intento por sustentar su acusación, precisa que “el levantamiento no necesariamente tiene que darse con armas de fuego sino también con elementos punzocortantes, palos, etc.”.

Datos

CON TODO. La fiscal solicitó al Poder Judicial que se les trabe embargo a todos los dirigentes de Aidesep, para el pago futuro de la reparación civil.

PRECISIÓN. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmó que Alberto Pizango no está procesado por los hechos del cinco de junio, y que la orden de detención preliminar es por llamar a la sedición el 15 de mayo. Añadió que es factible que el Perú pida a Nicaragua la extradición de Pizango si este resulta procesado.

El destino de los detenidos

El Poder Judicial resolverá en las próximas horas la situación legal de 44 ciudadanos detenidos a raíz de los sucesos de violencia registrados en Bagua el 5 de junio último.

Fuentes judiciales explicaron que el juez penal de Bagua, Nolberto Cabrera Barrantes, debe resolver la situación de nueve personas al vencer el plazo legal de su detención preliminar. Estos son investigados por los hechos ocurridos en el sector denominado Estación 6.

El juez Cabrera solo espera la denuncia del Ministerio Público a fin de definir la situación de los detenidos. Por otro lado, el juez de Utcubamba, Francisco Miranda Caramuti, definirá la situación legal de otros 35 ciudadanos, detenidos en el cuartel El Milagro, de Bagua, y que fueron intervenidos durante los hechos de violencia en el sector conocido como la Curva del Diablo.

Al menos 61 personas están desaparecidas, informa Aprodeh

"Estas personas no están en los listados de heridos y refugiados levantados por la Defensoría del Pueblo", señaló el abogado Juan José Quispe, que tampoco descartó que se encuentren escondidos.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) adelantó que 61 personas continúan desaparecidas según un listado preliminar que la organización ha levantado en la zona del conflicto desde el día 6 de junio, un día después del desalojo de la Curva del Diablo.

"Es una lista de nombres que tenemos de un cruce inicial que se ha hecho", explicó el abogado Juan José Quispe, de Aprodeh, quien se desplazó a Bagua para levantar datos sobre fallecimientos y violaciones de Derechos Humanos.

"Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran".

El listado levantado por la ONG incluye los nombres de 61 personas, según informó Quispe. Aunque no descartó que puedan encontrarse escondidas por temor a las fuerzas del orden, quiso llamar la atención "sobre la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares".

Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.

Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad. Se comprobaron maltratos hacia algunos detenidos.
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EXPRESO JUNIO 13, 2009

“Genocidio lo cometieron azuzadores de matanza”

Extremistas nos quieren entregar a modelos extranjeros, señala.
El Presidente Alan García asevera que el genocidio los cometieron quienes azuzaron a los nativos para matar a los policías.

“El saldo de las muertes demuestra que lo que aquí ha habido es un asesinato preparado contra los policías. Lo que ha habido es un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a modelos extranjeros”, dijo.
Durante una visita de inspección a las obras del Muelle Sur en el puerto del Callao, el Mandatario aseguró que el alto mando de la Policía, que elaboró el operativo de desbloqueo, creía que se confrontaría con un grupo de apus y nativos, “pero no que había gente armada”.

Refirió que la Policía actuó de forma democrática y dándole prioridad al diálogo, al punto que durante el operativo de desbloqueo de la carretera en Bagua sólo se protegía con sus escudos y bastones.
“Quién podría esperar que hubiera asesinos, que hubiera gente política armada, que provocó 24 policías muertos. Es realmente un crimen inaceptable, por el cual todos debemos protestar”, consideró.
Por ello, formuló una invitación “a todos los peruanos que piensen diferente” a que hagan valer sus diferencias con inteligencia, con razonamiento y con argumentos para convencer a la ciudadanía.

Orden
En otro momento el jefe de Estado afirmó que la decisión del Congreso, de suspender por 120 días a siete legisladores de la bancada nacionalista, es un paso fundamental para ganarse el respeto del pueblo.
Indicó que uno de los problemas de nuestro sistema político se puede observar en el poco respeto al Parlamento, que la población considera como un lugar de escándalo, desorden e indisciplina.
“Se ha dado un paso fundamental para ganar el respeto del pueblo por el Parlamento; en adelante, el que gesticule o haga este tipo de demostraciones que conviertan al Parlamento en una 'chichería', en un lugar de escándalo, será sometido a sanciones”, aseveró.

Ministra respalda suspensión de legisladores
La ministra del Justicia, Rosario Fernández, respaldó la suspensión de siete congresistas nacionalistas al considerar que en el Parlamento, que precisamente se caracteriza por el diálogo, no se puede recurrir a la toma de sus instalaciones.
“Yo no comprendo que un trabajo que se caracteriza precisamente por expresar los pensamiento, y para eso tiene un escaño que gana en las votaciones, tengan que recurrir a esos mecanismos cuando las expresiones están absolutamente garantizadas”, sostuvo.
Calificó como “lamentable” los hechos ocurridos en el Congreso, y opinó que se han aplicado las sanciones y procedimeintos correctos al sancionar a los parlamentarios.
De otro lado, informó que actualmente existen 52 personas civiles detenidas por los enfrentamientos entre nativos y policías en Bagua, y descartó que ellos no hayan recibido la asesoría legal correspondiente.
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EL COMERCIO JUNIO 12, 2009

El Ejecutivo aclara que Aidesep sí puede participar del diálogo con indígenas

21:46 | La noticia llega un día después de que Yehude Simon dijera que la entidad que preside Alberto Pizango “pateó el tablero” del diálogo antes de los hechos de Bagua

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aclaró el viernes que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) sí puede participar del diálogo entre el Gobierno Nacional y los pueblos amazónicos, que se iniciará en los próximos días.

“La PCM afirma que la Aidesep puede participar del diálogo del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se encargará de elaborar un plan integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos en educación, salud, titulación, formalización de tierras y otras medidas necesarias”, indicó en una nota de prensa.

Ayer, jueves, el primer ministro, Yehude Simon, había dicho que la comisión de diálogo prevista para estudiar las demandas de las comunidades amazónicas en Perú excluirá a la mencionada organización indígena de las conversaciones, en las que solo estarán presentes líderes locales o “apus”.

Simon explicó que la Aidesep, presidida por Alberto Pizango , “pateó el tablero” de las negociaciones con el Gobierno un día antes de los violentos sucesos del viernes pasado en Bagua , a pesar de haberse comprometido en el diálogo.

“Se ha nombrado una comisión de trabajo donde están los presidentes regionales, el Gobierno central, los apus de los diferentes grupos amazónicos y, junto a ellos, la Defensoría del Pueblo, y las iglesias Católica y evangélica”, declaró Simon.

El diálogo entre el Ejecutivo y los nativos se iniciará con la finalidad de encontrar una solución a las demandas de las comunidades nativas amazónicas, a través del consenso.

De esa forma, se espera descartar cualquier posibilidad de violencia en este tema.
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De: Jose Patiño Vera
Enviado el: viernes, 12 de junio de 2009 15:08
Asunto: Nuevo espacio de diálogo para solucionar conflicto en la Amazonía

Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicas inició su trabajo

MINISTROS Y PRESIDENTES REGIONALES IMPULSAN NUEVO ESPACIO DE DIÁLOGO PARA SOLUCIONAR CONFLICTO EN LA AMAZONÍA

 Grupo Nacional abordará con nativos amazónicos formalización de tierras, titulación, salud y educación como asuntos prioritarios.
 Cada gobierno regional se compromete a incorporar al Grupo Nacional a los representantes de las comunidades nativas amazónicas.

(Lima, 12 de junio del 2009).- Tres ministros de Estado y 5 presidentes de gobiernos regionales de la Amazonía tuvieron hoy la primera reunión de trabajo como paso previo a la constitución del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que formulará un Plan de Desarrollo de Desarrollo Sostenible para la Amazonía.

A la reunión de trabajo asistieron los ministros de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz; de Medio Ambiente, Antonio Brack; y de Justicia, Rosario Fernández; así como los presidentes de los gobiernos regionales de Amazonas, Oscar Altamirano; de Loreto, Iván Vásquez; de Madre de Dios, Santos Kaway; de San Martín, César Villanueva; y de Ucayali su vicepresidente, Ludgardo Gutiérrez. También participó el Director Forestal y Fauna Silvestre del MINAG, Ing. Gustavo Suárez de Freitas.

El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos fue creado ayer por RS No. 117-2009-PCM, que además de los representantes del Poder Ejecutivo y de los presidentes regionales amazónicos, estará integrado por representantes de las comunidades nativas amazónicas, quienes tendrán como objetivo formular un vasto plan de desarrollo de los pueblos amazónicos, que dará prioridad a los temas de formalización de tierras, titulación, educación, salud y demás medidas necesarias.

En la sesión inicial, los presidentes regionales se comprometieron a reunirse desde este fin de semana con las comunidades nativas amazónicas de cada uno de sus departamentos, para que acrediten a sus representantes ante el Grupo de Trabajo.

Asimismo, acordaron una segunda reunión la próxima semana a fin de empezar a diseñar el plan integral de desarrollo, que brinde atención debida y oportuna a los pueblos y comunidades selváticas más alejadas del territorio nacional.

“Esta ha sido una primera reunión de trabajo del Plan de Desarrollo Amazónico y fue muy positiva porque hay una gran receptividad y apertura para poder incorporar a los representantes de las poblaciones y comunidades nativas a fin discutir los más temas importantes”, señaló Carlos Leyton.

Dijo que se trata de un trabajo incluyente y con espíritu democrático con participación de todos, y “esperamos que las comunidades amazónicas reaccionen positivamente porque lo que queremos es fomentar el desarrollo y el progreso de los habitantes de la selva”.

Leyton aseveró que tras la primera reunión de trabajo, se tiene un plazo de 15 días para instalar el Grupo de Trabajo y otros quince días para comenzar a trabajar.

Por su parte, el presidente de la Región San Martín y coordinador de los presidentes regionales, César Villanueva, sostuvo que las coordinaciones también involucrarán a las “Apus” y líderes de comunidades nativas, a través de reuniones periódicas para recoger sus pedidos y necesidades.

“Se va hacer un trabajo de consulta amplia en toda la Amazonía para poder recoger los aportes y opiniones de las comunidades de nuestras regiones, y asimismo poderles informar de los avances del Grupo de trabajo, que trabajará codo a codo con el Ejecutivo”, indicó.

Finalmente, Villanueva hizo una nueva invocación a las comunidades nativas a sumarse a este proceso de diálogo permanente y abierto con sus autoridades regionales para atender los problemas de sus pueblos, y sentar las bases de un desarrollo sostenible y duradero.

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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PERU 21 JUNIO 12, 2009

Los nativos reabrieron hoy la vía Tarapoto-Yurimaguas

Entre las 07:30 y 09:30 horas se permitió el paso de unidades de carga y pasajeros hacia Tarapoto. Luego, entre las 16:00 y 18:00 horas, se desbloqueará el pase en el carril contrario, indicó la Policía.

Pese a que acordaron con las autoridades locales que del desbloqueo de la vía Yurimaguas-Tarapoto sería solo los lunes, los nativos que bloquean esta carretera reabrieron hoy el pase de vehículos por dicha zona.

Según la comisaría de Yurimaguas, el tránsito de unidades de carga y pasajeros se reanudó cerca de las 07:30 horas y duraría hasta las 09:30, en el carril con sentido de Yurimaguas a Tarapoto. Entre las 16:00 y 18:00 horas, ocurrirá lo mismo en el carril contrario.

La encargada de la alcaldía provincial de Alto Amazonas, Juanita Tuesta, manifestó a la agencia Andina que en la víspera los indígenas amazónicos expresaron su compromiso de levantar su medida de fuerza los lunes y viernes.

Comentó que hay mal tiempo en la zona por la presencia de lluvias, que afectan los campamentos que levantaron los manifestantes a los lados y en medio de la pista.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, estimó hoy que esta autopista amazónica estaría despejada a más tardar este domingo. referida autopista sería liberada a más tardar este domingo

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, estimó que a más tardar este domingo 14 estarían desbloquedas las vías de la amazonía, en especial la carretera a Yurimaguas, único punto que permanece interrumpido por parte de nativos.

“Hasta ayer, el único punto (con bloqueo de carreteras) era Yurimaguas (...) Habrá un esfuerzo en estos días, de manera que a más tardar el día domingo podría superarse ese problema”, declaró en CPN Radio.

Sostuvo que los indígenas movilizados contra un grupo de decretos que consideran lesivos a sus intereses, establecieron contacto con los presidentes regionales de San Martín y Loreto -César Villanueva e Iván Vásquez,respectivamente- con el fin de dialogar para solucionar sus demandas.
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GATOENCERRADO JUNIO 11, 2009

Gobierno no quiere saber nada con Aidesep por ''engañosa y puñalera''

La comisión de diálogo prevista para estudiar las demandas de las comunidades amazónicas en Perú excluirá a la mayor organización indígena de las conversaciones, en las solo estarán presentes líderes locales o "apus", dijo el premier Yehude Simon.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Simon explicó que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) "pateó el tablero" de las negociaciones con el Gobierno un día antes de los violentos sucesos del viernes pasado, a pesar de haberse comprometido en el diálogo.

Además, recordó que la Aidesep no reconocía a otros grupos representativos nativos, quienes tampoco le daban crédito, y que el Ejecutivo tuvo que rehacer las denominadas leyes de la selva a su pedido.

Ante esa situación y con el presidente de la Aidesep, Alberto Pizango, asilado desde el martes en la embajada de Nicaragua, tras los enfrentamientos que dejaron 33 muertos en la ciudad de Bagua, Simon anunció que se convocará a los "verdaderos apus".

"Se ha nombrado una comisión de trabajo donde están los presidentes regionales, el Gobierno central, los apus de los diferentes grupos amazónicos y, junto a ellos, la Defensoría del Pueblo, y las iglesias católica y evangélica para buscar una salida definitiva al problema de la amazonía", declaró Simon.

El jefe del gabinete dijo que los mismos nativos van a nombrar a sus "apus" y que estos nombres serán recogidos por los presidentes regionales para incluirlos en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, anunció que la próxima semana recibirá en su oficina en Lima a algunos de los líderes locales que han manifestado su interés en participar, después de haberse reunido igualmente con los presidentes de cinco regiones de la selva.
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EL COMERCIO JUNIO 11, 2009

Simon: Asilo de Pizango en la embajada de Nicaragua no debe afectar relaciones

21:00 | Para el presidente del Consejo de Ministros, el Gobierno del presidente Daniel Ortega asumirá las consecuencias ante la historia

(Andina).- El asilo del dirigente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, en la embajada nicaragüense en Lima, no debe afectar las relaciones entre Nicaragua y el Perú, consideró el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.

“Creo que no debe afectar; tratamos por todos los medios de mantener las cosas en calma; cada Gobierno es responsable de lo que hace y el derecho al exilio o al asilo político se respeta”, dijo en diálogo telefónico con la cadena internacional de noticias CNN en español.

“Supongo que la gente del Gobierno de Nicaragua asumirá las consecuencias finales ante la historia por esto”, dijo.

Indicó que lo más importante para Perú en este momento es recuperar la paz social y hoy día el Congreso de la República ha dejado en suspenso los decretos legislativos que las comunidades amazónicas solicitaban derogar, y de esta manera empezar toda una campaña de dialogo e información para que no se confunda a la población del país.

Asimismo, Simon señaló que no ha tenido contacto personal con el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, pero sí recibió una carta de su embajada en Lima que le solicitaba las facilidades para que Alberto Pizango pudiera salir de Perú.

Por otra parte, expresó su extrañeza por la manera como algunos organismos internacionales y alguna prensa extranjera, sin conocer la realidad, han hecho campaña hablando de genocidio de nativos.

“Lo cual hubiera sido muy grave, a Dios gracias no ha habido genocidio con nadie, lo que ha habido es un asesinato de policías y, producto del enfrentamiento, lamentablemente, también varios nativos muertos”, señaló.

“Ha habido aprovechamiento político de grupos antisistema que utilizando algo que la población ama que son los nativos y la paz, los confundieron”, agregó.

INDAGACIÓN PENAL

Fiscalía pide interrogar a Pizango
Se consultará a Nicaragua antes de dar el salvoconducto

El ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Alberto Pizango permanece en la sede diplomática de Nicaragua en Lima a la espera del salvoconducto que le permitirá asilarse en ese país.

Ese documento debe otorgarlo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, antes de que eso suceda, el Ministerio Público quiere interrogar a Pizango, debido a que este ha sido sindicado como el principal responsable de los actos de violencia en Amazonía.

Ante tal pedido, la cancillería ha decidido consultarle a la Embajada de Nicaragua en Lima si el Ministerio Público puede interrogar a Pizango antes de que este obtenga el salvoconducto. Como se sabe existen convenios internacionales que obligan al Perú a dar ese documento.
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PERU 21 11 06 09

Nativos no despejan vía en Yurimaguas

Líder nativo dice que decenas de indígenas llegarían a la zona ante un eventual desalojo. Rechaza suspensión de decretos legislativos y afirma que solo se irán cuando los deroguen.

Bajo un inclemente sol que caía como un hachazo, unos cuatro mil nativos continuaban ayer apostados bajo precarias carpas instaladas en medio de la carretera que une Yurimaguas con Tarapoto. Ellos volvieron a bloquear dicha vía luego de que el último martes la abrieran por unas horas para permitir el paso de las decenas de vehículos varados desde hace más de 20 días.

Segundo Pizango, dirigente amazónico de Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas (Loreto), manifestó que un contingente de indígenas de todas las etnias estaría llegando en las próximas horas a la zona para reforzar los piquetes en la carretera ante un eventual desalojo por parte de la Policía. De acuerdo con el líder nativo, los indígenas no aceptarán la suspensión temporal del Decreto Legislativo 1090 acordada ayer en el Pleno del Congreso. “Solo abandonaremos la vía cuando el decreto sea derogado por completo”, enfatizó.

Pizango sostuvo, de otro lado, que ni los transportistas ni las autoridades respetaron el pacto para que el último martes solo pasaran camiones hacia Yurimaguas. “Cuando despejamos la vía comenzaron a circular, a la fuerza, camionetas, buses y todo tipo de vehículos. Por eso es que solo abriremos la carretera los lunes por cortos periodos, hasta que se solucionen nuestras demandas”, indicó.

En tanto, en el río Huallaga se informó sobre nuevas barcazas de Petroperú que quedaron varadas con combustible destinado a la refinería de Yurimaguas. Dichas naves no tienen dónde desembarcar porque los puertos fluviales siguen cerrados por los grupos indígenas.

APOYAN PARO. Por otro lado, el Frente de Defensa de Alto Amazonas anunció ayer su respaldo al paro amazónico convocado para hoy, con el fin de apoyar el pedido de los nativos para que todos los decretos que los afectan sean derogados. En ese sentido, las bases acordaron posicionarse en los puntos estratégicos de la ciudad de Yurimaguas y no descartaron la toma de otras vías y de locales del Estado.

Diversos gremios sindicales de Loreto, Cajamarca, Junín, Ucayali, Puno Cusco y Arequipa también apoyarán la medida de fuerza con marchas en sus respectivas jurisdicciones.

Ante la jornada de protesta, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han redoblado la vigilancia de algunos locales públicos en Iquitos y en Bagua.


Contracara

Resultado de operativo en Bagua genera polémica
Mercedes Cabanillas y Gino Costa en controversia por accionar policial

responde:
GINO COSTA
Ex ministro del Interior del gobierno del presidente Alejandro Toledo.

La ministra Cabanillas ha responsabilizado a los gobiernos anteriores de la mala situación de la Policía Nacional. ¿Qué opina al respecto?
1 Bueno, ya tenemos tres años de gobierno aprista; nunca como antes el Perú ha tenido tan buena situación fiscal, de modo que echarles la culpa a los gobiernos anteriores me parece una mala excusa para justificar los problemas que ha tenido la ministra Cabanillas para manejar el operativo de Bagua. En un informe llamado 'La Policía que Lima necesita’, del año 2008, hemos hecho un análisis de cómo han crecido los presupuestos del sector Interior en los últimos años, básicamente desde el 2005. Entonces, hay que preguntarle a la ministra: ¿qué han hecho sus antecesores apristas con esta bonanza? ¿Por qué no le pregunta a Luis Alva Castro?

¿Hay responsabilidad de los gobiernos anteriores? La ministra se ha referido al estado “mendicante” y a la falta de Inteligencia que tiene la Policía.
2 No sé qué relevancia tiene eso. Durante el gobierno de Toledo, la Inteligencia policial se manejó muchísimo mejor, hubo cinco lamentables muertes a lo largo de los cinco años de gobierno. Pero, ahora, ¿cuántos muertos vamos desde que comenzó el gobierno aprista? Decir que no hay Inteligencia no es inteligente. La ministra es responsable de ordenar el uso de la fuerza en representación del Gobierno; y, si como consecuencia de esa orden mueren 24 policías, eso ha debido preverse y evitarse por todos los medios.

¿Cómo fue la reacción de la bancada aprista cuando ocurrieron esas cinco muertes durante el gobierno de Toledo?

3 A mí me llama la atención el doble estándar. Los apristas me tuvieron toda una tarde en el Pleno del Congreso sometido a una rigurosísima sesión, porque hubo una matanza de ocho invasores en Cayaltí y la Policía llegó media hora después de ocurridos los sucesos, o sea, me responsabilizaron porque la Policía llegó tarde en un hecho en el que no estuvo involucrada. Luego me quisieron interpelar cuando dos policías hirieron a dos periodistas en la plaza Bolívar. En el caso de Fernando Rospigliosi, lo censuraron porque hubo dos personas muertas en Arequipa; después, en su segunda gestión, ocurrió el caso Ilave, donde asesinaron al alcalde. El gobierno de Toledo tuvo cinco lamentables muertes, pero en este gobierno contemos: Moquegua, Bosque de Pómac, Bagua. Y tengamos en cuenta que estamos en el momento de mayor holgura fiscal. Entonces, no es un problema de recursos sino de competencia.

Con más presupuesto en el sector, ¿qué debe hacerse?
4 Debe haber prioridad en tres cosas: primero, recuperar para el servicio público a los policías que trabajan medio tiempo para el Estado y otro tanto para terceros, pues esto debilita y corroe a la institución policial. Segundo, es necesario el fortalecimiento de las comisarías, que están totalmente abandonadas. Y luego están las comunicaciones. Anoche, el hermano del comandante Montenegro (asesinado en Bagua) dijo que su hermano no tenía forma de comunicarse con su gente. Este gobierno ya tiene tres años y debería mostrar algunos logros, pero ni siquiera ha podido comprar patrulleros.

Altos oficiales denuncian lo obsoleto del equipamiento policial.
5 No se ha visto mejoras en el equipamiento. En el caso de las comunicaciones, no solo están obsoletas, sino que la Policía tiene tres sistemas de radio distintos que no se pueden comunicar uno con otro.

responde:
MERCEDES CABANILLAS
Ministra del Interior del actual gobierno.

El ex ministro del Interior Gino Costa ha manifestado que la responsabilidad política del operativo policial efectuado en Bagua es suya. ¿Qué opina?

1 El señor Gino Costa está de agitador, parece, porque lo ven en todos los sepelios. Primero, el señor Gino Costa tiene que informarse. Quien no ha estado en el lugar de los hechos primero tiene que informarse, porque si no desinforma. Lo que dice son especulaciones. Yo no les echo la culpa a las gestiones anteriores, yo hago constataciones.

Usted responsabilizó de la actual situación de “mendicidad” de la Policía a los gobiernos anteriores.
2 Sí, lo dije en el sentido de que tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional no les fueron atendidos sus requerimientos presupuestales en los gobiernos anteriores. Por culpa del tema de la corrupción, la clase política se equivocó y afectó a los servicios de Inteligencia y las bases militares.

El ex ministro considera que el hecho de responsabilizar a los gobiernos anteriores es una mala excusa para desconocer que hubo un mal manejo del operativo de Bagua.
3 ¿Mal manejo? Oiga, ¿el señor es estratega o es experto en planes operativos? Que no se meta en lo que no sabe, habla por hablar irresponsablemente. Yo respeto la capacidad de la Policía, y él también debe respetarla. La Dirección General, la Dirección de Operaciones Especiales, el Estado Mayor, han hecho sus planes operativos. Y para la ejecución de los planes operativos han estado dos generales de primer nivel: el general (Javier) Uribe, jefe de la Dirección Territorial San Martín-Amazonas, y el general (Luis) Muguruza, jefe de la Dinoes. O sea, lo más selecto y lo más calificado que tiene la Policía se ha encargado de la ejecución de los planes. ¿Gino Costa sabe más que ellos? No hay que hablar por gusto.

En el gobierno anterior, las protestas dejaron cinco muertes; ahora hay muchas más. ¿La Inteligencia policial se manejó mejor en aquella oportunidad?
4 Yo no soy una política que mira hacia atrás; las políticas continúan y soy institucionalista. Mire, yo reconozco el trabajo que ha hecho cada uno de mis antecesores, cada uno hizo esfuerzos; eso de estar con el serrucho en el hombro es feo, es vulgar, no sirve. Hay que mirar para adelante. Sí, es cierto, los presupuestos nunca fueron suficientes y hubo desarticulación, pero ahora se está articulando (el trabajo entre la Policía y las Fuerzas Armadas). Se perdieron muchas cosas y ahora estamos pagando, pero hay que mirar para adelante, como país.

Desde el año 2005, el sector Interior ha registrado incrementos presupuestales. ¿En qué medida eso debería mejorar la situación de la Policía, que es crítica?
5 Pero hubo una frenada (de la economía) el año pasado, con la gestión del ex ministro de Economía (Luis) Valdivieso. Y eso afecta de todos modos. Pero hemos programado, hemos dado medidas extraordinarias, porque hemos recurrido a los recursos policiales para que la Policía esté en buenas condiciones, tenga buen equipamiento, armamento, perdigoneras, equipo antimotines... Ya he sustentado y se ha aprobado en el Consejo de Seguridad el plan 2010-2014, que se llama Plan Estratégico de Modernización de la Policía. Implica S/.588 millones. Aparte, hay S/.116 millones para el VRAE. Yo he tenido la visión de hacer lo que muchos no han hecho, porque cada plan estratégico dura cinco años.
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EL COMERCIO JUNIO 9, 2009

Pizango pidió sin éxito asilo en embajadas de EE.UU., Francia y Bolivia

20:13 | Mientras que EE.UU. y Francia dijeron que no había motivos políticos, Bolivia no quiso deteriorar más la relación con el Perú, reveló la Cancillería

(EFE).- El líder indígena peruano Alberto Pizango, perseguido por los delitos de rebelión y sedición y asilado en la embajada de Nicaragua en el Perú, intentó primero pedir asilo en las legaciones de Bolivia, Estados Unidos y Francia, en todos los casos sin éxito.

Fuentes de la Cancillería peruana dijeron a EFE que las tres embajadas comunicaron la infructuosa gestión de Pizango, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura tras los violentos disturbios del pasado viernes entre indígenas amazónicos y policía, que causaron al menos la muerte de 24 policías y 9 nativos amazónicos.

Francia y EE.UU. rechazaron el pedido de Pizango con el argumento de que su persecución y eventual procesamiento no obedece a razones políticas, y que en el Perú existen las garantías para un proceso justo, especialmente tras el último juicio al ex presidente Alberto Fujimori.

Según las mismas fuentes, el argumento de la legación boliviana fue distinto: no quieren deteriorar las delicadas relaciones con el Perú, pese a que el Gobierno peruano concedió hace un mes refugio y asilo a tres ex ministros bolivianos también perseguidos en su país.

Algunos ministros del Gobierno peruano, como la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, llegaron a afirmar que Pizango había huido a Bolivia, dando a entender que había encontrado refugio y cobijo.

Pese a unas primeras declaraciones muy críticas con el Gobierno peruano por parte de ministros bolivianos durante el fin de semana, hoy el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró que “lo que está ocurriendo en el Perú es un problema del Perú”.

Finalmente, Pizango, cuyo rastro se perdió entre el mediodía del viernes y el del lunes, consiguió refugio en la embajada de Nicaragua, en ausencia incluso del embajador Tomás Borge, y pocas horas después el asilo le fue confirmado desde Managua.

El líder indígena se encuentra desde hace 24 horas en la legación, y necesita un salvoconducto especial para abandonar el país y poder volar a Nicaragua sin ser detenido en el camino.

Las fuentes de la Cancillería no dudaron que el salvoconducto podrá ser expedido en los próximos dos o tres días.
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EL COMERCIO JUNIO 9, 2009

La embajada de Nicaragua en el Perú le concedió asilo diplomático a Pizango

20:25 | El canciller José Antonio García Belaunde informó que el dirigente nativo espera recibir un salvoconducto para salir del país

El canciller de la República, José Antonio García Belaunde, confirmó esta noche que la embajada de Nicaragua en el Perú le otorgó asilo diplomático al dirigente amazónico Alberto Pizango.

En diálogo con la emisora radial RPP, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que el Gobierno Peruano está a la espera de que la delegación diplomática centroamericana le expida a Pizango el salvoconducto en caso quiera viajar a Nicaragua.

García Belaunde afirmó que el dirigente de la ONG Aidesep se encuentra asilado en la sede de la embajada ubicada en el distrito de Miraflores.

Como se recuerda, Pizango es requerido por la justicia peruana por ser responsable de los actos de violencia registrados el viernes último en la localidad de Bagua durante el paro nativo. Tras los desmanes fallecieron 24 policías y nueve indígenas y podría recaer sobre Pizango hasta 35 años de cárcel.
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EL COMERCIO JUNIO 8, 2009

A Pizango le esperarían hasta 35 años de cárcel por la violencia del paro nativo

7:31 | Advierten que la fuga del dirigente nativo agrava su situación. Plantean la renuncia de Simon.

El dirigente nativo Alberto Pizango —quien hasta el momento no es localizado— podría recibir una condena judicial de entre 25 y 35 años de cárcel, si se probara su condición de autor intelectual de los luctuosos sucesos ocurridos en la Amazonía.

Lo afirmó ayer el experto en derecho penal Luis Lamas Puccio, quien manifestó que entre los delitos que habría cometido Pizango están los de rebelión, sedición, ataque a las Fuerzas Armadas, posesión de armas de fuego, homicidio calificado, ataque a la propiedad pública y privada.

El hecho de que Pizango haya pasado a la clandestinidad complica su situación legal porque sería un agravante que no afronte sus responsabilidades ante las autoridades jurisdiccionales.

LA DEROGATORIA
En tanto, el sociólogo Carlos Reyna comentó que en la masacre de Bagua existen responsabilidades políticas “muy graves” que requieren ser asumidas. En primer lugar —dijo Reyna— renunciar el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, “si le resta un poco de dignidad, y su renuncia acarreará la de todo el Gabinete”. Respecto del Congreso, planteó que se acuerde la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064 (que elimina el derecho de la consulta previa) “para calmar la situación que vive el país”.

OTRA ÓPTICA
“¡En la desgracia de Bagua todos somos responsables porque el tema de las comunidades nativas estuvo en todas las mesas!”, sostuvo la legisladora Lourdes Alcorta, de Unidad Nacional.

Dijo que por el lado del Poder Ejecutivo hubo negligencia por permitir que creciera el reclamo de las comunidades nativas para derogar el Decreto Legislativo 1090 aunque tampoco dejó de señalar la total irresponsabilidad del líder de los nativos amazónicos Alberto Pizango, “quien estuvo día y medio con el tema de la insurgencia”. “¿Quién está detrás de él? El discurso de Pizango no es de él”, agregó.

Su colega Carlos Bruce (AP) opinó que las responsabilidades políticas por los hechos de Bagua “pasan por la renuncia del jefe del Gabinete, Yehude Simon, y la salida de la actual titular del Interior, Mercedes Cabanillas. Tampoco tiene perdón el salvajismo con que han actuado las comunidades nativas”.

Esta tarde habrá informe oficial
¿Cuáles son las salidas que hay para afrontar la situación política derivada de los sucesos en Bagua?

Para parte de la oposición, una es la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, o la de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Ambos han dicho que siguen en sus puestos, y el vocero de la bancada humalista Fredy Otárola considera que el presidente Alan García Pérez no debería demorar ni un minuto más en licenciarlos.

Otros plantean la interpelación para luego llegar a la censura. Al cierre de esta edición no había ningún trámite al respecto.

Lo que sí se supo fue que hoy se reunirán los voceros de las distintas bancadas políticas para examinar el caso de Bagua. A las tres de esta tarde sesionará la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento para atender las exposiciones del primer ministro y de la titular del Interior sobre los luctuosos acontecimientos del fin de semana.

Otra salida es iniciar una investigación parlamentaria cuyo pedido está en curso.

EDITORIAL

Renuncia, diálogo y pacificación nacional

Tras los aciagos sucesos registrados en la Amazonía, la crisis política sigue agudizándose: por una parte el presidente de la República reitera que estamos frente a una conspiración política de gran escala; mientras que, del otro lado, sigue desbordándose la violencia que se agazapa detrás de lo que comenzó como una protesta social de algunas comunidades indígenas contra un cuerpo legal al que sentían contrario a sus intereses tradicionales.

En estas graves circunstancias resulta indispensable volver a revisar el caso integralmente. Así, lo primero que debe mencionarse es que el Perú —que es finalmente una nación en trámite de auténtica integración pese a sus casi doscientos años de independencia— está presenciando las consecuencias de un choque cultural profundo, entre quienes intentan preservar una cosmovisión nativa, organizada comunitariamente bajo reglas ancestrales, y quienes apuestan por la modernidad integral que nos conecte con el mundo globalizado según las pautas occidentales.

TLC Y DERECHOS INDÍGENAS
En ese contexto de fondo es que inicialmente se registra una confrontación por la firma del TLC con EE.UU. Ese paso fue considerado como muy beneficioso para el vasto segmento social que estructura su vida y su subsistencia en la producción industrial y el comercio internacional; sin embargo, fue calificado como negativo por aquellos que quisieran preservar una autarquía regionalista.

Luego, como lógica consecuencia del TLC el Congreso aprobó leyes que bien entendidas propugnan la inversión productiva en la selva, sin lesionar los intereses de las comunidades nativas. Pero los dirigentes de esas entidades originarias empezaron una protesta que, en el fondo, no iba tanto contra el espíritu y la letra de las normas del Estado moderno, sino contra la forma como las leyes se aprobaron, sin que mediara un diálogo conciliador profundo. En esto son censurables las posiciones retrógradas que pretenden negar los derechos indígenas, porque si bien el Congreso de la República y el Ejecutivo tienen las facultades para legislar y aplicar los dispositivos, también están obligados a atender el reclamo de las bases sociales en todo aquello que afecte al sentir popular. Con mayor razón cuando el análisis político más elemental apuntaba a que podía estarse larvando una crisis de gran magnitud.

COOPTADOS POR EXTREMISTAS
Cuando fueron transcurriendo las semanas se advirtió con total claridad que la población indígena y sus dirigentes naturales (como los apus) progresivamente fueron primero cooptados y más tarde desplazados por personajes ideologizados y con posiciones extremistas, como en el caso de Alberto Pizango, el jefe de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Él literalmente echó leña al fuego en todo momento, manteniendo un discurso plagado de falsedades y adverso a las negociaciones que intentó llevar adelante el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg. Peor todavía, mientras engañaba a los nativos y distraía al Gobierno, alentó una serie de acciones ilegales, como la toma de carreteras y el ataque a las entidades públicas y privadas que abastecen de todo tipo de bienes y servicios a las poblaciones, haciendo que se llegara a un complicadísimo estado de efervescencia por la carestía hacia fines de la semana pasada.

Paralelamente, una serie de grupos políticos extremistas se fueron sumando a una estrategia de enfrentamiento que solo podía terminar mal. Así, el humalismo se lanzó a atizar el fuego en la selva, el sur andino y el altiplano puneño. La CGTP convocó a una jornada en la cual anunciaba el inminente paso a la violencia, y en la última Cumbre de los Pueblos incluso se hizo patente el intervencionismo extranjero, cuando el presidente de Bolivia incitó con total desparpajo a la insurrección en nuestro país.

LA INCOMPETENCIA DEL PARLAMENTO
Mientras tanto, en el Parlamento prácticamente todas las fuerzas políticas actuaron a lo largo de estos dos meses de crisis con especial incompetencia. Debieron propiciar el diálogo con la auténtica dirigencia nativa e incluso hubiese sido lógico que derogaran las normas polémicas, para luego negociar otras leyes mejor consensuadas. En cambio, el humalismo boicoteó las sesiones contando hasta con la llamativa anuencia del fujimorismo, mientras el Apra no encontró mejor salida que echar mano de tecnicismos y maniobras sorpresivas para imponer sus criterios, sin entender que el verdadero problema no era la supuesta afectación de la majestad del Congreso, sino la preservación de la paz social.

LA RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO
A nivel del Ejecutivo, si bien es correcto que inicialmente se intentara mantener la vigencia de las normas, también debió haber profundizado el diálogo y nunca permitir que el violentismo escalara. ¿Por qué, por ejemplo, dejó que se prolongara el cierre de carreteras hasta el punto en que las ciudades selváticas empezaban a desabastecerse? ¿No es acaso cierto que a mediados de la semana pasada ya se habían planteado dos posibilidades, una respecto a que las comunidades indígenas podían trenzarse en ataques mortíferos con los pobladores regionales cercados; y, otra, que los levantiscos iban a atacar las instalaciones estratégicas, como comisarías, el oleoducto petrolero, etc.?

En el desarrollo de toda esta crisis, salvo los denodados esfuerzos del ministro Brack Egg, el Ejecutivo no ha sabido lidiar. Y, al final, la decisión de intervenir policialmente siguió acciones tácticas equivocadas, generando lo que ya conocemos: un terrible saldo de dos decenas de policías asesinados —a quienes rendimos homenaje por su abnegado cumplimiento del deber—,una cantidad elevada pero aun imprecisa de enardecidos insurrectos igualmente muertos, y más de un centenar de inocentes civiles heridos , a quienes también rendimos homenaje. Todo esto, como informamos en su oportunidad, ya había sido advertido por fuentes de Inteligencia que llegaron a filtrar el tétrico escenario de que el Perú estaba entrando a un estado de preinsurrección, aun cuando hoy la ministra del Interior niegue las evidencias.

En estas circunstancias el presidente García ha resumido la situación denunciando una conspiración que, efectivamente tiene visos de realidad. ¿Pero, qué más se está haciendo?

EL GABINETE DEBE RENUNCIAR
Tal como señalamos en nuestra Carta al lector del domingo, consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática republicana, por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores directamente involucrados. Eso debe entenderse no como un triunfo político para los insurrectos, ni tampoco solo como un relevo, sino como el recambio indispensable para que la gobernabilidad integral no se afecte. Es indispensable reconocer que la gran diferencia entre un régimen democrático y los que no lo son es que en democracia siempre debe haber responsables políticos.

Hoy, bajo el liderazgo constitucional del jefe del Estado, es necesario reorientar las estrategias gubernamentales para avanzar de inmediato a la pacificación de todo el país y para poner coto a cualquier manifestación nuevamente violenta que algunos radicales están organizando en ciudades como Yurimaguas, aparte de que ya circulan llamados a jornadas peligrosas a nivel nacional desde mañana. Por lo demás, es peligroso que se pueda afectar el oleoducto.

Esa recuperación de la paz social, por lo demás, debe hacerse con el concurso civil y el uso enérgico pero prudente de nuestros institutos militares y policiales, para devolver el imperio de la autoridad legítima, sin permitir extrañas formas de impunidad como la fuga del cabecilla Pizango aparentemente a Bolivia, donde sería acogido celebratoriamente por las posiciones antiperuanas. Es exigible, entonces, que el Ejecutivo actúe con la serenidad y la eficiencia suficiente para bajar el nivel de las terribles tensiones que han enlutado ya a nuestra selva. Por ello, este es el momento más adecuado para que el presidente Alan García dé un mensaje orientador a la nación; y que en el Legislativo se aquieten los ánimos para no seguir echando más combustible a una hoguera politiquera que puede terminar chamuscando a todos. Finalmente, exhortamos a la ciudadanía para que no se deje manipular por aquellas fuerzas extremistas que solo quieren sacar provecho de la confusión y el caos, traicionando a los propios indígenas en un caso que ya dejó de ser una legítima protesta social para convertirse en estallido sedicioso.
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EL COMERCIO JUNIO 7, 2009

Ministra de Justicia demanda a Pizango asumir su responsabilidad por los hechos de violencia en Bagua

11:30 | Rosario Fernández demandó al líder de los nativos a no refugiarse en la “cobardía del anonimato” y presentarse ante la justicia

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, demandó hoy, domingo, a Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep), presentarse ante la Justicia para asumir su responsabilidad por los graves hechos de violencia ocurridos en Bagua, que dejaron 32 muertos entre ellos 23 policías (cifras oficiales).

En declaraciones a la emisora CPN Radio, recogidas por la agencia Andina, la ministra instó a Pizango a no refugiarse en la “cobardía del anonimato” y salir a la luz pública para responder ante la Justicia.

Fernández ratificó que la violencia y las muertes fueron causadas por discursos violentistas como el que mostró el actualmente prófugo líder de los nativos, cuyo paradero es desconocido tras emitirse una orden de captura en su contra.

Subrayó que Pizango debe asumir su responsabilidad también con los nativos detenidos tras los hechos de violencia –quienes serán juzgados por graves cargos- pues ellos actuaron motivados por el discurso del citado dirigente.

Por otro lado, la ministra exhortó a todos los sectores a no buscar enfrentamientos entre las autoridades del Estado, sobre todo en un momento de crisis y emergencia como la que actualmente vive el país.

Respecto a la posibilidad de que el ex presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Bambarén, se convierta en un mediador entre el gobierno y las comunidades nativas, Fernández dijo que el Consejo de Ministros es el que debe pronunciarse.
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EL COMERCIO JUNIO 6, 2009

El Poder Judicial emitió orden de captura contra Alberto Pizango

8:41 | El líder de los nativos se encuentra como no ha habido tras los actos de violencia acontecidos en Amazonas, que dejó al menos 14 muertos

El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, informó que ya existe la orden de captura contra el líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, Alberto Pizango, quien se encontraría como no ha habido tras los actos de violencia acontecidos en la selva del país, que dejó varios muertos entre policías y nativos.

Villa Stein señaló que la orden de mandato de detención ha sido emitida por la jueza del 51 Juzgado Penal, Norma Carvajal.
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GATOENCERRADO JUNIO 5, 2009

Nativos de San Martín acusan a Pisango como responsable de matanza en Bagua

Elías Peas, dirigente de la comunidad nativa awajún del Alto Mayo, en el departamento de San Martín, desconoció hoy la autoridad de Alberto Pizango como líder de los indígenas de la Amazonía peruana.

“No consideramos a Pizango como líder. Los awajún de San Martín quieren a nuestros jóvenes como voceros reales y con una visión hacia el futuro”, manifestó.

Sostuvo que Pizango nunca convocó al diálogo a los dirigentes nativos de San Martín y, de manera vertical, se irrogó la representación de las comunidades amazónicas.

Lo responsabilizó, además, de la violencia registrada hoy en Bagua (Amazonas), al advertir que en ningún momento consultó a los verdaderos representantes de las comunidades nativas.

Frente a lo sucedido, Peas planteó una reunión para escuchar “la real voz de los dirigentes”.

“(Pizango) fracasó en esta lucha y, por evitar el diálogo verdadero de las comunidades, en las cuales hay profesionales que pueden aportar ideas y propuestas, ahora tenemos que lamentar las muertes”, aseveró.

Bagua: La hora de los lamentos tardíos

El presidente Alan García deploró y lamentó hoy el muerte de al menos ocho policías en la ciudad de Bagua, durante las acciones para despejar la carretera Fernando Belaunde Terry, tomada desde más de 50 días por los nativos que acatan un paro hace casi dos meses para exigir la derogatoria de 10 decretos que, según dicen, afectan sus intereses.

Desde Lambayque, el jefe de Estado reiteró que, a fin de impedir el desarrollo del Perú, existirían intereses extranjeros además de la desinformación e ideología extremista detrás de estos hechos de violencia, que enlutan al país.

Sin embargo, dijo esperar que la calma vuelva a la selva, y señaló que el Gobierno, a través del premier Yehude Simon, siempre tuvo la intención de restablecer el diálogo con las comunidades nativas, aunque las críticas que la oposición hace apuntan a que el Ejecutivo dejó crecer este problema – que va a cumplir dos meses – y cuando trató de encontrar una solución ya era demasiado tarde.

El mandatario dijo también que Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que promueve la huelga en la Amazonía, ha caído en un “nivel delincuencial”. Más temprano, por la mañana, en Lima, García había advertido que si hay muertes y violencia en la selva sería responsabilidad de los dirigentes nativos, a quienes acusó de utilizar a los nativos como “carne de cañón”.

Por su parte, el primer ministro Yehude Simon aseveró que el Ejército saldrá a las calles y que los hechos de Bagua, donde se saquearon y quemaron locales públicos y se tomó una comisaría, es un nuevo “Andahuaylazo”, y que se aplicará todo el peso de la ley a los asesinos de los policías. En varias distritos de la Amazonía rige el estado de emergencia, lo que faculta la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.
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LA REPUBLICA JUNIO 5, 2009

Procuraduría solicita captura de Pizango, pero el PJ dilata decisión

Ante los 11 policías y tres nativos muertos, Alberto Pizango debe asumir su responsabilidad como líder de Aidesep, por lo que se ha solicitado su detención, afirma ministra de Justicia.

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, confirmó que la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros ha solicitado la detención contra el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, ante las evidencias de su responsabilidad por los actos de violencia ocurridos en Bagua, que han dejado 11 policías y tres nativos muertos.

“Si hoy el Poder Judicial no responde al reto de dar ejemplares sanciones sobre el particular, no vamos a tener la oportunidad de acompañar eficientemente un estado de Derecho como corresponde”, enfatizó en conferencia de prensa en la PCM.

Explicó que del Poder Judicial dependen las decisiones de detención de personas acusadas de algún delito y remarcó que si ellas no se producen, será exclusivamente porque este poder del Estado no lo permite.

Masacre en Bagua: Video / Imágenes / Más Noticias

“La sensación de impunidad nos hace daño a todos y los que más se van a resentir y van a sentir esa sensación son las víctimas y huérfanos de esos padres policías que han fallecido a manos de quienes los han victimado tan dura y salvajemente”, sentenció.

Agregó que el Ministerio Publico sí ha respondido con la premura y responsabilidad del caso, y añadió que espera que ello tenga eco en el Poder Judicial.

“Estamos hace cinco horas esperando sin que el Poder Judicial, a través del 51 Juzgado Penal nos, resuelva el pedido”, lamentó la ministra.

Fernández destacó las dos denuncias que la Procuraduría ha interpuesto contra el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pinzango, acusado de ser el principal promotor de los actos de violencia registrados en la Amazonía.

Precisó que contra el dirigente indígena existe una denuncia por realizar actos de apología, sedición y conspiración. Mientras que la segunda tiene que ver con ataques y tomas de instituciones del Estado.

“Me alarma que el Poder Judicial necesite no se cuántas horas para revisar un pedido de dos o tres páginas del Ministerio Publico”, concluyó.
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EL COMERCIO JUNIO 2, 2009

Entretelones de la cumbre de pueblos y naciones indígenas del Abya Yala

8:43 | La huelga nativa de la Amazonía se convirtió en el eje de la discusión. Tildan de traidor a Miguel Palacín por no llamar al levantamiento popular
Por Alfredo Alí A., Unidad de Investigación

La Cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala terminó a capazos en el coliseo de la Universidad Nacional del Altiplano, con el presidente de ese foro y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, poniendo pies en polvorosa en medio de hostiles gritos de “¡traidor!, ¡traidor!”.

Palacín, que desde el inicio del mencionado encuentro, el viernes 29 de mayo, mostraba una amplia sonrisa, de pronto tuvo que fruncir el ceño. Hasta el sombrero que tan bien lucía se le cayó hacia un costado ante la desaforada gritería de un grupo de indígenas que le exigía llamar a un “levantamiento popular” y no al paro general.

Y es que cuando el asunto iba para más, Palacín no tuvo mejor idea que dar por concluida la ceremonia y retirarse rodeado por sus incondicionales.
Sin embargo, el ambiente ya se había caldeado el último domingo con la llegada del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, que, si se quiere, encarnaba la posición mayoritaria en esa cumbre: la defensa de la tierra y sus recursos naturales.

Así, la mesa estaba servida para los radicales y la huelga amazónica pasó a ser el eje central. Entonces la figura de Pizango rebasó el protagonismo de Palacín y sobrepasó el figuretismo de Mario Palacios, secretario general de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami).

En algún momento, Pizango, luego de su discurso de saludo, pretendió irse, pero Palacín, con movimiento de mano, logró convencerlo para que continuase en la mesa. Al costado de ambos estaban Humberto Cholango, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, e Isaac Ávalos, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, de Bolivia. Entonces Pizango, luego de la lectura de las conclusiones de cada mesa de trabajo, se despachó con un encendido discurso que atizó las pasiones de algunos radicales.

Entre otras cosas dijo que las etnias amazónicas en huelga no darán ni un paso atrás, que el Gobierno había hecho mal en declarar el estado de emergencia en los departamentos selváticos, pues había exacerbado los ánimos de sus hermanos, y que, si las circunstancias lo exigían, los amazónicos preferían morir antes que claudicar.
Melchor Lima Hancco, secretario general de la Confederación Campesina del Perú (CCP), organización influenciada por partidos de tendencia maoísta, llegó hasta la mesa para demandar la toma de embajadas en apoyo de la huelga amazónica.

Automáticamente, este fue abucheado por un sector de los asambleístas, debido a lo cual tuvo que retirarse casi a hurtadillas a un costado del tabladillo. Le preguntamos si la CCP seguía bajo la influencia de Vanguardia Revolucionaria (VR), a lo que este respondió que ya no. Dijo que algunos de sus dirigentes ahora tienen cercanía con los comités mariateguistas, pero que él ya no pertenece a la VR.
En todo caso, el rechazo encajaba perfectamente con una de las conclusiones más interesantes de esta cumbre: que los integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas no tengan militancia partidaria, pues de otra manera los objetivos de este conglomerado podrían verse enajenados.

“Evo Morales llamó en cumbre de Puno a luchar por la independencia”: http://www.elcomercio.com.pe/noticia/293626/evo-morales-llama-puno-luchar-independencia
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EXPRESO JUNIO 1, 2009

A Pizango nadie le quita lo viajado
Sólo el año pasado realizó algo de diez viajes a distintos países.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, quien ayer convocó a los pueblos andinos y amazónicos a acatar un paro este miércoles 3 de junio para pedir la derogatoria de decretos legislativos que –sostiene– le quitan sus tierras a las comunidades nativas, posee un impresionante récord migratorio: 16 viajes efectuados a diversos países de Europa, América Latina y Norteamérica.

Cabe indicar que hace algunas semanas el congresista aprista y vicepresidente de la República, Luis Giampietri, acusó al dirigente indígena de haber obtenido más de 14 millones de soles de la cooperación internacional de los cuales no ha dado cuentas exactas.Pizango, quien tiene un pasaporte Nº 3175221, salió del Perú hacia Ecuador el 16 de noviembre del 2008 y retornó el 21 del mismo mes, quedándose cinco días en ese país. Un mes antes, el 15 de octubre se fue con dirección a Holanda pero volvió al país luego de cuatro días.

El 14 de setiembre del mismo año fue a Ecuador en donde permaneció tres días pues volvió el 17 del mismo mes. Pero Pizango realizó más viajes, esta vez a Estados Unidos, para lo cual salió del país el 26 de julio del 2008 y retornó el 29, prefiriendo estar en ese país que tanto critica en vez de celebrar las Fiestas Patrias en su nación.Anteriormente, dejó el país el 7 de julio de ese mismo año hacia Colombia y regresó el 10 de julio, sin embargo ya había viajado a ese país el 1de junio retornando el 5 de ese mes.

El líder de las comunidades nativas viajó a Estados Unidos el 14 de abril y retornó el 20 de ese mismo mes.Posteriormente, entró al Perú procedente de Ecuador el 1 de marzo pero no se registró su salida, lo mismo pasó cuando ingresó al país luego de haber viajado a Colombia el 27 de febrero.El 20 de agosto del 2007 salió del Perú hacia Bolivia y retornó el 23 así como se fue a Brasil el 16 de julio del mismo año para regresar el 21 de julio. Pizango también quiso conocer Holanda por eso viajó el 30 de mayo del 2007 y regresó luego de ocho días. Anteriormente, había viajado a México el 26 de febrero del 2007 para regresar el 5 del marzo.

El 13 de junio del 2006 viajó a Colombia y regresó el 17 de ese mes, así como a Brasil donde se quedó diez días y a España país en que permaneció nada menos que once días.
María Teresa García.

“Vive a costa de sus hermanos”
El ex premier Jorge del Castillo calificó los viajes de Alberto Pizango como la representación del doble lenguaje de este “tipo de personas que llora miserias pero vive a costa de sus hermanos nativos”, pues mientras ellos se sacrifican haciendo protestas, él ha estado en España, Holanda, Brasil y otras partes del mundo. “Es el doble lenguaje que nos hizo ayer (jueves): firma un acta comprometiéndose a negociar, pero después manda una carta diciendo todo lo contrario, ¿quién lo entiende?”, se preguntó.

Dijo que sería necesario preguntarle cuánto recibe de la cooperación y cuánto gasta en estos viajes, ya que seguramente –agregó- se hospeda en hoteles cinco estrellas y viaja en las mejores líneas internacionales. “Si un parlamentario viajara así tendría que dar cuenta de sus actos, él no está exento de responsabilidad”, indicó.
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EL COMERCIO MAYO 27, 2009

Gobierno y nativos hablarán mientras que el paro en la selva continuará

7:22 | Primer ministro dice que se “matará” lo que afecte a pueblos amazónicos. Líder de Aidesep celebró avances, pero luego pareció retroceder
Por: Gabriela Machuca / Jorge Saldaña

Tuvieron una reunión privada y luego se presentaron ante la prensa. Pero mientras el rostro del primer ministro Yehude Simon mostraba su satisfacción, el del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep), Alberto Pizango, era una incógnita.

Nadie ganó, nadie perdió, parecía ser el mensaje, porque aun cuando el paro en la selva —que cumple más de mes y medio— no ha sido levantado, quedó instalada la comisión multisectorial que abordará los problemas de los nativos.
Por lo pronto, este grupo empezará a evaluar, desde hoy, los decretos legislativos que los indígenas reclaman que se deroguen por considerarlos lesivos para la Amazonía.

Simon precisó que la comisión estudiará uno a uno los decretos “para poder matar todos los artículos que a ellos [los nativos] les afectan, sin que esto signifique afectar al Perú”.

Matar fue el término que empleó Simon varias veces, quien luego destacó que también se analizarán temas como educación bilingüe, electrificación, titulación, salud, etc.
Indicó que hoy se establecerá cómo funcionará esta comisión en la que participarán representantes del Ejecutivo, de los presidentes regionales y alcaldes de la zona amazónica y de la Aidesep.

Por su parte, Pizango reconoció que hay una apertura al diálogo de parte del Gobierno y mencionó los cuatro grandes temas que deberán abordarse: tierras y territorios de los pueblos indígenas, libre determinación de los pueblos, educación y salud, y desarrollo con identidad.

“Reconozco que ha existido una mala comunicación y que no se ha tenido una política de Estado hacia las comunidades amazónicas durante siglos. Por ello, existe esta mesa de diálogo. Es un problema que trataremos de subsanar”, afirmó Simon.
Pizango acotó que los pueblos nativos “estarán contentos” por el avance logrado.

CITAS TRAS LA CITA
“Muchos quisieran que esto terminara en un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y la policía contra los nativos, que produzca uno o dos muertos de cada lado para así golpear a la democracia”, advirtió Simon horas después en Radioprogramas.
En esa misma radio, Pizango pareció dar marcha atrás, pues adelantó que hoy insistirá en que el Congreso derogue los decretos legislativos que estima lesivos.
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LA REPUBLICA MAYO 26, 2009

Nativos aceptan reunirse hoy con el premier Yehude Simon

Mientras en Utcubamba se acata paro general. Defensoría media para encontrar solución a protesta nativa, mientras Congreso debate hoy decretos cuestionados.
Rocío Maldonado

Mientras los pueblos de la selva se mantienen firmes en su lucha por la derogatoria de los decretos legislativos que consideran lesivos a sus intereses –la provincia de Utcubamba acata un paro de 48 en respaldo a la protesta nativa–, en Lima el premier Yehude Simon se reúne esta mañana con dirigentes indígenas, liderados por Alberto Pizango, en un intento por poner fin a la huelga amazónica.

Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), fue enfático al reiterar que no permitirán más “mecidas” del gobierno, y por ello adelantó que llevarán propuestas concretas como el levantamiento del estado de emergencia decretado en varios distritos de la selva.

Sin embargo, por las declaraciones de Simon y Pizango, se hace difícil augurar una pronta solución al conflicto, pues el premier ratificó ayer la disposición del gobierno a corregir mas no a derogar los decretos que los nativos consideran que los afectan, y por el contrario el líder de Aidesep insistió en que no se depondrá la medida de fuerza mientras no se logre la anulación de estas normas.

No obstante, Yehude Simon señaló que el gobierno está dispuesto a que los dirigentes amazónicos participen en la reglamentación de los decretos legislativos que consideran nocivos, posición que fue respaldada por el legislador aprista Mauricio Mulder.

Cabe mencionar que hoy la Comisión de Constitución debatirá los informes que recomiendan la inconstitucionalidad de los decretos 994, 995, 1060 y 1064, que forman parte de la plataforma de reclamos de las comunidades nativas. La semana pasada este grupo de trabajo se pronunció por la inconstitucionalidad de DL 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Paro en Utcubamba
Mientras, en la provincia amazónica de Utcubamba se acata desde hoy un paro general de 48 horas en apoyo a la lucha amazónica.
Carlos Flores, periodista de radio La Voz, dijo que miles de ronderos se concentran en la zona. “Tres mil ronderos se encuentran en Bagua Grande (capital de Utcumba) y se espera la llegada de otros 9 mil para mañana (hoy)”, refirió.

La coordinadora político social de Utcubamba, integrada por Sutep, gremio de mototaxistas, ronderos y comerciantes, es la organizadora de esta paralización.
Precisión
LEY. Red Muqui advirtió que el DL 994 exige que el título de propiedad sobre tierras eriazas esté inscrito en los Registros Públicos, condición difícil de cumplir para las comunidades nativas. Además, el DL 1064 declara que estas tierras no son las que las comunidades poseen ancestralmente.

Pluspetrol produce menos
Ayer Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, planteó a los dirigentes indígenas levantar la huelga en algunas zonas de la selva para dar muestras de su disposición a negociar. Previamente, el premier Yehude Simón se reunió con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para buscar una solución a la protesta amazónica.

Pluspetrol Norte S.A., operadora de los Lotes 8 y 1AB en la selva norte, informó ayer que ha reducido su producción debido al paro amazónico. “La situación respecto a nuestras operaciones se ha agravado (...) y nos vemos obligados a suspender temporalmente la presencia en el campo de trabajadores, proveedores y contratistas, lo que está afectando a una serie de familias peruanas”, precisó la empresa en un comunicado.
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EL COMERCIO MAYO 23, 2009

Brack: "Nosotros no les vamos a quitar sus tierras a los indígenas"

8:17 | Para el ministro del Ambiente, es una incoherencia decir que Decreto Legislativo 1090 (que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre) es inconstitucional

El Decreto Legislativo 1090 (que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre), publicado en junio del 2008, es por estos días el centro de la seria disputa entre el Ejecutivo, que lo defiende como puede, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que pretende que sea derogado y que cuenta con cierto respaldo parlamentario, básicamente del Partido Nacionalista.

La voz cantante del debate estuvo ayer en manos del Gobierno, específicamente a través del titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Antonio Brack Egg.

Según declaró Brack, el pasado 13 de enero el Congreso debatió, sometió a voto y aprobó por mayoría la Ley 29317, que modifica e incorpora diversos artículos del Decreto Legislativo 1090. “En aquel entonces nadie dijo que el decreto era inconstitucional, como afirman ahora”, indicó.

Como se recuerda, días atrás la Comisión de Constitución del Congreso aprobó (con siete votos a favor, seis en contra y una abstención) el informe que propone declarar inconstitucional el mencionado decreto (y que sería sometido a voto en el pleno la próxima semana). Para Brack, esto deja en evidencia una seria contradicción. “Es el Congreso contra el Congreso”, dijo.

Otra de estas incoherencias, según Brack, se explica en el pedido de un sector del Congreso para que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sea una ley orgánica. “Sin embargo, el Congreso aprobó el 23 de marzo de este año la Ley 29338 (Ley de Recursos Hídricos), que también se refiere a recursos naturales y no se pidió que fuera una ley orgánica”, dijo.

El peligro de que se derogue este decreto —agregó el ministro— radica en que se estarían incumpliendo requisitos preestablecidos para la firma del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. “Haríamos un papelón”, sostuvo.

CONSERVARÁN BOSQUES
Otro de los argumentos de quienes plantean la derogatoria del decreto 1090 se basa en que este promueve la privatización y el mercado forestal en perjuicio de los bosques protegidos. Brack sostuvo que, por el contrario, la ley forestal permite al Estado asegurar la protección y conservación de unos 55 millones de hectáreas de bosques en el país.

“Si se deroga, la ley forestal queda en nada, y el dejar sin efecto el reglamento de la ley se afectan los contratos de concesión vigentes. Nosotros no le vamos a quitar sus tierras a los indígenas; eso está garantizado en el artículo 89 de la Constitución”, afirmó el titular del Ambiente.

Explicó que el Decreto Legislativo 1090 (y sus modificaciones luego aprobadas en la Ley 29317) establecen aspectos importantes para la conservación de los bosques. “Determina que se prohíba el cambio de uso de tierras, es decir, usar los bosques para fines agrícolas. Además, establece como una necesidad prioritaria la rehabilitación y el aprovechamiento de las tierras degradadas o ya deforestadas”, afirmó Brack.
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ANDINA MAYO 22, 2009

Afirma que afecta implementación y aprovechamiento de TLC con Estados Unidos
16:46 USTR expresa preocupación por posible derogatoria de Ley Forestal, señala Mincetur

Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, se reunió con la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso. Foto : ANDINA/ Jorge Paz H

Lima, may. 22 (ANDINA).- La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha expresado su preocupación por la posible derogatoria del Decreto Legislativo N° 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ya que pondría en riesgo la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, afirmó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“La USTR quiere saber qué va a pasar si se deroga el Decreto Legislativo N° 1090, pero les hemos explicado que todavía tiene que pasar a la votación del Pleno del Congreso de la República, y nosotros confiamos en que esta situación se va a superar”, indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz.

Dijo que si el pleno del Congreso aprueba la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1090, se pondría en peligro no solamente la implementación del acuerdo comercial con el principal socio comercial de Perú sino también su aprovechamiento.

“Esta ley incorpora muchos elementos fundamentales para el adecuado aprovechamiento del TLC, por eso tenemos este interés de protegerla”, puntualizó.

Dijo que esta ley permite, entre otras cosas, el mejor uso de los sistemas, tanto agrícolas como en materia forestal. En materia agrícola, por ejemplo, ayuda a que los propietarios de las tierras agrícolas se puedan asociar para conseguir un crédito, y eso no significa la ruptura de nada.

No obstante, señaló que la ley siempre puede ser mejorada, pero quienes dirigen las actuales protestas en la selva peruana no presentan hasta el momento ninguna propuesta concreta.

“Incluso, sabemos que el Parlamento tiene algunas propuestas para mejorar la norma, sin embargo, no tenemos ninguna de quienes protestan”, manifestó a la agencia Andina.

Refirió que la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de aprobar la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1090 es un error garrafal y, de confirmarse esa decisión en el pleno, se generaría un vacío legal en el país.

Aráoz recordó que el mencionado decreto ya fue validado por el Congreso, a través de la Ley N° 29317 que fue publicada y oficializada en el boletín de Normas Legales de El Peruano el 14 de enero de este año.

“Se ha cometido un grave error en declarar la derogatoria porque ya es una ley del propio Congreso para mejorar la norma justamente a raíz de los reclamos que tuvo la selva, que eran reclamos bien orientados con justa razón y esa vez sí hubo propuestas”, dijo.

Asimismo, destacó que el citado decreto ha sido reconocido por diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas como un avance en cuanto a protección del patrimonio forestal.

“No es una ley orgánica, es una ley de carácter común y lo que se generaría es un vacío legal de ser aprobada la derogatoria porque no tendríamos ni ley nueva ni la ley antigua porque fue derogada”, manifestó.

Finalmente, indicó que en el peor de los casos el gobierno está estudiando diversas opciones para que la implementación del TLC con Estados Unidos no sea perjudicada, sin embargo, están convencidos que el Congreso es responsable y que la situación se resolverá favorablemente.

La ministra se presentó ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso para entregar el texto consensuado de la Nueva Ley del Turismo. (FIN) DCT/JPC
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EL COMERCIO MAYO 20, 2009

SERÁ MULTISECTORIAL
Crean comisión que tratará problemática de pueblos de la selva

Por siete votos a favor, seis en contra y una abstención, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el informe que propone declarar inconstitucional el Decreto Legislativo 1090 (ley forestal y de fauna silvestre).

Según los argumentos expuestos en ese informe, el decreto en mención transgrede el artículo 66 de la Constitución, que señala que las condiciones de utilización y otorgamiento de los recursos naturales a particulares se fijan por ley orgánica. Sin embargo, los decretos legislativos no tienen rango de ley orgánica.

En el informe se agrega que, al promulgar el DL 1090, el Poder Ejecutivo legisló sobre una materia prohibida para la delegación de facultades legislativas, con lo cual se transgredió los artículos 101 y 104 de la Constitución.

Este informe fue aprobado por Daniel Abugattas, Marisol Espinoza, María Sumire (del Grupo Parlamentario Nacionalista), Martha Moyano (Grupo Parlamentario Fujimorista), Daniel Estrada (Unión por el Perú), Édgard Reymundo (Bloque Popular) y Alda Lazo (Alianza Nacional).

Votaron en contra los apristas Aurelio Pastor, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, José Vargas y Javier Valle Riestra, así como Javier Bedoya (Unidad Nacional). Víctor Andrés García Belaunde (Alianza Parlamentaria) se abstuvo.

Cabe mencionar que aún falta debatir la constitucionalidad de otros decretos que afectarían a los pueblos de la Amazonía.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, se mostró contento por la decisión. En tanto, el dirigente fue citado hoy a la Fiscalía Provincial Penal de Turno Permanente de Lima para declarar en relación con la denuncia que pende sobre él por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional (rebelión, sedición y conspiración para una rebelión, sedición y motín); y contra la tranquilidad pública (delito contra la paz pública y apología), en agravio del Estado.

Grupo multisectorial abordará problemática indígena
Ayer, en horas de la noche, el Gobierno aprobó a través de un decreto supremo la conformación de una Comisión Multisectorial entre el Estado y los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) con el fin de abordar de forma conjunta la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía.

La norma señala que la comisión se constituirá como un espacio de consulta que propiciará la búsqueda de acuerdos consensuados.

Integrarán el grupo de trabajo representantes del Consejo de Ministros (1) y otros ministerios (9), siete de la Aidesep y un miembro del Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa).

CLAVES
1. Para el ministro del Ambiente Antonio Brack sería un error que el Congreso derogue la Ley forestal.

2. El director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Carlos Pando, informó ayer en CPN Radio que Aidesep recibió fondos por US$4’307.000 del 2006 al 2008.

3. Esto corroboraría la denuncia de Soledad Fasavi contra Alberto Pizango acerca de presuntos malos manejos. El dirigente nativo no respondió a las acusaciones.
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LA REPUBLICA MAYO 19, 2009

Simon promete DS para instalar mesa de diálogo con amazónicos

Resolución saldría hoy, pero no se levantará estado de emergencia en la selva. Mientras, la comisión de Constitución se pronunciará hoy sobre constitucionalidad de decretos cuestionados por los indígenas.

Rocío Maldonado.

Tras el llamado al diálogo del gobierno y la respuesta de los nativos de la selva de que solo se sentarían a conversar cuando se oficialice esta convocatoria a través de un decreto supremo, el premier Yehude Simon prometió ayer que la resolución saldría en breve.

“El decreto supremo sale en lo inmediato, no tenemos problemas. Esta noche lo discutiré para que lo firmen los ministros y mañana (hoy) lo entrego al presidente (Alan García)”, informó Simon en declaraciones a la emisora RPP.

No obstante, indicó que no se levantará el estado de emergencia mientras los nativos mantengan campamentos tomados.
Tras el anuncio, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), saludó la decisión y sostuvo que los indígenas siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero bajo el compromiso del decreto supremo.

Sobre la decisión del Ejecutivo de mantener el estado de emergencia en varios distritos de la selva, el dirigente dijo que la huelga amazónica continúa y que no depondrán sus medidas de fuerza hasta lograr la derogatoria de los decretos legislativos que desconocen los derechos sobre sus tierras.

Cabe indicar que Yehude Simon afirmó que el gobierno está dispuesto a corregir o anular los decretos que los nativos consideren lesivos a sus intereses, siempre que precisen cuáles son y en qué consiste la afectación.

CONGRESO SE PRONUNCIA

Los nueve decretos legislativos, origen de la huelga amazónica, serán analizados hoy por la Comisión de Constitución del Congreso, que se pronunciará por la constitucionalidad o no de las normas aprobadas por el Ejecutivo en el marco del TLC con Estados Unidos.

El presidente de este grupo de trabajo, José Vargas (Apra), opinó que los referidos decretos no afectan a la Amazonía y que no haberlos consultado con los pueblos indígenas no constituye argumento suficiente para invalidarlos.

En contraposición, la congresista Marisol Espinoza (PNP), miembro de la comisión de Constitución, dijo que los nativos podrían recurrir a tribunales internacionales para hacer valer el Convenio 169 de OIT, que establece su derecho a ser consultados. Asimismo, invocó a sus colegas a legislar para el pueblo.

Defensoría recibió a nativos

Tras una reunión con representantes de Aidesep, la defensora del Pueblo Beatriz Merino exhortó al premier Yehude Simon a formalizar la mesa de diálogo con los nativos. Además, reiteró a los dirigentes que la Adjuntía de Asuntos Constitucionales emitirá un informe sobre la constitucionalidad de los decretos que originaron la protesta.

Ayer los shawis mantenían bloqueados los km 5, 6 y 17 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. También el bloqueo del río Napo, así como la toma de las estaciones 5 y 6 de Petroperú en Bagua. La petrolera estatal anunció que cortó el bombeo del oleoducto norperuano, que transporta 40.000 barriles de crudo por día en el norte del país, debido a protestas de los indígenas amazónicos.

Los bloqueos persisten, pero los indígenas solo abren el tránsito tres horas al día.
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EXPRESO MAYO 19, 2009

Toledo no hizo nada por nativos amazónicos
Diálogo debe darse sin presión, enfatizó.

Un nuevo llamado a los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y a su líder Alberto Pizango, hizo el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, para conformar una mesa de diálogo, pero subrayó que ésta debe darse sin ninguna presión.


“Formulo un llamado al señor Pizango y a los dirigentes, para que nos podamos sentar y de una vez conformar la mesa de diálogo, pero sin ninguna presión”, expresó en conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”.
Advirtió que en tanto continúe la toma de carreteras y estaciones petroleras, se mantendrá el estado de emergencia y se adoptarán las medidas correspondientes, ya que las riquezas del Perú son de todos los peruanos. “Ya no es responsabilidad nuestra, sino de aquellos que han pateado el tablero”, remarcó.

El jefe del Gabinete demandó a Aidesep respetar la Constitución y el estado de derecho y descartó que se pretenda quitarle sus derechos o eliminarlos políticamente. Resaltó que el Gobierno está a favor de los pueblos nativos, pero en contra de cómo orientan su lucha perjudicando al país.

No hizo nada
Asimismo, desestimó las críticas del ex presidente Alejandro Toledo contra el gobierno respecto a su relación con las comunidades amazónicas y recordó que durante la gestión del ex mandatario no se hizo nada concreto a favor de los grupos nativos.
Por el contrario –remarcó– el actual gobierno emitió en el 2006 un decreto de urgencia otorgando el 5 por ciento de canon y regalías a las comunidades nativas, andinas y amazónicas.

Señaló que Toledo se está “despintando” políticamente e indicó que es muy fácil “subirse” a la justa demanda de los pueblos nativos.
De otro lado, consideró que la congresista fujimorista, Keiko Fujimori, debería aclarar sus cuentas y de ser necesario levantar su secreto bancario frente al informe pericial de la Contraloría del 2005, que muestra una falta de transparencia en el origen del dinero que cubrió su educación en el extranjero, durante el periodo presidencial de su padre Alberto Fujimori.

Mineros artesanales
El jefe del Gabinete también sostuvo una reunión con representantes de los mineros artesanales con quienes instaló una mesa de diálogo que en un plazo de 30 días deberá hallar una solución a sus demandas. La mesa estará conformada por representantes de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Interior, Mujer y Desarrollo Social, Trabajo y del Ambiente, además del presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, Teódulo Medina.

El dato
Simon informó que en los próximos días se reunirán el presidente de la República, Alan García Pérez, y los ministros de Estado en un Consejo de Seguridad a fin de aprobar el remozado plan VRAE.
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LA REPUBLICA MAYO 18, 2009

Amazónicos continúan con protestas

Cumplen 40 días en huelga para exigir derogatoria de decretos. Comisión de Constitución debatirá mañana decretos legislativos cuestionados por comunidades nativas.

Rocío Maldonado.

Tal como lo había señalado el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, los nativos mantienen su medida de fuerza para exigir la derogatoria de los nueve decretos legislativos que consideran lesivos a sus derechos.

Así, un día después de haber depuesto su llamado a la insurgencia, la situación era de tensa calma en las diversas zonas del país donde se acata la huelga amazónica.

Edwin Vásquez, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), que pertenece a Aidesep, informó que el levantamiento sigue y que los ríos Napo y Curaray permanecen bloqueados para impedir el paso de embarcaciones de la petrolera Perenco.

Vásquez aclaró que los indígenas no buscan formar un estado independiente, solo exigen respeto para sus tierras y comunidades.
“Así como hay leyes especiales para hidrocarburos o mineras, también queremos leyes para los pueblos indígenas”, dijo.

Abiertos al diálogo

El dirigente reiteró que una vez que el Ejecutivo oficialice la mesa de diálogo a través de un decreto supremo, los dirigentes indígenas se sentarán a negociar y plantearán los temas que le corresponden resolver al Ejecutivo o Parlamento.

Mientras tanto, las estaciones 5 y 6 de Petroperú, que forman parte del Oleoducto Nor Peruano, continúan en manos de los nativos. La corresponsalía de La República informó también que en Bagua la situación es preocupante, pues hay desabastecimiento de alimentos.

Por otro lado, por la mañana RPP informó que nativos mantenían bloqueados los km 4 y 17 de la carretera Yurimaguas -Tarapoto, y que una emisora había sido atacada por desconocidos la noche del sábado.

Congreso debate decretos

La Comisión de Constitución del Congreso debatirá mañana los decretos legislativos cuestionados por los nativos amazónicos, y se pronunciará por la constitucionalidad o no de ellos. El informe será remitido luego al pleno del Congreso. El legislador Aurelio Pastor adelantó que los miembros apristas de este grupo de trabajo se pronunciarán por la legalidad de los decretos, y aseguró que cuentan con el respaldo de Unidad Nacional y fujimoristas De antemano, los legisladores nacionalistas adelantaron que votarán en contra.

La jefa de Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, informó que su institución remitió al Congreso el informe 011-2009, el cual apunta a contribuir con una ley marco que regule el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. (Edición impresa La República)
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EL COMERCIO MAYO 18, 2009

La importancia del diálogo en la crisis amazónica

Como correspondía, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha depuesto el llamado a la insurgencia en torno al cual había convocado a los pueblos amazónicos, así como la huelga y el bloqueo de carreteras que inició hace un mes. La intermediación de la Defensoría del Pueblo ha sido, sin duda, fundamental para sofocar un conflicto que aún no se ha resuelto y que corresponderá a las partes involucradas solucionar por el bien de todos.

Es claro que los mecanismos de presión utilizados hasta ahora por quienes representan a los pueblos étnicos estaban no solo equivocados, sino que colocaban a los pueblos indígenas fuera del Estado de derecho. En principio, si bien la Constitución ampara el derecho a la insurgencia, lo hace para respaldar al ciudadano ante gobiernos usurpadores y aquellos que asumen funciones públicas violando el orden constitucional y las leyes. Esto fue explicable en el peor momento del fujimontesinismo, pero no lo es bajo una democracia que garantiza la huelga y la discrepancia, siempre que no afecte el orden público ni los derechos de los demás.

Por ello, siguiendo la línea marcada por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, el siguiente paso debería ser reanudar el diálogo. Como adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, el Gobierno se ha comprometido a levantar el estado de emergencia apenas culminen los bloqueos de carreteras que —como está establecido— constituye una medida que nuestras leyes penalizan y con severidad.

De manera que no habría ya motivos para mantener la confrontación en un tema complicado y serio que debe solucionarse en la mesa de diálogo sin más dilaciones, a fin de evitar más radicalismos y, sobre todo, porque hay asuntos pendientes sobre los cuales se debe concordar, derivados de los llamados decretos legislativos de la selva y madereras, que según los indígenas amazónicos vulneran sus derechos.

Al respecto, es indispensable que el Congreso halle salidas a esos reclamos con vocación de diálogo y de aclarar las dudas y la falta de información que existe sobre algunas disposiciones, como la Ley de Recursos Hídricos. Y también que los representantes de Aidesep concurran a la negociación con la mayor disposición, sin sesgos ni actitudes politizadas de ningún tipo.

Lo concreto es que de un lado y del otro debe reconocerse, como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), quiénes forman los pueblos indígenas y tribales, cuáles son las responsabilidades que alcanzan a los gobiernos para defender sus derechos, proteger sus ancestrales prácticas y coadyuvar a su desarrollo, siempre en coordinación con esos pueblos. Incluso el artículo 6 del mencionado convenio señala en el inciso 1: “Los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

Con la experiencia que este Diario tiene en la organización de espacios de diálogo y las audiencias públicas, tenemos que reiterar que los mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos son, a la luz de la teoría y de la práctica, la primera opción en una situación de crisis, siempre que las partes involucradas acudan a la negociación con la mayor disposición y voluntad de resolver los problemas.
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PERU 21 MAYO 18, 2009

Las críticas de Alejandro Toledo son electoreras, señala Cabanillas

La ministra del Interior lamentó las palabras del ex presidente, quien fustigó al Gobierno a causa causa de la huelga de los indígenas amazónicos. “No puede estar haciendo este tipo de irrupciones”, dijo la oficialista.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, deploró las críticas que el ex presidente Alejandro Toledo dirigió al Gobierno y, en particular, a su sucesor, Alan García, a causa de la huelga de los indígenas amazónicos, y consideró que estas obedecen a una actitud “oportunista” y “electorera”.

“Lo decoroso en un ex presidente es guardar la calma. No puede estar haciendo este tipo de irrupciones, que tienen un cariz electorero, cada vez que hay una dificultad en el país”, expresó en los estudios de CPN Radio.

La dirigente aprista señaló que el gobierno de Toledo tuvo muchos conflictos sociales también muy graves, que lo llevaron a tener niveles de 8% o 9% de popularidad, “y, sin embargo, los políticos responsables nunca llevamos las cosas al tremendismo”.

“La contribución de él, como de todo peruano, es bienvenida. Pero el aprovechamiento electoral es señalada por mí como algo de oportunista, y con poses y medidas oportunistas no se resuelven los problemas”, aseveró.
El sábado, el líder de Perú Posible dijo que García menospreciaba a los nativos y les había “hecho el avión” al haber promulgado normas que entregan sus tierras al sector privado.

DESMEMORIADOS. Las declaraciones de Cabanillas fueron rebatidas por el secretario general de Perú Posible, Gilberto Díaz, quien recordó que los apristas fueron los más duros opositores del régimen toledista, “tanto que hasta García encabezó la marcha de la famosa patadita, pidiendo la vacancia del presidente Toledo. Que los apristas respondan con acciones y propuestas y no con insultos”, afirmó.
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MIRAFLORES, VIERNES 15 DE MAYO DE 2009 REPORTE DE PRENSA N° 534 – AÑO 183

15:41 FERNÁNDEZ AFIRMA QUE PIZANGO PODRÍA INCURRIR EN DELITO DE SEDICIÓN
Ministra llama al diálogo y a respetar la Constitución

+ Rosario Fernández aclara que no hay un gobierno usurpador ni se han asumido funciones públicas en contra de la Constitución
• No hay argumentos legales para que nativos recurran a la insurgencia

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que no existen causales constitucionales para que los nativos liderados por Alberto Pizango recurran al derecho a la insurgencia, por lo que de hacerlo, estarían incurriendo en el delito de sedición y podrían ser sancionados con penas de cinco a diez años de prisión.

“El artículo 46 de la Constitución es claro: la sedición o el derecho a la insurgencia, que al parecer han invocado estas personas, es impertinente porque no se cumplen ninguno de los dos supuestos que la ley señala: no hay un gobierno usurpador ni nadie está asumiendo funciones públicas en contra de la Constitución”, señaló desde Santiago de Chile a RPP.

Agregó que los decretos legislativos en cuestión han sido validados en su constitucionalidad, por lo que dijo que Pizango y sus seguidores se han puesto al margen de la ley y están incurriendo en el delito de sedición con penas que van entre cinco y diez años de cárcel.

Tras señalar que todos los peruanos estamos obligados a respetar la Constitución, la ministra explicó que la ley y la doctrina señalan que para ejercer el derecho a la insurgencia no deben existir otros caminos por lo que, para reclamar la supuesta inconstitucionalidad de los decretos legislativos, tienen la vía del Tribunal Constitucional.

Consultada por los derechos ancestrales invocados por los nativos, Fernández explicó que como argumento se está recurriendo a una interpretación arbitraria del convenio 169 de la OIT, porque el artículo 89 de la Constitución señala claramente que el derecho que se confiere a los nativos se sujeta a lo que diga la ley.

“El hecho de que ellos transiten por un espacio determinado de la selva no los convierte en propietarios de los sitios por donde realizan sus actividades y, en el supuesto negado que ese argumento sea válido, hay que hacerlo valer conforme a los cánones, caminos y mecanismos que establece la ley”, enfatizó.

Recordó que el Congreso ha dejado sin efecto algunos decretos y el Ejecutivo legisló merced a facultades delegadas. “Por ello no hay ninguna imposición, hay un juego democrático y estrictamente legal”, añadió.

Finalmente, Fernández hizo una invocación a retomar el diálogo. “Como ministra de Justicia, mi obligación es decir lo que señala la ley, sin que eso signifique que en la realidad tenemos que buscar una concordia y armonía dentro del marco constitucional y legal”, concluyó.
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LA REPUBLICA MAYO 15, 2009

Hoy abren Mesa de Diálogo; ayer seguía paro amazónico

Dirigentes nativos endurecen protestas en la selva central. El documento ya fue rubricado por mayoría de ministros. Hoy lo hará la ministra de la Mujer y luego lo refrendará Alan García.

Elizabeth Prado.

El esperado decreto supremo que crea la Mesa de Diálogo con los dirigentes amazónicos tomó forma legal en horas de la tarde de ayer, cuando fue firmado por los ministros que intervendrán en la solución de las demandas amazónicas.

Los titulares de cartera que rubricaron este importante documento son los del Ambiente, Agricultura, Interior, y Educación; así como los de Energía y Minas, Salud, Defensa, y el propio jefe del gabinete, Yehude Simon.

La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, no pudo participar en este acto por encontrarse fuera de Lima, pero ella cumplirá con hacerlo el día de hoy. Inmediatamente después el Decreto Supremo será refrendado por el presidente Alan García en Palacio de Gobierno.

Fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros dijeron que el paso siguiente será la formación de una Comisión Nacional integrada por representantes del Estado y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Este grupo abordará la plataforma de lucha y problemas que aquejan a los pueblos amazónicos. También, se aseguró, buscará arribar a acuerdos de consenso.

Trascendió que esa comisión estará formada por un representante de la PCM y de cada ministerio, del Servicio Nacional de Áreas Naturales (SERNAN), del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), y de COFOPRI.

Asimismo, participará en ella un representante de los presidentes regionales amazónicos y también uno en nombre de los alcaldes de la selva.

Finalmente, cada organización regional de los nativos tendrá un delegado, con el que se espera poder mejorar la comunicación entre el gobierno y las comunidades.

La Mesa de Diálogo se instalaría este lunes.

Yurimaguas paralizada

En tanto, la toma de la carretera Tarapoto- Yurimaguas por las etnias Ashawi, Cocama-Cocamilla, Camdoshi y Sigilo provocó la paralización de la ciudad de Yurimaguas y el aislamiento de Tarapoto.

Los puertos han sido cerrados, el comercio está inactivo, no hay atención en las instituciones públicas y tampoco operan los bancos.

Se reportó que solo las personas con salud quebrantada y los turistas pueden cruzar la tomada vía.

Datos

Varados. En el kilómetro 4 de la vía Tarapoto-Yurimaguas se observan toneladas de cereales, frutas y verduras que empiezan a descomponerse.

Puertos. Las embarcaciones que transportan alimentos y otros productos desde Yurimaguas hacia Iquitos no pueden zarpar debido al cierre de los puertos. Alidia Tapullima, del Frente de Defensa, dijo que levantarán la huelga solo cuando el gobierno solucione la demanda indígena. (Edición impresa La República)
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EL COMERCIO MAYO 15, 2009

RINCÓN DEL AUTOR

El radicalismo indígena
Por: Jaime de Althaus Guarderas

El pecado original —y quizá único— de los decretos legislativos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: las leyes y los decretos no suelen ser consultados ni con los interesados ni con los especialistas: se imponen, respondiendo con frecuencia a intereses específicos. Y no cabe duda de que las comunidades nativas de la selva tienen particularidades culturales, sociales y económicas que condicionan cualquier propuesta legal o de desarrollo.

Pero me atrevo a afirmar, ucrónicamente, que si los decretos hubiesen sido consultados, también habrían sido rechazados, por la sencilla razón de que Aidesep, financiada ampliamente por fundaciones europeas radicales, es, en buena cuenta, la punta de lanza en el Perú de una estrategia internacional orientada a que los grupos étnicos nativos conquisten la declaración de sus tierras como “territorios étnicos” autónomos en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos, madera y otros recursos no se aplicarían. Territorios que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con países vecinos (la nación jíbara —ashuares, quichuas y otros— y la nación aimara).

Esta estrategia, que afectaría gravemente la soberanía nacional, fue esbozada originalmente por el abogado español Pedro García Hierro, asesor de Aidesep, en un documento elaborado en 1992 a solicitud de la ONG IBIS-Dinamarca. Allí recomienda, además, un trabajo de concientización de las comunidades orientado a desarrollar una capacidad de movilización y avanzar hacia una consolidación interétnica que les permita presentar propuestas unitarias y “sin fisuras”. Esto ya se materializó, por ejemplo, en los acuerdos de los achuares, quichuas y otros pueblos indígenas de no aceptar la entrada de empresas petroleras, madereras y mineras. Y ahora se expresa claramente en la demanda monolítica de derogatoria ciega de los decretos legislativos —pese a que no han podido señalar en ellos nada gravemente ofensivo— y en medidas de fuerza que amenazan con inutilizar las principales fuentes hidrocarburíferas del país.

No sería de extrañar que haya otros elementos caldeando este radicalismo indígena exógeno. La mejor receta, sin embargo, además de defender con las fuerzas del orden la producción energética del país, es el diálogo racional, hasta el hartazgo, hasta disolver el maximalismo radical y recuperar para el país a los dirigentes secuestrados por esas ideologías, y hasta disolver los mitos y desinflar los monstruos, entenderse y llegar a acuerdos sensatos. O, si no es posible pese a todos los esfuerzos, desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento.
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PERU 21 MAYO 14, 2009

Continúa la tensión en la selva por la huelga indefinida de los nativos

El líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, se reunió con premier Yehude Simon, pero no llegaron a ningún acuerdo. La vía Tarapoto-Yurimaguas continúa bloqueada por los nativos y hay desabastecimiento.

Por Martín Sánchez y Mijail Palacios

Los bloqueos de diversas vías de comunicación por parte de los pueblos amazónicos ya llevan más de un mes y nadie sabe con certeza qué cosa es lo que reclaman. De acuerdo con la oficina de prensa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los indígenas piden al Ejecutivo la aplicación y cumplimiento del convenio 169 de la OIT, en el que se contempla la consulta obligatoria a los pueblos indígenas para el ingreso de transnacionales a su territorio.

Asimismo, exigen el reconocimiento de las reservas territoriales a favor de los pueblos amazónicos y en aislamiento voluntario. Igualmente, solicitan al Congreso la reforma de la Constitución para que se incluyan normas que los amparen y la derogación de todos los decretos legislativos que consideran contrarios a sus intereses, entre ellos la Ley 29317-Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley de Recursos Hídricos y el D.L. 1064 que, según a Aidesep, elimina el derecho de negociación de las comunidades indígenas con las empresas a las que el Gobierno otorga concesiones.

De otro lado, en Tarapoto (San Martín), varios grupos de nativos seguían llegando para reforzar el bloqueo de las vías hacia Yurimaguas y Moyobamba, que se inició la tarde del último martes. Fuentes locales indicaron que decenas de buses, camiones y autos particulares no pueden cruzar el puente Cumbaza. Asimismo, se supo que, debido a esta medida de fuerza, los productos de primera necesidad han comenzado a escasear en Tarapoto.

Entre tanto, en la capital, Alberto Pizango, líder de Aidesep, y el premier Yehude Simon trataban de solucionar el conflicto en una tensa reunión efectuada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, al término de la misma, el resultado no fue del todo alentador.

Según el primer ministro, el encuentro fue positivo, pero añadió que se deberá seguir conversando para solucionar las demandas de los pueblos amazónicos. “Espero que en las próximas horas tengamos resultados concretos. El diálogo está abierto. No obstante, la huelga y el estado de emergencia continúan”, manifestó el titular de la PCM.

Por su parte, Pizango declaró a Perú.21 que el Gobierno “tiene que darnos opciones concretas para nosotros deponer nuestra medida de fuerza. Mientras tanto, yo no me responsabilizo de lo que pueda pasar en el interior del país. Allí, cada dirigente tomará su decisión”. Al respecto, la oficina de prensa de Aidesep precisó que Pizango le habría solicitado al premier que levante el estado de emergencia. Sin embargo, este no aceptó.

TERROR EN PATAZ. Por otra parte, en la provincia de Pataz, los ronderos continúan con su huelga y volvieron a tomar el aeropuerto de Chahual. “La ciudad está paralizada y los manifestantes han ofrecido 100 soles a los pobladores que se plieguen a la protesta. En la zona solo hay 50 policías e, incluso, los ronderos les han sustraído sus celulares a las autoridades del municipio”, expresó a nuestro corresponsal el teniente alcalde de Pataz, Grimaldo Vigo Morales.

Además, se supo que dos dirigentes de las rondas campesinas, Gregorio Domínguez López y Alcides Caballero Domínguez –simpatizantes del alcalde–, se habrían suicidado. No obstante, fuentes de la comuna provincial aseguran que ambas personas habrían sido amenazadas públicamente de muerte por el presidente de las rondas campesinas de Tayabamba, Rolando Miranda Castillo.

Sin embargo, los campesinos le atribuyeron los crímenes al cuestionado alcalde Oleer Medina Barrios –quien tiene orden de captura y se encuentra como no habido–, pues afirman que uno de los dirigentes fallecidos había decidido no seguir apoyando al burgomaestre.

BLOQUEOS EN YANACOCHA. Finalmente, el camino que conduce a la minera Yanacocha (Cajamarca) ha sido bloqueado desde hace una semana por los pobladores de Choropampa, quienes le reclaman a la compañía una mayor indemnización por un derrame de mercurio en la zona ocurrido hace algunos años.

POSICIONES ENCONTRADAS. En tanto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Mayta Cápac Alatrista, pidió a los indígenes no dejarse manipular y llamó a los manifestantes al diálog.

“Nuestra opción frente a la huelga de los nativos es de permanente diálogo. Lamentablemente, no se puede conversar con quien no lo quiere hacer. Yo he invitado reiteradas veces a Alberto Pizango para ver este tema, pero nunca ha respondido a mi llamado”, dijo.

“La participación del Indepa en este conflicto es como secretario técnico de la mesa de diálogo de la PCM. Allí esperamos hallar maneras para facilitar la inclusión social de los pueblos amazónicos. Pero, para esto, los indígenas no deben dejar que terceros los manipulen a su antojo. Finalmente, espero que los líderes de los nativos se pongan de acuerdo y que un grupo no desconozca los acuerdos que se firmen con el Ejecutivo”, agregó.

DATOS

Según el Reporte de Conflictos Sociales Nro. 62, emitido por la Defensoría del Pueblo, el país registra, hasta el 30 de abril, 250 conflictos sociales de ocho tipos, reveló la Defensoría del Pueblo.
De ellos, 21 casos (8%) son por asuntos de gobierno nacional, siete (3%) por asuntos de gobierno regional, 36 (14%) por asuntos de gobierno local (provincial y distrital), y 125 (50%) son conflictos socioambientales en los que las competencias corresponden tanto al Ejecutivo como a los gobiernos regionales.
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EXPRESO MAYO 12, 2009

Ejecutivo: firme con decreto sobre Amazonía
Normas son apegadas a la ley, señaló.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, advirtió que el gobierno se mantendrá firme en su posición con relación a los decretos legislativos de la Amazonía, cuyos dirigentes piden la derogación de los mismos. En ese sentido señaló, a su salida de la Comisión de Relaciones Exteriores, que el Poder Legislativo se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de estos decretos y que, por lo tanto, son apegados a la ley.

En manos del Congreso
Además aclaró que los decretos legislativos que un grupo de representantes amazónicos pide que se deroguen están en manos del Congreso y no del Ejecutivo.
“El Congreso la semana pasada ha votado para que pasen a la Comisión de Constitución. También piden reforma de la Constitución pero de igual modo depende del Congreso y no del Ejecutivo”, expresó a Radio Nacional.
En ese sentido, Brack formuló a nombre del gobierno un llamado a las comunidades nativas para que no se agudicen los problemas y se inicie el diálogo.

Divididos
No obstante, advirtió que hay un problema entre organizaciones de las comunidades nativas que primero tendría que resolverse.
“Se ve en el paro actual que hay varias organizaciones de indígenas amazónicos porque hay varias que no se han plegado a la medida”, anotó.
En ese contexto criticó la falta de voluntad de Alberto Pizango, dirigente amazónico, por no participar en las reuniones de diálogo que el Poder Ejecutivo ha convocado en reiteradas oportunidades.

La clave
Al cabo de los numerosos días de protesta que mantienen la comunidades nativas, es evidente que no todos adhieren a las medidas violentistas, favoreciendo más bien una salida dialogada que contemple, además, los intereses de la comunidad nacional en su conjunto. Son una comunidad respetable e integrada a la patria, pero sujeta al bien común, es decir, a los superiores intereses expresados en la ley y a los lineamientos de modernización del Estado.

El dato
Después de escuchar los argumentos del ministro del Ambiente, Antonio Brack, la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Santiago Fujimori, aprobó en forma unánime el proyecto de Resolución Legislativa 2580 proveniente del Poder Ejecutivo, que plantea aprobar la suscripción del Perú en el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales.
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GATOENCERRADO MAYO 12, 2009

De la Selva sus ultras por: Mario Saldaña C.
Martes de licencia

AIDESEP es a la Selva lo que CONACAMI es a la minería.

Muy bien provisto de ingentes recursos de algunas ONG europeas, este híbrido de partido político indigenista radical, gremio nativo ultra y cuasi ONG, viene actuando impunemente desde fines de los 80, a base de un discurso más que reivindicacionista.

Su plataforma es muy simple: las etnias de la Selva son naciones en el sentido típico del término y dueñas ancestrales de su territorio y de todos los recursos explotados o por explotar; por ende, el Estado Nacional (o sea todos nosotros), cuando pretenda hacer una carretera, una represa, entregar una concesión maderera, o lo que sea, incluso fuera de los linderos reconocidos como propiedad de las comunidades, por el solo hecho de hacerlo en "el territorio de esa nación", tiene que pedirles permiso.

El radicalismo de AIDESEP fue compensado durante un buen tiempo con la creación de un gremio nativo paralelo, CONAP, que propugnó durante años el reconocimiento y promoción de los derechos nativos, como la interculturalidad bilingüe, revertir la ausencia del Estado con salud y educación básicas, y promover inversión que genere beneficios a la población indígena respetando culturas y propiedades.

Tengo la impresión de que el radicalismo de AIDESEP ha terminado siendo más "sexy" para muchos donantes culposos del Primer Mundo, porque a CONAP no se le ha sentido combatiendo a sus hermanos ultras desde los sucesos de Madre de Dios del año pasado (recordarán que quemaron una comisaría y que el ministro Brack llegó con las justas a apagar el incendio), y mucho menos ahora.

Lo ocurrido ahora último es muy grave. Además de manipular y desinformar a sus bases con las normas que pretenden simplificar las decisiones comunales para la entrega en uso de las tierras comunales, los dirigentes de AIDESEP han promovido delitos: la toma de la central hidroeléctrica de Aramago, en Amazonas, y cerrar una válvula del oleoducto de Petroperú; en Santa María de Nieva y Tayuntza las vías para el transporte terrestre y fluvial fueron bloqueadas, mientras que un grupo de machiguengas capturó un total de diez embarcaciones de transporte de combustible de Pluspetrol.

Lo peor que podrían hacer el gobierno y el Congreso es ceder al chantaje de esta ultra -que opera perfectamente coordinada, como se puede ver- aceptando la derogatoria de las normas en cuestión.
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LA REPUBLICA MAYO 8, 2009

Pleno aprueba con modificación informe sobre pueblos indígenas

Comisión de constitución evaluará derogatoria de cuestionados decretos legislativos. En Loreto, otra vez la Marina se enfrentó a comuneros en un río.

Rocío Maldonado.

Tras un intenso debate, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la comisión multipartidaria que recomienda a la Comisión de Constitución que evalúe, y ya no dictamine como se planteó en un inicio, la derogatoria de los decretos legislativos 994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1089, 1090, 1060 y 995, que atentarían contra los pueblos indígenas.

Precisamente esta modificación fue cuestionada por el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, Róger Nájar, quien sostuvo que con esa decisión solo se dilata una solución al problema de las comunidades nativas.

Por su parte, Alberto Pizango, presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), calificó como una ofensa el acuerdo logrado en el Legislativo y que además evidencia que el gobierno no tiene voluntad de solucionar los problemas planteados.

Refirió que hoy, luego de reunirse con sus bases, anunciarán las medidas de fuerza que adoptarán. Mientras, en Loreto, un helicóptero y 5 yates de la Marina de Guerra desbloquearon el río Curaray (altura de la comunidad indígena de San Rafael), provocando que un comunero sufriera la amputación del dedo anular. Según el periodista John Vargas, de la radio La Voz de la Selva, la Marina portaba armas de fuego y machetes. (Edición impresa La República)
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EXPRESO MAYO 8, 2009

Gobierno prevé declarar en emergencia la Amazonía
Diálogos pero sin presiones demanda Premier.

La zona de la Amazonía podría ser declarada en emergencia, advirtió el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, al referirse a la huelga que vienen realizando las comunidades nativas desde hace varios días.

El jefe del Gabinete invitó a los dirigentes nativos a participar de la Mesa de Diálogo que instaló el gobierno semanas atrás para atender las preocupaciones de ese sector; “pero sin ninguna presión”.

“En caso contrario yo le puedo decir que a partir de mañana podemos declarar en emergencia toda esa zona, porque si no asumimos con responsabilidad esta situación, no sólo van a ser los nativos quienes se vean afectados sino los 28 millones de peruanos porque puede haber corte de energía y cese de inversiones”, manifestó.

Sostuvo que el gobierno comprende la preocupación que tienen los grupos nativos, pero muchos de sus reclamos son por falta de inversión en la zona y eso es responsabilidad de los gobiernos locales y regionales, y no del gobierno central.

Calificó como “jalada de los cabellos” la pretensión de los fonavistas de solicitar la vacancia presidencial ante la suspensión del referéndum, y consideró que en este tema hay un aprovechamiento político de ciertos sectores.

De otro lado, indicó que elaboración de Plan VRAE ingresó a la recta final y éste sería presentado entre 8 y 10 días. Refirió que la próxima semana será recibido por el presidente Alan García y el Consejo de Defensa Nacional, ante quienes expondrá lo avanzado, y también sostendrá una reunión con los alcaldes de la zona del VRAE.

Niega reelección
Respecto al proyecto de ley que otorga a las FF AA el 5 por ciento de regalías y canon de futuros yacimientos mineros, sostuvo que éste no afectaría los recursos de las regiones porque “se está hablando de un canon a futuro”. Se mostró de acuerdo con definir anualmente un porcentaje del presupuesto para la modernización de las FF AA.

También consideró un “error” hablar de una reelección presidencial inmediata ya que el presidente Alan García no se ha referido al tema.
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LA RAZON ABRIL 16, 2009

ONG’s financiadas con dinero lavado en el extranjero azuzan a comunidades nativas

Los que están detrás de la toma de pozos petroleros y se oponen al desarrollo nacional
Néstor A. Scamarone M. (*)

Hemos tomado conocimiento que el Gobierno, con la eficiencia que lo caracteriza en materia de tratamientos de conflictos sociales, optó decididamente por reforzar la institucionalidad y actuó con la fuerza y la convicción que le da la Constitución y las leyes para restablecer el Estado de Derecho de manera inteligente y educativa, combinando las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.

Es así, que el Ejecutivo envió un mensaje claro a las poblaciones en el sentido de que el camino para lograr la solución de los problemas no pasa por las medidas de fuerza como el bloqueo y la toma de carreteras o la invasión de instalaciones productivas; y es que hace unos días hemos visto lo sucedido con las instalaciones mineras y petroleras, incluso poblaciones enteras, puentes vitales del tránsito de personas y alimentos, etc.
Con una coordinación de fuerzas hicieron tomas de lugares, “exactamente a la misma hora”, usando obviamente los más sofisticados equipos de comunicación, que iban desde la frontera norte con las áreas petroleras de los Lotes 1AB e incluso el Lote 8

La invasión de comunidades nativas e indígenas en áreas de pozos y baterías de petróleo de PLUSPETROL en la selva norte, hicieron peligrar pozos productivos de petróleo, casi 50,000 barriles diarios y con el peligro de dejar sin energía eléctrica a parte de Loreto por la posible parada de la Refinería “Luis F. Díaz” que los abastece de combustibles.

Esta coordinación de desmanes se produjo en razón al dizque reclamo de los nativos, que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quienes “absurdamente” solicitan al Gobierno Central que se derogue las nuevas leyes de aguas y forestal, así como los decretos que aprueban los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile y todos aquellos que supuestamente pongan en riesgo la propiedad de las especies de flora y fauna.

Y bueno, capaz también están pidiendo que hayan de inmediato nuevas elecciones, se disuelva el Congreso y se cree el caos, pero no en bien del Perú, sino en bien de cuatro sinvergüenzas de las ONG del billete verde que provocan estos desmanes y pérdidas económicas, para beneficio de sus bolsillos, no seamos tontos.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, solicita que se dejen de lado todos los contratos de exploración y explotación petrolera, pues afirman que solo dañan el medio ambiente. ¿No entendemos? ¿Quiénes fueron realmente los culpables de todo esto? ¿Qué querían, dejar sin energía al país, paralizar industrias y dejar poblaciones a oscuras?

No se necesita hacer muchas averiguaciones para saber quiénes están detrás de todo. Baste investigar el programa ALBA y a las ONG como “OXFAN (España), IBIS (Dinamarca), Amazon Watch (USA), Ungurawi, Sirvindi, etc, que están detrás de los manifestantes.

¿Y saben cómo reciben sus dineros que regresa de nuevo al Perú?, del lavado en el extranjero y en nuestro propio país, ahí es donde se debe investigar. Curiosamente todos estos conflictos tienen una coordinación espeluznante y va desde terrorista narcotraficante más cruel, hasta el de cuello y corbata de seda, más conocido como “caviar conchudo”.

Para colmo de la irracionalidad de las ONG que asesoran a las comunidades nativas e indígenas y a los bolsillos obviamente de los caviares de siempre, manifiestan que no permitirían más perforaciones de pozos petroleros, ni suscripción de “Contratos de Licencia” en las áreas de las comunidades, ni minería, ni explotación forestal sostenible, como si ellos fueran un Estado dentro del Estado peruano, violando la Constitución en su Artículo 66° que a la letra dice: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento...”; vale decir, los recursos naturales son de todos los peruanos no de cuatro ONG’s lavadoras que mueven a las comunidades y a las que se les ha sumado el ALBA, que por suerte ya está acabando.

Algunas ONG han hecho un dogma del desarrollo económico como el gran culpable del deterioro ambiental. Se ha dado por buena la tesis de que a mayor desarrollo, producción, consumo y bienestar material, peor el medio ambiente.

Ese discurso reúne una variopinta alianza de ambientalistas, antiglobalizadores, izquierdistas, falsos nacionalistas, indigenistas, revolucionarios (con terrorismo agazapado, que ni ellos mismos se dan cuenta) y otros que, aprovechando la credulidad del pueblo peruano, cabalgan sobre un proyecto político de grandes ramificaciones en el ámbito local e internacional, a veces capaz de entrelazarse en nombre de una noble causa ¿el ambiente?, con regímenes despóticos, conculcadores de libertades económicas y políticas o simples aprovechadores por “ganarse a los verdes, pero a los verdes dólares”.

Investigadores académicos como Jack M. Hollander, “La verdadera crisis ambiental” o Amartya Sen, Premio Nobel de Economía “¿Desarrollo en libertad?”, han planteado que el verdadero enemigo y depredador del ambiente es la pobreza, más claro que eso, nada.

Por suerte, en la fecha los pobladores de las comunidades nativas que tomaron las instalaciones de la batería Dorissa (Loreto) se retiraron a sus localidades de origen, luego de participar en una reunión con representantes del Ministerio Público y se ha restablecido el normal funcionamiento de las operaciones petroleras. Las instalaciones fueron resguardadas por efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

Por eso, todos los peruanos debemos rechazar esta asonada de caraduras y sinvergüenzas, que lo único que desean es lucrar, así de simple, lucrar vulgarmente en todas sus formas y colores, no seamos ingenuos y mano dura con ellos.

(*) Profesor de la Maestría de Ciencias Ambientales - UNMSM
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LA REPUBLICA 07 04 09

Amazónicos inician paro indefinido este 9 de abril

Congreso no cumplió con derogar leyes lesivas a los pueblos indígenas, sino que las reafirmó. Solicitud de diálogo enviada hace un mes por sus dirigentes no fue respondida por el premier Yehude Simon.

Elizabeth Prado

Ante la poca voluntad política mostrada por el gobierno para resolver la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 considerados atentatorios contra los derechos de los pueblos indígenas, dirigentes de 1,350 comunidades amazónicas anunciaron un paro indefinido hasta conseguir la solución a sus reclamos.

Dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) señalaron que los representantes de estas comunidades se han pronunciado por retomar la movilización de agosto del año pasado, suspendida en ese entonces frente al compromiso del Congreso de la República de revisar los seis decretos legislativos considerados lesivos a los derechos indígenas.

Dijeron que lejos de cumplir la promesa, el poder legislativo emitió la ley 29317 que modifica e incorpora diversos artículos al decreto 1090, conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La comisión multisectorial y multipartidaria, presidida por la congresista Gloria Ramos, que se formó precisamente para revisar las normas atentatorias, concluyó en la necesidad de derogarlas.

Sin embargo, dijeron en Aidesep, que hacer efectiva esta conclusión dependerá del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.

El titular de la mesa directiva del Legislativo debe poner a consideración del pleno los acuerdos, pero aún no lo ha hecho.

Los voceros de la asociación indígena también informaron que su paro indefinido será íntegramente financiado por los pueblos amazónicos. Ellos harán uso de sus propias cosechas para enfrentar los días y meses que les demande hasta conseguir la atención tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Más apoyo

Las comunidades andinas y amazónicas de la macrorregión centro del Perú dijeron por su parte que iniciarán una huelga amazónica andina el próximo 13 de abril, en apoyo a los pueblos amazónicos.

Las comunidades y pueblos de la región Pasco también convocaron a un paro para los días 13 y 14 de abril, según se informó.

El dato

Atentatorios. En mayo del año pasado, los Apus de las comunidades amazónicas señalaron que de los 100 decretos emitidos por el Congreso, 94 se referían a temas amazónicos. De ellos, 34 eran lesivos a sus derechos.

Las demandas por resolver

Los requerimientos de los pueblos indígenas giran sobre cuatro puntos: Reforma de la Constitución Política del Estado para restablecer los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios indígenas.

Derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra los derechos colectivos de estos pueblos.

Aprobación de una ley que obligue al Estado a implementar el derecho de consulta previa, consignada en el convenio 169 de la OIT, y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El cumplimiento del Convenio 169, suscrito por el Estado peruano y ratificado por el Congreso mediante la resolución legislativa 26253.
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CORREO ENERO 15, 2009

TRAS LEYES QUE MEJORAN ADMINISTRACION DEL RECURSO, JUNTA DE USUARIOS INTENTA PRESERVAR MANEJO POLITIZADO

¿Se les escapa el botín como agua entre los dedos?

En una época en que el agua se ha convertido en uno de los dones más preciados del planeta, en el Perú, el recurso hídrico, fundamental para regar las miles de zonas agrícolas del país y decisivo en diversas actividades, todavía se rige por una ley promulgada hace casi 40 años, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado.

Sin embargo, en la gestión del ex ministro de Agricultura Ismael Benavides se dieron varios pasos adelante gracias a la aprobación de tres dispositivos legales: el Decreto Ley N° 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos; el DL N° 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos; y el DL N° 997, que crea la Autoridad Nacional del Agua.

Y en los próximos días, el pleno del Congreso debatirá el dictamen del proyecto de Ley General de Aguas y Temas Afines aprobado por la Comisión Agraria el último martes, que regula el uso y gestión integrada del agua, así como la actuación del Estado y los particulares. ¿Vamos por buen camino?

LOS PERROS DEL HORTELANO. Pese a todo ello, la Junta Nacional de los Distritos de Riego ha levantado su voz de protesta por estos dispositivos, malinformando a la opinión pública al asegurar que el gobierno pretende privatizar el agua e iniciando hoy una huelga agrícola indefinida y sin justificación.

A decir del empresario agrario y otrora ministro de Agricultura José Chlimper, estas normas no buscan de modo alguno privatizar el agua, que en la actualidad es manejada por una cúpula privada enquistada en el poder, encabezada por Enrique Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.
Por el contrario, señala Chlimper, el DL N° 1081 busca que estén representados todos los sectores que tienen que ver con el uso del agua, como el agrario, minero e industrial, entre otros.

De igual modo, agrega, la Ley General de Aguas, aprobada por la Comisión Agraria, no contraviene en modo alguno las citadas normas, que buscan ser derogadas por Málaga y compañía. "Evidentemente se están tocando sus intereses y no quieren perder el poder", explicó Chlimper.

Precisó además que esta nueva ley -que falta ser aprobada por el pleno del Parlamento- es mucho mejor que la vigente norma, promulgada en 1969 en el marco de la Reforma Agraria llevada a cabo por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado.

SE REQUIERE LEY RENOVADA. Para el experto en temas agrarios Bruno Barbieri Gambini, urge una ley de aguas "renovada", que sustituya a la vieja legislación, que rige desde hace 40 años y que le ha permitido a la Junta de Usuarios mantenerse en sus cargos pese a su "deficiente administración del recurso hídrico".
"Después de muchos años, las agroexportaciones son una realidad, pero para que las inversiones y el agro sigan creciendo se necesita una Ley de Aguas", comentó en diálogo con Correo.

Barbieri dijo que el ex ministro de Agricultura Ismael Benavides hizo una "excelente gestión" al emitir tres decretos legislativos −1081, 1084 y 997−, "los cuales constituyen un nuevo orden legal en el manejo de los recursos hídricos", y en ese sentido cuestionó que los dirigidos por Málaga promuevan su derogatoria.
"El Estado debe poner orden, porque no puede permitir que un grupo de dirigentes antepongan sus intereses particulares a los del país. El recurso hídrico tiene que estar bajo la administración de una Autoridad Nacional del Agua, porque en los últimos años su administración ha sido muy mala", puntualizó.

KARLA DE ROJAS
PIERO LLAMO
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EXPRESO 04 de septiembre de 2008

Nuestra Amazonía
Alberto Bolívar Ocampo

La Amazonía peruana constituye un gran vacío geopolítico en términos demográficos, de presencia estatal y de desarrollo sostenible, pese a constituir la región natural más grande y más rica del país. Desgraciadamente nuestras elites gobernantes pocas veces –por ejemplo, Fernando Belaunde– visualizaron su importancia estratégica.
Por el contrario, países como Brasil han hecho del desarrollo, preservación y defensa de su Amazonía un objetivo nacional que geovialmente se ha manifestado en las llamadas “rodovías” que han permitido su marcha hacia el Oeste, tendencia geopolítica cuasi natural originada en los tiempos de la Bandeira y más recientemente sustentada doctrinariamente por autores como Mario Travassos (1931), Golbery do Couto e Silva (1966) y Carlos de Meira Mattos (1975). Todos ellos visualizaron lo importante que era ocuparla y desarrollarla, pero la diferencia con nosotros fue que para (absolutamente) todas sus elites, ello constituyó, más que una simple toma de posición, una verdadera toma de conciencia como primer paso para acceder al Océano Pacífico.

La creación de la Zona Franca de Manaos en 1967 fue en parte como respuesta a la Ley de la Selva Peruana (Ley 15600 del 4/9/65), que creaba un sistema de incentivos fiscales especiales y facilidades especiales de importación, exportación e industrialización de los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, La Libertad, Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Los brasileños se preocuparon, reaccionaron y los resultados saltan a la vista: comparemos lo que es Manaos con lo que es Iquitos. En ellos hubo continuidad política y estratégica; en nosotros, mezquindad política y abandono por parte de la mayoría de gobiernos, tal vez porque su incidencia electoral no es determinante. ¿Qué conseguimos? La consolidación de verdaderas áreas sin ley en nuestra Amazonía.

Hoy, nuevamente nos acordamos de la región natural que alberga nuestro mayor potencial de riqueza, sólo por el problema suscitado a raíz de la protesta de las comunidades nativas contra los decretos legislativos 1015 y 1073. Para acabar con la manipulación política no debe volver a ofrecerse “modernidad”, sino más bien “desarrollo”.

Para los pueblos amazónicos, desarrollo implica ante todo interconexión física, es decir carreteras y ferrovías; aumento del índice geovial para que lleguen el Estado y la inversión, y esos pueblos (rodeados de riqueza potencial) puedan (por fin) incorporarse al mercado. No nos hemos dado cuenta, pero tal vez el corredor interoceánico más importante sea el que una a Iquitos con Bayóvar; lo mismo podemos decir del proyecto de la ferrovía Santos-Bayóvar, anunciado por el actual gobierno en agosto de 2007. Si realmente queremos apagar la mecha que puede incendiar nuestra Amazonía, ofrezcamos y concretemos (cuanto antes) carreteras y ferrovías; igualmente, diseñemos (de una vez por todas) una Estrategia de Desarrollo en Seguridad de nuestras fronteras amazónicas. No vaya a ser que más adelante nos lamentemos por cómo, zonas jurídicamente nacionales, perdieron su identidad de tales.
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LA REPUBLICA SETIEMBRE 1, 2008

“Ley de la Selva" divide al Ejecutivo

Mientras Del Castillo dice que gobierno aún evalúa si observará la ley, Brack apuesta por mantener la decisión del Parlamento.

Carolina Martín.

Juntos pero... Con el paso de los días se ha hecho evidente la diferencia de posiciones entre el ministro del Ambiente y el jefe de la PCM. La situación sería tensa.

Incógnita. También hay complicaciones para definir quiénes son los reales representantes de los indígenas peruanos.

Diez después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley N° 2440, que supone la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, el Ejecutivo sigue resistiéndose a promulgar la norma que acabaría con dos de los textos legales más emblemáticos del paquete conocido como la "Ley de la Selva".

La ausencia de una decisión que confirme o rechace lo ratificado en el Parlamento por mayoría, además de tentar de nuevo los ánimos de unos indígenas dispuestos a retomar la protesta si los decretos de la polémica siguen en vigor, pone de manifiesto la división que en el Ejecutivo provoca una ley que ya lo ha enfrentado con el Legislativo.

Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, ratificó a través de la agencia Andina que el gobierno aún evalúa la autógrafa de ley que deroga los decretos 1015 y 1073, y añadió que esta semana, en Consejo de Ministros, el Ejecutivo analizará el caso sobre la base de la propuesta presidencial para dejar que la venta de tierras se lleve a cabo con el acuerdo del 66% de los integrantes de la comunidad (los dos tercios iniciales), y que el 50% + 1 propuesto inicialmente quede para otras decisiones, como la asociación o el alquiler.

OBSERVACIÓN O NO

Lo dicho, que supone una suerte de observación consensuada (la propuesta se lanzó como un globo sonda que ha pulsado la reacción de los nativos durante varios días), se contradijo frontalmente con unas declaraciones del ministro del Ambiente, Antonio Brack, publicadas en un diario local tan solo unas horas antes, en las que este declaraba que "dejaría los decretos 1015 y 1073 derogados porque no se les consultó ( a los indígenas)".

Cabe recordar que fue el propio Del Castillo quien delegó la negociación en Brack desde el inicio de la protesta, y lo ratificó públicamente en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno como el único interlocutor válido, apenas dos días después de que los nativos lo negaran como tal tras la ruptura de la Mesa de Diálogo en Datem del Marañón.

Mientras el Ejecutivo evalúa qué decisión tomar, la relación entre el Congreso y los indígenas se consolida. También esta semana (muy posiblemente el martes) la dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) volverá a reunirse con el presidente del Parlamento, el aprista Javier Velásquez Quesquén, para continuar definiendo la composición de la mesa multipartidaria que trabajará en la resolución de los problemas de la Amazonía.

EL GRUPO DE TRABAJO CRECE

Además de los congresistas que proponga Velásquez, el grupo de siete parlamentarios propuesto por la Comisión de Pueblos Indígenas y Amazónicos, y los dirigentes de Aidesep, dicho grupo de trabajo podría aumentar con la presencia de líderes de la Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), quienes enviaron una carta a Velásquez el pasado miércoles solicitando integrar la comisión multipartidaria. Hasta la fecha no han recibido una respuesta.

El presidente de la CONAP, Oseas Barbarán, recordó que ellos representan al 40% de los pueblos indígenas del Perú y rechazó, al igual que Aidesep (que representa al 60% restante), no solo los decretos 1015 y 1073, sino también otros, como los 994, 1020, 1064, 1081 y 1090. Igualmente cuestionó otros proyectos de leyes actualmente en el Congreso, como los 840, 1770 o el 1992.

Uno de los puntos que los indígenas quieren que sea tratado por el grupo multipartidario del Congreso es el referido al mecanismo que Perú debe implementar para, según se comprometió al ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT, consultar a los pueblos interesados.

Según ese tratado, eso debería hacerse "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos".

DATOS

En europa. La Alianza para el Clima, que agrupa a las municipalidades de las principales ciudades europeas, firmó ayer en Alemania, al término del Foro sobre biodiversidad y derechos de los indígenas, una declaración en la que demanda a Alan García promulgue la ley N ° 24440 que deroga los DL 1015 y 1073.

Pregrupo. El subgrupo de congresistas elegido por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos se reunirá hoy para dialogar con las nativos.
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EXPRESO 04 de septiembre de 2008

Sentido común
Es imprescindible serenar los ánimos en el pais
Marcos Ibazeta Marino

aEl incremento de los precios de los alimentos y la incertidumbre respecto a los niveles de inflación que afectará a nuestra economía en el presente año, además de la desconfianza social en la eficiencia del gobierno frente a eventos de emergencia o en la imagen de resquebrajamiento político y social que a partir de las Regiones frente al Gobierno Central se viene proyectando, Están sirviendo de caldo de cultivo para un peligroso accionar político de sectores que, calladamente, han venido accediendo a la dirección y/o control de organizaciones sociales y laborales, cuyo objetivo central sería la vacancia de la Presidencia de la República, para lo cual se nos viene lo de siempre: paros, movilizaciones, tomas de calles, de carreteras, violencia frente a las fuerzas del orden. En otras palabras, se pretende germinar la semilla del caos social para llegar a un espectro de ingobernabilidad que podría prosperar si el gobierno sigue cometiendo tantos errores y llegara a perder de manera abrumadora la credibilidad ciudadana.

Tenemos pendiente aún el tema de la inseguridad vial en cuyo debate oficial nada ha quedado en claro, salvo el hecho que las muertes siguen reinando en calles urbanas y en carreteras interprovinciales.

Los gremios más importantes en movilizaciones, vinculados a servicios muy sensibles para la población como el de salud, han anunciado paros y movilizaciones, ante las cuales el gobierno no está reaccionando del modo más adecuado, sino veamos lo que está pasando en Salud, donde la confrontación ha llegado a un punto con una única disyuntiva: o se neutraliza la acción gremial o el Ministro debe renunciar. No importa si éste utilizó los medios de prensa para mostrar a un agotado médico durmiendo en horas de trabajo, sino lo que han decidido los médicos solidarizándose con su colega: extremar sus medidas de fuerza.

Voceros de la CGTP también han señalado que realizarán actos contra el gobierno teniendo como meta la vacancia presidencial.

La señora Macher participó sin ninguna resistencia ética en la Comisión de Reparaciones a pesar que estaba vinculada a una ONG cuya actividad, con recursos de la cooperación internacional, era precisamente obligar al Estado a ejecutar prestaciones reparatorias, siendo notoria la incompatibilidad aunque la señora sostenga lo contrario y … nada pasa.

Vinculado a este tema de derechos humanos ni la Iglesia Católica se salvó de las pugnas internas y seguramente en ese plano se resolverá el entredicho entre un Obispo y el Arzobispo de Lima, aunque leyendo la Homilía del último no encontramos referencias que justifiquen diferencias sustanciales.

Y encima los inaceptables textos educativos en los cuales, un poco más y los terroristas que tanto daño causaron, serían los héroes de esa película de horror. La serenidad debe imperar.
ibazetamarino@yahoo.es
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PERUANO 29 de agosto de 2008

Comunidades nativas

Las comunidades campesinas, indígenas y nativas requieren de grandes inversiones para lograr un desarrollo sostenible, aprovechando la inmensa cantidad de tierra, bosques y lagunas cuya posesión detentan, usan y usufructúan desde hace muchos años, si consideramos que a mediados del siglo XIX (1860) no fueron consideradas en la Constitución Política y demás leyes, situación jurídica que recién recuperaron en la primera Carta Magna del siglo XX (1920).

Desde entonces, estas comunidades, unas más y otras menos, han seguido enclaustradas en su propia realidad: exclusión, atraso, carencia de servicios de educación, salud y posibilidades de trabajo. Crítica situación que es de responsabilidad de diferentes gobiernos republicanos que siguieron la injusta costumbre de la autoridad colonial. Sin embargo, a partir del virreinato fueron las órdenes religiosas misioneras las que se preocuparon por llevar la palabra de Dios y las enseñanzas cristianas a dichas comunidades, no obstante se mantuvieron de espaldas al progreso y desarrollo nacionales. Lo cual convenía al caciquismo político.

Teniendo en cuenta este contexto socio-histórico que ha producido una inmensa pobreza y extrema pobreza, principalmente en las comunidades amazónicas, algunas autoridades del Gobierno pensaron de buena fe que podían incluir a éstas dentro del régimen jurídico que se les estaba otorgando a las comunidades campesinas de la Sierra para incorporarlas a la modernidad y al desarrollo que trae consigo el TLC con Estados Unidos. Se trataba de darles la misma palanca promotora de inversiones sin hacer diferencias entre comunidades andinas o amazónicas. Es más, a ambas se les igualaba a las de la Costa con relación al quórum requerido del 50% más uno para la toma de decisiones que les faculta a alquilar sus tierras, crear empresas o asociaciones con entidades para explotar sus recursos naturales, poniéndolas en valor y obteniendo importantes ingresos económicos que les permitan mejorar su calidad de vida, gozando de eficientes y eficaces servicios de salud y educación, generar puestos de trabajo con el desarrollo de industrias que produzcan bienes competitivos en calidad y precio para exportarlos a los grandes mercados, como es el caso, al amparo del mencionado TLC.

En consecuencia, esta decisión de gobierno fue de buena fe. Dentro de este marco se aprobó el D. Leg. N° 1015 y cuando éste fue objeto de observaciones se le modificó con el D. Leg. N° 1075, primando nuevamente la más pura intención y voluntad de abrir el camino para el desarrollo de estas comunidades, toda vez que es injusto dejar que éstas sigan viviendo de espaldas a la modernidad, a las ciencias y a la tecnología que otorga progreso económico y desarrollo social. Decretos ya fueron derogados por el Congreso de la República, se ha levantado el estado de emergencia decretado días anteriores y, actualmente, una comisión multipartidaria del Legislativo buscará una solución integral. A la par, se encuentra la nueva propuesta que el Presidente de la República ha lanzado con el fin de resolver futuros rechazos a una legislación modernizadora que, en verdad, no debe obviarse.
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LA REPUBLICA 27 de agosto de 2008

Indígenas insisten en derogatoria y diálogo

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, recuerda que la protesta amazónica no es sólo por los decretos 1015 y 1073.
Carolina Martín.

Firmes. Alberto Pizango, representante de los nativos, insiste en su demanda principal: que se consulte a comunidades.

Consideran buena la propuesta de Alan García de dejar en 66% el margen de transferencia o venta para las comunidades de la selva, pero también como prematura y con una importante carencia: es unilateral.

Por eso, los indígenas de las siete regiones amazónicas del Perú insisten en que el Ejecutivo debe promulgar –y no observar – la ley 2440 que aprobó el Congreso y que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 (más conocidos como la Ley de la Selva).
Además, reiteran su deseo de dialogar con el gobierno para, juntos, fijar un plan de desarrollo para las comunidades de la selva.

Así lo expresó ayer a La República Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien precisó que la protesta indígena no se refería sólo a la derogatoria de las normas promulgadas por el Ejecutivo al amparo de las facultades especiales para legislar en materia del TLC.

ESCENARIO DE DIÁLOGO
"La movilización amazónica responde a un tema de fondo, que es el diálogo y el respeto estricto del territorio indígena de la selva. Esperamos que el Ejecutivo derogue los decretos y que nos sentemos a conversar sobre cómo debe ser el desarrollo en la selva sin tergiversar y no insistir en que nuestra queja está manipulada por terceros", afirmó Pizango.

En ese posible escenario de diálogo, posterior a la promulgación de la ley 2440, eso sí, Pizango aseveró que la propuesta de García sería bien vista, "siempre y cuando se garantice la consulta tal y como establece el Convenio N° 169 de la OIT-, y que serán los propios pueblos nativos quienes dispongan de forma autónoma de su territorio".

"Los pueblos quieren ser parte de la solución de sus problemas, y que con los mismos derechos y condiciones todos –indígenas y gobierno– comencemos a hablar de desarrollo. Si pregunta a los nativos si quieren ser ricos, todos dirán que sí, pero sin ser expropiados", dijo.

Agregó que el lunes, y dada la ausencia de respuesta a su propuesta de diálogo de la semana pasada, enviaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una segunda carta reiterando su predisposición a conversar y exponiendo los ocho puntos de la agenda que desean tratar con el gobierno.

CARTA SIN RESPUESTA
El documento, dirigido al premier Jorge del Castillo, pide la restitución del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), la creación de un fondo especial para proyectos en la selva, el restablecimiento del rango ministerial del Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) y el respeto al rechazo de las concesiones hidrocarburíferas.

Los indígenas solicitan, además, la formación de una comisión de alto nivel que evalúe el impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo en la selva, la transformación del Ministerio de Educación en un Ministerio de Educación y Asuntos Interculturales que pueda adecuar los contenidos educativos a cada realidad, la creación de centros de estudios superiores en la selva y un programa especial que se encargue de fijar medidas para proteger la vida y la salud de las comunidades indígenas.
Al cierre de esta edición, aún no había respuesta de la PCM.

PRECISIÓN
El proyecto vargas. Ayer, el presidente de la Comisión de Constitución, el aprista José Vargas Fernández, presentó un proyecto de ley que modifica el régimen de disposición de tierras y establece que para las comunidades de la costa el voto de la asamblea será de no menos del 50% de sus miembros, y que para transferir la propiedad de las tierras de la sierra y la selva deberá contarse con el voto de no menos de los dos tercios de sus integrantes.

Oposición apoya la negociación
Ayer la oposición se mostró conforme con la propuesta de Alan García sobre el uso de las tierras en la selva, pero precisó que el éxito de la iniciativa dependerá de un adecuado diálogo.
La congresista Elizabeth León, de UPP, calificó de positivo el cambio de actitud del gobierno para evitar un nuevo conflicto, pero opinó que de todas maneras la propuesta debe ser consultada con los indígenas.

Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional, dijo que sobre la base de la nueva propuesta del presidente se puede iniciar un diálogo constructivo a fin de buscar alternativas de desarrollo para la selva. Y Oswaldo Luizar, del Bloque Popular, señaló que las palabras de García son un reconocimiento de su error.
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EXPRESO 25 de agosto de 2008

El arte de lo imposible
Comunidades: ¿Y ahora qué?
Jorge Alania Vera

El reconocimiento hecho por el ministro Garrido Lecca de que al gobierno le faltó comunicar a los propios interesados las bondades de la llamada ley de la selva (enmarcado en el reconocimiento del propio jefe del gabinete de que al régimen aprista le falta una apropiada política de comunicaciones) es un primer e indispensable paso para recomponer aquí y ahora las relaciones del Estado con los pueblos aborígenes del Perú y, al mismo tiempo, dar a su acción comunicadora una base que la haga efectiva pese a todas las limitaciones.

Comunicar no es sólo –y este caso palmariamente lo ha evidenciado– hacer conocer, difundir. Es, sobre todo, persuadir. Y eso es lo que le ha faltado al gobierno. La gran carencia de este régimen es que no persuade. Sus voceros hablan desde las tribunas locales y provinciales pero con el discurso político clásico que el pueblo no digiere. Ese discurso a veces es necesario pero siempre será nada si no se complementa con el otro, el de la persuasión, alejado de las cámaras y de los tumultos, en las mesas sencillas que la ciudadanía comparte, en los foros comunales, en las asambleas cívicas, en donde primero se escucha y después se responde, en donde no hay afirmaciones a priori sino preguntas y respuestas que todos hacen y que todos absuelven a su modo.

Pero la persuasión empieza con la humildad. No la ha tenido el gobierno al tratar de decretar desde arriba cambios en el régimen ancestral de manejo de la propiedad de las comunidades nativas que tienen, por su naturaleza, una peculiar visión del mundo que es, a diferencia de la nuestra, arraigada y colectiva. El gobierno no ha hecho lo que las ongs ambientalistas, con sus intereses políticos, ha hecho y bien: comunicar, persuadir, meterse en las comunidades, aprovechar la coyuntura económica y social sesgándola hacia sus objetivos aparentemente promotores pero en el fondo mezquinos: sobrevivir (¡y muy bien!) y consolidar un espacio y una presencia que se articula y expande cada vez más gracias a la generosa cooperación internacional y a la creciente influencia de los llamados verdes en la política europea y norteamericana.

Es cierto que hay agitadores y extremistas que han tratado y han logrado pescar a río revuelto. A ellos no se les va a persuadir porque actúan por consigna e intereses. Pero son pocos, muchos menos de los que se cree. Se mimetizan en la masa porque si no la masa los rechazaría y sólo aparecen en el momento que les conviene. De tanto hacer ese trabajo saben muy bien cuándo, dónde y cómo. Sus resultados son siempre focalizados y de ello dan fe las elecciones generales, regionales y locales en las que sus representantes que deciden lanzarse abiertamente a la contienda política obtienen un ínfimo apoyo popular.

En el complejo panorama que se divisa y con el pésimo antecedente de haber cedido a la demanda de las calles, al Ejecutivo pero también al Legislativo le quedan una gran tarea: bajar al llano, con todo lo que eso significa.
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EL COMERCIO 22 de agosto de 2008

EDITORIAL
¿Quieren los indígenas seguir bajo el paternalismo?

El debate sobre la pertinencia de los decretos legislativos 1015 y 1073 ha adquirido dimensiones preocupantes, que ponen a prueba no solo principios básicos del Estado de derecho, sino también la voluntad y capacidad de las comunidades indígenas de aprovechar la oportunidad para rechazar el paternalismo inmovilista que sigue relegándolas y empobreciéndolas.

Puede haber habido errores del Gobierno al plantear la norma inicial (que debió ser urgentemente modificada), pero ello no debe desviarnos del tema de fondo: ¿Quieren los líderes nativos empezar a tomar sus propias decisiones que les permitan generar más riqueza y afianzar el desarrollo sostenible de sus comunidades?

Ello no es posible en el estado actual de cosas, que les coloca una camisa de fuerza a la hora de votar y exigirles una amplísima mayoría, cuando lo democrático y legítimo es propiciar una votación por mayoría simple y calificada, como se hace en comunidades campesinas de la costa y sierra. ¿O son menos que ellas? ¿Estemos o no de acuerdo con su paro, no han demostrado acaso con ello que son capaces de actuar organizadamente y tomar decisiones?

Deben entender que con estos decretos no se busca facilitar que malbarateen sus tierras, sino lograr que les den mayor valor a través de asociaciones con grupos tecnificados en manejo de tierras selváticas. En minoría, en mayoría, sobre todo el terreno o parte de él, quizá buscando financiamiento directo, lo importante es que ellos mismos, los nativos, decidan. Lo que no puede ser es que dichas tierras solo sigan produciendo atraso y pobreza.

DIÁLOGO SÍ; CHANTAJE NO
Es hora, pues, de despolitizar el tema y desprenderse de suspicacias y prejuicios para cavilarlo con serenidad, lógica y ponderación. Antes que nada, los indígenas deben entender la importancia del diálogo para resolver los problemas y, por contraste, rechazar el recurso a la violencia y más aun al secuestro. Nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, por lo que es intolerable bloquear carreteras y tomar centrales hidroeléctricas para chantajear a las autoridades, lo que además afecta el derecho constitucional a circular libremente por el territorio y genera fuertes problemas económicos y sociales a millones de connacionales.

Por el lado del Gobierno, tiene que reconocer su responsabilidad por haber procedido de modo unilateral en un tema altamente sensible para los nativos. Los mencionados decretos buscan, con acierto, regular el modo en que las comunidades étnicas decidan el estado de sus tierras. Pero ello, aparte de ser mal planteado inicialmente, no fue consultado con los líderes de dichos grupos. Hay aquí, además de una magra política de comunicación, falta de sensibilidad con sectores que expresan un alto nivel de desconfianza por haber sido relegados y birlados históricamente.

En tal contexto, no se puede aceptar tampoco el desaire a un ministro, ni patear el tablero de una mesa de diálogo ni el burdo chantaje al Parlamento y al Ejecutivo. A pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la nación peruana y de un Estado unitario cuyas leyes, la primera de ellas la Constitución, estamos obligados a respetar.

EL CRÍTICO PAPEL DEL CONGRESO
El Congreso ha jugado, en todo esto, un partido aparte. Varias bancadas, incluida la del Apra, aún no repuestas del escándalo que significó la elección por fórceps de la actual Mesa Directiva, han cedido fácilmente a las presiones de los grupos nativos y sus lobbistas para aceptar la derogatoria de los decretos cuestionados.

Esto crea un riesgoso precedente para el sistema democrático. ¿Es que basta un paro con bloqueos para arrimar contra la pared a un poder del Estado y hacerlo retroceder? ¿Dónde quedó la esencia del debate parlamentario y de la coordinación entre poderes?

La salida es difícil. El presidente Alan García ha defendido los decretos para mejorar la estructura normativa del país y promover la reincorporación a la modernidad y el desarrollo de grandes comunidades nativas. Por otro lado, los nativos han hecho cuestión de Estado respecto de la derogatoria de los decretos legislativos, motivados básicamente por la desconfianza.

En tan delicada coyuntura, el Congreso no puede ir a contramarcha del desarrollo y la estabilidad del país. Corresponde ahora que el plenario analice objetivamente los decretos y sin cambiar su esencia --acabar con el paternalismo y permitir el manejo autónomo de sus tierras-- proceda a consensuar una ley sustitutoria que permita hacer los ajustes que devuelvan la confianza a los indígenas y promuevan un cambio visible en su modo y calidad de vida.

Lo fácil sería simplemente derogar. Lo arduo y edificante es tomar medidas para acabar con el nefasto e histórico paternalismo centralista y engarzar a estas comunidades en el desarrollo nacional.
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PERUANO 22 de agosto de 2008

Decretos Legislativos 1015 y 1073

Sin mayor información y sin ningún fundamento jurídico las comunidades nativas amazónicas insisten en la derogatoria de los decretos legislativos n°s 1015 y 1073, porque han hecho creer a los integrantes de las mismas que les perjudica en la propiedad de sus tierras y en la naturaleza de su identidad de indígenas. Lo cual, a todas luces, es totalmente falso. Quienes han propiciado la equivocada toma de conciencia, han hecho y sustentado su falsa tesis en un enfoque político interesado contra el Gobierno, exacerbando los estados de ánimo de los nativos contra el orden jurídico que sustenta al Estado democrático de derecho social. En suma, buscan alterar la paz social y la tranquilidad pública, creando una grave situación de gobernabilidad, para sacar provecho de la crisis que puedan originar.

El planteo formulado por los dirigentes de estas comunidades nativas no resiste el menor análisis jurídico, económico y social. En estas circunstancias, por razones de objetividad, hay que dejar de lado el impacto político de beneficio que significan la razón de ser de estos decretos legislativos, que, a la postre, son, definitivamente, de carácter eminentemente revolucionario porque cambiaría en 180 grados la realidad de las comunidades nativas amazónicas, eliminando la pobreza y extrema pobreza y la exclusión en la que históricamente se han encontrado.

En este contexto, tenemos que señalar que jurídicamente los decretos en mención –el 1015 y su modificación con el 1073-, sólo buscan uniformar criterios para computar el quórum para la aprobación de sus decisiones en todas las comunidades campesinas y nativas de la costa, sierra y selva del país, habida cuenta que unas tenían la mitad más uno de los empadronados y otras –como las amazónicas- el 66%, lo cual hacía imposible que lleguen a acuerdos positivos porque bastaba que algo más de una tercera parte estuviera en desacuerdo para impedir la aprobación de propuestas que eran apoyadas por la mayoría. Con esta limitación, como es obvio, ninguna asociación jurídica puede marchar o caminar hacia el progreso.

En efecto, la finalidad de este cambio es activar y promover a estas comunidades para elevar su producción y mejorar su competitividad agropecuaria y artesanal, esto es que sus propios miembros aceleren proyectos productivos a su favor con el asesoramiento técnico y financiero del Estado, al margen de que puedan decidir libremente, por ellos mismos, parcelar sus tierras, alquilarlas, asociarse, convocar capital para desarrollar recursos, etc. Es más, el que se hayan promulgado estos decretos no obliga a las comunidades a aplicarlos o usarlos. Si es decisión de los comuneros seguir viviendo como hasta ahora lo han hecho, de espaldas a la modernidad y al progreso, pueden seguir haciéndolo; empero, quedará en la conciencia de cada uno de sus miembros que este Gobierno les dio la oportunidad y la herramienta fundamental para alcanzar el cambio, avanzar y crecer.

Económicamente, no hay otro camino para superar su situación de pobreza y extrema pobreza. Las mismas comunidades tienen que luchar para superar esa triste e histórica situación. Sin duda, requieren inversión y capital, y lo pueden obtener al poner en valor sus tierras y generar actividades productivas. De igual manera, socialmente sólo pueden dejar la exclusión en la medida que sus hijos y también ellos puedan ingresar al mundo de la modernidad, de la cultura y de la integración nacional, preservando su identidad de pueblos amazónicos, lo cual es parte fundamental del orgullo del Perú.
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LA REPUBLICA 21 de agosto de 2008

De bombero a incendiario
María Elena Castillo.

El tradicional papel de bombero, "arregla conflictos", que en los últimos dos años trató de interpretar el premier Jorge del Castillo, se vino abajo el martes en el Congreso, cuando cuestionó la decisión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología de derogar los DL 1015 y 1073, que generaron una serie de protestas y manifestaciones en la región amazónica.

"Sienta un precedente negativo y nefasto", dijo Del Castillo poco después que la comisión parlamentaria aprobó derogar las normas dadas por el Ejecutivo bajo la delegación de facultades para el TLC. "No me parece buena para la democracia", insistió con gesto adusto y argumentó que el Congreso no puede tomar esas decisiones respondiendo a coacciones, tomas de carretera o secuestro de policías. En otras palabras, cerró las puertas a los miles de peruanos que, cansados de un gobierno que no los escucha, tomaron las carreteras y principales ríos de la selva durante 10 días, con el único objetivo de hacer oír su voz.

Esta vez los miembros de la Comisión de Pueblos Andinos sí los tomaron en cuenta, lo contrario hubiera sido echar más leña al fuego. Esperemos más bien, que el Pleno ratifique hoy la derogatoria de estas normas y no caiga en la presión del Presidente, que los acusa de actuar pensando en los votos preferenciales y no en el bien del país. Que no se preocupen, pues seguro que los miles de nativos que viven en la Amazonía no piensan así.
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PERU 21 21 de agosto de 2008

Las comunidades nativas tienen razón
Autor: Francisco Eguiguren

Las comunidades nativas de nuestra selva se encuentran en lucha, en defensa de su derecho a ser respetados como pueblos y a proteger sus tierras. Reclaman la derogación de algunos decretos legislativos dictados por el Gobierno, so pretexto de la implementación y aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos, en especial del 1015 y del 1073, que desconocen sus derechos colectivos.

El Convenio 169 de la OIT es una norma internacional ratificada por el Perú. Obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas sobre las propuestas legislativas relacionadas con sus derechos (Art. 6°, inciso 1, a); y Art. 7°).

Recalca la importancia especial que para la preservación de la cultura y valores espirituales de estos pueblos tiene la relación con las tierras que ocupan, señalando que ello comprende también a los territorios que constituyen su hábitat (Art. 13°). Indica expresamente que tratándose de recursos minerales o del subsuelo ubicados en sus tierras, aún cuando su propiedad pertenezca al Estado, los gobiernos estarán obligados a consultar a estos pueblos para que determinen si pueden verse afectados sus intereses, antes de autorizar cualquier proyecto de prospección o explotación de dichos recursos, procurando que los indígenas participen en los beneficios de tales actividades y perciban una indemnización por el daño que puedan sufrir (Art. 15°). Y el Art. 17°, numeral 2, señala que deberá consultarse a las comunidades cuando se vaya a contemplar la posibilidad de que vendan sus tierras fuera de la comunidad. Clarísimo ¿no?

¿Pueden el Gobierno y sus asesores legales negar que han incumplido flagrantemente el Convenio 169? Los decretos legislativos 1015, y su reforma el 1073, invocando la promoción de la inversión privada y el desarrollo agropecuario, estimulan la parcelación individual de las tierras comunales o su venta a terceros; reduciendo el número de votos requeridos para aprobar estas decisiones, que se entregan a los comuneros posesionarios de tierras y no a todos los integrantes de la comunidad.

¿Qué tiene que ver la implementación del TLC con modificar el régimen de propiedad de las tierras comunales? Si bien la Constitución de 1993, a diferencia de la de 1979, puede admitir la venta de las tierras comunales, reconoce la protección de su identidad cultural y tierras (Art. 89°); lo que el Estado debe garantizar en vez de sabotear. Porque favorecer, mediante normas inconsultas, que se dividan en propiedad individual o se vendan a terceros las tierras comunales de la sierra o selva, es poner en grave riesgo su propia unidad y supervivencia.
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EL COMERCIO 21 de agosto de 2008

AMAZONAS. CONFLICTO SE AGRAVA Y NO HAY SOLUCIÓN A LA VISTA
Población de Bagua se sumó a los nativos y se enfrentó a la policía

Numerosos enfrentamientos dejaron al menos dieciocho heridos. Hoy se inicia un paro regional de 24 horas en apoyo a la causa indígena
Por Ricardo León / Félix Paricahua

Una jornada de batallas campales entre policías y nativos, y luego pobladores, que piden la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 dejó ayer en Bagua al menos 18 heridos, dos de ellos de gravedad.

Todo se inició cuando los indígenas que permanecían en el puente Corral Quemado fueron dispersados temprano por los agentes. Los nativos decidieron, entonces, replegarse a Bagua y concentrarse en la plaza de armas de esa ciudad.

Allí, cerca de la 1 p.m., se registró un enfrentamiento en el que resultó gravemente herido el policía Jorge Guerrero (24), quien casi fue linchado por los manifestantes. Guerrero sufrió una herida de lanza en el muslo derecho y laceraciones en el resto del cuerpo, pero él mismo pidió que se le diera de alta horas más tarde, informó a El Comercio el director del hospital Héroes del Cenepa, Remigio Cabrejos. Otros seis policías también sufrieron contusiones. Por el lado de los nativos hubo al menos 11 heridos.

A las 2 p.m. se produjeron otros enfrentamientos en el centro de Bagua, específicamente en la avenida Héroes del Cenepa. A partir de ese momento la situación se agravó: la población de esa ciudad, que había apoyado a los nativos con la entrega de víveres y en la atención a los heridos, se sumó a las protestas y terminó enfrentándose, durante el resto de la tarde, a los policías.

Durante las fuertes grescas --llovieron piedras y bombas lacrimógenas en toda la ciudad por tres horas--, resultó gravemente herido Román Vargas (73), quien al parecer se cayó en una estampida y sufrió golpes y pisadas hasta quedar tendido en la pista durante algunos minutos sobre un charco de sangre. Su diagnóstico médico incluía luego un traumatismo encefalocraneano, cortes en la pirámide nasal y una herida de cinco centímetros de profundidad en la región occipital. Al cierre de esta nota, Vargas se recuperaba en el hospital Gustavo Lanatta, según la directora de este nosocomio, Elva López.

Ya para entonces, fueron los ciudadanos de Bagua quienes adoptaron la protesta como suya. Los policías, unos 400 en total, fueron retrocediendo hacia el cuartel El Milagro. En su lenta retirada, sin embargo, se desarrollaron varias escaramuzas con la población que exigía su retiro definitivo. La policía no confirmó el número de detenidos que permanecen en ese cuartel.

ANUNCIAN PARO REGIONAL
Quienes encabezaron la protesta por el lado de los ciudadanos de Bagua fueron dirigentes del Sutep, así como integrantes del Frente Patriótico y miembros de la Coordinadora Político-Social de Amazonas. A decir de algunos dirigentes de esta última entidad, hoy se iniciará un paro regional de 24 horas como medida de apoyo a las protestas de las federaciones nativas respecto de la derogatoria de los decretos legislativos que --aseguran ellos-- atentan contra las comunidades indígenas amazónicas.

Llegada la noche en Bagua, y cuando por altavoces locales se anunciaba "la retirada obligada" de la policía hacia el cuartel El Milagro (ubicado en la salida de la ciudad), un numeroso grupo de pobladores se concentró en la plaza de armas, donde se improvisaron mítines y se anunciaron las protestas de hoy.
La ciudad, mientras tanto, permanecía bajo una incierta calma, con la mayoría de comercios cerrados por temor a saqueos y a la expectativa ante alguna posible acción policial.

CLAVES
Agrupaciones apoyan reclamo nativo
1.A través de un pronunciamiento, otras agrupaciones y entidades se sumaron al reclamo de los nativos de la selva. Entre ellos se hallan la Unión de Comunidades Aimaras y la Confederación Nacional de Comunidades Campesinas y Nativas del Perú.
2.El presidente de la región Amazonas, Óscar Altamirano, invocó al diálogo durante la jornada de protestas.
3. La mayoría de los nativos que permanecen en Bagua proviene de localidades cercanas al río Santiago, incluidos el Alto Cenepa y Santa María de Nieva.
4. El tránsito a través del puente Corral Quemado, ubicado cerca de Bagua, fluye con tranquilidad ante la presencia de unos 500 policías que resguardan la zona.
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EL COMERCIO 21 de agosto de 2008

PROTESTA Y PROTOCOLO
"No atiendo a provincias"

Hay conflictos donde las formas y los gestos son tan importantes como la negociación de los contenidos
Por Fernando Vivas. Periodista

Este chistecito limeño es cosa seria. No solo se burla de las brechas que nos separan, sino, para remate, saca la lengua al provinciano que pide la buena pro capitalina.

Sin embargo, la frase me ronda cada vez que somos jaqueados por una protesta regional, llámese 'moqueguazo' o 'ley de la selva', y últimamente se me aparece acompañada de una caricatura mental: Alan García está sentado en su despacho palaciego, mirada hacia arriba, papada hacia abajo y sobre el escritorio de caoba se lee en una placa con letras de bronce: "No atiendo a provincias".

Pues creo que es asunto de vida o muerte democrática conjurar este mal chiste de soberbia centralista. Y estoy convencido de que debemos arribar a una nueva inteligencia respecto de los conflictos. ¿Cuál es? Comprender que las formas y los gestos son tan importantes como la negociación de los contenidos.

Hemos tardado todo el quinquenio de Alejandro Toledo para desembarazarnos de esa reducción economicista que ve al conflicto como la chispa natural entre los dos polos más extremos que se apaga con un simple chorrito redistributivo, y compartir la percepción de que los líos más desestabilizadores no surgen necesariamente donde B está más deprimida respecto de A (por ejemplo, Huancavelica en relación a Lima), sino donde se empieza a hacer visible que el Gobierno convalida la mala repartición del excedente (es el caso de la bronca del 'moqueguazo' y, en general, las de todas las regiones de gran riqueza minera y, por eso, hay que replantear políticas de Estado).

Pues hay otros conflictos, como el llamado 'ley de la selva', que no tienen por motivo explícito ni la salida de la pobreza extrema ni la bronca por el excedente, sino algo tan humano, melodramático si quieren, como el afán de arrancarle al Gobierno Central una disculpa y la reconsideración de una norma inconsulta, algo así como un clamor que grita: "Consúltame y tenme consideración". Por eso, en Corral Quemado y en otros puntos calientes de la Amazonía he visto gestos y actitudes más que ONG ambientalistas radicales, lobbies de empresas que quieren hacerse de tierras baratas, Humala o Patria Roja. Puede haber un poco de todo esto, pero el núcleo de la rabia es una profunda demanda de respeto nacida del orgullo, la identidad y una noción de territorio que no ha sido inventada por Oxfam. Ya existía antes de Pizarro y la Colonia la redujo y la oficializó.

Dejé a García sentado en mi caricatura mental. En serio, sí atiende a provincias (anteayer recibió a Vladimiro Huaroc, de Junín), pero eso es muy poco. Aunque suene paradójico, mientras salimos del centralismo presidencialista tiene que viajar a las capitales de región, dormir en ellas, pasear por sus plazas de armas y atender personalmente algunos de los incendios regionales que manda a apagar a los bomberos de la PCM.
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PERUANO 20 de agosto de 2008

MERCEDES ARÁOZ. ETNIAS AMAZÓNICAS NO HAN COMPRENDIDO SENTIDO DE LAS NORMAS, AFIRMA
Ministra niega que indígenas tengan que dejar sus tierras

Lo que se ha hecho es reconocerles el derecho a la autodeterminación, sostiene
[Atlanta, Afp] La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, rechazó ayer que leyes aprobadas por el Gobierno peruano obliguen a indígenas a abandonar sus territorios y consideró que 65 etnias amazónicas levantadas en huelga no han comprendido el sentido de las normas.

Estas leyes apuntaron a que "las comunidades indígenas pudieran tomar por elección la posibilidad de hacer concesiones, inclusive vender si así lo quisieran sus áreas territoriales", dijo Aráoz en una rueda de prensa en Atlanta, consultada sobre si las normas implicaban la expropiación de tierras.

"Lo que se ha hecho es dar un derecho que se les quitó (a los indígenas) en épocas virreinales". Según la funcionaria, si los indígenas decidieran por voto mayoritario "entrar en un proceso de negocios con el sector privado, lo pueden hacer."

Autoderminación
"Es simplemente darles el derecho, no obligarlos a hacer concesiones, no hay ninguna obligación, más bien es el derecho a la propia autodeterminación", comentó.
En opinión de la ministra Mercedes Aráoz, los millares de indígenas en huelga no han comprendido las normas impulsadas por el Gobierno, y algunos medios de prensa no informan correctamente sobre la iniciativa.
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CORREO 20 de agosto de 2008

Complot en la Selva: No hay mal que por bien no venga

Con la promulgación del DL 1073 el gobierno corrigió el sistema de votación establecido en el anterior DL 1015, que pudiera haber permitido que una minoría de miembros de una comunidad campesina o indígena decidiese por encima de la mayoría de los miembros.

Pero el DL 1073 le repone a la mayoría de la comunidad (50% + 1), según padrón manejado por la propia comunidad, el derecho de decidir libremente sobre el destino de sus recursos. Eso explicaría por qué ninguna comunidad campesina de la Sierra, donde hay más de 3,000 comunidades, ha participado de las recientes protestas en las selvas norte y sur. Las protestas -y las acciones violentas de sabotaje- están focalizadas en la Columna Vertebral Energética del Perú. Es claro que se trata de una operación concertada, con intencionalidad política, y con agudo y eficaz cálculo estratégico-militar. Discrepo de quienes han criticado al Partido Nacionalista por asumir públicamente que han apoyado esta nueva asonada.

De eso se trata la política y es hidalgo aceptarlo públicamente. Aprovechándose de un tremendo vacío de comunicación que el resto de la sociedad y el propio gobierno hemos mantenido frente a las comunidades, y aprovechándose del resentimiento de éstas, producto de siglos de marginación, es fácil para sus dirigentes movilizar a un reducido grupo de comunidades con mentiras, miedos y falacias. ¿A qué comunidades? A las que están alrededor del esqueleto energético del país: El gas de Camisea -que hoy aporta el 35% de la electricidad del Perú,- y el Oleoducto Nor Peruano.

Frente a esta situación delicada, la primera buena noticia es que este complot obliga al resto de la sociedad a pararse en uno de los lados del parteaguas. La incertidumbre del 2011, de súbito, está aquí, ahora, frente a todos nosotros. ¿Debe mandar una minoría del 33% en las comunidades de la Sierra y Selva? ¿O debe mandar una mayoría del 50%+1? ¿Puede un grupo de dirigentes con legítimas intenciones políticas mal informar a sus pueblos y llevarlos a cometer delitos, sin que la justicia actúe? ¿Puede sabotearse la producción de un servicio esencial como la generación eléctrica porque no se está de acuerdo con una norma, cuya causa ya ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional? La segunda buena noticia es que este episodio le repone al premier Jorge del Castillo la posibilidad de demostrar con claridad su capacidad de gobierno.

Ante los recientes episodios de Moquegua y del Vaso de Leche, que mellaron su imagen de autoridad, en un país que peligrosamente se acostumbra a que las leyes son referenciales, -desde la claudicación de Arequipa de Diez Canseco-Toledo- y a que por la fuerza y la comisión de delitos se obtienen mesas de dialogo; hoy el Premier tiene la oportunidad de reponer democráticamente el principio de autoridad, de defensa del bien común, y de respeto a los tratados internacionales en materia de comunidades nativas sometiéndose a lo que dicte el TC. Yo creo que las mayorías deben decidir.

Permitir que una minoría enquistada en las dirigencias decida por la mayoría es abandonar la defensa de la democracia, especialmente cuando evidentemente hay una acción política y de sabotaje a todo el país. Descubierto el complot, convocadas todas las fuerzas democráticas alrededor de la ley, y restaurado el principio de autoridad, podemos recuperar un Premier y demostrar que no hay Cuco en el 2011. No hay mal que por bien no venga.

José Chlimper
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LA REPUBLICA 20 de agosto de 2008

Punto crítico. Tambores de guerra
Chachi Sanseviero

"Hemos sido sorprendidos", reconoció el premier Del Castillo al declarar que la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM no le había informado sobre la movilización de los indígenas. ¡Qué novedad! Si apagar incendios es lo que ha caracterizado a este gobierno siempre ocupado en aprobar decretos supremos que sean beneficiosos para las grandes corporaciones.

Los ministros ayayeros, muy diligentes en firmar convenios y TLCs a espaldas de los peruanos y en beneficio de intereses privados, declaran cínicamente que los decretos aprobados respetan los derechos de los pueblos indígenas. Pero si respetan sus derechos, ¿por qué no fueron consultados cuando se crearon esos decretos que hoy los afectan y sublevan?

Es condenable que se tomen carreteras en lugar de dialogar con las autoridades, sentencia la prensa cómplice aunque conoce mejor que nadie la indolencia oficial ante las demandas populares. También sabe que el gobierno nada hizo para impedir que se llegue a estas medidas extremas. Ni siquiera las negociaciones yuca, esas que se firman y luego no se cumplen. Pero sí se aprobó la "ley de la selva" que los obliga a vender sus tierras en democrática votación de 51%. ¿Y qué pasa con el 49% que no quiere abandonar sus bosques? Pues moriremos en ellos, responden los nativos que nada tienen que perder salvo sus tierras.

Guerra avisada no mata gente, amenaza el premier y denuncia un complot contra el Perú que pone en riesgo sitios estratégicos, lo que le obliga a declarar estado de emergencia para "salvaguardar la seguridad energética del país".

Se escoge entonces la fuga hacia adelante o lo que es lo mismo: azuzar al enemigo para luego cargarle la responsabilidad de las consecuencias. Ergo, de perros del hortelano y nativos arcaicos estos humildes ciudadanos peruanos pasaron a ser enemigos peligrosos que habrá que combatir para salvar el bien común. Vieja táctica de la que pueden dar fe los comuneros de Majaz, que por defender sus tierras hoy están condenados por terrorismo.
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PERU 21 20 de agosto de 2008

Peruanos y defensores del Perú
Autor: Santiago Pedraglio

Con qué facilidad olvidan las autoridades del Gobierno y los militares –que en Iquitos hacen ensayos públicos de operativos de represión– que en 1995 fueron los aguarunas y huambisas los guías del Ejército peruano durante el conflicto del Cenepa.

Más aún: como informan quienes conocen la zona, con prolongada presencia de sacerdotes jesuitas, en la zonas de los ríos Nieva, Cenepa y Chiriaco, pobladas por nativos aguarunas, y del río Santiago, habitadas por huambisas, hay orgullosas asociaciones de ex combatientes. Un barrio de Santa María de Nieva lleva el nombre de Héctor Peas, un héroe nativo como muchos otros de esas dos etnias.

Vale la pena recordar el profundo sentido patriota de estos peruanos ahora que se pretende presentar sus demandas como un reclamo de extraterritorialidad. La acusación de que sus reclamos forman parte de un complot tiene ese tono: tratarlos como forasteros, como intrusos.

No es verdad, como ha dicho el premier Jorge del Castillo, que se consultó a las poblaciones nativas de Amazonas sobre los decretos relacionados con la tenencia de la tierra. El Gobierno haría bien en precisar, además, que muchos terrenos de las comunidades nativas han sido concesionados a petroleras en fase de exploración y que están buscando la “licencia social”. El temor de los comuneros es simple: el poder económico de esas empresas es lo suficientemente grande como para conquistar discutibles mayorías que den luz verde a la venta de tierras. Esto traería graves consecuencias para los pueblos nativos, cuyos territorios son básicos para su supervivencia como tales.

El comunicado de la Defensoría del Pueblo (19-8-2008), a la vez que rechaza los actos de violencia, reconoce la legalidad de la protesta y reclama una pronta decisión del Tribunal Constitucional sobre el DL 1015. Precisa, además, que “la emisión del DL 1073, modificatorio del DL 1015, no resuelve todos los problemas de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría del Pueblo”. Este es un reclamo de prudencia y tolerancia.

Los nativos de la Amazonía son peruanos ciertamente diferentes que los que viven en la costa y que los campesinos quechuas o aimaras de la sierra.

Así como los citadinos tienen su manera de estar en el mundo, ellos tienen sus prácticas culturales y una relación especial con su medio ambiente.

Pero, aun así, según información procedente de Jaén y de Bagua, las poblaciones mestizas están comenzando a manifestar su apoyo a las demandas de los nativos. Esto no se había visto antes, y por algo será.

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