martes, 16 de junio de 2009

CONFIRMAN QUE SE "CHUPONEARON" CORREOS ELECTRONICOS DE ALAN GARCIA


EL COMERCIO JUNIO 18, 2009

Confirman que se 'chuponearon' correos electrónicos de Alan García

7:17 | Los e-mails datan del año 2000 y sus contenidos son de orden familiar y social

Las pesquisas realizadas el lunes último a una de las computadoras incautadas a los socios de la empresa Business Track (BTR) confirmaron que en el 2000 fueron “chuponeados” correos electrónicos de Alan García.

Fuentes del Ministerio Público así lo confirmaron aunque aclararon que no se trataba de audios, videos o fotografías, como informó un diario local.

“Se trata de cientos de e-mails enviados o dirigidos a Alan García. Datan del 2000… Todos son de orden social o familiar”, precisaron.

El ahora presidente García en ese momento se hallaba fuera del país, pues recién retornó al Perú en enero del 2001.

“Así es. Eso indica que los responsables eran personas muy especializadas. Solo se dedicaban a eso”, replicaron las fuentes.

Los correos electrónicos fueron hallados en una de las CPU del capitán de navío Elías Ponce Feijoo, la cual se hallaba en poder del oficial de mar Jesús Manuel Ojeda Angles. El abogado defensor de este, Daniel Maurate, corroboró la versión. “Solo se hallaron correos electrónicos (de García)”, dijo.

Por la tarde, tras participar en el Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, indicó que este caso es una “ocasión en que la justicia va a poner a prueba nuevamente su eficacia castigando a los responsables con una sanción ejemplar para que sirva como antecedente”.

Fernández aclaró que la denuncia no fue tratada en la sesión del Gabinete Ministerial y anunció que su sector también investigará las interceptaciones.

EL DATO
Con la mira puesta
La empresa de seguridad Business Track (BTR) se dedicaba al seguimiento de potenciales objetivos: políticos, empresarios y altos funcionarios de empresas privadas.
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PERU 21 JUNIO 17, 2009

El presidente García y su familia fueron 'chuponeados’

Las autoridades judiciales encuentraron archivos y correos electrónicos del mandatario en una de las computadoras que se le incautó al marino Jesús Ojeda, empleado de la empresa Business Track.

Las conversaciones telefónicas y epistolares de García fueron interceptadas. (Martín Pauca)

A medida que las autoridades avanzan con el análisis de los archivos que fueron grabados en los equipos de cómputo incautados a los socios y empleados de Business Track (BTR) –empresa investigada por el presunto espionaje telefónico a Rómulo León y a Alberto Quimper–, va resultando evidente que nadie se salvó de ser ‘chuponeado’. En las últimas diligencias judiciales, una voz llamó la atención de quienes estaban a cargo de la revisión de los archivos de audio: la del presidente Alan García Pérez.

De acuerdo con la información obtenida por Perú.21, en uno de los equipos de cómputo incautados al oficial de Mar Jesús Manuel Ojeda Angles, se ha encontrado varias decenas de audios, videos y correos electrónicos que corroboran que no solo el mandatario fue ‘chuponeado’, sino también su familia. Se reveló que estos registros electrónicos fueron archivados bajo el nombre de ‘Carter’.

DE LARGA DATA. Aunque, según el registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), BTR inició sus actividades en junio de 2003, las fuentes consultadas por Perú.21 corroboraron que los archivos hallados en los equipos de cómputo datan del año 2000.

Ante las autoridades judiciales y fiscales, el investigado Ojeda Angles ha sostenido que los equipos que fueron incautados en su propiedad pertenecían al capitán de Navío Elías Ponce Feijoo, quien era gerente general de BTR. ¿Significaría entonces que los archivos que datan de 2000 fueron parte de un trabajo de espionaje que realizó Ponce antes de fundar BTR, cuando aún era oficial en actividad en el Servicio de Inteligencia de la Marina? Este es uno de los puntos de la investigación que las autoridades deberán esclarecer.

“Se ha encontrado audios y correos electrónicos del año 2000. Parte de los expedientes referidos al presidente Alan García y a su familia también son de esa fecha. Además, hay varios videos y fotografías que dejan al descubierto que fueron víctimas de un seguimiento exhaustivo, que ha continuado hasta antes de que los ejecutivos de BTR fueran detenidos. No se sabe aún por encargo de quién se habría hecho este ‘trabajo’, porque ni Ponce Feijoo ni Carlos Tomasio han revelado el nombre de sus contratantes”, reveló una de las fuentes que consultamos.

Como se sabe, Ponce Feijoo es un oficial de Inteligencia que perteneció, hasta diciembre de 2000, a la Marina de Guerra del Perú. Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, su ascenso a contralmirante fue dejado sin efecto y fue pasado a situación de retiro. En declaraciones a La República, Ponce admitió que es amigo del vicepresidente Luis Giampietri y que tiene muchos amigos del ámbito político y empresarial. Giampietri, a su vez, reconoció su vínculo amical con el investigado capitán.

En enero de 2002, el mandatario ya había reconocido que era víctima de ‘chuponeo’. Ante el fiscal Óscar Zevallos, como parte de su declaración testimonial en el caso de la red de ‘chuponeo’ de Montesinos, afirmó que sus conversaciones con Jorge del Castillo fueron interceptadas. ¿Habría sido este ‘chuponeo’ realizado por el capitán de Navío Ponce Feijoo?

TRANSCRIPCIONES. Durante las diligencias, el contenido de los archivos es transcrito por varios secretarios judiciales. “Diariamente se firma un acta con las transcripciones de los videos y de los audios. Son más de 100 páginas que se imprimen por día. Las actas se quedan con la jueza (María) Martínez”, indicaron las fuentes judiciales.

TENGA EN CUENTA

Varios meses después de que salieran a la luz pública los ‘petroaudios’, el 8 de enero fueron detenidos los socios y empleados de Business Track: Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarri, Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Angles, Jesús Tirado Seguín y Giselle Giannotti Grados.

El 13 de enero, a través de la RS 014-2009, se degradó al grado de capitán a Ponce Feijoo.
El 23 de enero, el fiscal Walter Milla denunció a los implicados por los delitos de violación del secreto de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir.
El 24 de enero, el juez Edwin Yalico ordena el inicio de la investigación judicial contra los ocho denunciados (seis detenidos y dos que estaban en calidad de no habidos).
El 26 de enero, el proceso penal pasa a manos de la jueza provisional María Martínez, quien actualmente revisa el contenido de los equipos incautados.
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EL COMERCIO MAYO 28, 2009

Conclusiones sobre el Caso 'Chuponeo' abundan en generalidades

8:23 | Comisión investigadora no señala responsables en concreto. Plenario acuerda 180 días más de plazo a grupo que preside Luizar (BP)
Por: Jorge Saldaña

Al cabo de siete meses de sesiones reservadas, la comisión del Congreso que investiga la ilegal interceptación telefónica en el país no tiene conclusiones certeras ni menos aun señala responsabilidades concretas.
Del repaso del informe preliminar del grupo investigador que preside el congresista Oswaldo Luizar (Bloque Popular) —y que fue aprobado por el pleno simultáneamente con el otorgamiento de 180 días más de plazo para terminar con las pesquisas— se advierte generalidades en la parte de las conclusiones.

Por ejemplo, el documento señala que existen “indicios razonables” para afirmar que las interceptaciones telefónicas “son organizadas, planificadas y sistematizadas por grupos especializados en inteligencia, con el propósito de obtener información clasificada y privilegiada”.

Así, quienes se dedicarían a esta ilegal actividad del “chuponeo” telefónico —según el informe— serían empresas privadas de seguridad constituidas principalmente por ex miembros de inteligencia militar y policial.

También se señala que entre los años 2002 y 2005 la Contraloría General de la República no ha realizado exámenes especiales a los “gastos reservados” que llevan a cabo los organismos de inteligencia del Estado y por ello propone que se dicte una norma para cortar esta situación.

El informe también concluye que aún no se ha reglamentado la Ley de Servicios de Seguridad Privada (Ley 28879), lo que a criterio del grupo investigador genera un vacío legal porque no hay control ni fiscalización sobre todas las empresas dedicadas a este rubro, o que laboran en seguridad de redes y servicios múltiples, entre otros.

El congresista Luizar Obregón dijo que con el nuevo plazo ampliatorio se podrá tener acceso a todos los registros electrónicos del material incautado a Business Track (BTR) así como al acervo documentario que en estos momentos está en manos de la jueza María Martínez Gutiérrez.

En cuanto al BTR, el informe preliminar señala que está identificada como la presunta responsable de interceptación telefónica y que no ha recibido ninguna colaboración de los detenidos implicados en este sonado caso. La prórroga fue acordada por 52 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones.

INVESTIGACIÓN DEL CASO JUDICIAL FUE AMPLIADA DOS MESES
Luego de que la jueza María Martínez decidió de oficio ampliar dos meses más la investigación judicial del caso del “chuponeo” telefónico, ayer fue reanudado el proceso de copiado del material informático de BTR, el cual había sido suspendido el lunes y martes.
Este proceso finalizaría hoy. Luego vendrá la fase de la revisión y análisis de todo ese material que posiblemente comience a mitad de la próxima semana. Antes se completarán algunas diligencias que estaban pendientes.

Para mañana, por ejemplo, está programada la confrontación entre los implicados Elías Ponce Feijoo y Jesús Tirado Seguín. Ese día también serán careados el marino Fernández Virhuez y el técnico en telefonía Pablo Martell.
Para la próxima semana fueron citados el empresario de la cementera Otorongo José Revilla y el ex ministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez. Ambos en calidad de víctimas del “chuponeo”.
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Expreso 28 de mayo de 2009

Rómulo León Alegría no quiere estar preso 36 meses

La defensa del ex ministro aprista Rómulo León Alegría apeló la decisión del titular del Tercer Juzgado Anticorrupción, Jorge Barreto, por haber declarado “complejo” el llamado caso “Petroaudios”.

Según sustentó el abogado Eduardo Roy Gate, la decisión fue tomada debido a que al ser declarado “compleja” dicha causa, su patrocinado podría permanecer hasta 36 meses en prisión, porque así lo faculta la ley.

Ante la Tercera Sala Superior aún está en curso una apelación planteada por la fiscal Juana Meza Peña, quien fue la primera en solicitar, meses antes, se declarase “complejo” el caso. Esta apelación ya cuenta con opinión de la fiscalía superior, que se pronunció a favor de la complejidad del tema.
Ahora, con el nuevo incidente planteado por la defensa legal de León Alegría, deberá pedirse un nuevo pronunciamiento de la Fiscalía y señalar fecha para la vista de la causa a fin de que cada uno de los involucrados exponga su punto de vista para que el tribunal tome una decisión.

Al ex ministro aprista se le juzga por valerse de sus influencias para favorecer en la presunta entrega fraudulenta de cinco lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover Petroleum International.
En este proceso también están comprendidos, como principales involucrados, el empresario Fortunato Canaan, el ex director de Perupetro Alberto Quimper y el abogado Ernesto Arias Schreiber, entre otros.

El dato
Un caso es denominado “complejo” cuando hay más de dos procesados, se requiere realizar más diligencias, mayor tiempo para la investigación y, consecuentemente, un mayor plazo. Lo contario de este tipo de procesos son los casos ordinarios y los sumarios.
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EL COMERCIO MAYO 26, 2009

Venció el plazo de indagación en el caso del 'chuponeo' y ni se ha revisado el material incautado

7:39 | La jueza Martínez podría ampliar de oficio la investigación por dos meses. Fiscalía pedirá este plazo adicional, faltan hacer muchas diligencias.

Por: Mario Mejía
No obstante que en las dos últimas semanas fue intenso el ritmo de trabajo que la jueza María Martínez impuso al caso de interceptación telefónica, el pasado sábado 23 venció el plazo inicial de la investigación judicial sin que hayan concluido todas las diligencias.

Como todavía falta revisar el contenido del amplio material incautado a los presuntos “chuponeadores” para poder determinar las responsabilidades de los implicados, es necesario, y así lo permite la ley, ampliar la fase de instrucción por dos meses.

Una de las posibilidades es que sea la misma jueza quien de oficio extienda el plazo. La otra es que la magistrada remita el expediente a la fiscalía para que lo evalúe. Fuentes del Ministerio Público revelaron que la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo del fiscal Walter Milla, se pronunciaría a favor de la ampliación.

Por lo pronto ayer, a pedido de algunos abogados de los denunciados, fue suspendido el copiado del material perteneciente a Business Track. Los defensores tenían que asistir a la vista de la causa programada para ayer por la Segunda Sala Anticorrupción en la cual escucharían los argumentos de la apelación de la fiscalía contra aquella polémica resolución de la jueza Martínez que la apartó de la investigación del material incautado.

La copia de los discos duros encontrados en las oficinas de BTR continuaría hoy. Sin embargo, es poco probable que esta semana pueda iniciarse la etapa de visionado y escucha de lo duplicado como había anunciado la semana pasada el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein.

Pese a que también hubo sesión de trabajo el último sábado, aún no ha podido terminarse la fase de copiado, pues lo incautado a BTR es abundante.
Fuentes del Poder Judicial detallaron que en tres días solo pudieron avanzar con el contenido de menos de diez CPU y faltaban unos cuarenta. Todo hace indicar que la revisión de los contenidos comenzaría recién la próxima semana.

PEDIDO DE LA FISCALÍA
La jueza Martínez ha dispuesto que el visionado de lo incautado tenga el mismo cronograma seguido en la fase de copia, es decir comenzar con los archivos encontrados en los discos duros, USB y CD de Jesús Ojeda, Jesús Tirado y Martín Fernández Virhuez. Sin embargo, la fiscalía propuso iniciar la revisión con lo hallado en los principales implicados: Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio y Giselle Giannotti.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que tal propuesta —rechazada por Martínez— obedece a que la fiscalía ya había analizado (antes de que la jueza ordenara devolver lo incautado) el material de los tres primeros marinos citados sin hallar información relevante.

El fiscal Milla considera que como el tiempo puede quedar corto para examinar todo, se debe priorizar y comenzar con los bienes de los principales acusados. “Vamos a volver a hacer el pedido a la jueza”, comentó.

El procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jaime Vales, mostró su desacuerdo con el planteamiento del fiscal. Él opina que debe respetarse el rol programado por la jueza y que habrá tiempo suficiente para revisar todo el material incautado, pues ahora Martínez está dedicada al caso a exclusividad.
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PERU 21 MAYO 20, 2009

Pretenden invalidar los e-mails de Rómulo León Alegría

Las conversaciones registran los negociados entre el ex ministro aprista y el empresario dominicano Fortunato Canaán. Ayer, siete meses después, venció el plazo de la investigación y el CPU de León sigue cerrado.

Por Zarella Sierra Peralta

El escándalo que en octubre de 2008 se generó a raíz de la difusión de los “petroaudios’ – en los que quedaron registradas las conversaciones entre Rómulo León Alegría, Alberto Quimper y Ernesto Arias-Schreiber –, y que originó la caída del Gabinete Jorge del Castillo, corre el peligro de quedar solo como una anécdota más de la vida política peruana.

Luego de que el juez anticorrupción Jorge Barreto declarara la nulidad de los informes finales de la Contraloría, una de las pruebas sobre las que se sustenta el proceso son los e-mails que intercambiaron León Alegría y el empresario dominicano Fortunato Canaán entre abril de 2007 y febrero de 2008. Y estos también correrían el riesgo de ser declarados inválidos luego de que uno de los abogados de los procesados presentara un pedido para que se declare la nulidad de los documentos, según informó una fuente judicial.

“El juez está evaluando el recurso legal presentado para declarar la invalidez de los correos, que son los que sustentan el proceso”, refirió la fuente. Sin embargo, aunque los e-mails registran las coordinaciones entre el ex ministro del primer gobierno aprista y su entonces jefe, Canaán, para conseguir la concesión de lotes petroleros a favor de Discover Petroleum (DPI), la fuente precisó que, como prueba de un delito, es poco lo que aportan. “Las personas mencionadas (funcionarios de Petroperú y de Perupetro y los ex ministros) han negado las entrevistas con León; por lo tanto, es poco lo que pueden probar”, manifestó.

ORDINARIO O COMPLEJO. Mientras tanto, el proceso penal sigue estancado y el plazo de investigación venció ayer sin que el magistrado lograra abrir la computadora de León. Ayer mismo, la Tercera Sala Anticorrupción evaluó el pedido de la fiscal Juana Meza para que se declare el caso complejo, con lo que se ampliaría el plazo de investigación para deslacrar el CPU.

Pero tanto la defensa del ex ministro aprista como el juez Barreto se han opuesto a esta pretensión fiscal. “Si el plazo no se amplía, nunca se logrará abrir la computadora de Rómulo León. El juez tendría que redactar su informe y el caso pasaría a juicio oral”, señalaron voceros judiciales.

Barreto tuvo paralizado el caso por más de medio año por falta de peritos. Consultado por Perú.21, el abogado de León, Eduardo Roy Gates, dijo que “es el juez quien debe resolver el problema de la falta de peritos, porque la Gerencia del Poder Judicial le ha dicho que los contrate. Son siete meses y todavía no logran abrir el CPU”, indicó.

Si la Tercera Sala – que resolvió que en los hechos investigados no se configura el delito de asociación ilícita para delinquir – rechazara el pedido de la fiscal, el caso iría a juicio oral sin pruebas contundentes y, únicamente, con las declaraciones de los 14 implicados, que han rechazado las imputaciones.
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EL COMERCIO MAYO 20, 2009

El viernes vence el plazo para indagar en el Caso Petroaudios y se ha avanzado poco

7:50 | Aún hay diligencias por efectuarse, como la revisión del disco duro de Rómulo León. Se ha pedido declarar complejo el caso para ampliar el plazo.

Mario Mejía Huaraca

El viernes 22 de mayo se cumplen no solo siete meses de haberse iniciado el proceso judicial del Caso “Petroaudios”, sino también el plazo ampliatorio para esta causa que es manejada con evidente lentitud por el Tercer Juzgado Anticorrupción a cargo del juez Jorge Barreto.

Lo preocupante es que se ha agotado el tiempo disponible para la investigación judicial y todavía faltan efectuarse numerosas diligencias importantes. Ayer, por ejemplo, recién se tomó la instructiva a Daniel Saba, presidente del directorio de Perú-Petro. Además, increíblemente, el juez aún no programa la fecha para abrir la computadora de Rómulo León Alegría, la cual contendría unos dos mil correos electrónicos que podrían dar luces sobre los actos de corrupción investigados.

Como se corre el peligro de que, vencido el plazo, el expediente tenga que pasar así como está, es decir con insuficientes pruebas para determinar las responsabilidades de los implicados, a la etapa de juicio oral, el Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que despacha Martín Retamozo, ha opinado ante la Tercera Sala Anticorrupción que el caso debe ser declarado complejo.

“Es necesario extenderle el plazo por otros cuatro o seis meses para completar las indagaciones. Esperamos que en los próximos días el tribunal resuelva positivamente este pedido”, sostuvo Retamozo.

El juez Barreto no tendría que esperar la resolución de la Tercera Sala Anticorrupción, de oficio él mismo podría declarar complejo este caso que marcha lentamente. El procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas también señaló que la única alternativa para que el caso no se detenga es declarar su complejidad.

El proceso judicial, como se recuerda, inicialmente tenía un plazo de cuatro meses, el cual fue ampliado dos meses más, los cuales se han transformado en tres y se cumplirán este viernes. No obstante, durante los siete meses de indagación, poco es lo que se ha avanzado.

Consultada sobre el tema, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, recordó que en reiteradas oportunidades había exhortado al Poder judicial para acelerar ese proceso. Señaló que la lentitud no le hacía bien a la imagen de ese poder del Estado.

Falta tomar declaraciones a acusados como Fortunato Canaán, Mario Díaz Lugo y los directivos noruegos de la empresa Discover Petroleum, pero sobre todo falta abrir la computadora de León Alegría, cuyo abogado, Eduardo Roy Gates, dijo que era inaudito que hasta ahora el Poder Judicial no consiga al personal calificado para realizar esa diligencia.

“Nosotros ya hemos renunciado al derecho de exigir peritos, lo que deseamos es que se abra la computadora ya. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?”, se preguntó. La misma pregunta se hace la ciudadanía.

A la tercera fue la vencida con Saba
La primera vez que Daniel Saba, presidente del directorio de Perú-Petro, fue citado por el juez Barreto para dar su instructiva en el proceso del Caso “Petroaudios” fue en diciembre del año pasado. En esa oportunidad no se presentó por motivos de salud. Luego él solicitó la nulidad de su participación en el proceso, pero le fue denegada. Más adelante, nuevamente fue citado para declarar el 22 de abril, pero ese día pidió que le programasen otra fecha. Finalmente, la tercera citación fue para ayer y esta vez sí se presentó.

Saba contestó las preguntas del juez durante más de ocho horas. Según trascendió, el alto funcionario negó que hubiera existido alguna irregularidad en la adjudicación de los lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum.
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PERU 21 MAYO 14, 2009

La investigación sobre el 'chuponeo’ aún no tiene resultados

El documento de la comisión parlamentaria que investiga este caso – presidida por Oswaldo Luízar – no contiene ninguna conclusión concreta, solo enunciados generales. El Pleno tiene pendiente debatir el pedido para ampliar el plazo este grupo de trabajo por 180 días.

Por Patricia Quispe Villanueva

Luego de siete meses de gestión, la comisión que investiga las denuncias sobre la supuesta existencia de una red de interceptación telefónica – presidida por el congresista Oswaldo Luízar – entregó su segundo informe al titular del Congreso, Javier Velásquez.

Pese al tiempo del que ha dispuesto la referida comisión, el documento – al que tuvo acceso Perú.21 – no aporta nada nuevo al tema. Salvo enunciados generales que recopilan lo ya publicado en diferentes medios de comunicación, el informe en cuestión refleja serias deficiencias en las indagaciones y pone en tela de juicio la supuesta necesidad de que se prorrogue el plazo de las indagaciones por seis meses.

Fuentes allegadas al grupo que preside Luízar trataron de justificar estas deficiencias argumentando que no recibieron apoyo de algunas dependencias públicas y de entidades bancarias en cuanto al levantamiento del secreto bancario, por ejemplo. No obstante, un parlamentario que integra la comisión dio cuenta, más bien, de que lo que faltó fue un plan de trabajo.

Sea como fuere, lo cierto es que el informe – que debe ser entregado en las próximas horas a la representación parlamentaria – debe aún ser debatido y aprobado por el Pleno.

CONCLUSIONES. El citado documento precisa que las investigaciones, que se originaron en el escándalo de los “petroaudios’, se han ido ampliando hasta abarcar las denuncias de una red de “chuponeo’ a cargo de la empresa Business Track y su contratación por parte del Congreso en agosto de 2006.

En ese contexto, señala que la comisión ha tramitado el levantamiento del secreto bancario de 56 personas, de las cuales “solo 23 registran movimiento significativo de operaciones”, y añade que muchas de ellas “no cuentan con un sustento razonable que permita identificar la procedencia del movimiento efectuado”. No obstante, en este aspecto, como en otros, la comisión considera que falta aún completar el trabajo.

Entre sus conclusiones, el grupo consigna que “no se ha recibido la colaboración de los detenidos por el caso Business Track”, que – a la fecha – todas las denuncias de interceptación involucran líneas fijas, o que “hay indicios razonables de que las interceptaciones (...) son organizadas, planificadas y sistematizadas”. Afirmaciones que se caían de maduras, pero que los integrantes de la Comisión Luízar han tardado siete meses en advertir con el consiguiente gasto de recursos del Estado. En esas condiciones, ¿les dará el Pleno la prórroga que solicitan?
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EL COMERCIO ABRIL 21, 2009

CASO “PETROAUDIOS”
Procuraduría del MTC recusa a jueza Martínez

La procuraduría del MTC recusó a la jueza María Martínez, quien ve el caso de los “petroaudios”, porque, supuestamente, ella estaría dilatando el proceso y habría mostrado una actitud parcializada. El Ministerio de Justicia evalúa presentar un recurso de amparo contra la magistrada.

CLAMOR PARA QUE LA MAGISTRADA SE APARTE DEL CASO “CHUPONEO”

Procuraduría del MTC recusó a jueza del Caso BTR por parcialización
Ministerio de Justicia también evalúa interponer un recurso de amparo. La semana pasada la fiscalía le solicitó que se inhibiera del caso

Por: Mario Mejía Huaraca

La cuestionada jueza María Martínez Gutiérrez, encargada del caso “chuponeo”, sigue en el ojo de la tormenta no obstante que ha recibido el respaldo del presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein. La semana pasada la fiscalía le pidió que se inhibiera y ayer el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la recusó porque presuntamente existen elementos de parcialización de su parte en el proceso.

Jaime José Vales Carrillo, procurador del MTC, presentó un escrito ante el despacho de la citada jueza sustentando la recusación. Según información proporcionada por el Ministerio de Justicia, del cual depende la aludida procuraduría, esta ha tomado la determinación debido al poco avance del caso y porque existiría una permanente actitud de la jueza por obstaculizar el tema probatorio. También porque presuntamente está parcializada con algunos de los acusados.

La defensa del Estado ha solicitado que Martínez Gutiérrez se aparte del Caso BTR, pues su permanencia estaría perjudicando el proceso ya que si bien este pasó al régimen ordinario y se amplió su plazo, el hecho de que ella continuase al frente ocasionó que los días transcurridos cuando era manejado como proceso sumario hayan sido contabilizados como parte del nuevo proceso ordinario.

La magistrada deberá remitir el pedido de la procuraduría ante la Segunda Sala Superior para Reos en Cárcel, la cual deberá resolver el caso en las próximas semanas.

TAMBIÉN RECURSO DE AMPARO
Son muchas las voces que cuestionan el comportamiento de la jueza en el caso BTR. El Ministerio de Justicia también está evaluando interponer un recurso de amparo en su contra en los próximos días. Así lo informó el viceministro de ese portafolio, Erasmo Reyna, quien argumenta que eso se debe a que ella estaría parcializada “y eso se evidenciaría a través del poco ánimo de la magistrada para agilizar la actuación de los medios probatorios”.

Además, sostiene que la magistrada no es competente para ver el caso: “La Ley 26689 dada por el Congreso señala que ella debe apartarse del caso pues ahora se trata de un proceso ordinario y ella solo se dedica a casos sumarios”, dijo tras precisar que se busca dejar sin efecto la resolución que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que contraviene la citada ley y autoriza a la jueza a quedarse con el caso.

NO RESPONDE A FISCALÍA
De otro lado, hasta el momento la magistrada no ha respondido oficialmente a la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, la cual la semana pasada solicitó su inhibición del caso porque estaría dando un trato preferente a las peticiones de la defensa de la procesa Giselle Giannotti en detrimento del Ministerio Público. “Estamos esperando su respuesta, esperamos que se aparta del caso, en caso contrario apelaremos ante la Segunda Sala Superior. Dicha sala también tiene pendiente la apelación que presentó la fiscalía contra la resolución de la jueza que le ordenó dejar de investigar el material incautado y devolverlo.

CASO BTR EN EL CONGRESO
Mientras tanto ,ayer el periodista Pablo O’Brien se presentó ante los miembros de la comisión que investiga una presunta red de espionaje telefónico. El equipo está a cargo del congresista Oswaldo Luizar. Aunque la sesión fue reservada, se supo que O’Brien negó cualquier vínculo con Business Track. “No quiero ni deseo tener más relación con otros videos… para mí esto ya acabó”, dijo el hombre de prensa. A la sesión también fueron citados Pedro Rossel, representante de la empresa BTR, y Carlos Ugaz, de Cementos Lima.
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EL COMERCIO ABRIL 15, 2009

JUEZ BARRETO DA 70 DÍAS MÁS
Amplían plazo para investigar 'petroaudios'
Rómulo León pediría revisar su PC sin presencia de peritos

La próxima semana será medio año desde que se iniciara el proceso del caso de los “petroaudios”, pero hay muy poco avance, por lo que el juez ha ampliado a 70 días más el plazo de la investigación. Aún no se ha examinado la computadora de Rómulo León Alegría.

POCO AVANCE EN CASI MEDIO AÑO QUE LLEVA EL CASO “PETROAUDIOS”

León pedirá que abran su CPU sin peritos
El mismo acusado sostiene que las diligencias se están demorando mucho. Juez Jorge Barreto dispuso ampliar a 70 días más la investigación judicial

Por: Mario Mejía

Dentro de una semana se cumplirá medio año del inicio del proceso judicial del llamado Caso “Petroaudios”, pero hasta el momento se ha avanzado muy poco en la investigación judicial y no se ha abierto el disco duro de la computadora del principal implicado, Rómulo León Alegría, lo cual podría dar muchas luces sobre la presunta adjudicación irregular de lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum.

El juez anticorrupción Jorge Barreto, quien tiene a su cargo el caso, acaba de disponer la ampliación del proceso a 70 días más, pues el plazo inicial de cuatro meses que tenía la fase de instrucción se venció el 22 de febrero. Como lo ha señalado la Tercera Fiscalía Anticorrupción, aún no se efectúan unas cincuenta diligencias que son necesarias para el esclarecimiento de esta causa, cuyo destape causó la desintegración del Gabinete Ministerial.

Aunque la fiscal Juana Meza Peña, responsable de la citada fiscalía, ha preferido evitar pronunciarse sobre el lento avance del proceso, fuentes cercanas a esta indican que estaría bastante preocupada al respecto, pues hasta hoy no se habría podido establecer las responsabilidades de los principales acusados.

Por su parte, Luis Roy Freire, abogado de León, dice que su cliente está mortificado porque “es muy poco lo que se ha avanzado. Vamos a pedir al juez que acelere las investigaciones”, dijo.

El letrado anunció que hoy presentará ante el juez Barreto un escrito en el que solicitará que se abra el CPU del ex ministro aprista, pero sin la presencia de los peritos.

“Nosotros exigíamos que el disco duro se abriera con la participación de peritos judiciales para que dieran las garantías del caso, pero como hasta ahora no se soluciona dicho problema pedimos prescindir de ellos para no demorar más este proceso… No podemos seguir perdiendo más tiempo”, declaró.

CAL: OCMA DEBE INTERVENIR
También preocupado por esta lentitud, tanto en el Caso “Petroaudios” como en el de la interceptación telefónica, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, pidió a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que interviniera.

“Una de las obligaciones de todo juez es evitar la lentitud procesal y las dilaciones injustificadas. Esto es suficiente para que el órgano de control intervenga de oficio en esos casos”, recalcó.

Gutiérrez agregó que así como hay buenos jueces, también hay un grupo de jueces anclados en el burocratismo jurídico.

El Caso “Chuponeo” se reanuda el 17
A once días de haber asumido nuevamente la responsabilidad de llevar adelante el caso del espionaje telefónico, la jueza María Martínez Gutiérrez por fin dispuso la reprogramación de las diligencias de esa causa que se habían paralizado el 30 de marzo .

Para el viernes 17 de abril se ha fijado la confrontación del marino Jesús Manuel Ojeda Angles con el gerente general de Business Track, Elías Ponce Feijoo. Ese mismo día, Ojeda tendrá un careo con Carlos Tomasio de Lambarri y Jesús Tirado Seguín.

El 20 de abril, Martín Fernández Virhuez, quien reconoció haber “chuponeado”, será confrontado con Carlos Tomasio y el técnico en telefonía Pablo Martell Espinoza.

Para el 22 de abril se ha establecido la declaración preventiva del agraviado Remigio Morales Bermúdez, en tanto que el 23 de abril se tomará la declaración testimonial del periodista Pablo O’Brien y del socio de BTR Pedro Rosell Grijalba.

No obstante que la fiscalía había sugerido a la jueza Martínez que la revisión del material incautado comenzara con los equipos decomisados a los principales implicados (Ponce, Tomasio y Giannotti), la magistrada decidió iniciar la revisión con el material que ya había sido analizado por la fiscalía y que —se sabe— no contenía información trascendental.

El 24, 27 y 29 de abril se verán los bienes incautados a Jesús Tirado y el 30 de abril y 4 y 5 de mayo los de Martín Fernández. Los bienes de Giannotti serán analizados el 6, 7 y 8 de mayo; en tanto que los de Ponce el 11 y 12 de mayo; y los de Tomasio el 13, 14 y 15 de mayo. Todas estas diligencias se efectuarán en el Palacio de Justicia.
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EL COMERCIO ABRIL 15, 2009

'Chuponeo': ¿Quiénes están detrás de esta comedia judicial?

Lo que sucede con las investigaciones sobre el “chuponeo”, a nivel judicial, parece ya una comedia burlesca. Por un lado, la jueza María Martínez, del Juzgado Penal 34, se inhibió del caso en marzo cuando este dejó de ser sumario (y pasó a ser ordinario), pero luego lo retomó al acatar una disposición legal.

Sin embargo, ha sido evidente la reticencia de esta magistrada para imprimirle velocidad y eficiencia a las investigaciones. Recién ayer, ante la preocupación que expresaron los medios de comunicación, dispuso por fin la reprogramación de las diligencias con la confrontación de los procesados y la revisión del material incautado en Business Track.

En el caso de los “petroaudios”, las cosas no son distintas. Ayer también el juez Jorge Barreto dispuso ampliar por 70 días más el proceso, ante la constatación escandalosa de que se ha avanzado muy poco. Ello al punto de que se da la paradoja que los abogados de uno de los principales implicados, Rómulo León, han anunciado que pedirán al juez que se revise la computadora aun sin presencia de los peritos.

¿Por qué se tiene que llegar a estos extremos? ¿Qué tiene que suceder para que los jueces nombren los peritos y ordenen de una vez la apertura y revisión de las computadoras y del material incautado? ¿Por qué se permite tantas dilaciones, de modo que los testigos son intimidados u obligados a retractarse y seguimos sin saber lo que realmente pasó?

La verdad es que todo esto no puede ser simple coincidencia, como lo han hecho ver reiteradamente los fiscales a cargo de estos casos.

Efectivamente, mientras por un lado el Ministerio Público, siguiendo las directivas de su titular principal, actúa con diligencia y rapidez, los jueces encuentran uno y otro pretexto para seguir frenando las investigaciones y apartar a los fiscales.

En tan delicada coyuntura, cabe preguntarse: ¿qué poderosas fuerzas están detrás de tanta postergación para que se pueda seguir ocultando la verdad sobre siniestras maquinarias de espionaje ilegal y de rampante corrupción al más alto nivel?

La ciudadanía tiene derecho a saber. Y los jueces no pueden rehuir su obligación constitucional de deslindar responsabilidades e impartir justicia en tiempo oportuno.

Hay que remarcar aquí que lo que está en juego no es solo el derecho fundamental a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, que ha sido afectado con grosera impunidad en los últimos tiempos, sino también el saneamiento legal y ético en las transacciones con el Estado, como en el caso de los “petroaudios”.

En todo caso, si los magistrados no cumplen su obligación de llevar adelante estos casos, respetando el debido proceso, se darían las condiciones para que intervenga la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), lo que podría llevar a aplicar severas sanciones.

El Poder Judicial, que en el juicio al ex presidente Fujimori por crímenes contra derechos humanos ha demostrado un alto nivel de profesionalismo y calidad, tiene que actuar como un todo a la altura de las circunstancias.
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EL COMERCIO FEBRERO 13, 2009

Oficialismo logró formar Comisión Petro-Tech

Por siete votos de diferencia, el Congreso aprobó ayer formar una comisión investigadora sobre la venta de Petro-Tech, tal como solicitara el presidente Alan García. Todo indica que el grupo de trabajo lo presidirá Jhony Peralta (Apra). Los otros tres miembros pertenecen al fujimorismo, UPP y AN.

OFICIALISMO Y FACCIÓN DE LA OPOSICIÓN APROBARON MOCIÓN INVESTIGADORA

El martes se instalará Comisión Petro-Tech
Grupo investigará transferencia de acciones de empresa petrolera. Un sector de la oposición insiste en que se trata de una cortina de humo

Por: Jorge Saldaña Ramírez

El oficialismo aprista con el respaldo del fujimorismo, algunos de Unión por el Perú, parte de Alianza Nacional y del Bloque Popular, consiguió que el pleno del Congreso aprobara ayer la formación de una comisión que investigará —en un plazo de 60 días útiles— las razones de la venta de acciones de Petro-Tech a las estatales Ecopetrol (Colombia) y Korea National Oil Corporation (Corea del Sur) “y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo en relación a los contratos celebrados con el Estado”.

A solicitud del congresista fujimorista Rolando Souza, se corrigió el pedido original que pretendía investigar el nexo que tendría Petro-Tech con el ilegal “chuponeo” telefónico.

Al término de tres horas de tenso debate, el resultado de la votación final fue ajustado: 44 votos a favor de la comisión, 37 en contra (provenientes del humalismo, Unidad Nacional, Alianza Parlamentaria y uno de Alianza Nacional) y 5 abstenciones (3 de Bloque Popular y 2 de UPP).

De inmediato, el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, informó que los legisladores que formarán parte de este grupo de trabajo serán Jhony Peralta (PAP), Aldo Estrada (UPP), Cecilia Chacón (GPF) y Wilder Ruiz (Alianza Nacional). Se supo que el martes se instalará ese grupo de trabajo y es casi seguro que el oficialismo aprista asumirá la presidencia.

El congresista Peralta dijo a El Comercio que lo primero que propondrá a sus colegas integrantes del grupo de trabajo es que sus sesiones de trabajo sean reservadas.

“Vamos a estudiar el contrato (con Petro-Tech), pediremos el aporte de la Sunat, de Conasev, de Osinergmin y de especialistas para quizás proponer un proyecto de ley con la finalidad de que las transacciones de este tipo sean gravadas en el país”.
A la salida del hemiciclo, el congresista Carlos Bruce (Alianza Parlamentaria) dijo que se trata de un grupo de trabajo que responderá a la voluntad del jefe del Estado “y que echará humo a cualquier escandalete que ocurra al interior del Gobierno”.

Su colega humalista Fredy Otárola dijo que otra vez se ha impuesto la alianza política que hace un mes consiguió la impunidad en el caso de los “petroaudios”, mientras que el vocero de UN, Luis Galarreta, alegó que esta comisión será una pérdida de tiempo “porque si se ha robado al Estado, es culpa del Ejecutivo. Se quiere un certificado de buena conducta para el Gobierno”.

LOS PERFILES
JHONY PERALTA
PAP
Nombre: Jhony Peralta Cruz.
Profesión: Economista.
Cargo: Congresista del Partido Aprista Peruano.
Actividades: Regidor provincial de Piura. En el Congreso integra las comisiones de Economía, Presupuesto y Juventud.

CECILIA CHACÓN
FUJIMORISTA
Nombre: Cecilia Isabel Chacón de Vettori.
Profesión: Administradora de empresas.
Cargo: Congresista del Grupo Parlamentario Fujimorista.
Actividades: En el período 2007-2008 presidió la Comisión de Energía y Minas.

ALDO ESTRADA CHOQUE
UPP
Nombre: Aldo Estrada Choque.
Profesión: Abogado.
Cargo: Congresista de Unión por el Perú.
Actividades: Ex diputado 1980-85 y congresista 1995-2000. Actualmente preside la Comisión de Trabajo del Congreso de la República.

WILDER RUIZ SILVA
RENOVACIÓN
Nombre: Wilder Ruiz Silva.
Profesión: Economista y periodista.
Cargo: Congresista de Renovación Nacional.
Actividades: Regidor metropolitano de Lima (2003-2006). Preside la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

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