DE LADRONES DE TERRENOS, A LADRONES FORMALES Y ENCIMA ¡TITULADOS!...UNA NOTA DE JAIRO DOIDAO

-----Mensaje original-----
De: Jairo Doidao [mailto:doidao_jairo_2000@yahoo.com]
Enviado el: Sabado, 7 de Febrero de 2009 02:16 p.m.
Para: Jairo da Silveira Doidao
Asunto: De ladrones de terrenos, a ladrones formales y titulados
Sr. Director:

De ladrones de terrenos, a ladrones formales y titulados

Dicen que le estamos ganando la guerra a la informalidad, que ya no va haber más índice que poblaciones sin título propio, además que con esta nueva ley aprobada en el Congreso, se estará dando la facilidad de desarrollo a esas pobres familias que no tuvieron otra opción que invadir terrenos para vivir, y esta expropiación, ahora formal, perjudica a los verdaderos dueños de aquellas propiedades.

Según el ex ministro de vivienda y hoy congresista de Perú Posible, Carlos Bruce, manifiesta que esto es un gran logro porque se estaría terminando con esa mafia que trafica con terrenos que no les pertenecen y, que aquellas familias beneficiadas al formalizarse y acogerse a esta ley, podrían acceder fácilmente a créditos, fomentando el crecimiento de la economía.

En realidad todo suena muy bonito, es más hasta casi me convencen, pero… ¿qué pasa con esas personas que son las verdaderas dueñas de esas propiedades y que lucharon en muchos juicios para desalojar a esa gente?, no es justo que los usurpadores salgan ganando.

Y si no tienen vivienda dónde vivir, se tendría que hacer otra ley pues, ya que este sector social crece en demasía en natalidad a comparación con otros sectores de la sociedad. Pienso, aunque suene muy drástico, que a esas familias deberían darle una educación sexual adecuada, porque a las finales, la cantidad de pobres aumenta casi en la misma proporción que los índices de invasión de terrenos.

Pero como siempre, la (in)justicia peruana es muy confusa y prácticamente con esta ley están obligando a los propietarios a resignar algo que les pertenece. A Usted señor Bruce y también señores del Congreso, ¿les gustaría que entren a su casa y los boten a patadas y encima se adueñen de su vivienda?, lo dudo mucho, es más, creo que pelearían hasta el final para recuperar lo suyo.

Es cierto que esos terrenos adquiridos y que han tenido dueño, han estado abandonados por un tiempo determinado, pero ese detalle no es motivo para que algunas personas sin escrúpulos, tomen una propiedad que ha sido comprada para un fin establecido y que esos planes de construir algo en el futuro por parte de los dueños, se vea frustrada por esta gente mal intencionada. La verdad es que se está creando un precedente y muy serio.

Dicen que el gobierno indemnizará a los verdaderos dueños pagándoles por sus terrenos, pero ¿ese es un buen remedio a todo esto?, ¿dónde queda el derecho a la propiedad?, ¿cualquiera ahora tiene derecho a invadir y expulsar al propietario de un inmueble?

Sin lugar a dudas, esto es un mal precedente porque prácticamente le está dando luz verde a todos aquellos que gustan de invadir terrenos, ¿no se dan cuenta que ahora una familia puede llegar a tener muchas propiedades con la moda de la expropiación? Entonces ya nadie comprará terrenos, sale mucho más barato invadirlos, porque según el congresista al que hacemos referencia, de esta manera crecerá la economía. Que chistosos son los legisladores en el Perú.

Para concluir debo decir que, cuando una persona es dueña de una propiedad se le respeta, de lo contrario si su terreno o inmueble son invadidos, se le considera usurpación o robo y en esta oportunidad, el Estado está dando carta blanca a los ladrones de propiedades; así que amigo ciudadano y lector, tenga mucho cuidado con su vivienda, puede ser que cuando usted llegue de trabajar o de cualquier otro sitio, vea sentados frescamente en sus muebles o echados en sus camas, a personas que la han expropiado de su casa para siempre. Esté Ud. prevenido…

Jairo da Silveira Doidao
CEP 41940-000
Salvador de Bahia
Brasil
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EL COMERCIO FEBRERO 12, 2009

Ley que beneficia a invasores es una aberración jurídica: Anula los contratos de compraventa

7:50 | Solo el Poder Judicial tenía esa facultad. Las tierras invadidas por los traficantes de Jicamarca, liderados por un aprista, estarían entre las beneficiadas

Por: Elizabeth Salazar Vega

La ley que ordena expropiar terrenos privados a favor de los invasores fue publicada ayer en “El Peruano” sin las precisiones o modificaciones que esperaban cientos de propietarios.

Pero además de la posibilidad de expropiar terrenos que están en litigio, que han sido usurpados o que se encuentran en zonas no aptas para vivienda, la polémica norma trajo consigo un ingrediente adicional: la nulidad de los contratos firmados entre comunidades campesinas y compradores de buena fe. Es decir, quienes compraron terrenos a estas asociaciones tendrán que hacerse a la idea de que nunca celebraron acuerdo alguno y, por lo tanto, perdieron su dinero.

“Se está estableciendo la nulidad de los contratos hechos en terrenos ocupados por invasores, cuando solo el Poder Judicial tiene la competencia para decidir la validez de un acto. Se está vulnerando la seguridad jurídica de las transacciones y se sienta un precedente negativo que vulnera aun más el derecho a la propiedad. Es la primera vez que mediante una ley se anulan contratos privados”, explica la abogada especialista en derecho administrativo Úrsula Luna.

Según esta ley, la 29320, los afectados no recibirán un justiprecio por parte del Estado, pues se considerará que el contrato no existió. Si la persona no está de acuerdo, deberá reclamar en la vía judicial, pero para que la comunidad le devuelva el dinero.

Daniel Guerra es uno de los que podrían verse afectados. Él compró un terreno de 6,7 hectáreas a la comunidad campesina de Jicamarca en el 2000, y hasta lo inscribió en Registros Públicos, pero en el 2004 una muchedumbre liderada por el ya conocido aprista Germán Cárdenas ocupó la zona. Primero fueron 42 familias, ahora son 320. Lo mismo les ocurrió a cientos de vecinos suyos. “¿Qué quiere decir esta nueva ley, que nuestras compras no sirven? Esto va a beneficiar a los traficantes de Jicamarca”, dijo.

En conversación con este Diario, Cárdenas, que tiene más de cien denuncias en su contra, insistió en que él tiene la facultad de adjudicar terrenos en la zona, pues es presidente del Anexo 22 de esa comunidad. “No sé si la norma me beneficiará, no la he revisado. Nunca hemos dependido de ayuda. Los políticos nos visitan sí, pero no se lo pedimos… Solo estamos a la espera de que este gobierno cumpla con darnos agua y desagüe”, dijo.

Para el constitucionalista Natale Amprimo, este acápite de la norma es inadmisible, pues la ley no es retroactiva. “Es otra aberración jurídica. Así la persona o comunidad haya vendido un bien invadido no se puede desconocer todo e inclinar la balanza a favor del invasor, es él quien debió irse. Y si hubiera una venta múltiple de un mismo bien, eso se discute en el Poder Judicial; si no, se afecta a quien sí compró bien. Se está incurriendo en otra inconstitucionalidad”, sostuvo.

¿LA POLICÍA VIGILARÁ?
El Ejecutivo insistió ayer respecto de que esta norma no alentará futuras invasiones, es más, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que la policía se encargará de repeler nuevos intentos. No obstante, personal policial indicó que haría falta labor de inteligencia preventiva y la dotación de un mayor número de agentes para cumplir esa promesa. Como se sabe, un usurpador solo puede ser retirado a la fuerza de un predio en las primeras 48 horas, de lo contrario, habrá que esperar el término del proceso judicial.

Asimismo, quisimos indagar con Cofopri cuáles serían los filtros que se usarían para cumplir el ofrecimiento hecho por el presidente Alan García de “vigilar cuidadosamente que en la aplicación de la ley no se permita convalidar abusos ni usurpaciones propiciadas por traficantes de terrenos”, hecho que fue advertido por este Diario.

No obstante, se limitaron a indicar que recién la próxima semana tendrían completo el listado de asentamientos humanos o pueblos que serían beneficiados con esta nueva norma.

*DEL CONSULTOR
La propiedad es inviolable **
La ley promulgada por el Poder Ejecutivo contiene una serie de disposiciones que deben ser evaluadas. En primer lugar, debe considerarse que, conforme al artículo 70 de la Constitución Política, las expropiaciones por parte del Estado proceden únicamente en dos supuestos: necesidad pública o seguridad nacional.

En este caso, los procedimientos de expropiación se llevarían a cabo bajo la supuesta primera premisa. Esta situación podría acarrear diversos riesgos, entre los cuales se encuentra, justamente, la definición y naturaleza de lo que debe entenderse como necesidad pública. ¿Quién hará esa definición? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se garantiza que no haya ningún interés económico o político-electoral?

Del mismo modo, sería importante precisar expresamente que estos procedimientos de expropiación no podrán llevarse a cabo cuando el propietario del bien haya iniciado un proceso judicial con la finalidad de reivindicarlo. No puede dejar de observarse que, según la misma Constitución, la propiedad es inviolable y el Estado la garantiza. Bajo esta premisa es que debe regirse todo nuestro ordenamiento legal, y no al revés.

Fabricio Castellano. Abogado*
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CORREO FEBRRERO 11, 2009

PROMULGAN NORMA QUE FORMALIZARA ASENTAMIENTOS HUMANOS
Poseedores accederán a títulos de propiedad

Los asentamientos humanos que durante muchos años de ocupación han buscado acuerdos que permitan su titulación, y con ello acceder a luz eléctrica, agua potable, pistas, entre otros, son los principales beneficiarios de la ley que establece los procedimientos para la formalización de los predios.

De acuerdo con la norma, la expropiación de terrenos se realizará mediante mecanismos legales a favor de los ocupantes y se orientará clara y exclusivamente a los asentamientos humanos que han gestionado durante muchos años la formalización de las posesiones.

Al momento de su promulgación, el presidente Alan García manifestó que supervisará con sumo cuidado que en la aplicación de la norma no se permita convalidar abusos ni usurpaciones propiciadas por traficantes de terrenos, que se suelen aprovechar de las necesidades de vivienda de las familias más humildes.

EL PROCEDIMIENTO. El proceso de expropiación se iniciará con la emisión de la norma pertinente, mientras que la valorización del predio que será materia de este procedimiento no incluirá el valor de las edificaciones efectuadas por los poseedores, como tampoco los servicios básicos de saneamiento ni las obras de infraestructura efectuadas por el Estado en sus distintos niveles de gobierno.
El Estado asumirá el pago de la indemnización justipreciada de acuerdo con el valor que fije el órgano competente para estos fines y, de ser el caso, la autoridad jurisdiccional o arbitral, precisa la norma.

La disposición establece, asimismo, que los predios expropiados de acuerdo con la norma sancionada serán adjudicados a título oneroso a favor de los beneficiarios.
El título de adjudicación contendrá una cláusula, que se puede inscribir en el Registro de Predios, que asegure el reembolso al Estado del pago efectuado por concepto de indemnización justipreciada que corresponda a cada predio.

Dato
No se puede desconocer la realidad social de nuestro país, pero normas como ésta son anticonstitucionales porque alientan las invasiones de la propiedad privada. Si hasta hoy no han logrado expropiar terrenos en las zonas afectadas por el terremoto del 2007, ¿con qué plata se pagará el justiprecio de los predios que serán expropiados?, afirmó el abogado penalista Mario Amoretti.
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EL COMERCIO FEBRERO 11, 2009

NO ESCUCHÓ CRÍTICAS Y LE PUSO LA FIRMA
Alan García promulgó ley a favor de invasores

A pesar de las críticas y del pedido expreso de la Municipalidad de Lima de dar más tiempo al debate sobre la ley que autoriza la expropiación de terrenos invadidos antes del 2004, el presidente Alan García decidió adelantar ayer su promulgación.

El mandatario aprobó dicha norma en Palacio de Gobierno, aun cuando la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, había anunciado el lunes que esa aprobación estaba programada recién para la siguiente semana.

“Lo que queda es que el Colegio de Abogados de Lima, la fiscal de la Nación o cinco mil ciudadanos presenten una acción de inconstitucionalidad”, recomendó el abogado Mario Amoretti, quien opina que con dicha promulgación se vulnera el derecho elemental a la propiedad privada en el país.

Si bien el presidente aseguró que vigilará que no se convaliden usurpaciones propiciadas por traficantes de terrenos, para Amoretti la ley no pone filtros ni límites sobre los predios que pueden ser expropiados. Señaló que la norma deja carta libre para la legalización de invasiones de todo tipo, incluso sobre terrenos cuya propiedad se debate en procesos judiciales. “La ley debió consignar sus límites de manera expresa; de lo contrario, su futuro reglamento no podrá garantizarnos nada”, señaló.

El Ejecutivo respondió que presentará al Congreso una lista clara de asentamientos humanos, su historial y el número de pobladores. Aclaró también que la indemnización por justiprecio se pagará antes de la formalización de la expropiación. Luego, los beneficiados deberán reembolsar ese dinero al Estado.

En tanto, fuentes de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) dijeron que no todas las invasiones previas al 31 de diciembre del 2004 (252 mil en predios privados y un millón en predios estatales) serán expropiadas. “Esta ley beneficiará a unas 132 mil familias”, calcularon los voceros.

GENERARÁ MÁS RECLAMOS
Para el consultor de Cofopri, Miguel Cavero, el Ejecutivo está acatando la Ley 28687, que en el 2006 estableció que solo deberían formalizarse los terrenos invadidos hasta el 31 de diciembre de 2004. “En ningún caso se deben formalizar terrenos ocupados con posterioridad”, dijo.

Sin embargo, Silvia de los Ríos, del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, aseguró que al mandatario le espera el reclamo de familias que invadieron o compraron a traficantes desde el 2005 y que se sentirán marginados.

En tanto, James Atkins, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), pidió no legalizar las invasiones producidas en zonas de alto riesgo.