miércoles, 3 de septiembre de 2008

¿HAY INDIFERENCIA EN LOS SUELDOS DE LAS FF.AA. Y LA PNP?


LA RAZON SETIEMBRE 18, 2008

Festín de sueldos para la burocracia dorada, indiferencia para las Fuerzas Armadas y PNP

Gobierno no cumple su plan pre-electoral de homologar haberes de los uniformados
Por: Ángel Arturo Castro Flores (*)
Crl EP y Comunicador

En su manifiesto a la República el 12 de noviembre de 1933, el líder y fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, al referirse a nuestras FFAA dijo: “Con el aumento de los efectivos de la fuerza pública para el mejor desempeño del cometido que le corresponde, el Partido Aprista reconoce que el material bélico de tierra, mar y aire debe mejorarse e incrementarse dentro de la capacidad de los recursos destinados con este fin, teniendo en cuenta las necesidades de la defensa nacional y las peculiaridades del país(…)”.

Posteriormente en 1938 desde Valparaíso, expresó: (…) “El aprismo reconoce la patriótica misión de la fuerza pública, su indiscutible trascendencia en la obra de la educación de nuestras masas indígenas y anhela colocar a los institutos armados en un grado de desarrollo hasta ahora conocido en el país, realizando, además, el ideal nacionalista de que ellos sean considerados por el pueblo peruano como el digno exponente de su poderío, de su capacidad defensiva y de su resguardo democrático”.

No dudamos que el discurso del fundador del Apra, en diferentes circunstancias, cobra actualidad frente al diferendo marítimo con Chile y lo conoce tanto el presidente Alan García como los demás líderes del partido del pueblo. Sin embargo los hechos demuestran lo contrario. No solo un aparente desconocimiento, sino lo peor, una gran indiferencia por solucionar la grave situación operativa, remunerativa y económica de las FFAA.

En la última campaña pre-electoral, el partido aprista estableció como uno de los objetivos de su Plan de Gobierno: “En defensa de nuestro territorio, fortalecer la Defensa Nacional y el Orden Interno asegurando la integridad territorial y el patrimonio nacional, dar seguridad a toda la sociedad peruana y a las inversiones nacionales y extranjeras para contribuir al desarrollo nacional”.

No es difícil interpretar, qué se entiende por fortalecer la Defensa Nacional y el Orden Interno. Todos estaremos de acuerdo en que se refiere al deseo y propósito de modernizar a las FFAA y PNP, dotarlas de un mejor equipamiento, así como una preparación y entrenamiento de su fuerza, acorde con los adelantos tecnológicos. Con el objeto de que cumplan con su misión y hacer frente a las amenazas internas y externas en las mejores condiciones.

Plan a la vista
En ese mismo plan respecto a la reestructuración del sistema de Defensa Nacional, entre otras cosas se planteó: “Diseñar y aplicar una política de Defensa Nacional, elaborar proyectos de ley que mejoren el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, culminar la reestructuración de las FFAA y del SIN y propiciar la participación de los sectores no militares y Gobiernos Regionales en la Defensa Nacional”.

Pero, además se consideró la necesidad de propiciar que la ley del servicio militar, incentive la participación de los jóvenes peruanos y contribuya a la formación de la conciencia nacional, finalmente la homologación de los sueldos de las FFAA y PNP a través de una Ley de Haberes.

Hoy somos testigos, que el gobierno aprista no solo ha incumplido su promesa al país, sino que, continúan aplicando una campaña de austeridad para la mayoría de peruanos, entre ellos médicos, enfermeras, policías y soldados, mientras por otro lado se da un festín de sueldos en la alta burocracia estatal, como lo ha denunciado este diario.

La parte más ancha de los funcionarios de alto nivel no está en austeridad, son los burócratas dorados de siempre; la parte más delgada para el resto del país, a ellos sí se les aplica la austeridad a rajatabla. Cobra actualidad el famoso dicho “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”.

No solo se ha dejado de cumplir gran parte de este plan aprista, sino que habiéndose comprometido con solucionar el problema de remuneraciones, compensaciones y pensiones, mediante una ley de haberes, esto no se ha realizado y no se tiene la seguridad que se cumpla en el futuro. Ya lo ha manifestado muy diáfanamente el señor Del Castillo, quien pide más paciencia. La situación es que, todo lo tramitado hasta la fecha respecto a las justas demandas de las FFAA y PNP, viudas, discapacitados y empleados civiles, ha caído en saco roto. Los militares y policías han cargado sobre sus hombros durante estos años, la paciencia como una costra dura, con estoicismo y sacrificio. Con plena seguridad no tienen piel de cocodrilo, son 20 años de espera, hasta Job se hubiera aburrido.

Para nadie es un secreto que existe una gran diferencia entre las funciones que cumplen los integrantes de las FFAA y PNP con los funcionarios de la dorada burocracia y empleados públicos. Esa diferencia está marcada por una serie de funciones que deben realizar para cumplir con la finalidad constitucional.

Así, vemos que en su sacrificada labor las FFAA y PNP deben cumplir con una serie de actividades como: trabajar a dedicación exclusiva, estar a disposición del servicio las 24 horas del día todo el año. No pueden conformar sindicatos ni hacer huelgas ni marchas. Pueden ser cambiados de colocación en cualquier momento. Están expuestos a riesgos de conflictos internos y guerra exterior.

Pero no solo eso, sino que además para cumplir con su misión muchas veces fuerzan a su familia a trasladarse a lugares inaccesibles, insalubres y de menor desarrollo, poniendo en riesgo la integridad física, educación y salud de sus familiares. No reciben ningún pago adicional por horas extras. Sus hijos no pueden estudiar de manera permanente en una escuela, colegio o instituto. Nada de estos sacrificios viven los funcionarios y empleados de la burocracia estatal.

Doble discurso
Los integrantes de las FFAA y PNP gracias a la labor de zapa que desarrollan las organizaciones de derechos humanos, la izquierda caviar y las ONG de izquierda, están sumamente expuestos a ser sometidos a la justicia, en caso de cometer algún error durante el cumplimiento de su misión, en defensa de la democracia y los valores cristianos que nos han inculcado.

Prueba de ello, son los más de 800 oficiales, suboficiales y tropa enjuiciados por cumplir órdenes durante la década del ‘90 del siglo pasado, que enfrentaron a las organizaciones terroristas de SL y el MRTA. Hoy son perseguidos por organizaciones que solo buscan réditos para sus organismos de derechos humanos y defienden a los terroristas.

Estamos lamentablemente ante un doble discurso del Gobierno, por un lado, nos han asegurado que estamos en crecimiento, que nuestras reservas son altas, que están llegando inversiones extranjeras; de otro lado, nos dicen que estamos en austeridad, que no hay aumento de sueldos para nadie, que nos ajustemos los cinturones y que tengamos mucha paciencia. Sobre todo hoy, que suben los precios de los alimentos de primera necesidad y nos amenaza nuevamente la inflación.

Pero, la solución al problema salarial de militares y policías está en manos del presidente García, porque durante su primer gobierno mediante el DS. 213-90-EF del 19 de julio de 1990, se aprobó el Sistema de Remuneraciones, Bonificaciones, Beneficios y Pensiones del personal militar y policial.

Así, el percibo total de un general de división y sus equivalentes, sería el 75% de la remuneración total de un congresista y que el percibo total de un Técnico Jefe Superior sea la semisuma del percibo total del Mayor y Capitán. Lo cual no se ha cumplido hasta la fecha.

Los integrantes del Comité Coordinador de las FFAA, PNP, Viudas y Discapacitados, se está reuniendo desde el año 2007 con el ministro de Defensa, para plantear la necesidad de implantar una nueva escala de remuneraciones, teniendo como base el DS 213-90-EF. Se logró consenso y se firmó un Acta de Acuerdo, comprometiéndose que la Ley de Pensiones 19846 de las FFAA y PNP no se vería alterada ni modificada y la aprobación del proyecto para ser considerado a partir del 2009. Ejecutándose en cinco etapas, que se iniciaría con un incremento del 30% en la primera, 20% durante las tres etapas siguientes y finalizando con el 10% en la quinta etapa.

En cuanto a la solución de la problemática de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), su actual situación de inminente quiebra, podría solucionarse con un reconocimiento del Estado de las importantes deudas que mantiene con la CPMP, el traslado de cinco promociones al sistema de Montepío, que se produzca el incremento de aportes de acuerdo a la nueva escala y que ésta se implemente a partir del inicio del año fiscal 2009.

Estando a puertas de la reunión de la APEC, no esperemos que esta situación se agrave y sea inmanejable, existen antecedentes recientes en Moquegua y la selva, y además en un hecho sin precedentes, este año en tres oportunidades el personal en retiro de las FFAA y PNP, junto a las viudas y discapacitados ha expresado su malestar.

En la última movilización al llegar cerca al Congreso y sin causa justificada, fueron repelidos por la PNP violentamente con gases y varazos contra mujeres y discapacitados. Con seguridad por órdenes superiores. Un hecho que no se debe repetir, porque bien podría dar lugar a una respuesta. Recordemos la ‘marcha de los cuatro suyos’ de Toledo.

Consideramos que el Gobierno debe realmente hacer un esfuerzo, buscar una solución justa, inteligente y equitativa para este grave problema remunerativo de militares y policías, no pueden ser ciegos y sordos a sus justas demandas.

(*) http://Amaruperu.blogspot.com
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COMERCIO 17 de septiembre de 2008

LA REALIDAD DEL SERVICIO MILITAR
Una valiente recluta
Por Samuel B. Abad Yupanqui. Constitucionalista

La denuncia formulada por una joven recluta, violada en un cuartel, no solo impone la necesidad de aplicar severas sanciones a los responsables, sino que exige investigar sobre lo que viene sucediendo con el servicio militar. Veamos.
En enero del año 2000, la Ley 27178 introdujo el servicio voluntario a fin de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales. Se abandonó así el modelo obligatorio que fomentaba la práctica de las "levas" y que siempre fue discriminatorio: solo los pobres lo cumplían.

El cambio hacia un modelo voluntario exigía hacer atractivo el servicio, es decir, que ofreciera capacitación al personal, una asignación económica básica, labores acordes con la defensa nacional, etc. Por ello, resultaba indispensable garantizar los derechos fundamentales de todos los reclutas y erradicar todo acto de violencia. Lamentablemente, la reciente denuncia demuestra que esto no ha sucedido. No es un caso aislado, pues según el Informe Defensorial 128 (diciembre, 2007) entre agosto del 2006 y setiembre del 2007 se presentaron 33 casos de presunta tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a las Fuerzas Armadas. Las víctimas en su mayoría eran jóvenes que prestaban el servicio militar.

La denuncia evidencia que las labores asignadas a la recluta eran ajenas al servicio. Según la ley, el "servicio militar es un honor y una de las formas de cumplir con la obligación patriótica que tienen todos los peruanos de participar en la defensa nacional". La joven recluta recibió la orden de actuar como anfitriona en un almuerzo en el cuartel al que asistían oficiales del Ejército. ¿Así se participa en la defensa nacional? Obviamente no. Por ello, este caso nos permite apreciar que vendría ocurriendo una distorsión del servicio que debe ser investigada. Más aún si el Reglamento de la Ley del Servicio Militar establece que "es responsabilidad del Ministerio de Defensa la administración del servicio" (artículo 2).

¿Qué hacer para que hechos similares no se repitan? Por un lado, sancionar administrativa y penalmente a todos los responsables. Los hechos no pueden quedar impunes. La pública denuncia de la recluta ha contribuido a que la sanción administrativa se acelere y se haya destituido al mayor denunciado. Además, habría que revisar e incrementar las sanciones previstas por la Ley 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, por "ordenar a un subalterno actos de carácter servil ajenos al servicio" (II.2.12) la sanción solo llegaría a cinco días de arresto de rigor; y si se introducen bebidas alcohólicas a dependencias "sin autorización" (II.10.2) a quince días de arresto simple.

Asimismo, el Ministerio de Defensa debería investigar e informar sobre las labores que realizan los y las reclutas y si es que ellas se ajustan a los fines del servicio militar. Hay que verificar cuán atractivo viene siendo el servicio en el país. De lo contrario el modelo voluntario fracasará y nuevamente escucharemos a quienes pretenden retornar al régimen obligatorio. Finalmente, es preciso que los propios reclutas sepan que hay órdenes que no deben ser acatadas, por ejemplo, cuando contradicen el ordenamiento constitucional o legal e implican afectaciones a derechos humanos. Así lo dispone la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (artículo 3).

En definitiva, la denuncia de esta valiente recluta abre la puerta para un debate mayor sobre la realidad del servicio militar. Ello nos recuerda la necesidad de una vigilancia constante de la vigencia de los derechos fundamentales de quienes lo vienen prestando; solo así contribuiremos a evitar que estos abusos se repitan.

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