lunes, 11 de agosto de 2008

JORGE DEL CASTILLO: "NO TENEMOS QUE PAGAR LAS DEUDAS DE LA DICTADURA O SL"

PERU 21 28 de agosto de 2008

Informe.21: “No tenemos que pagar las deudas de la dictadura o SL”

Desde la presidencia de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) a cargo de las reparaciones a las víctimas del conflicto interno, el primer ministro, Jorge del Castillo, asegura que el gobierno priorizará las reparaciones colectivas antes que las individuales.

Ministro, ¿cuánto se ha avanzado en las reparaciones a las víctimas?
Primero quisiera hacer un ejercicio de memoria. El Partido Aprista fue el único que tuvo una posición institucional, por escrito y formal, de respaldo a la CVR. Hay que recordar, además, la presencia del doctor Alan García ante la comisión, a la que unos no acudieron o fueron de mala gana. Apenas asumimos el gobierno, activamos la CMAN, constituimos el Consejo de Reparaciones con una conformación muy plural y hemos logrado incorporar al presupuesto de la República los fondos para las reparaciones.

Pero el MEF le ha dicho al Consejo de Reparaciones que reduzca su presupuesto, lo que dilatará el registro de víctimas y las reparaciones.
Las reparaciones no se inician porque el registro no está terminado. Además, el corte presupuestal no es un problema, ya está resuelto. Cuando negociamos el aporte minero voluntario, acordamos que una parte iba para reparaciones y se está recibiendo millones.

¿Por qué esperar a terminar el registro para iniciar las reparaciones si ya hay nueve mil víctimas registradas?
La propia CVR no hablaba necesariamente de reparaciones individuales entendidas pecuniariamente, porque el informe contiene formas de reparaciones simbólicas. El gesto del gobierno de interesarse en el tema implica una actitud que no la han tenido otros gobiernos, porque también podría preguntarse ¿qué le faltó a Toledo para empezar con el tema? Voluntad política. Voluntad que a nosotros nos sobra.

También se habló de reparaciones en salud y educación, y casi nada se ha avanzado.
Perdón, cuando el gobierno hace programas intensos de alfabetización en Huancavelica, en Ayacucho y en Apurímac, ¿para quién cree que los está haciendo?

Eso es parte del deber del Estado de luchar contra la pobreza. El tema de las reparaciones es otro.
Pero, cuando llegamos a una comunidad, no vamos a decir: a ver, quiénes son los afectados por la violencia, a estos les vamos a dar, los otros que miren. No es así. Cuando orientamos el programa Juntos a las comunidades más alejadas de Ayacucho o Huánuco o Junín, no estamos llevándolo solo por el factor pobreza, sino porque tenemos una preocupación por este tema.

¿Considera que la educación está cubierta con los programas sociales?
Por supuesto, pero no se ha ido a decir a la gente 'en virtud de las reparaciones, tal cosa’. Hemos tomado en cuenta el tema al seleccionar los pueblos.

¿Entonces cuál es el criterio del gobierno para diferenciar a una víctima de la violencia interna de un poblador en pobreza extrema?
De forma individual es el padrón. Es muy difícil ir a un pueblo y empezar a separar a uno de otro. Cuando definimos el tema de Juntos, por ejemplo, preguntamos cuáles eran las zonas más afectadas por la violencia subversiva, y ahí vamos.

¿Por qué todavía no se ha aprobado la defensa legal gratuita para las víctimas de la violencia?
Hay gente que ve el tema de los procesos solo por un lado y no por el otro. Cuando son asesinados por Sendero Luminoso (SL), eso no interesa, pero sí cuando son agentes del Estado. Los pedidos (para implementar ese sistema) se han trasladado al sector Justicia para que incorpore a los colegios de abogados. Pero le soy sincero: no creo que el Estado tenga que ponerle un abogado a cada familia. Para eso existe la sociedad civil, las ONG, que lo hacen. ¿El Estado tiene que ponerle un abogado a cada víctima?

Se consideraría una forma de reparación por parte del Estado.
Cuando se habla del Estado se debe ver quién gobernaba y en qué circunstancias, porque resulta que ahora nosotros tenemos que pagar la cuenta de las violaciones de la dictadura o de las transgresiones de SL. No pues, así no es la cosa.

¿Cuál es el mensaje a las víctimas si el Estado asume el costo de la defensa de un militar acusado de un crimen?
El Estado no defiende a militares que han violado los derechos humanos. Defiende a militares que actuaron en defensa del Estado y están procesados. Son dos cosas distintas.

Pero usted sabe que también se cometieron crímenes desde las FF.AA.
Sin duda hubo (excesos), nadie dice que no, pero ellos eran representantes del Estado en ese momento y muchos pueden estar procesados injustamente. Hay violadores flagrantes a los que no se defiende, pero los soldados de las FF.AA. y de la Policía son víctimas también. ¿O acaso no tenían derechos humanos?
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PERU 21 28 de agosto de 2008

Informe.21: “Este gobierno no tiene un compromiso con víctimas”
Autor: Zarella Sierra

Como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres vivió de cerca el recuerdo de las miles de víctimas de la guerra interna desatada por la subversión en el país. Cinco años después de presentado su informe, mira con pesar el “doble discurso” del gobierno con respecto a las reparaciones para las víctimas.

Doctor Lerner, ¿cuál es su balance sobre el tema de las reparaciones para las víctimas?
Es complejo porque las recomendaciones tenían que ver con la afirmación y difusión de una verdad histórica que buscaba una acción de la sociedad y del gobierno de recordar nuestra memoria. Las causas de la violencia persisten hasta ahora y nos hablan de pobreza, exclusión, racismo y de una institucionalidad democrática muy débil, así como de un Estado precario que llega a un sector muy reducido, dejando en el desamparo a la población del ámbito rural. Se sigue buscando justicia para las víctimas, sea sancionando a sus victimarios o reparando los agravios que sufrieron.

La mayoría de las víctimas registradas por el Informe Final de la CVR era de las zonas rurales. ¿Ha cambiado la situación de esta población cinco años después?
Puede haber avances a través de los programas sociales, que apuntan no a resarcir a las víctimas sino a ocuparse del fenómeno de la pobreza, pero si no se apunta a una reforma de largo aliento, son solo medidas temporales y asistencialistas, como Juntos y Crecer. Darle cien soles a una familia le permite sobrevivir por un tiempo, pero los ciudadanos quieren estar inscritos en el Registro Civil, tener educación y no morirse abandonados a su suerte.

¿Se debe considerar estos programas sociales como parte de las reparaciones pedidas por la CVR?
El gran problema es que estos programas están dentro del deber del Estado pues, aun si no hubiéramos estudiado estas cosas terribles, es su deber dar justicia. Las víctimas necesitan un tratamiento especial que no excluye lo anterior. Deben ser reconocidas como víctimas y que el Estado les diga 'has sufrido porque yo no te defendí’. El Estado, en este punto, no ha hecho nada hasta hoy.

¿Cómo observa la actitud del gobierno sobre las reparaciones debidas a las víctimas?
Es una actitud tibia y no comprometida. Desgraciadamente, eso se anunciaba desde la época en que el doctor García era candidato, porque nunca tocó el tema de la CVR, de los derechos humanos. Es el doctor Jorge del Castillo quien ha salvado la cara del gobierno a través de la acogida de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que fue creada por el gobierno de Alejandro Toledo. Pero hay poco a nivel del Ejecutivo.

¿Respalda la decisión de esperar el registro del 100% de las víctimas para entonces iniciar las reparaciones individuales?
No podemos esperar a terminar de registrar a todas las víctimas porque eso sería patear el tablero. Pretender que no quede ni una sola por registrar para iniciar las reparaciones es alargar este proceso. Si ya existen casi nueve mil víctimas, se debe empezar por repararlas y otorgarles viviendas, educación y salud. No se les puede pedir que continúen esperando.

¿Considera que el gobierno debe otorgarles a las víctimas, como lo ha hecho con los militares, una defensa legal gratuita?
Creo que debe darles un trato igualitario a las víctimas civiles. Existen, claro, víctimas de las FF.AA. y policiales también, pero se debería hacer un esfuerzo en este tema. Se debe dotar de abogados que no sean rutinarios, sino letrados comprometidos, que defiendan sus derechos y pidan las reparaciones correspondientes. Eso no lo ha hecho el gobierno.

¿Cómo observa la actitud del vicepresidente Giampietri, considerando que es un personaje anti-CVR?
No lo quiero ofender, pero sí quiero decirle que no mira de modo desprejuiciado el tema de la CVR y de los derechos humanos. Los malos comportamientos de los militares existieron, y una medida adecuada sería aceptarlos y, como ha sucedido en Argentina y en Chile, ofrecer disculpas al pueblo peruano por no haber estado a la altura del uniforme.

¿Qué nota le pondría al gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones?
Con pena lo desapruebo, porque no ha habido reformas ni reparaciones materiales. Han transcurrido cinco años y se sigue con el registro único de víctimas. No se puede decir que se dan reparaciones colectivas cuando se aplican los programas sociales, porque eso es parte de los deberes del Estado. No ha habido una voluntad política para hacer efectiva la democracia y el estado de derecho.

La CVR decía que un país que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Vamos por ese camino?
Creo que sí, porque la vida política no está asumida con autenticidad y seriedad. No hay reparación y continúa la discriminación.

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