viernes, 27 de junio de 2008

LA TORTURA NUNCA DEBE QUEDAR IMPUNE


LA PRIMERA 26 de Junio de 2008

La tortura nunca debe quedar impune

DATO

Para las instituciones defensoras de los derechos humanos, una de las principales trabas para la lucha contra la tortura se debe a las sentencias condenatorias por debajo del mínimo legal, así como también las de ejecución suspendida, que permite la libertad de los sentenciados.

En el día que se recuerda mundialmente a las víctimas de tortura, piden justicia para peruano que murió en manos de la Policía. Luego lo ahorcaron para hacer pasar el caso como suicidio.

La tipificación internacional califica la tortura -sea física, sicológica o moral- como una de las peores formas de violación a los derechos humanos. Es también considerada como un crimen de guerra, cuando sucede en época de conflicto bélico y uno de los ejércitos agrede física o verbalmente a un prisionero para obtener alguna información o como forma de castigo. En el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las víctimas de Tortura LA PRIMERA conversó con la familia de una víctima mortal de tortura. Un poblador que murió en manos de malos policías.

El 11 de febrero de 2008, Hugo Solórzano Cuevas almorzó con su madre y luego se dirigió a la casa donde convivía con su mujer. Minutos después empezaron a discutir, por lo que la esposa llamó a la Policía. Inmediatamente, personal de la comisaría de Jauja llegó hasta la casa, encontró a Solórzano Cuevas y lo redujeron a golpes, pese a su negativa, tras exigir que le muestren una orden, documento que no existía.

Sin embargo, lograron introducirlo en el patrullero, que era tripulado por el suboficial de 2ª Cristian Meza Astohuamán y el suboficial de 3ª Ludwin Buyón Torrejón.

Ya en la comandancia siguieron las agresiones físicas. Lo empujaron al calabozo y al caer al suelo, Hugo Solórzano fue embestido a patadas, golpes con la macana e insultos de todo tipo. Dicha versión fue brindada por Segovia Huánuco, otro detenido que estaba en una celda contigua y quien fue amenazado de muerte por ambos suboficiales para tratar de acallarlo.

Eran aproximadamente las tres de la tarde y Hugo Solórzano Cuevas ya había muerto, como lo detalla el parte de la necropsia realizada por el médico Omar Escate Arias, quien concluye que el detenido presentaba signos de haber sido golpeado salvajemente en la cabeza, tórax, brazos y piernas. Además, mostraba evidencia de haber sido ahorcado.

A las 16:30, la suegra de Solórzano fue hasta la comisaría para llevarle comida, sin embargo el suboficial 1ª Miguel Aliaga Segura le informó que el detenido había intentado suicidarse, por lo que fue trasladado al hospital. Sin embargo, de acuerdo al parte de ingreso del centro de Emergencias, Hugo ingresó recién a las 19:50 horas, pero ya era un cadáver.

Siguieron pasando las horas y recién a las diez de la noche el suboficial Rodolfo Guillotti le comunica a la madre que su hijo había muerto: supuestamente se había ahorcado con un pasador. Inmediatamente, el comisario comandante PNP Abdulio Rosas se pone en contacto con la madre y entra en contradicción al señalar que Hugo se había suicidado ahorcándose con su propio polo.

Estaban confabulados
Para Julio García Cuevas, medio hermano de Hugo, las autoridades locales se confabularon para tapar a los culpables. “Nosotros acusamos a los dos suboficiales (Meza y Buyón) que detuvieron indebidamente a mi hermano. Luego han contado con la complicidad de los demás agentes y del comisario. Hasta el fiscal de turno, Yukio Merma Ramos, está involucrado; nosotros le presentamos la denuncia y él se negó a iniciar la investigación. Varios testigos nos informaron que la tarde en que mataron a mi hermano se reunió con el comisario Rosas y con los suboficiales que lo detuvieron. Ahí arreglaron todo”.

Han pasado cuatro meses del asesinato de Hugo y recién hace una semana la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Huancayo inició la investigación del caso. Los policías que presuntamente participaron en la tortura y muerte han sido denunciados por asesinato, junto al fiscal y al comisario. “Yo sólo espero que se haga justicia, que se determine la culpabilidad de cada uno y que se les imponga las penas más duras. Han destrozado a mi familia, han dejado a tres menores huérfanos”, relató Julio García.

Intento de cambiar la inacción del Estado
Actualmente, el Congreso evalúa la posibilidad de hacer una ley contra las prácticas de tortura, con especial énfasis cuando quien la aplica es un policía o un integrante de las fuerzas armadas. Y es que, como se sabe, según la Defensoría del Pueblo, en el 2007, se reportaron 139 denuncias de tortura en el Perú. La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ha recibido 10 denuncias similares. Tres de ellas acabaron en muerte. La mayoría de acusados son policías y en algunos casos miembros de las fuerzas armadas.

Para los representantes de la Comisedh los casos de tortura son muchos más. Lo que sucede es que los afectados no lo denuncian por temor a las represalias policiales.

Lo más alarmante es que la tortura sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos que más se registran, por parte de las autoridades. La Policía Nacional cuenta con un “Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial”, sin embargo es letra muerta.

El Estado suscribió un convenio con las Naciones Unidas para crear un mecanismo contra la tortura, que debió publicarse el 2007, pero hasta hoy no hay ni indicios de este texto.

A pesar de que en 1998 el código penal peruano tipificó la tortura como delito, son pocas las personas que, tras una denuncia, con pruebas incriminatorias suficientes, hayan sido sentenciadas.

Omar Olivares
Redacción
________________________
De: Ever Mamani [mailto:emamani@congreso.gob.pe]
Enviado el: Jueves, 26 de Junio de 2008 01:36 p.m.
Para: mediosprensa-l@congreso.gob.pe; radioprovincias-l@congreso.gob.pe
Asunto: MECANISMO DE PREVENCIÓN

Se siguen registrando casos de tortura en el Perú

AÚN NO SE HA IMPLEMENTADO UN MECANISMO DE PREVENCIÓN
CONTRA ESTA TERRIBLE PRÁCTICA

La tortura constituye una de las modalidades más graves de violación a los derechos humanos que aun persiste en el país. Su ámbito de protección no solo abarca al derecho a la integridad física, psíquica y moral, sino también la dignidad humana como base de los derechos humanos.

El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.

Desde 1988 el Estado peruano es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo desde el 2006, cuyo objetivo es prevenir la tortura en todas sus modalidades.

En octubre del año pasado se venció el plazo para que el Estado peruano implemente el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, por tal razón, el Perú no está en condiciones de garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y a una reparación acorde con el daño causado.

TORTURA EN EL PERU

Actualmente el Perú registra casos de tortura, los cuales han sido documentados con informes de la Defensoría del Pueblo y estudios e informes elaborados por organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos. Estos casos, ocurren en su mayoría en lugares de privación de libertad oficiales y no oficiales.

Según información de la Defensoría del Pueblo, se ha registrado entre los meses de agosto del 2006 y septiembre del 2007 un total de 139 casos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas. De estos casos, 106 corresponden a la Policía Nacional (76%), mientras que 33 fueron atribuidos a las Fuerzas Armadas (24%). Estas prácticas vejatorias causan secuelas psicológicas irreversibles y hasta la muerte.

Grupo de Trabajo Contra la Tortura – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Casos: Registro de la Defensoría del Pueblo en el 2007

Fuente: Defensoría del Pueblo

Casos: Registro de COMISEDH en el 2008:

En el presente año, la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ha albergado 10 denuncias de tortura, en las cuales hay un total de 14 victimas. En la mayoría de los casos las personas fueron agredidas por efectivos policiales; 2 por agentes de la DININCRI, y 1 por un miembro del serenazgo. Los casos se suscitan en mayor proporción en Lima.

Nº de Caso
Nombre del agraviado

Agente
infractor
Región
Tipo de Lesiones

1 Carlos Sanchez Cubillas PNP LIMA LFNP/LP
Luis Sanchez Cubillas LFNP
2 Jose Adirso Fernández Ruiz PNP LIMA -
3 Jose Javier Somontes Chávez PNP LIMA M
4 Walter Campos Palacios PNP TRUJILLO LFNP
Ascencion Ponce Marceliano LFNP
Pablo Juarez Valderrama LFNP
Juvino Galindo Viera LFNP
5 Juan Manuel Ruiz PNP (DININCRI) LIMA LFNP/LP
6 Omar Amat Chacón SERENAZGO LIMA LFNP
7 Hugo Rafael Solorzano Cuevas
PNP JAUJA –
JUNIN M
8 Krysthiam Jhesus Chinguel Aguilar PNP LIMA M
9
Juan Carlos Quispe Tico (21)

PNP LIMA-CONO OESTE LFP
10
Wilder Esney Nuñez Lazaro
PNP (DININCRI) LIMA LFNP/LP

LFP: Lesión física permanente, LFNP: Lesión física no permanente,
LP: Lesión Psicológica. M: Muerte.

Casos Actuales:
El caso de Hugo Rafael Solórzano Cuevas en la localidad de Jauja, es el ejemplo claro de las consecuencias de una tortura.

Todo comenzó cuando Hugo fue detenido el 11 de febrero por efectivos policiales de la Comisaría de la localidad por una denuncia de violencia familiar en su contra y ya no regreso. Esa tarde, internado en el calabozo de la dependencia policial, fue víctima de golpes y maltratos severos por parte de efectivos policiales de la citada Comisaría, los que ocasionaron su muerte. Los efectivos policiales pretenden señalar que el agraviado se habría ahorcado en el interior de la celda; sin embargo, la víctima presenta huellas de golpes, hematomas en todo el cuerpo, especialmente en la espalda y los miembros superiores e inferiores.

Actualmente, las investigaciones están a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Huancayo. Comisedh brinda el apoyo legal a la familia de la victima quienes se encuentran en Lima, que desean llegar a la verdad de los hechos, y obtener justicia.

Otro caso resaltante, sucedido en Lima, es el de Wuilder Esney Nuñez Lazaro, quien fue detenido el 17 de enero, por efectivos policiales de la DIRINCRI, por supuesto delito de secuestro y robo. Luego, de ser inmovilizado y enmarrocado fue conducido a la dependencia, siendo internado en los calabozos de la División de Delitos contra el Patrimonio. Ese mismo día, fue víctima de maltratos y agresiones físicas por parte de los efectivos policiales.

El 23 de enero, sus familiares presentaron un hábeas corpus ante el Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima; a partir de ese día, los actos de tortura se agravaron, incluso al día siguiente, le pasaron corriente eléctrica en sus testículos, causándole un gran dolor y sufrimiento. Estas agresiones continuaron por tres días. Tras recobrar su libertad, hoy pide justicia ante los daños causados a su persona. La investigación esta a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal.

Alerta: Atentado contra victima de tortura
El 12 de junio atentaron por segunda vez, contra la vida de Juan Zamudio Bocángel, quien denuncio ser victima de tortura por policías de la Comisaría de La Pascana. Este nuevo atentado, ocurrió a las 5 de la mañana, mientras se dirigía hacia la vivienda de un familiar, en el trayecto y desde un automóvil en movimiento le dispararon y recibió dos impactos de bala en las piernas, debido a la gravedad de sus lesiones fue conducido de emergencia al hospital de Collique, donde será intervenido quirúrgicamente.

Cabe recordar que, el 15 de febrero del presente año, el colegiado “D” de la Sala Penal Nacional, presidida por el doctor Pablo Talavera dictó sentencia en el caso y condenó a 7 años de pena efectiva al policía Cesar Augusto Chávez Aguilar por del delito contra la humanidad – tortura agravada. Sin embargo, fueron absueltos los efectivos policiales, Comandante PNP Francisco Villalba Villasana, los capitanes PNP Juan Varillas Alzadora, Luis Quispe Lazo y Manuel Rivadeneyra Saavedra acusados de haber encubierto este grave delito.

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